jue. Mar 19th, 2026

Ecolatina

Balanza de pagos: la cuenta corriente alcanzó un superávit de 1,4% del PBI en 2021

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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En 2021 la cuenta corriente del balance de pagos alcanzó un superávit de USD 6.800 millones, que representó 1,4% del PBI. Esta dinámica refleja una mejora respecto al 2020, cuando el superávit fue de USD 3.300 millones (0,9% del PBI). 

A diferencia de lo ocurrido en 2020, cuando el superávit fue principalmente la consecuencia del desplome de las importaciones, el virtual cierre del turismo internacional (cuenta históricamente deficitaria) y la merma en los pagos de intereses externos producto de la reestructuración con acreedores privados, durante 2021 el superávit se correspondió más a un incremento en los ingresos externos.  

En ese sentido, los precios internacionales de commodities jugaron un rol central: las ventas externas de los cuatro principales complejos agropecuarios (soja, trigo, maíz y girasol) creció 53%, arrojando un saldo positivo del orden de los USD 35.000 millones. Esto permitió financiar mayores importaciones de bienes (+47% i.a.), cuyo costo estuvo a su vez agudizado por altos costos en los fletes internacionales, para materializar el fuerte rebote de la actividad. 

Dentro de la cuenta corriente, el ingreso primario (rentas de la propiedad, como pagos de intereses y giros de utilidades) arrojó una salida neta de casi USD 10.000 M (-2,1% del PBI), donde se incluye el pago de intereses al FMI (0,3% del PBI), mientras que el ingreso secundario (transferencias) alcanzó un saldo positivo de 0,3% del producto. 

Si al resultado de la cuenta corriente le agregamos el de la cuenta capital, se observó que en 2021 la economía tuvo una capacidad de financiamiento de 1,5% del PBI, por encima de la registrada en 2020 (0,9% del PBI) y marcando un fuerte contraste con la necesidad de financiamiento externo de 2017-2019 (-3,6% del PBI). 

Sin embargo, esta capacidad de financiamiento -a lo que se le suma un ingreso neto de inversión extranjera directa por 1,1% del PBI – tuvo impacto prácticamente neutro en el sector público: ni se acumularon reservas del BCRA (de hecho, cayeron levemente, USD 106 M) ni se redujeron pasivos externos en forma neta. Esto se debe a que la cancelación de pasivos externos por parte del sector público -títulos públicos y préstamos- por casi USD 4.000 M (donde se destacaron los pagos de capital al FMI en septiembre y diciembre), fue compensado con la asignación de DEG (USD 4.300 M) en el tercer trimestre. Esto también indica que el flujo neto con el FMI (asignación DEG – pagos de capital e intereses) fue deficitario en 0,2% del PBI (USD 870 M). 

Por lo tanto, la contrapartida de la elevada capacidad de financiamiento y el saldo de inversión directa se reflejó principalmente en la acumulación de activos financieros (1,9% del PBI) y en la cancelación de pasivos (0,3% del PBI) por parte del sector privado. 

Este es el punto de partida para 2022, un año en que el marco del acuerdo con el FMI y las condiciones internacionales tendrán implicancias significativas en nuestras cuentas internacionales. 

El triángulo desafiante 

En materia del balance de pagos, el marco del acuerdo con el FMI se establecen tres elementos centrales que configuran un “triangulo” desafiante de cara a este año. 

En primer lugar, se proyecta una menor capacidad de financiamiento externo de la economía: el acuerdo prevé que el superávit de cuenta corriente alcance este año un 0,5% del PBI (1% p.p. del producto por debajo del año pasado). De todos modos, vale destacar que el resultado final dependerá del impacto de las actuales condiciones globales (incremento de precios energéticos y agropecuarios, menor cosecha y fletes más caros) y de que el turismo emisivo no vuelva a representar más de medio punto del PBI, tal como lo hizo en 2019, por ejemplo. 

En el segundo vértice del triángulo se encuentra la cuenta financiera del sector público: producto del acuerdo habrá mayores flujos de financiamiento neto del exterior, pero éstos deberán ser acumulados por el mismo sector público. Dado el esquema previsto de desembolsos y el cronograma de vencimientos en el marco del acuerdo con el FMI, este año el flujo neto con el organismo revertiría su signo y sería favorable en alrededor de 1% del PBI -diferencia entre la acumulación neta de pasivos en la cuenta financiera por USD 6.700 M, alrededor de 1,2% del PBI, y los pagos de intereses en la cuenta corriente por 0,3% del PBI -. Sin embargo, la totalidad del saldo deberá aplicarse íntegramente a la acumulación de reservas internacionales (las reservas internacionales netas deberán crecer en USD 5.800 M). 

Los dos elementos anteriores implican que este año el espacio para que el sector privado acumule activos y/o cancele pasivos externos sería más acotado que en 2021: contemplando un influjo neto de inversión directa similar al de 2021, la suma de la acumulación de activos financieros y caída de pasivos externos del sector privado (sumando también los errores y omisiones de la cuenta financiera), deberá pasar de 2,6% del PBI alcanzado el año pasado a 1,6% del PBI en 2022. 

Aquí es donde entra la tercera punta del triángulo: en el acuerdo se establece el compromiso de no intensificar las restricciones cambiarias o a las importaciones. En este sentido, la menor acumulación de activos externos privados debe lograrse por la vía virtuosa (anclaje de expectativas) en lugar de hacerlo por la vía de las restricciones. 

