Ecolatina

El Tesoro continuó sumando financiamiento neto en septiembre

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Un informe de Ecolatina analiza cómo le fue al Tesoro en las licitaciones del último mes

A lo largo del noveno mes del año, el Tesoro no sólo logró continuar acumulado un mayor financiamiento neto, sino que también estiró los plazos de colocación de la deuda. De hecho, si excluimos el BOTE 27 es la primera vez desde mayo que el Tesoro puede colocar deuda con vencimientos posteriores a las PAS0 de 2023. Sin embargo, tal objetivo tuvo como contrapartida un mayor peso de la deuda indexada y una nueva suba en los rendimientos para seducir a los inversores.

Las colocaciones del Tesoro en septiembre superaron ampliamente los vencimientos y alcanzaron la mayor tasa de rollover desde que se reestableció el mercado de deuda en pesos (2020). Concretamente, el Tesoro logró colocar deuda por más de $ 689.000 millones ($ 353.243 millones en la primera licitación y $335.857 millones en la segunda) frente a vencimientos levemente inferiores a los $260.000 millones. Como resultado, el financiamiento neto se ubicó levemente por debajo de los $430.000 millones, mostrando una tasa de rollover mensual en torno al 265%.

Con esta dinámica, y en línea con el compromiso de nula asistencia monetaria anunciado por el ministro en lo que resta de 2022, el Tesoro habría alcanzado el segundo mes consecutivo cubriendo completamente sus necesidades financieras con la colocación de deuda en el mercado doméstico.

De esta esta manera, el financiamiento neto acumulado en el tercer trimestre superó los $1.000.000 millones, alcanzando un rollover trimestral del 225%, cuando en el segundo trimestre apenas se habían cubierto los vencimientos (102%) en medio de la crisis de deuda. No obstante, cabe recordar que buena parte de dicho desempeño se debe a que los vencimientos de agosto y septiembre (como también los de octubre) se redujeron marcadamente gracias al canje de deuda que se efectuó a principios del octavo mes del año.

¿Cómo fue la estrategia de las autoridades?

La estrategia implementada por la Secretaría de Finanzas en la última licitación apuntó a ofrecer mayores rendimientos e instrumentos indexados, con el norte de estirar los plazos de colocación y testear si el mercado estaba dispuesto a tomar deuda con vencimientos posteriores a las PASO presidenciales, e incluso al traspaso de mandato.

En materia de composición, la deuda indexada volvió a ganar terreno en las licitaciones, representando más del 70% de los adjudicado en el mes (65% en la primera licitación y 76% en la segunda), cuando en julio se ubicó cerca de la mitad. De tal forma, los instrumentos a tasa fija mostraron una reducción en su representación pese a convalidar una nueva suba de tasas, pasando del 44% de la adjudicado en julio a apenas el 30% en agosto (14% en el caso de la última licitación si excluimos el BOTE 27).

En cuanto a rendimientos, las TIRs convalidadas en las LEDES mostraron un nuevo incremento en el último mes: pasaron del 95% en agosto al 107,2% en la primera licitación de septiembre y 108,6% en la segunda. Cabe mencionar que tales subas se encuentran enmarcadas dentro del esquema del corredor de tasas delineado en conjunto con el BCRA. Paralelamente, si bien a mediados de mes las autoridades lograron colocar LECER (letras ajustables por inflación) a tasas bajas (1,06% en la X16J3 con vencimiento en junio) e incluso negativas (-0,5% en la X17F3 con vencimiento en febrero), en la segunda licitación del mes convalidaron mayores tasas reales positivas. Por un lado, la letra X19Y3 con vencimiento en mayo cortó a una tasa del 1,25%, 19 p.p. por encima que la X16J3 en la licitación previa pese a tener una menor duration (vencer antes). A su vez, la letra X18S3 con vencimiento en septiembre de 2023 cortó a una tasa real del 2,75% (la mayor desde la última licitación de junio), lo que seguramente esté asociado al mayor riesgo por vencer luego de las PASO presidenciales del año próximo.

Por el lado de los plazos, el Tesoro no sólo logró estirar duration, sino que también consiguió colocar deuda con vencimientos después de las PASO y del traspaso de mandato presidencial. De hecho, más de la mitad de la deuda colocada en la última licitación vence pasado agosto del 2023 y más de un tercio en 2024, correspondiente al bono dual TDF24 (ya se habían utilizado este tipo de bonos en el canje de deuda que se efectuó en agosto). Consecuentemente, el plazo promedio ponderado del último mes excluyendo el BOTE 27 superó los 8 meses cuanto en los tres meses previos su ubicó en torno a 5 meses.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

El último tramo del año no será nada sencillo para el Tesoro. Si bien el próximo mes vencen poco más de $275.000 millones, en el último bimestre del año los vencimientos en pesos superan los $1.500.000 millones.

