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Caputo prometió bajar impuestos, pero postergó la reforma integral para un segundo mandato de Milei

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno nacional proyecta reducir en otro punto la presión impositiva durante 2027, aunque aclaró que una reforma tributaria integral requerirá un acuerdo profundo con las provincias y quedará como uno de los grandes objetivos para un eventual segundo mandato de Javier Milei.

Durante su participación en el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado en Puerto Iguazú, Caputo reconoció que la Argentina arrastra una estructura tributaria “malísima”, atravesada por impuestos distorsivos en los tres niveles del Estado.

El ministro aseguró que la Nación ya redujo la presión tributaria en tres puntos desde el comienzo de la gestión libertaria, pero admitió que todavía persisten gravámenes que castigan la producción, la inversión y la formalidad.

Entre ellos apuntó especialmente contra Ingresos Brutos y las tasas municipales. Sin embargo, reconoció que las provincias construyeron una fuerte dependencia de esos recursos ante la inestabilidad de las transferencias nacionales y las recurrentes crisis fiscales.

“Le preguntás a cualquier gobernador y te va a decir que era la única forma de defenderse”, señaló. Según Caputo, los impuestos provinciales llegan a representar alrededor del 80 por ciento de los ingresos propios en muchas jurisdicciones.

Por esa razón, sostuvo que una reforma tributaria de fondo no podrá resolverse exclusivamente desde Buenos Aires. Será necesario sentar a la Nación y a las provincias en una misma mesa para redefinir la distribución de los recursos y reemplazar gradualmente los tributos más perjudiciales.

“La reforma de fondo va a requerir sentarnos con las provincias y hacer un cambio profundo. Eso va a llegar para el segundo mandato”, afirmó.

Mientras tanto, adelantó que el Gobierno continuará bajando impuestos en la medida en que el superávit fiscal lo permita. “El año que viene vamos a bajar un punto más”, prometió.

Caputo también defendió la recuperación desigual de los distintos sectores productivos. Rechazó que las distintas velocidades constituyan necesariamente un problema y las definió como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico.

El ministro recordó que el período de mayor caída industrial se produjo durante el último año y medio de la administración anterior, cuando la actividad fabril retrocedió catorce puntos en medio del desorden macroeconómico, la falta de precios de referencia y la brecha cambiaria.

Para explicar el potencial que, a su entender, permaneció desaprovechado, recurrió a una metáfora futbolística: la Argentina tenía a “Messi, Di María y Enzo Fernández en el banco de suplentes”.

En esa comparación ubicó a la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento, sectores que estuvieron condicionados durante años y que ahora comenzaron a ganar protagonismo.

“Energía y minería estaban pisadas. Ahora les das la posibilidad de surgir y van a arrancar”, planteó. Para Caputo, el crecimiento de esas actividades no perjudica al resto del entramado productivo, sino que aporta divisas, inversiones, empleo y mayor previsibilidad para toda la economía.

El ministro sostuvo que durante décadas el desempeño de las empresas estuvo sometido a la discrecionalidad del funcionario de turno, que decidía mediante permisos, cupos, regulaciones o acceso diferencial al mercado cambiario quién podía crecer y quién quedaba relegado.

La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó.

Caputo admitió que la transformación beneficiará más rápidamente a algunas actividades que a otras, pero insistió en que se trata de un movimiento inevitable dentro de una economía que abandona restricciones acumuladas durante años.

Otro de los ejes de la presentación fueron los vencimientos de deuda, que durante el próximo período alcanzarán los 23.000 millones de dólares.

Caputo buscó despejar las dudas sobre la capacidad de pago y aseguró que el programa financiero está cerrado con un año y medio de anticipación. Según destacó, se trataría de una situación inédita para la Argentina reciente.

“No tenemos necesidad de salir al mercado financiero internacional”, afirmó. El ministro aclaró que el Gobierno podrá refinanciar vencimientos, pero únicamente cuando encuentre condiciones convenientes y tasas suficientemente bajas.