La combinación de estos tres “vértices” del triángulo tornan desafiante la dinámica de las cuentas internacionales de cara a este año, especialmente teniendo en cuenta las condiciones internacionales. 

Si, por caso, la combinación de precios de exportación (agro) y de importación (energía) se torna más desfavorable que lo previsto, se deterioraría aún más la cuenta corriente, erosionando la capacidad de financiamiento externo de la economía. Esto obligaría a: i) relajar la meta de acumulación de reservas (tensionando el segundo vértice), ii) compensar este efecto por la vía de menores importaciones de otros bienes (tensionando el tercer vértice), o iii) procurar que se acote aún más la acumulación de activos o cancelación de pasivos externos del sector privado (tensionando también el tercer vértice). 

En este sentido, dadas las “restricciones” que impone el acuerdo, conformando el triángulo desafiante antes mencionado, será de vital importancia lograr en el corto plazo el anclaje de expectativas para acotar los incentivos a la acumulación de activos externos privados, y fortalecer las exportaciones en el mediano plazo, para robustecer la capacidad de financiamiento externo de la economía. 

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No solo precios: también está en riesgo la actividad

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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Algunas semanas atrás destacamos el dilema de la Reserva Federal (FED): responder a la mayor inflación de los últimos 40 años con políticas monetarias más restrictivas, pero sin poner en jaque la recuperación económica de dicho país (y la global). La disrupción en el mercado de commodities que se generó a partir de la escalada del conflicto ruso-ucraniano envalentó las presiones inflacionarias y exacerbó aún más este dilema.  

No obstante, como anticipamos, las consecuencias del conflicto ya superan su impacto inmediato sobre los precios de los principales commodities que producen ambos países: las profundas recesiones que sufrirán Ucrania y Rusia sientan las bases para un efecto contagio no solo para la economía europea, sino también para la economía global. ¿Por qué el conflicto excede a la volatilidad vista en el mercado de commodities? ¿Qué riesgos presenta para la economía global? ¿Cómo alteró las expectativas del accionar de la FED y cuáles son los riesgos de las proyecciones que este organismo publicó esta semana? ¿Qué desafíos presenta para la economía argentina?  

Guerra en Ucrania: 3 canales de contagio para la economía europea y global 

Los primeros impactos globales del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania correspondieron al plano financiero: incluso antes de la invasión rusa, se verificó un alza de los precios de los commodities (I), fenómeno sobre el cual ya se ha puesto mucho el foco. Además, la fuerte volatilidad de los commodities vino aparejada de un fuerte empeoramiento de las condiciones financieras globales (II). Los principales índices globales muestran fuertes retrocesos[1] desde que comenzó el año (-15% el Nasdaq, -8% el S&P, -9% el DAX, -5% el Nikkei por nombrar algunos) y la volatilidad fue en aumento: no solo para las acciones (el VIX, conocido también como el “índice del miedo” alcanzó la semana pasada su mayor valor desde principios del 2021), sino también para los treasuries (instrumentos de “safe-heaven” para los inversores en contextos adversos) y las monedas internacionales, ambos medidos con indicadores similares al VIX. Incluso, la SEC (organismo estadounidense análogo a la CNV local) advirtió en un poco habitual comunicado a los operadores monitorear activamente el riesgo de contraparte y requerir del mayor collateral posible para las operaciones financieras. Algunos indicadores de estrés financiero (por ejemplo, el spread 3M FRA-OIS) alcanzaron su mayor nivel desde abril del 2020, en plena crisis del COVID-19. 

Pero, con el transcurso de los días, ya comienza a vislumbrarse que los potenciales impactos sobre la actividad global para este año excederían los que provoquen las turbulencias financieras: el alza en la inflación -donde incide el alza de las commodities– y las disrupciones en el comercio global podrían resentir la dinámica del PIB global en 2022 (III). 

Respecto de este último punto, cabe señalar que, aunque China es el principal socio comercial de Rusia a nivel país individual, la Unión Europea (UE) en su conjunto supera al país asiático: la UE representa casi dos quintas partes del comercio exterior ruso. Similarmente, Rusia es el cuarto proveedor externo de bienes a la UE, donde 22 de los 27 países tienen un déficit comercial con dicha Federación. Pero lo crucial es el tipo de importaciones que la UE satisface con Rusia: dos tercios de las compras de la UE a Rusia están relacionadas a la energía, donde un 40% de las necesidades de abastecimiento de gas que tiene la UE las provee Rusia. Un activo económico y geopolítico no menor.  

Pero no solo es energía: Rusia y Ucrania son jugadores importantes del mercado global de cereales, metales y minerales. Previo a la crisis del COVID, más de 1 de cada 2 dólares que exportó Ucrania correspondían a productos agrícolas (casi en su totalidad cereales y oleaginosas), metales (principalmente hierro y acero) y minería. Con relación a los cereales, ambas naciones representaban (previo a la invasión) aproximadamente un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y un quinto de las de maíz respectivamente. Respecto del trigo, más allá de la explosiva evolución de su precio (+50% desde que comenzó el año, +25% solo desde la invasión), la guerra presenta una potencial crisis humanitaria y alimenticia en algunos países. Específicamente, previo a la crisis del COVID+19, Túnez, Israel, Egipto y Turquía dependían en por lo menos un 50% (hasta más de un 70%) del trigo ruso-ucraniano para satisfacer su demanda interna. Mayor aún es la relevancia de estos dos jugadores en el mercado de girasol: el grueso del comercio mundial de aceite de girasol se concentra en el Mar Negro, con Ucrania y Rusia representando casi un 80% de éste. El precio del aceite de girasol casi duplica su precio desde que comenzó el año y avanza un 48% solamente desde la invasión.  