Dado que el mercado local será la principal fuente de financiamiento del Gobierno para cubrir el rojo primario en lo que resta del año, las autoridades deben evitar a toda costa que repita un evento disruptivo en el mercado financiero como ocurrió meses atrás. Por tal motivo, estimamos que lo más probable es que el Tesoro anuncie un nuevo canje en las próximas semanas para descomprimir los vencimientos de noviembre y diciembre.

Paralelamente, y en línea con el mismo objetivo, el Tesoro deberá continuar estirando los plazos de colocación para no tener que hacer frente a una pared de vencimientos en los meses previos a las elecciones. Alcanzar tal objetivo podrá demandarles a las autoridades ofrecer mayores rendimientos o una mayor proporción de deuda indexada. En este sentido, habrá que analizar por cuál estrategia se inclina el Tesoro.

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Consecuencias de la mayor inflación: ¿más o menos regresiva?

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La inflación se aceleró notablemente en 2022. Hasta agosto acumuló 56,4% según el IPC INDEC Nacional, con una variación interanual no vista en treinta años (+78,5% i.a.). Además, cobró una dinámica ascendente a lo largo de los meses del año: pasó de un promedio de 5,1% en el primer trimestre a 5,4% en el segundo, y se ubicaría en 7,1% en el tercer trimestre.  

Ahora bien, la inflación de los sectores con menores ingresos no es la misma que la de la clase media, que también difiere de la población de mayor poder adquisitivo. En este sentido, hay que tener en cuenta que, además de esta aceleración, la suba de precios puede ser disímil a lo largo de la pirámide de ingresos y estar impactando en mayor medida sobre determinada parte de la sociedad.  

Sobre esta base, en el estudio de la dinámica inflacionaria resulta relevante incorporar al análisis en qué gasta cada familia, a fin de ver el impacto de las subas en los precios a lo largo de los distintos niveles de ingresos. Los sectores de menores recursos se ven más afectados por la dinámica de los precios de alimentos que el resto, dado que destinan una mayor porción de su ingreso a satisfacer estos consumos de primera necesidad. Por el contrario, las familias más ricas gastan más en bienes de segunda necesidad, como pueden ser artículos para el hogar, educación y esparcimiento, entre otros.  

Utilizando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) publicada por INDEC, es posible medir la inflación de distintos sectores sociales, considerando no sólo los niveles de ingresos, sino también heterogeneidades regionales. Para ello, se divide a las familias en deciles, siendo el primero correspondiente a las familias con menores ingresos y el décimo a las que tienen mayores ingresos.  

Un análisis del pasado reciente 

A pesar de que la inflación trepó 50% en 2021, el uso de anclas nominales -como el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos- permitió una desaceleración de los precios en la segunda parte del año: pasaron de promediar casi 4% en el primer semestre a 3,1% en los últimos seis meses. Además, la implementación de controles de precios impactó principalmente sobre los alimentos, que se mantuvieron más contenidos en el semestre electoral (+2,9% promedio mensual).   

Por este motivo, el proceso inflacionario no sólo cedió transitoriamente, sino también cobró un carácter más progresivo. La menor evolución de alimentos favoreció relativamente más a los sectores de menores recursos: en la comparación interanual, la inflación en el decil 1 se ubicó en 49,5% en diciembre, mientras que en el decil 10 fue de 52,3%. Como resultado, la inflación en los deciles más bajos fue inferior a la de los deciles de mayores ingresos y, junto con la recuperación de los ingresos, permitió una reducción de la pobreza en la segunda parte del año anterior.  

Esta tendencia se revirtió a comienzo de año. Para el primer cuatrimestre, la aceleración de los precios de alimentos fue más pronunciada: en tres de cuatro de esos meses subieron por encima del nivel general, promediando 6,4% (1 p.p. por encima de la inflación). Detrás de este comportamiento se encontraron algunos factores globales, como el alza de los precios internacionales de alimentos tras el estallido de la guerra en Ucrania, pero en conjunto con algunos factores locales, como la sequía, que afectó a los cultivos y la ganadería en distintas zonas del país, y sobre todo la recomposición de precios de consumo masivo tras el congelamiento de fines de 2021.  

Esta aceleración en los precios de los alimentos volvió más regresiva a la dinámica inflacionaria, afectando en mayor medida relativa a los sectores de menores recursos. Así, la inflación acumulada del decil más pobre fue mayor a la del decil más rico en el comienzo del 2022 (para el primer cuatrimestre, fue 23,8% para el decil 1 y 22,5% para el 10).  

De haberse sostenido esta tendencia, la brecha entre estos dos deciles se habría sostenido en el segundo cuatrimestre del año, pero esto no sucedió. En el segundo cuatrimestre, en tres de los cuatro meses los alimentos subieron por debajo del nivel general, ubicándose casi 1 p.p por debajo del promedio mensual general. Esto se dio por un menor crecimiento en alimentos (pasaron de promediar 6,3% en los primeros cuatro meses a 5,5% en los segundos); pero también por una aceleración de otros capítulos que incidieron más en el nivel general, como es el caso de combustibles, prepagas y de algunos bienes con un gran componente importado (como electrodomésticos y electrónica). 