Caputo reveló que el equipo económico recibió propuestas de financiamiento con costos hasta 200 puntos básicos inferiores a las condiciones disponibles en el mercado. “Hemos cerrado el financiamiento”, insistió.

La afirmación apunta a reducir la incertidumbre sobre los compromisos externos y a evitar que el calendario de deuda vuelva a condicionar el programa económico.

Mora, bancos y un límite al rescate estatal

El ministro también se refirió al aumento de la mora de familias y empresas. Lo describió como parte de un proceso de aprendizaje de un sistema financiero que, durante años, tuvo pocos incentivos para prestar al sector privado porque encontraba rentabilidad en el financiamiento al Estado.

Caputo rechazó de plano la posibilidad de utilizar recursos públicos para compensar a las entidades que otorgaron créditos de manera deficiente.

“No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, sostuvo. A su entender, rescatar a los bancos por una mala evaluación de sus clientes sería una medida “populista e inmoral”, tanto para quienes cumplen con sus obligaciones como para el conjunto de los contribuyentes.

El ministro aseguró que las entidades están respondiendo mediante refinanciaciones, extensión de plazos y reducción de tasas. Como ejemplo, señaló que el Banco Nación concretó más de 100.000 operaciones de refinanciamiento.

Para Caputo, esa conducta no responde solamente a una decisión de acompañamiento, sino también a la lógica del propio negocio bancario: refinanciar puede ser más conveniente que ejecutar una deuda o asumir una pérdida definitiva.

Aunque reconoció la existencia del problema, descartó que la mora represente una amenaza para la estabilidad financiera. Estimó que equivale aproximadamente a un punto del producto y remarcó que deberá resolverse entre las entidades y sus clientes.

“No es un problema sistémico. Es un problema que tiene que resolverse entre privados”, concluyó.

“Me importa tres pitos lo que digan”

Caputo también rechazó los pronósticos que anticipan un escenario de tensión económica y cambiaria durante el próximo año. Con una expresión poco habitual para un ministro de Economía, buscó quitarles dramatismo a las advertencias: “Me importa tres pitos lo que digan. Va a ser un año que no tendrá nada que ver con lo que se está diciendo. Va a ser súper tranquilo”.

De todos modos, aclaró que su responsabilidad no consiste solamente en confiar en el rumbo oficial, sino en preparar al Gobierno frente a las expectativas y los temores del mercado. “No importa lo que pienso yo, me preparo para lo que piensa la gente”, señaló.

El ministro afirmó que la Argentina llegará al próximo proceso electoral en una posición mucho más sólida que en 2025, especialmente en materia cambiaria. Como respaldo mencionó la acumulación de 15.000 millones de dólares de reservas y la disponibilidad del swap con China.

“Nos preparamos para el peor de los escenarios, pero no va a pasar”, aseguró.

Caputo reconoció que la oposición tiene capacidad para instalar incertidumbre y generar episodios de tensión. Sin embargo, consideró que el margen para provocar una crisis se reduce cuando las cuentas públicas, la emisión monetaria y el frente cambiario permanecen bajo control.

“La oposición es buena generando crisis, pero si tenés la macroeconomía en orden no es tan fácil desestabilizar”, sentenció. Para el ministro, el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de las reservas funcionarán como las principales defensas ante cualquier intento de trasladar la disputa política al terreno financiero.

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Goerling apoyó el rumbo pero encendió una alerta: “Si la gente no siente beneficios, el riesgo de volver atrás siempre va a estar”

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El senador por Misiones Martín Goerling ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei, pero introdujo una advertencia que atravesó buena parte de los debates del encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú: la estabilidad macroeconómica no alcanzará para consolidar el cambio si sus resultados no llegan a la economía cotidiana.

Hay muchos sectores de la economía que la están pasando muy mal. Hay sectores que realmente no arrancan”, señaló el legislador durante un panel en el que se analizaron las reformas pendientes y la capacidad política de la Argentina para sostenerlas en el tiempo.