Las disrupciones en los suministros globales de los principales productos de exportación de estos dos países ya están generando un empeoramiento de las perspectivas económicas globales. Lógicamente, las economías más afectadas serán las de Ucrania y Rusia, que de un crecimiento proyectado por el FMI el pasado octubre del 2,9% y 3,6% respectivamente, pasarían a caer por lo menos un 7% y 50% según otras estimaciones. Pero esto no es todo: si bien Rusia y Ucrania de por sí representan poco más del 2% de la economía global (previo a la guerra eran las economías #11 y #56 del mundo), la clave está en los efectos contagio.  

Además, tan solo 6 a 10 días luego de la invasión, Focus Economics recortó las proyecciones de crecimiento para la zona euro en 0,3 pp. respecto de las relevadas en enero del 2022. La OCDE, en línea con distintos bancos de inversión de referencia, recientemente estimó que, en ausencia de políticas fiscales que busquen apaliar los impactos de la crisis, el crecimiento de la eurozona podría reducirse en hasta 1.4 p.p. respecto del escenario base (+4,3% i.a. 2022) proyectado en dic-21. La economía global no estaría a salvo: la OCDE estima una merma de 1 p.p. respecto de las proyecciones previas de crecimiento mundial (4,5%). En abril el FMI publicará su informe insignia (el World Economic Outlook) donde posiblemente ya se internalice buena parte de los impactos sobre la actividad global. 

Similarmente, se corrigieron fuertemente al alza las expectativas de inflación a nivel global (podría aumentar en hasta 2,5 p.p. por sobre el escenario base solo por el efecto Ucrania). El accionar de la FED, como director de la orquesta financiera internacional, será crucial. Y de hecho, el efecto Ucrania ya jugó un rol en la primera reunión de la FOMC en el 2022.  

La (exacerbada) encrucijada de la FED 

El miércoles de esta semana pudo haber comenzado el final de una era de ultraliquidez global. Pudo, porque aunque las cartas están barajadas, todavía no están jugadas. La FED, por primera vez desde mediados del 2019, elevó la tasa de referencia en 25 bps. La decisión quedó corta respecto de lo que el mercado esperaba previo a la invasión rusa (+50 bps), pero reflejó la mayor preocupación por la escalada inflacionaria (7,9% i.a., la mayor en 4 décadas), donde el conflicto bélico y geopolítico lógicamente tuvo significancia.  

No obstante, sí dio señales de vital importancia en el plano anti-inflacionario: la FED espera por lo menos 6 subas de tasas más para el resto del año (mientras que a fines de diciembre proyectaba no más de 4 subas para 2022). Así, llevaría la fed fund rate a 1,9% a fin de año. Además, crucialmente, afirmó que comenzará a reducir la hoja de balance este año. Para poner en perspectiva: en la crisis anterior el tightening llegó recién hacia el 2013, aproximadamente 5 años después mientras que ahora llegaría tan solo un año y meses luego de la crisis del COVID-19.  

Lógicamente, ante la disrupción observada en el mercado de commodities -impensado en la reunión de diciembre- la FED elevó las perspectivas de inflación (del 2,6% i.a. dic-22 que estimó en dic.-21 al 4,3% i.a. dic-22 que proyecta actualmente). Más importante aún es el recorte en la proyección de crecimiento (del 4% esperado para el 2022 al 2,8% actual). Y este es el punto clave: en el dilema[2] de la FED, el riesgo de una recesión parecería todavía estar siendo subestimado. La FED proyecta una suba de tasas tan rápida como la previa a la crisis sub-prime en un contexto inflacionario y de crisis energética no visto desde los 80s. Aunque la inflación puede morigerar el impacto de la suba de tasas sobre el crédito y la inversión, el menor crecimiento ya esperado puede verse aún más afectado. Algunos indicadores de recesión adelantados (como por ejemplo el spread entre el t-bill a 10 y 2 años que comentamos anteriormente) se acercan peligrosamente al terreno de alerta.  

Comentarios finales 

El impacto global del conflicto Rusia-Ucrania claramente excede al proveniente de la suba en los commodities y las turbulencias financieras: no solo es precios, las disrupciones financieras-comerciales ya tienen consecuencias sobre las perspectivas de actividad. De hecho, las órdenes de compra y proyectos de inversión, sumados a la confianza de los consumidores (tres motores de la economía moderna) se verán afectados en los próximos meses.  

Paralelamente, la FED se encuentra en la mayor encrucijada reciente: enfrenta la mayor inflación de los últimos 40 años y proyecta la suba de tasas más veloz desde la previa a la crisis sub-prime, sin simultáneamente estimar una merma considerable en el nivel de actividad producto de las políticas monetarias y crediticias más restrictivas. La inflación, antes un fantasma a nivel global dejó de serlo. Similarmente, la recesión bien podría estar a la vuelta de la esquina si el conflicto no cede, si sus consecuencias no son compensadas y/o si la lucha de la FED contra la inflación termina poniendo en jaque a la actividad.  