Esta menor evolución de los alimentos, contenida principalmente por una mayor parsimonia en el precio de la carne la carne, favoreció relativamente más a los sectores de menores recursos. Por este motivo, el proceso inflacionario cobró un carácter más progresivo, donde la inflación acumulada del decil más rico fue mayor a la del decil pobre. (+1 p.p. de diferencia). 

Por lo tanto, en el acumulado del año estas dos evoluciones se compensan hasta el momento. El decil 1 acumula una inflación de 55,6%, mientras que el decil 10 suma 55,1%. Gracias a la dinámica de los últimos meses, la brecha de la inflación entre el decil 1 y el decil 10 no es mayor a la de principio de año.  Más aún, si se divide a los hogares en dos, los más pobres acumulan en promedio 55% de inflación, prácticamente lo mismo que la mitad más favorecida (+54,9%). 

Perspectivas para el cierre del año 

La dinámica que adquiera el proceso inflacionario de acá a fin de año determinará que sectores acabarán más o menos golpeados. En las últimas semanas, el Gobierno adoptó medidas que podrían acentuar el carácter progresivo de la inflación, como es el caso de la segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos por niveles de ingreso que implicará mantener el subsidio a los deciles de menores ingreso. Para las familias de mayores ingresos, que gastan en promedio 7% de su canasta de consumo en gas, electricidad y agua -mientras que las de menores ingresos gastan 11% en promedio-, impactarán en mayor medida los aumentos de estos servicios en septiembre (gas 10,6% y electricidad 20,6%) y noviembre (gas 12%, electricidad 27% y agua 56%). 

En el mismo sentido, continuará la ronda de actualizaciones en las cuotas de prepagas, con aumentos del 10,5% en octubre y diciembre, incidiendo más en los deciles más ricos, en tanto gastan una proporción mayor de su ingreso en este rubro (4,4% de la canasta en el decil 10 y 0,5% en el 1). 

La decisión del BCRA de profundizar las restricciones a las importaciones, con un impacto directo en el nivel de precios de aquellos bienes con mayor componente importado (electrodomésticos y electrónica de consumo, maquinaria, vehículos, motos) afecta más a los hogares de mayores recursos, quienes destinan a este tipo de bienes una mayor proporción de su gasto -por ejemplo, la categoría Equipamiento y mantenimiento del hogar ocupa el 8% de la canasta del decil más rico, y 4,1% de la canasta del más pobre-. 

En síntesis, la convivencia de los dos factores mencionados (el nuevo esquema de tarifas y las mayores restricciones a las importaciones) tendería a mitigar el impacto regresivo de la inflación en lo que queda del año. No obstante, dada la inestabilidad del proceso inflacionario, el endeble escenario macroeconómico, un esquema cambiario que podría sufrir modificaciones y ciertos precios de alimentos que han quedado rezagados (como el caso de la carne vacuna), los riesgos de una nueva aceleración de alimentos -creciendo por encima del Nivel General- siguen latentes y podrían actuar como contrapeso. 

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Nominalidad en ascenso: una mirada al interior del fenómeno inflacionario

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La inflación se aceleró notablemente en 2022. El IPC INDEC acumularía una suba de 55,4% en los primeros ocho meses del año, magnitud que no se veía desde la salida de la hiperinflación a principios de la década del 90’. Para el mismo período de tiempo, el registro de 2018 era 24,3%, en 2019 era 30%, en 2020 era 28,9% y el año pasado fue 32,3%. Esta aceleración del proceso inflacionario es mayormente explicada por factores locales, pero los internacionales contribuyeron también a la aceleración, aunque en menor medida. 

Los factores detrás de la aceleración inflacionaria a nivel global fueron las políticas monetarias expansivas de distintos países, cuellos de botella que complicaron la oferta en las cadenas globales de valor y una demanda pujante. Sobre esta dinámica se montaron los impactos más recientes de la escalada bélica en Ucrania, intensificando dos tendencias previas: mayores precios de la energía y los alimentos y más elevados costos de transporte, resultando en crecientes presiones inflacionarias. 

Más allá del contexto internacional, los factores locales fueron los que explicaron en mayor medida la aceleración inflacionaria. En este sentido, la actualización -al menos parcial- de algunos precios regulados (como combustibles y tarifas de servicios públicos), registros estacionales más altos a los esperados a principio de año (como frutas y verduras e indumentaria), una mayor sensibilidad de los precios ante variaciones de los dólares paralelos y un creciente financiamiento monetario del déficit fiscal generaron un desanclaje de expectativas. A lo mencionado anteriormente se le suma el fuerte componente inercial de la inflación, que adquiere mes a mes mayor preponderancia, viéndose reflejado en la aceleración del IPC Núcleo (en agosto se ubicó 2,1 p.p. por encima del promedio de los últimos 12 meses, según el IPC GBA Ecolatina).  