Goerling consideró que el país eligió un rumbo que debe mantenerse, aunque advirtió que el deterioro social puede alimentar otro giro del histórico péndulo argentino.

“Si la economía del día a día de la gente no empieza a sentir los beneficios, el riesgo de volver siempre va a estar, y es lo peor que nos puede pasar”, afirmó. 

Para el senador, todavía existe margen para desarrollar incentivos y políticas que permitan reactivar las actividades rezagadas antes de que el malestar se transforme en una demanda de regreso al esquema anterior.

Goerling también explicó su posición en el Senado frente al proyecto conocido como “super RIGI”, luego de que su negativa a firmar el dictamen fuera interpretada como un rechazo a la iniciativa.

“No dije que no al super RIGI. Venimos apoyando todas las reformas del RIGI”, aclaró. Según explicó, su decisión respondió a que todavía no estaban dadas las condiciones políticas para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto con posibilidades reales de aprobación.

El senador sostuvo que varios integrantes de la Cámara alta pretendían introducir modificaciones y que avanzar sin consensos suficientes podía conducir al rechazo de la propuesta. Eso, planteó, habría representado un retroceso mayor que continuar negociando.

“Lo peor que podía pasar era ir al recinto y que se rechazara el proyecto”, remarcó. Además, cualquier modificación obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Entre los puntos en discusión mencionó la incorporación de un porcentaje de Compre Argentino, orientado a dar participación a la industria nacional dentro de los grandes proyectos de inversión. La propuesta evaluada contemplaba un piso del 20 por ciento, aunque persistían diferencias sobre la forma de calcularlo.

El debate consiste en evitar que ese porcentaje quede absorbido exclusivamente por la obra civil y garantizar que incluya bienes transables fabricados en el país. El objetivo es que los megaproyectos no funcionen como enclaves aislados, sino que permitan desarrollar una cadena argentina de proveedores.

Goerling aseguró que el tratamiento continuará y que su intención es construir una mayoría capaz de aprobar la iniciativa. En ese proceso, destacó los aportes realizados por entidades empresariales como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión Industrial Argentina.

El senador defendió la necesidad de que los cambios estructurales sean aprobados mediante leyes respaldadas por diferentes sectores políticos. Consideró que ese consenso constituye una garantía para las inversiones y reduce la posibilidad de que las reformas sean derogadas ante un cambio de gobierno.

“Cuando se fuerza una ley, después queda a tiro de que, si cambia el gobierno, lo primero que haga sea derogarla porque no le gustó en su momento”, explicó.

Para Goerling, una norma discutida, enriquecida con aportes y sostenida por una mayoría amplia ofrece mayor previsibilidad que una victoria parlamentaria ajustada. Esa lógica, afirmó, debería aplicarse tanto a las reformas económicas como a los cambios institucionales pendientes.

El senador señaló que la reforma del Banco Central será girada a la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside. Indicó que todavía espera que la Presidencia del Senado remita formalmente el expediente, pero anticipó su acompañamiento.

“Compartimos absolutamente la ley. Va a ser un antes y un después en la Argentina”, aseguró. También incluyó a la reforma previsional entre los grandes debates que deberá afrontar el Congreso, aunque reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos en una materia con fuertes consecuencias fiscales y sociales.

Goerling planteó que las condiciones tributarias previstas para las grandes inversiones deberían convertirse, a largo plazo, en la regla general de la economía argentina.

“El RIGI es un régimen especial, pero eso debería ser toda la economía de la Argentina”, sostuvo. Mencionó como referencias una alícuota del 25 por ciento en el impuesto a las Ganancias y menores aranceles para importar bienes destinados a la producción.

Sin embargo, admitió que avanzar hacia ese escenario demandará tiempo después de años de desequilibrios fiscales, inflación y distorsiones acumuladas. En ese camino, insistió en que la reducción de impuestos debe estar respaldada por una disminución del gasto público.