En el plano local, los análisis se han principalmente limitado a la balanza de divisas (agro vs energía) que implica el conflicto. No obstante, la trascendencia de un crecimiento económico global más lento de lo esperado es elevada, y podría tener impactos sobre la economía argentina. En este sentido, el mejor escenario a esperar hacia adelante es una rápida solución al conflicto bélico seguido de una rápida reacción coordinada para paliar estos impactos. 

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Industria manufacturera: un análisis de cada rama de actividad

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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La actividad económica creció más de 10% i.a. en el promedio de 2021, recuperando el terreno cedido durante el primer año pandémico. Detrás de ese crecimiento, se ubicó el buen desempeño de la industria manufacturera, que creció 15,7% i.a. según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). De esta forma, el sector operó por encima de los últimos tres años, pero aún por debajo de 2017 (cerró -4,7% respecto a ese año) y explicó 3 p.p. de la variación anual del PIB durante el año pasado, siendo así el motor de la recuperación. 

Sin embargo, hay heterogeneidad al interior del entramado industrial. Tal es así que, si bien todas las ramas industriales crecieron frente a 2020 y 13 de las 16 exhibieron una expansión respecto al promedio de 2019, únicamente 6 ramas superaron los niveles alcanzados en 2018 y apenas 2 mejoraron respecto a 2017, el último año en el que la industria había crecido. De esta forma, el objetivo del informe será realizar un mapeo de la performance en 2021 de las distintas ramas y delinear las perspectivas para el 2022. 

Ramas con mejor desempeño 

Los datos del Índice de Producción Industrial (IPI) reflejan que, dentro de las ramas con mejor desempeño, se encuentra Productos minerales no metálicos (+27,4% i.a. en 2021). En esta expansión fue determinante la recuperación de la construcción (creció más de 30% i.a. en 2021, según el ISAC) que impulsó la demanda de muchos insumos (por ejemplo, ladrillos huecos y placas de yeso exhibieron los niveles de producción más altos desde que comenzó a publicarse el indicador de la construcción, en el año 2012). El buen desempeño del sector constructivo estuvo dado por el levantamiento de las restricciones sanitarias, la continuidad del cepo cambiario que actuó como incentivo a volcar ahorros al bolsillo y los bajos costos para construir medidos en dólares. 

Otra rama con un desempeño récord fue Alimentos y bebidas (+5,6% i.a., ubicándose también por encima de los niveles de 2016-2019) que, a diferencia del resto, se había mantenido estable en el primer año pandémico gracias a su carácter esencial (creció +0,4% i.a. en 2020). Al interior de esta rama, la molienda de oleaginosas explicó un tercio de la mejora interanual en 2021, ayudado por la mejora en los precios de commodities, pero sin perjuicio de ello, también se observó un buen año para los lácteos, molienda de cereales, galletitas, productos de panadería, yerba mate, entre otros. A contramano, cabe mencionar que existió una mala performance de la producción de carne, afectada por las trabas a las exportaciones.  

Por otro lado, se encuentran las ramas que se ubicaron por encima de los niveles de 2018 y 2019, pero aún por debajo de los niveles de 2017. Tal es el caso de Maquinaria y equipo (+36,7% i.a.), Productos de caucho y plástico (17,8% i.a.), Madera, papel, edición e impresión (+4,3% i.a.)y Sustancias y productos químicos (+7,1% i.a.).  

Dentro de estos sectores, cabe destacar el desempeño de Maquinaria y equipo, cuya mejora estuvo liderada por la producción de maquinaria agropecuaria que en 2021 se ubicó en los máximos de al menos los últimos seis años. En este sentido, las opciones de financiamiento y la mejora en los precios de commodities que dinamizaron al sector agropecuario fueron parte de los principales motivos de la mejora. Por otro lado, la producción de aparatos de uso doméstico se ubicó por encima de los niveles de 2017-2020, donde pudo influir la implementación de planes oficiales para dinamizar al consumo (como Ahora 12) en un contexto de cepo cambiario que hace atractiva la adquisición de bienes durables como alternativa de ahorro.  

Sectores que aún tienen terreno por recuperar 

Los sectores que crecieron frente al bienio 2019-20 pero aún se ubicaron por debajo de los niveles de 2018 son Tabaco (+0,3% i.a.), Productos textiles (+25,3% i.a.), Prendas de vestir, cuero y calzado (+56,9% i.a.), Industrias metales básicas (+31,2% i.a.), Otros equipos, aparatos e instrumentos (+29,3% i.a.), Vehículos automotores (+49,9% i.a.) y Otro equipo de transporte (+60,5% i.a.).   

Las ramas asociadas al sector textil, la producción vinculada al sector de equipos y aparatos y al sector automotriz sufrieron una abrupta caída durante 2020, lo que significó que la recuperación comience desde un piso mucho más bajo el año pasado. En este sentido, la mayor demanda de estos bienes como consecuencia de la reapertura de actividades y una mayor sociabilización, combinados con políticas para dinamizar al consumo (como el financiamiento a tasas reales negativas) ayudaron a la recuperación. En este grupo, una mención especial merece la producción de equipos de informática (que incluso logró superar los niveles de 2018), en un contexto de mayor demanda por teletrabajo y el consumo de estos bienes ante falta de alternativas de ahorro.  

Por último, hay tres sectores que todavía mantienen un desempeño más acotado, ya que aún no superaron los niveles de 2019: Refinación de petróleo, coque y combustible nuclear (+13,3% i.a.), Productos de metal (+22,4% i.a.) y Muebles, colchones y otras industrias (+4,2% i.a.).  