Pasada la mitad del año, a un escenario nominal frágil y vulnerable a nuevos shocks se le sumó la profundización del cepo cambiario -con foco en una mayor restricción a las importaciones- impuesta para paliar el drenaje de reservas. Junto a esto, la incertidumbre financiera y consecuente alza en los dólares financieros ocasionada por los cambios en el gabinete económico presionaron sobre los precios y colaboraron a que el registro de julio sea el mayor en veinte años. En este sentido, el alza de los dólares paralelos hizo más débil la referencia del tipo de cambio oficial, dando lugar a un contexto de fuerte incertidumbre y traspaso a precios. Como resultado, la inflación volvió a acelerarse y marcó 7,5% en julio, mientras que estimamos un piso de 6,5% a nivel nacional en agosto.  

De esta manera, según INDEC, la inflación promedió 5,1% en el primer trimestre de este año, se aceleró a 5,4% en el segundo y proyectamos que vuelva a acelerarse en el tercer trimestre (julio-septiembre) a la zona de 6,5%. Así, la nominalidad alcanza un nuevo escalón, muy por encima de los promedios mensuales del último lustro: en 2018 la inflación promediaba 3,3% mensual, en 2019 3,7%, en 2020 2,6% y el año pasado 3,4%.  

Cambios al interior del proceso inflacionario: magnitud y periodicidad de ajustes 

La reciente aceleración inflacionaria esconde al interior un cambio en la dinámica de aumentos de precios. Utilizando los datos de relevamientos quincenales de precios de consumo masivo en supermercados para el IPC GBA Ecolatina, es posible diferenciar la cantidad de bienes que se movieron según distintos rangos de magnitud de aumento en los últimos cinco años, y la periodicidad de los incrementos de cada bien.  

Tanto en 2018 como en 2019, la aceleración inflacionaria fue impulsada principalmente por shocks cambiarios, donde la mayoría de los bienes transables ajustan significativa y rápidamente durante el transcurso de una quincena. Mientras que para la primera mitad de2018 el promedio de aumentos mayores al 10% representaban solamente 13% de los relevamientos, para el segundo semestre este promedio pasó a ser de 26,9%, con picos en septiembre y octubre de 46,7% y 46,0%, respectivamente. Esto estuvo explicado principalmente por la devaluación del 25% del tipo de cambio el último día de agosto, a lo que se le sumaron los aumentos de los servicios públicos en septiembre y octubre del mismo año. En contraparte, los incrementos más moderados (de 0 a 4%) se redujeron a la mitad para la misma comparación.  

Durante 2019, la inflación también se aceleró por el mismo motivo. El salto del tipo de cambio de 23% post-PASO implicó que los aumentos mayores al 10% se triplicaron respecto a la quincena anterior durante la segunda mitad de agosto. De hecho, el porcentaje de precios que ajustaron más del 10% en promedio tanto en 2018 como en 2019 más que duplico al registro de 2021, con inflaciones anuales no tan disímiles -47,6% i.a en 2018, 53,8% i.a. en 2019 y 50,9% i.a. en 2021. 

A lo largo del 2020, los precios de consumo masivo se movieron de manera muy particular, afectados por los controles de precios y por el freno de la actividad económica producto de la pandemia. En este sentido, durante los meses de pleno congelamiento (como marzo-abril) el porcentaje de precios que mostraba incrementos era muy pequeño (menor al 10%), pero tendía a compensarse en los meses en que se autorizaban aumentos (en estos periodos, el porcentaje de precios que exhibía aumentos superaba el 85%).  

A diferencia, en 2021 se tendió a una “normalización” de la cantidad de aumentos de bienes de consumo masivo. Los incrementos se distribuyeron más uniformemente a lo largo del año, donde más de la mitad de los precios no exhibía aumentos, y dentro de los que aumentaban (aproximadamente el 40%) sólo un 15% lo hacía a un ritmo mayor al 10%.  

Este fenómeno sucede porque actualizar precios conlleva un costo. Entonces, en una economía sin grandes shocks, se tiende a ajustar precios más espaciadamente y en magnitudes no tan grandes -como se dijo, los aumentos mayores al 10% para este período fueron la mitad a los de 2018 y 2019-. 

Vale destacar que, a fines de 2021, semestre donde transcurrieron las elecciones legislativas, volvió a suceder un fenómeno similar al de 2020, aunque más “suavizado”. En el último trimestre del año pasado se volvieron a implementar controles de precios a los bienes de consumo masivo. Como resultado, sólo el 20% de los precios mostraron incrementos durante el periodo de congelamiento. A diferencia, tras el desarme del programa, en los primeros meses de 2022 hubo un nuevo pico de incrementos, donde casi el 70% de los precios mostraron aumentos (muy significativo, pero algo más bajo que los picos de 2020 posiblemente debido a que este programa fue menos abarcativo que los anteriores).  