El planteo no quedó limitado a la administración nacional. Goerling sostuvo que las provincias y los municipios también deben revisar sus estructuras y acompañar el esfuerzo fiscal.

En su provincia, el senador puso el foco sobre Ingresos Brutos, los anticipos fiscales y el sistema de pagos a cuenta que se aplica al ingreso de mercaderías. Consideró que ese entramado aumenta los costos, desalienta proyectos y coloca a Misiones en desventaja frente a otras jurisdicciones.

“Tenemos una de las presiones tributarias más altas del país. Ingresos Brutos es totalmente asfixiante y lo único que hace es expulsar la inversión”, cuestionó.

Goerling calificó el pago anticipado de Ingresos Brutos como una “aduana paralela” y afirmó que numerosas inversiones terminan radicándose en Corrientes debido a las diferencias impositivas. Frente a ese cuadro, reclamó que el Gobierno provincial reduzca estructuras y gastos para generar condiciones más competitivas.

“Nadie quiere venir a invertir a Misiones. El Gobierno debería incentivar la inversión para que vengan a invertir a la provincia más linda de la Argentina”, lanzó.

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Brito: “Los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, eligió Puerto Iguazú para poner en palabras una mirada que combina respaldo al ordenamiento macroeconómico con una advertencia sobre el punto más sensible que enfrenta ahora el programa económico: la estabilización todavía no consiguió traducirse con suficiente fuerza en actividad, empleo e ingresos.

El nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”, sostuvo Brito en una diálogo con Economis y otros medios, durante su participación en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

No es una observación menor viniendo de uno de los principales banqueros del país. Brito respaldó la necesidad de eliminar el déficit fiscal y consideró inevitable la corrección de buena parte de los subsidios que sostenía el Estado. Pero también marcó una diferencia con uno de los supuestos centrales sobre los que se apoyó el cambio de modelo: la velocidad con la que el mercado podía reordenar la economía.

Para mí es un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.

Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

Equilibrio fiscal, pero con matices

Brito no cuestiona el corazón fiscal del programa económico. Por el contrario, sostuvo que la Argentina había llegado a una situación en la que prácticamente no existían alternativas.

Cuando un Estado mantiene déficit y ya no consigue quién lo financie, explicó, quedan dos caminos: ajustar o emitir dinero. La experiencia inflacionaria argentina, planteó, mostró los límites de la segunda alternativa.

Sí puede discutirse, según el empresario, dónde debía recaer el recorte.

En ese sentido, defendió la reducción de los subsidios generalizados a las tarifas. “No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía Argentina”, señaló.

Y utilizó su propio caso para graficar la distorsión: “Acá se subsidiaba la oferta y yo era subsidiado, yo, Jorge Pablo Brito. Entonces eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo”. 

La corrección tarifaria redujo el ingreso disponible de las familias al mismo tiempo que la economía todavía no generó suficiente empleo e inversión como para compensar ese impacto. Según Brito, el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar pasó de niveles cercanos al 5 por ciento a alrededor del 25 por ciento, en un contexto que además combinó tasas de interés reales excepcionalmente elevadas, pérdida de puestos de trabajo y deterioro de ingresos. 

Uno de los ejes de la jornada del IAEF fue el crecimiento de la morosidad. Brito reconoció el problema, aunque evitó una lectura catastrófica.

En el sistema bancario, explicó, la mora involucra a más de dos millones de clientes, aunque representa menos del 10 por ciento. En Banco Macro, sostuvo, las nuevas generaciones de créditos muestran mejores indicadores de cumplimiento que las anteriores, una señal que alimenta la expectativa de que el deterioro haya comenzado a revertirse. 

No hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementarse a futuro”, aseguró. “Somos muy optimistas de que esto se va a poder resolver en el corto plazo”. 

Brito aprovechó la entrevista con Economis para enviar además un mensaje directo a los clientes de Macro que atraviesan dificultades financieras.

“Convoco a todos los clientes que están en mora a que vengan. En el caso de mi banco van a encontrar una ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, afirmó. 