Perspectivas generales para 2022 

El año comenzó con un incremento de contagios en las primeras semanas de enero que implicó ausentismos en las fábricas y se combinaron con las habituales paradas técnicas por toma de vacaciones. Como resultado, el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo en enero (-0,3% i.a. y -5,5% desestacionalizado), pero todo indica que habría recuperado esta merma en febrero, ya que los datos que permiten adelantar el desempeño de la industria son positivos (la producción de autos se duplicó respecto a enero producto de una mayor operatividad y los despachos de cemento subieron 8,2%). Sin embargo, tomado en conjunto, el primer bimestre del año arrojará un muy tenue crecimiento en el mejor de los escenarios.  

Para los próximos meses se presentan varios interrogantes. Al que era el eje de la discusión internacional hasta hace algunas semanas -la aceleración de la inflación, que en de Estados Unidos alcanzó los niveles más altos de los últimos 39 años- se le sumó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las primeras consecuencias económicas fueron una escalada en el precio de commodities, que encareció tanto los alimentos como la energía en todo el mundo. Los problemas que esto puede acarrear en la demanda global todavía están por verse -y dependen esencialmente de la duración y alcance del conflicto- pero podría implicar una merma en el crecimiento mundial para este año o incluso una recesión. De esta manera, un escenario de estanflación en el mundo gana probabilidad lo cual indudablemente golpeará al entramado industrial, especialmente en aquellas ramas dependientes de las importaciones y exportaciones. 

Por otro lado, si bien el alza en los precios de commodities puede actuar como incentivo para la producción de algunas ramas de alimentos en el corto plazo -como puede ser la molienda- el desenlace también dependerá del resultado de la cosecha, que no se prevé que sea destacable, como también de la continuidad de este shock “positivo” para el sector. Adicionalmente, el incremento de los principales costos de alimentación del ganado vacuno trae presiones sobre el precio de la carne, elevando la probabilidad de un escenario con mayores controles a las exportaciones de este producto que desalienten la producción. 

El impacto de los precios internacionales puede impactar en la industria de forma indirecta. El encarecimiento de los alimentos, que según relevamientos del IPC GBA Ecolatina avanzó más de 6% en febrero y acumula una suba superior a 10% en el primer bimestre, acelerará a la inflación. A este salario real menguado se le sumarán incrementos tarifarios a partir de marzo, que se continuarán a lo largo del segundo trimestre del año, dejando un menor ingreso disponible para el consumo de las familias que lo previsto hace algunos meses. En este sentido, el consumo privado no crecería de manera significativa este año (estimamos un avance de 3,7% i.a. para el año, por encima de la actividad económica, pero por debajo del arrastre estadístico que dejó 2021), lo cual podría recortar el ritmo de recuperación de algunos sectores que aún estaban por niveles por debajo de los de 2018, como los asociados al sector textil. Además, puede afectar a la demanda de otras ramas que todavía no habían podido recuperarse notablemente (ya que están operando por debajo de los niveles de 2019), como es el caso de la industria de muebles y colchones.   

A su vez, la ya mencionada alza en el precio del petróleo y del gas complica el panorama energético. La suba del precio y la disponibilidad de este a lo largo de los próximos meses podría ocasionar un cuello de botella en el que se tenga que administrar este recurso entre hogares residenciales e industriales, haciendo que algunas industrias puedan enfrentar momentáneas restricciones operativas. Por otro lado, esto agravará la salida de divisas por lo que es posible que una vez pasada la liquidación de la cosecha gruesa, la menor disponibilidad de dólares redunde en controles a las importaciones o demoras en liberar órdenes para que entren insumos necesarios para la producción. En el caso del sector automotriz, a este panorama se le suma que la escasez mundial de semiconductores seguiría afectando a lo largo de todo 2022.  

En síntesis, el entramado industrial desaceleraría el crecimiento respecto a la magnitud de la recuperación observada en 2021. El número final estará determinado por qué tanto influyan los factores antes mencionados, pero en una primera instancia estimamos que la industria exhiba una mejora en torno al 3% i.a. en 2021. Esta cifra permitiría mantenerse por encima de los niveles de 2018 y 2019, pero aún no lograr superar los últimos niveles máximos ocurridos en 2017. 

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Analizando la meta fiscal de 2022

By Arguello Juan Carlos 4 años ago
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Uno de los parámetros más destacados del potencial acuerdo con el FMI que anunció el gobierno concierne a la meta fiscal: según las mismas declaraciones oficiales, en 2022 el Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) debería mostrar un déficit primario de 2,5% del PIB, lo que implica una reducción de 0,6 p.p. respecto de 2021[1]. Asimismo, el Ministro Guzmán afirmó que esta meta se cumplirá manteniendo constante el gasto en términos reales (incluso mostrando un “crecimiento moderado”) y reduciendo la asistencia monetaria del BCRA de 3,7% del PIB en 2021 a 1% del PIB en 2022. ¿Es esto factible? 

Antes de intentar contestar esta pregunta, resulta relevante aclarar que los detalles que finalmente incluya el potencial acuerdo serán cruciales: en primer lugar, conocer los supuestos macroeconómicos subyacentes a la meta, ya que la dinámica fiscal es distinta en escenarios de desinflación que cuando hay aceleración inflacionaria. En segundo lugar, e intrínsecamente asociado al primer elemento, si la meta definitiva se fijará en % del PIB o en términos nominales. 