Remarcaciones más frecuentes y acentuadas  

Queda en evidencia que sin controles de precios que distorsionen los precios relativos la frecuencia con que se ajustan los precios tiende a ser mayor. En cambio, cuando el proceso inflacionario empieza a acelerarse y las expectativas se desanclan, cada vez resulta necesario ajustar precios con mayor frecuencia, porque las referencias nominales se hacen más difusas y alteran el contenido informativo del sistema de precios. Esto se puede ver gráficamente en los últimos dos meses (julio-agosto): para este período, la proporción de precios que mostró incrementos llegó a superar el 70% en promedio en las últimas cuatro quincenas. Es decir, del total del relevamiento de precios de productos de consumo masivo, siete de cada diez mostraron un aumento, mientras que los tres restantes se mantuvieron inalterados o con variaciones negativas.  

Esto no sólo sugiere que el periodo de ajuste se achicó, sino también que los ajustes tendieron a ser de mayor magnitud. En la última quincena de agosto casi el 60% de los precios mostró incrementos mayores al 7%, algo que no había sucedido nunca en los años previos.  

Cabe destacar que este fenómeno excepcional sucedió sin la existencia de un desmantelamiento de controles previos -que suele llevar a que una mayor proporción de precios muestre un ajuste- ni de ningún salto cambiario discreto, como fue el de las PASO de 2019, donde el proceso inflacionario cobró una dinámica similar a la observada en los últimos dos meses. 

Conclusiones y comentarios finales 

Si bien el análisis se concentró en precios de bienes de consumo masivo, y no a la totalidad del IPC, no deja de ser relevante, dado que representan casi el 20% del total de la canasta y llegan a explicar casi un 30% de la canasta de los deciles más bajos, que consumen una mayor proporción del ingreso en este tipo de bienes. En este sentido, es relevante destacar que la escalada inflacionaria de los últimos dos meses generó que la dinámica inflacionaria muestre aumentos de precios con mayor frecuencia, en conjunto con ajustes de mayor magnitud. 

Este nuevo fenómeno está asociado a que la aceleración inflacionaria ya no responde mayormente ni a saltos cambiarios del tipo de cambio oficial o tarifarios ni a ajustes de precios congelados, como en el período 2018-2021.  

En este sentido, el alza en los dólares paralelos y la ampliación y endurecimiento de las restricciones a las importaciones implicaron un fuerte mecanismo de transmisión hacia los precios. Este fenómeno no sucedió con igual intensidad en periodos anteriores, mostrando que la dinámica inflacionaria se volvió más frágil ante potenciales shocks. Esta vulnerabilidad no responde únicamente a la falta de ancla en las expectativas que, por ejemplo, repercute acortando el período de paritarias, sino también por una falta de control en la emisión monetaria que alteró las expectativas de inflación.  

Que tan rápido se pueda disipar este efecto determinará el número final de 2022 y el año entrante. La necesidad de coordinar expectativas a la baja es esencial para no seguir alimentando a la dinámica inflacionaria, pero la actualización automática de determinados precios relativos (como prepagas, por caso) agrava el riesgo de ir a un régimen inflacionario con mayor indexación al actual, y, por ende, más difícil de desarmar.  

Para septiembre,sumado al elevado arrastre que dejó la aceleración de la segunda parte de agosto (el IPC Ecolatina pasó de subir 6,2% en la primera quincena a 7,2% en la segunda) y a un sostenido deslizamiento cambiario por parte del Banco Central, impactarán en el nivel de precios puntualmente los aumentos en electricidad y gas (estimamos un impacto directo en el IPC de 0,4 p.p.); el aumento en la tarifa de subte (+40%) y de taxis (+30%); y los aumentos a empleadas domésticas y en colegios de la Provincia de Buenos Aires. Así, el índice de septiembre se ubicaría cerca del 6% (+82% i.a.).  

Para el resto del año, el adelantamiento de los aumentos pautados en las paritarias, un deslizamiento cambiario consolidado en niveles superiores a los meses pasados y los efectos de primera y segunda ronda que tendrán los ajustes en tarifas (estimamos que en total incidirían en 2,8 p.p de septiembre a marzo) y combustibles se combinarán para mantener a la inflación por encima del 5% mensual. En principio, estimamos una lenta desaceleración, dejando como resultado una inflación que cerraría cómodamente por encima del 90% en 2022 y cerca del 80% en 2023.  

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Empleo público y cuentapropismo, los líderes de la recuperación del empleo formal

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La recuperación de la actividad económica en la salida de la pandemia también tuvo su correlato en la dinámica del empleo. Sin embargo, así como dentro de la primera las heterogeneidades al interior están todavía asociadas a la rama sectorial, en el caso del trabajo las distintas modalidades dieron más matices al panorama del mercado laboral.  

En este sentido, se debe destacar lo ocurrido con el sector registrado. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) los puestos de trabajo formales vienen creciendo al 4,6% i.a. durante los primeros cinco meses del 2022 -último dato a mayo-, habiendo superado el nivel alcanzado en 2019, incluso levemente en términos poblacionales (+0,4%). Respecto a esto último, cabe recordar que anualmente la oferta de trabajo (individuos que salen al mercado en búsqueda de ingresos) tiende a expandirse en cerca de un 1%. 

En cualquier caso, las heterogeneidades comienzan al desagregar a este conjunto. Esta tendencia es impulsada por dos modalidades: asalariados públicos y cuentapropistas -monotributistas, autónomos y monotributistas sociales-. En el caso de los primeros, el crecimiento interanual es de casi 3%, pero se destaca por no haber exhibido números en rojo durante la pandemia. Tal es así que el crecimiento respecto a 2019 es de 2,3% por encima del crecimiento poblacional.  

Si bien los cuentapropistas sí sintieron el impacto de la pandemia, la recuperación -apuntalada también por la regularización de la asistencia social vía monotributo- muestra un avance de casi 10,2% considerando también el aumento de la población desde 2019. 

Sin embargo, el empleo de calidad continúa golpeado 

De todo esto se desprende que, incluso pese a los buenos números del empleo asalariado formal del sector privado durante los últimos meses (promedia una suba de 3,8% i.a. en 2022), esta modalidad -típicamente asociada con el empleo deseable, de calidad y mayor productividad- es la que más ha sufrido en los últimos años. En este sentido, si contemplamos también el avance poblacional, el deterioro es de casi 4% respecto a 2019 en los primeros cinco meses del año. Vale destacar que las medidas tendientes a proteger el empleo durante los meses de restricciones más severas han ayudado a que este desplome no sea mayor, aunque pagando un costo en términos de ingresos laborales: el salario real del sector privado cayó 1,5% en promedio en 2020.  

Bienes vs Servicios 

Dentro de esta modalidad también se puede observar parte del camino de la post-pandemia. Hasta el relajamiento de la gran mayoría de las restricciones a mediados del año pasado, el empleo en Bienes (4,7% i.a) había crecido más que aquel asociado a los Servicios (recién en mayo arrojó una variación interanual positiva). Sin embargo, mientras que en términos de actividad se revirtió esta tendencia, esto no ocurrió en términos del empleo: hacia mayo los Bienes experimentaron una suba de 4,7% i.a., contra la expansión de 3,3% i.a. de los segundos. Esta dinámica responde a la Construcción -un sector que estuvo fuertemente afectado por las restricciones a la movilidad-, que incrementó 16% i.a. su nómina de trabajadores formales. No obstante, si comparamos la dinámica respecto a 2019, el deterioro per-cápita del empleo formal es más pronunciado en los sectores productores de Bienes (-4,5% vs -3,4%). 

Dado el peso específico de la Industria y del Comercio en nuestra economía y el rol que jugaron en la recuperación de la actividad durante 2021, vale la pena echar un vistazo hacia dentro de los mismos. El empleo industrial crece este año a un ritmo de 3,1% i.a., por debajo del comercio, que lo hace al 3,7% i.a. Sin embargo, la mejor performance relativa durante todo 2021 de estos sectores los ubica mejor que el promedio a la hora de realizar la comparación con la pre-pandemia: están 1,4% y 2,6% por debajo si tenemos en cuenta el crecimiento de la población. De este modo, no solamente la economía en general fue traccionada por el entramado industrial y los diversos incentivos al consumo -que también estimulan al comercio-, sino que también tuvo un impacto positivo en el empleo formal. 

Este análisis del mundo laboral formal refleja ciertos matices que los números agregados esconden: desde 2020, el empleo público y el cuentapropismo han sido los baluartes del crecimiento del empleo. Si bien el empleo asalariado del sector privado muestra cierto vigor en los últimos meses, una mirada de mediano plazo lo muestra todavía muy por debajo de sus capacidades. Sin embargo, esto no debería sorprender: la economía se encuentra 0,2% por debajo del nivel per-cápita de 2019 y la incertidumbre actual, desencadenada en la esfera financiera, pero trasladándose a la economía real afectando las decisiones de consumo e inversión, impone un techo al crecimiento del empleo de calidad. 

¿Y qué sucede con el empleo informal? 

Indudablemente, los trabajadores no formales han sufrido el mayor golpe de la pandemia. Esencialmente, las rigideces del mercado laboral favorecen a los trabajadores registrados y hace pagar el costo del ajuste a quienes están fuera del circuito formal y, en general, tienen menos recursos económicos. 

Si bien aún no se disponen de datos para el total del país, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que cubre aproximadamente dos tercios de la población con foco en la población urbana, resulta una referencia ineludible. Una inspección de los últimos datos arroja lo previsto: este sector fue el más afectado en términos de ingresos, pero al mismo tiempo lideraron la recuperación en términos de empleo. En este sentido, por la necesidad de no quedar inactivos ante la fuerte aceleración inflacionaria, se reincorporan al mercado laboral bajo esta modalidad. Con los últimos datos disponibles, se puede observar que con relación al primer trimestre de 2019 subieron 3,2%, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, y 6,4% sin deflactar por población. 

Conclusiones finales 

Si bien todavía solamente tenemos datos para los primeros tres meses de 2022, la tendencia no parece haberse modificado en la actualidad. De verificarse esta hipótesis, observaríamos que en los últimos tres años el empleo asalariado en el sector privado -tanto formal como informal- migró al cuentapropismo y al sector público.  