Para abordar en análisis de la posible trayectoria del déficit primario, en el siguiente ejercicio asumiremos que en términos macroeconómicos se tomaría un crecimiento real de 4% (similar al Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre) y una inflación de 40% (que refleja la desinflación contemplada en dicho Proyecto pero con el mayor punto de partida que finalmente dejó 2021). Asimismo, asumiremos que el tipo de cambio y los salarios formales aumentan como la inflación, y que el intercambio comercial se incrementaría en términos similares a los proyectados por el gobierno en septiembre (lo cual constituye uno de los principales riesgos fiscales en 2022). 

Con esta dinámica macroeconómica (que luce ambiciosa), el punto de partida para el cumplimiento de la meta aparece desafiante: por el lado de los recursos, incluso manteniendo constante en términos del producto los principales conceptos no se repetiría el Aporte Extraordinario sobre los Patrimonios (por lo que los ingresos totales caerían en 0,5% del PIB en 2021).  

Por el lado del gasto, el índice de movilidad jubilatoria (que indexa el 40% de las erogaciones) podría mostrar un aumento promedio muy superior a la inflación proyectada en el ejercicio (hasta febrero 2022 crecerá al 53% i.a.), lo que implica un incremento del gasto 0,3 p.p. en términos del producto. Es decir, en base a estos supuestos, el punto de partida en materia de déficit se ubica más cerca de 4% que de 3% del PBI. 

Lógicamente, hay fuentes de “ahorro” posibles. En 2021 una parte del gasto correspondió al “paquete COVID 2da Ola”, que no necesariamente estará completamente en 2022; por ejemplo quizás no se necesite comprar tantas vacunas dado el avance que ya tuvo la campaña de inmunización. En este sentido, en este ejericio supondremos que los gastos que financió el Aporte Extraordinario en forma específica no se repetirán en 2022 (lógicamente esto, a diferencia de los recursos, implica una decisión explícita en materia de política fiscal). 

Asimismo, en 2021 el gasto primario contiene otros 0,2% del PIB en bonos a jubilados, pensionados y asignaciones, que no necesariamente deban otorgarse en 2022 debido al crecimiento real del índice de movilidad. Con estos dos elementos, el punto de partida de 2021 se ubica en 3,2% del PIB. 

Sobre esta base, sólo mantener el resto del gasto público constante en términos reales redundaría en un ahorro adicional de 0,5 p.p. del producto, y el gasto primario excluyendo el gasto COVID mostraría un alza real de 2,2%. Por esta razón, el diferencial entre la inflación promedio (que se utiliza para medir el gasto en términos reales) y la nominalidad de la economía (que incluye el crecimiento real además de la inflación) será una pata fundamental para el cumplimiento de la meta. De hecho, el anuncio oficial se enfocó en remarcar la dinámica real del gasto y no su peso como proporción del producto. 

Pero, en primer lugar, mantener ese “resto” del gasto primario constante en términos reales será sumamente desafiante, ya que la cuarta parte de dicho conjunto son los subsidios económicos, que en el último trimestre navegaban a un ritmo de crecimiento de 120% i.a. (45% en términos reales). Por esta razón es que el gobierno ya anunció que tendrá lugar una suba de tarifas, muy probablemente de forma segmentada, sentencia reforzada por un comunicado del FMI.  

En segundo lugar, este conjunto de supuestos es insuficiente para alcanzar la meta (el déficit se ubicaría en 2,7% del PIB) por lo que se deberá “exigir” una parte por el lado de los recursos. Más aún, si la dinámica del intercambio comercial es menos optimista que lo esperado por el gobierno, la brecha a cubrir sería superior. 

Ahora bien, ¿qué ocurriría si la inflación es mayor a la proyectada? En un escenario donde la desinflación no ocurre habría un menor crecimiento real -y en términos del PIB- de las erogaciones indexadas a la movilidad. Pero, por otro lado, habría una mayor presión sobre el gasto en subsidios, ya que se requiere un ajuste tarifario mayor para mantener dicho gasto constante en términos reales. Asimismo, el resto del gasto tendría presiones hacia la “licuación”, y se requerirá de mayores partidas nominales para alcanzar el objetivo de que no caiga en términos reales.  

Las conclusiones que arroja este primer ejercicio muestran que: 1) considerando los efectos inerciales y los riesgos la meta de 2,5% del PIB para 2022 luce desafiante, aunque cumplible; 2) la trayectoria macroeconómica supuesta será crucial: un escenario de mayor inflación empuja las presiones sobre los subsidios pero erosiona el peso del gasto indexado por movilidad; 3) una inflación mayor a la proyectada genera una tensión entre la mejora del resultado fiscal y el objetivo de mantener el gasto en términos reales; y 4) si el objetivo del gobierno es mantener el gasto en términos reales se deberán hacer mayores esfuerzos por el lado de los recursos, esfuerzos que se amplifican si el intercambio comercial no aumenta respecto de 2021. 

Este último punto explica un elemento adicional de los anuncios: sin cambios en la política tributaria (al menos, no anunciados como parte del entendimiento), se le deberá exigir una mayor eficiencia a la recaudación. Por esta razón, las acciones en materia de reducción de la evasión que se dejaron entrever en los anuncios estarían apuntando en este sentido. 