Sin embargo, la absorción de estas modalidades podría no haber sido suficiente y estar incubando un efecto desaliento. Una pista de esta dinámica es que la Población Económicamente Activa (compuesta por la población que se encuentra buscando un empleo o posee uno) creció solo 0,5% entre 2021 y 2019, por debajo del crecimiento poblacional, una tendencia que se mantuvo en el primer trimestre de este año. La debilidad del sector privado para crear empleo puede estar detrás de este comportamiento, teniendo en cuenta que en el mundo formal queda escaso margen para que el empleo público y cuentapropista se mantenga en aumento. 

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Restricciones a las importaciones: ¿a qué sectores afecta más?

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Como señalamos en un informe de inicios de mayo, en buena medida la capacidad de sostener el ritmo de crecimiento que arrastraba la economía desde la segunda mitad de 2021 iba a depender fundamentalmente del nivel de reservas del BCRA. La cantidad de dólares disponibles para importaciones no energéticas sería insuficiente para propiciar un incremento en las importaciones por encima de los niveles vigentes y garantizar al mismo tiempo la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI.  

El condicionamiento se hizo palpable mediante la fuerte restricción sobre las importaciones impuesta a finales de junio. Las mayores trabas sobre las compras externas limitan la expansión del mercado interno vía una menor disponibilidad de insumos y bienes (en cantidad y variedad) para la producción y comercialización y presionan sobre los precios. De cara al segundo semestre, las principales consecuencias de esta medida serán un menor nivel de actividad económica, inflación más elevada y mayor presión sobre la brecha cambiaria. 

Ahora bien, su efecto dista de ser homogéneo entre los distintos sectores económicos: por el contrario, las restricciones afectarán de manera heterogénea a las distintas ramas de actividad. ¿Cuáles son potencialmente los sectores más afectados? ¿Qué implicancias tienen las restricciones para las trayectorias de recuperación que venían mostrando? ¿En qué medida las limitaciones pueden ser contraproducentes? 

Primera parte del año con Servicios a la cabeza 

Hacia finales de 2021 sosteníamos que en el panorama de crecimiento de 2022 existiría una divergencia entre el desempeño de Bienes y Servicios. Estos últimos tendrían más terreno para recuperar y buscar este año su postergada “revancha”, mientras que un menor nivel de cosecha y una ralentización en la producción industrial -en un contexto de escasez de reservas y un consumo algo más débil- serían factores que limitarían el avance de los Bienes

En efecto, con la eliminación completa de las restricciones sanitarias y el impulso provisto por el programa Previaje, en la primera parte del año fueron los Servicios más ligados a la presencialidad los que lideraron la reactivación económica, especialmente aquellos asociados al ocio y esparcimiento (hoteles, restaurantes, entretenimiento), donde impactó el hecho de que todavía se veían muy por debajo de los niveles pre-pandemia al cierre del año pasado. Estimamos que entre diciembre y mayo (último dato), los Servicios mostraron una expansión del 2,6% en la serie desestacionalizada, al tiempo que los Bienes se expandieron por debajo (+0,8%). Así, la brecha entre Bienes y Servicios llega a mínimos desde el inicio de la pandemia. 

El freno a las importaciones agudizará aún más la divergencia BienesServicios 

En promedio, 10% de los insumos utilizados en los procesos de producción (de consumo intermedio[1]) orientados a abastecer el consumo local se obtienen mediante importaciones. Sin embargo, existen importantes disparidades entre sectores, donde los Bienes (12%) exponen una mayor necesidad que los Servicios (8%)[2]. Esta primera apreciación permite obtener una primera conclusión: un sostenimiento de las restricciones a las importaciones agudizaría la divergencia entre los grupos a lo largo del año, con Servicios mostrando un mejor desempeño que los Bienes.  

Adentrándonos en un análisis sectorial, las principales ramas que requieren una mayor proporción de importaciones para su funcionamiento son la Industria (16%), Petróleo, Gas y Minería (15%) y Comercio (14%), mientras que sectores como Hoteles y Restaurantes o Servicios comunitarios, sociales y personales (“otros servicios presenciales”) muestran una proporción mínima. Respecto a la Industria, como antecedente vale remitirse a lo ocurrido en octubre 2021, cuando la restricción al pago anticipado de importaciones indujo una fuerte caída mensual del sector (-6,1% desestacionalizado, según el Índice de Producción Industrial).  

En este sentido, los sectores que estarían menos afectados directamente por la restricción a las importaciones son los que tienen más terreno por recuperar en relación con los niveles pre-pandemia. No obstante, cabe señalar que en conjunto estas actividades representan alrededor del 12% de la actividad económica, por lo que no es de esperar que aporten a la economía en la misma magnitud que lo vinieron haciendo la Industria o el Comercio (que conjuntamente representan el 37% y explicaron en 2021 más del 40% del crecimiento del año). 

Dada su intrínseca heterogeneidad y participación en la cadena de valor de múltiples sectores, la Industria precisa de un análisis por separado. El rubro de Equipos informáticos, electrónicos y ópticos y Equipo eléctrico, Maquinaria y equipo y Químicos son los que requieren una elevada proporción de insumos importados para producir: 61%, 42% y 38% en relación con su consumo intermedio, respectivamente. En el otro extremo, dentro de la actividad fabril existen actividades con menor dependencia directa de las compras externas, destacándose Alimentos y bebidas (0,8%) y refinación de petróleo (5,2%).  

Dentro de los primeros lugares se detectan sectores que han venido enseñando una demanda pujante. El esquema de incentivos para la adquisición de bienes durables y reposición de bienes de capital como resguardo de valor (brecha cambiaria elevada, tasas reales negativas, restricciones de acceso al mercado cambiario, expectativas de devaluación) han impulsado las ventas de bienes con elevados componentes importados: electrodomésticos y electrónica de consumo, maquinaria agrícola, vehículos, motos. Las restricciones recrearían una dinámica en la que esta demanda se encuentra con una oferta insuficiente, lo cual termina ajustando por precios: en julio el relevamiento del IPC GBA Ecolatina mostró que los bienes durables expusieron los principales aumentos de precios del mes (en general superiores al 10%). 

¿Medidas contraproducentes?: el impacto no se limita al mercado interno 

Otra consecuencia -que por momentos pasa inadvertida- es que para sostener las ventas hacia el resto del mundo el país necesita aumentar las importaciones de insumos requeridos para la producción de bienes y servicios: en promedio, cada dólar exportado por Argentina cuenta con casi 11 centavos de contenido importado. 

Esta dinámica responde al despliegue de las cadenas globales de valor. El incentivo a una especialización de los países en determinados eslabones como estrategia de inserción en el comercio internacional se traduce en que no sólo la producción destinada al mercado local requiere de importaciones, sino que las exportaciones también las necesitan. En consecuencia, restringir compras externas indistintamente puede -paradójicamente- desfavorecer la meta de acumulación de reservas. 

Ahora bien, el contenido importado en las exportaciones muestra una gran variabilidad entre sectores. Los sectores con mayor contenido importado en sus exportaciones son, nuevamente, los asociados a Equipos informáticos, electrónicos y ópticos (31%), Automotriz (28%), Otro equipo de transporte (25%) y Maquinaria y equipo (22%). Lo mismo ocurre con las ramas industriales ligadas al Caucho y plástico y a los Químicos (en torno al 20%). 

Al mismo tiempo, es menester analizar la orientación exportadora de cada uno de ellos. Mientras que en Argentina el 8,5% de lo producido es enviado al resto del mundo (Exportaciones/VBP), los sectores con mayor orientación exportadora, en base a su relevancia y potencial son Automotriz (38%), Servicios IT (software y programación, 24%), Petróleo, Gas y Minería (20%) y la industria de Alimentos y bebidas (19%). 

Este último sector -uno de los más competitivos de la economía argentina- se destaca por ser de los menos demandantes de importaciones para abastecer al mercado interno (equivalen a 0,8% de su consumo intermedio), pero sus exportaciones llevan 7,4% de contenido importado. Vale decir, para las exportaciones agroindustriales resulta mucho más relevante el acceso a importaciones para exportar que para producir localmente. 

Conclusiones y consideraciones finales 

De lo expuesto podemos obtener cuatro grandes conclusiones: 

1.       Lejos de ser parejo, el impacto de las recientes restricciones a las importaciones es heterogéneo entre sectores, afectando más a Bienes que a Servicios

2.       Dentro de estos últimos, que dependen menos del flujo de compras externas, se encuentran los sectores más rezagados en términos de actividad económica en relación con los niveles pre-pandemia (Hoteles y restaurantes y Otras actividades de servicios sociales y personales). Al verse menos afectados directamente tendrán mayores posibilidades de continuar con su recomposición. 
 

3.       Un mejor flujo de importaciones no se traduce únicamente en dificultades para abastecer al mercado interno, sino también al externo, por lo cual los límites a importar pueden inducir límites a exportar, generando el efecto inverso al buscado originalmente. El Gobierno tomó nota de esto y comenzó a flexibilizar los flujos de importaciones de ciertos sectores “clave” en términos de generación de divisas (automotriz, insumos del agro, energía, importaciones temporarias para transformación y posterior exportación). 
 

4.       En una perspectiva de más largo plazo, las importaciones favorecen el acceso a insumos, tecnologías y procesos más avanzados que contribuyen a menores costos, mayor eficiencia y/o una mejor calidad de producción. Así, permiten que el país mejore su competitividad exportadora, comercializando bienes y servicios con mayor valor agregado. Por otro lado, el entorno de incertidumbre generado por medidas de esta naturaleza impacta de forma indirecta en otras variables -como las inversiones- que profundizan el deterioro del sector productivo y alejan a Argentina de la senda del desarrollo. 

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