Sobre este punto cabe aclarar que el Proyecto de Presupuesto presentado en septiembre mostraba una importante suba en los recursos de la seguridad social -posiblemente impulsados por el “arrastre” de la masa salarial y la caducidad de las exenciones que rigieron en 2021- que en parte podrían cerrar esta brecha, pero implica –nuevamente- que los recursos del comercio exterior al menos repitan los valores de 2021.  

En definitiva, la meta fiscal de 2022 no implica un ajuste de magnitud (-0,6 p.p. del PBI en relación al año pasado) pero dados los efectos inerciales, la estructura del gasto, los riesgos que muestran las proyecciones macroeconómicas y los objetivos internos (sin cambios en la política tributaria y sin caída real del gasto), tampoco sería tan sencilla de cumplir.  

Si el cumplimiento de la meta fiscal (que igualmente vemos factible) luce difícil, más compleja aún resultará la tarea de cerrar el programa financiero: en 2021 la totalidad del déficit primario se financió con emisión monetaria, mientras que la meta para 2022 estipula que la misma sólo podrá cubrir menos de la mitad del rojo. 

El establecimiento de una meta rígida en materia de emisión (1% del PIB) tiene dos razones. En primer lugar, porque para este acuerdo con el FMI, donde al clásico foco de la dinámica de la deuda se le suma el objetivo de contener la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas resulta necesario para reducir la dominancia fiscal. En este sentido, el entendimiento encuentra al gobierno y al organismo a “mitad de camino”: el déficit bajaría gradualmente, pero la emisión se reducirá a un ritmo consistente con un ajuste fiscal más pronunciado. En segundo lugar, por limitantes legales: el BCRA no tendría utilidades contables en 2022, que explicaron 2/3 de la asistencia total en 2020-21, y el límite de adelantos transitorios (que para modificarlo se requiere una Ley en el Congreso) podría alcanzar como máximo 1,3% del PIB. 

Por esta razón, la mayor “laxitud” lograda en materia de la trayectoria fiscal deberá ser cubierta con otras fuentes, ya sea de organismos internacionales (el monto proyectado por el gobierno luce voluntarista) o incrementando el financiamiento neto en el mercado, agregando presiones a futuro sobre la -todavía reducida- carga de intereses y sobre el resultado cuasifiscal.  

Sin embargo, y volviendo al punto de partida, los rígidos límites sobre el financiamiento monetario que incluiría el acuerdo son al mismo tiempo un importante factor que ayudará al gobierno a no desviarse de la meta fiscal. 

[1] Cuando al resultado primario de 2021 (-2,1% del PIB) se le descuenta el registro de los DEG 

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Qué tan eficaces fueron los controles de precios para frenar la inflación en la Argentina

By Cristian Milciades 4 años ago
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La consultora Ecolatina publicó su último informe donde hace foco en el control de precios y la inflación. El informe titulado “Quince años con inflación de dos dígitos, una década con controles de precios”

Desde hace quince años que la inflación se ubica en dos dígitos y la tendencia que muestra es ascendente. El impacto sobre la vida de los ciudadanos resulta directo y los desequilibrios que genera dificultan la estabilidad y buen funcionamiento de la economía. No es casualidad que, según el último relevamiento de Synopsis, la inflación es la principal preocupación de los hogares. En este contexto, los sucesivos gobiernos fueron implementando diferentes políticas económicas para buscar frenar la inflación.

Una de esas políticas fueron los controles de precios a bienes de primera necesidad y de consumo masivo. En la última década, estos programas fueron tomando distintas formas y buscaron cumplir diferentes objetivos, comenzando por la creación del programa de Precios Cuidados en 2014 cuyo objetivo fue marcar precios de referencia, a través de una canasta de heterogénea de bienes de primera y segunda necesidad con actualizaciones trimestrales de 200 (en 2014) a 500 (en 2015) productos.

Luego, una lógica similar estuvo vigente entre 2016-2019, con la diferencia de que la canasta se redujo y prevalecieron las segundas marcas. El objetivo no era que existan productos lideres que sirvan como referencia y ayuden a contener la inflación, sino que haya una canasta accesible para los sectores de menores ingresos, con actualizaciones de un periodo de uno a dos meses.

El cambio de gobierno en 2019 implicó un nuevo viraje. Se buscó establecer precios de referencia, por lo que se amplió la canasta (más de 600 productos) añadiéndose nuevamente productos de primeras marcas. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia y la necesidad de frenar la inflación ante el virtual congelamiento de los ingresos, el gobierno decantó por el programa Precios Máximos, que abarcó una gran cantidad de bienes de consumo masivo (llegó a contar con 2.300 productos, en su mayor parte de primera línea). La gran diferencia con el resto de los controles es que se trataba de un congelamiento que solo contempló dos aumentos a lo largo del 2020, buscando no solo ser una referencia -como los programas anteriores- sino frenar la inflación artificialmente por medio de un congelamiento.

Dada la magnitud del programa, fue posible observar un efecto sobre la evolución conjunta de estos precios. Así, mientras la inflación general acumuló 26% entre abril y diciembre de 2020, la inflación de los bienes de consumo masivo -construida en base a la información brindada por INDEC- fue de 16%, avanzando, en promedio, 1,7% mensual.

Con la aceleración de la inflación a comienzos del 2021 -pasó de promediar 3,7% mensual en el último trimestre del 2020 a 4,1% en el primer trimestre del 2021-, el congelamiento ya no lucía sostenible. Si bien el programa se desarmó en su totalidad en junio de 2021, el IPC de consumo masivo se aceleró desde febrero del año pasado, alcanzando incrementos medios mensuales de 3,7% entre febrero y octubre del 2021, por encima de la inflación nacional (+3,5% promedio). Este comportamiento dejó en evidencia que, si bien el programa tuvo un efecto sobre este grupo de bienes en el corto plazo, añadió una mayor presión sobre el nivel de precios en los meses siguientes.

Último congelamiento: efectos acotados en noviembre, que se desdibujaron en diciembre

En un contexto electoral, en el cual la inflación de consumo masivo se aceleró a lo largo del 2021, la Secretaría de Comercio Interior anunció un nuevo congelamiento a mediados de octubre, abarcando un grupo de aproximadamente 1.400 productos (considerablemente más grande que las canastas de Precios Cuidados). Este nuevo programa se mantuvo hasta noviembre (en diciembre la canasta cambió y se autorizaron incrementos) y fue reemplazado por un nuevo esquema que se mantendrá durante el primer trimestre de 2022. En este contexto resulta relevante preguntarnos cuál fue el efecto del último congelamiento implementado.

En noviembre, el índice de precios de consumo masivo (que está compuesto principalmente por productos empaquetados, y excluye productos frescos como carnes, frutas y verduras) se desaceleró -luego de alcanzar 3,7% en promedio entre febrero y octubre- a 1,5%, pero volvió a crecer 2,9% en diciembre. Así, el congelamiento pareciera haber tenido un efecto en el muy corto plazo (noviembre), que se habría visto parcialmente diluido una vez que el programa fue modificado.

Hay que tener en cuenta que estos bienes ponderan un 16% del total de la canasta que mide la inflación. En este sentido, en los primeros diez meses del 2021 los precios de consumo masivo explicaban en promedio 0,6 p.p. de la inflación general. A diferencia, en noviembre este grupo de bienes explicó solo 0,2 p.p. de la suba de precios (una proporción similar a la de algunos meses de 2020, cuando impactaba el programa de Precios Máximos), marcando el cumplimiento del objetivo del programa. Estimamos que si este conjunto de bienes hubiese mostrado variaciones similares a las de enero-octubre (es decir, sin el congelamiento), se hubiesen añadido aproximadamente entre 0,3 y 0,4 p.p. a la inflación nacional del mes de noviembre.

Vale destacar que el efecto -como marcamos, cada vez más de corto plazo- de estos programas incide principalmente sobre productos empaquetados. A diferencia, algunos alimentos frescos, como es el caso de la carne, buscan ser regulados con programas como cortes cuidados y políticas como el cepo a la exportación sin que ocurra un impacto significativo en el mediano plazo. De hecho, a la par del congelamiento, la carne trepó 6,7% en noviembre y 9,1% en diciembre, explicando 0,6 p.p. y 0,9 p.p. de las variaciones de la inflación general, respectivamente.

Es decir, el gobierno busca contener los precios de consumo masivo mediante controles (y en el extremo, congelamientos) pero su ponderación apenas supera el 15% de la canasta que mide la inflación. Considerando que el capítulo de alimentos y bebidas pesa 27%, ya que se le suman carnes, frutas y verduras, el control de precios puede tener un impacto marginal y en el corto plazo sobre el capítulo y puede ser contrastado por la aceleración de otros grupos (como carnes, frutas o verduras). Los múltiples factores que alimentan la inflación, especialmente en un contexto de precios relativos altamente distorsionados, hace que este tipo de programas no sean suficiente para contener la elevada inercia: a pesar de los controles, el IPC Core lleva 15 meses consecutivos ubicándose por encima del 3% mensual.

Perspectivas para 2022

El panorama inflacionario para 2022 no luce optimista. En 2021, la inflación fue de 50,9% i.a., retornando a los niveles pre-pandemia (50,7% i.a. fue el promedio del período 2018-2019). Esta cifra se alcanzó con tarifas de servicios públicos sin importantes correcciones y un ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial que se ubicó por debajo de la inflación, especialmente en la segunda mitad del año.

Así, en el presente año es esperable una corrección -al menos, parcial- de estos precios relativos. Por un lado, habría un aumento que, en principio, rondaría el 20% para las tarifas en los próximos meses. Además, el dólar oficial ya aceleró el ritmo de depreciación en las últimas semanas, lo cual da señales de un cambio en la estrategia cambiaria. De esta manera, dos de los drivers que se encontraron prácticamente desactivados en el año anterior, volverían a encenderse desde el comienzo del año.

A su vez, los bienes de consumo masivo volverían a acoplarse a la evolución de la inflación núcleo en el corto plazo. Como mencionamos, el último congelamiento fue remplazado por un relanzamiento de Precios Cuidados que se caracteriza por contemplar incrementos -en principio- en torno al 2% mensuales. Por lo tanto, no es esperable un efecto “desaceleración” tan marcado como el del periodo noviembre-diciembre de 2021.

Así, la inflación se aceleraría en el primer trimestre de 2022, tal como ocurrió en 2021. Además de los aumentos ya mencionados, se suman algunos factores estacionales (como indumentaria y educación en marzo) que también incidirán sobre la suba de los primeros meses. Esto hace más difícil la coordinación de expectativas a la que apuesta el gobierno (siendo el ordenamiento de las negociaciones paritarias el caso más claro) generando que el año arranque agitado en materia inflacionaria y no se vislumbre una nominalidad diferente a la del pasado año. Estimamos que la suba de precios vuelva a ubicarse en la zona del 50% en el 2022.

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