Pero trazó una línea frente a las propuestas políticas que buscan resolver el sobreendeudamiento afectando los derechos de los acreedores.

Para el presidente de Macro, una intervención de ese tipo podría solucionar un problema coyuntural a costa de generar otro mucho más profundo: reducir estructuralmente la oferta de crédito.

“Si violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamos”, advirtió. 

El argumento de Brito va más allá de la coyuntura de la mora. Su diagnóstico es que una de las debilidades estructurales argentinas es precisamente la escasez del crédito privado en relación con el tamaño de la economía.

“Cuantos menos préstamos tenemos en relación al producto, menos desarrollados somos”, sintetizó.

Pero hizo una distinción sobre la calidad del financiamiento. El desafío no pasa únicamente por multiplicar préstamos al consumo, sino por construir un sistema capaz de prestar a largo plazo.

“El préstamo bueno no es necesariamente el de consumo. Es el préstamo hipotecario, el que permite a un individuo comprarse una vivienda, a una pyme o a una empresa financiar capital de trabajo”. 

Allí aparece otra de las restricciones argentinas: el costo financiero.

Brito señaló que sobre cada préstamo existe una carga impositiva correspondiente a los tres niveles del Estado que puede terminar siendo superior al propio spread financiero de las entidades bancarias.

Para bajar el costo del crédito, planteó, también será necesario revisar esa estructura. 

Ante la pregunta sobre cómo recuperar el poder adquisitivo, Brito volvió sobre una palabra: productividad.

Su secuencia es inversión, productividad, creación de empleo y, finalmente, recuperación del salario real.

“Productividad genera empleo y la competencia del empleo es lo que genera aumento de salarios”, explicó.

Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es aumento del empleo y el aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”, insistió. 

Desde su rol empresario, aseguró que ésa es precisamente la estrategia que intenta llevar adelante en las compañías que conduce: identificar oportunidades de inversión capaces de generar crecimiento.

Brito mira al interior: “Debe ser el gran ganador”

En Iguazú, el presidente de Banco Macro dejó además una definición especialmente relevante para Misiones y las economías regionales.

El interior es el gran ganador” del nuevo modelo económico, afirmó, aunque inmediatamente introdujo una condición: para que ese potencial pueda convertirse en producción, exportaciones y empleo, la Argentina necesita infraestructura.

El riesgo, según Brito, es repetir viejos desequilibrios territoriales. Si las oportunidades económicas cambian de lugar pero la infraestructura no acompaña, el país puede volver a generar procesos migratorios y cuellos de botella como los ocurridos décadas atrás.

Por eso planteó la necesidad de “empezar a trabajar diagramando este nuevo modelo de país”, con infraestructura capaz de acompañar el desarrollo productivo de las provincias. 

Misiones, sostuvo, tampoco debería quedar al margen.

Brito identificó a la energía, el petróleo y el gas como motores de buena parte de la Patagonia y a la agricultura como un vector que atraviesa numerosas provincias del centro y del norte. En ese escenario, planteó que las exportaciones deberían adquirir mucho más peso dentro de la economía argentina, pero con una condición adicional: incorporar valor agregado. 

La infraestructura aparece, en su visión, como el puente entre el equilibrio macroeconómico y la recuperación de la economía real.

Argentina, dijo, tiene una infraestructura “totalmente desinvertida y atrasada”. Recuperarla permitiría atacar dos problemas simultáneamente: mejorar la competitividad futura y generar actividad y empleo ahora.

Y no necesariamente mediante obra pública financiada directamente por el Estado.

Brito planteó que el Gobierno puede crear incentivos y marcos regulatorios capaces de movilizar capital privado hacia rutas, ferrocarriles y obras hídricas.

“Todo eso debería generar un plan de infraestructura para generar empleo en el corto plazo”, sostuvo. 

Es, en definitiva, el matiz que Brito introduce al debate económico desde el sector privado. El equilibrio fiscal aparece como una condición que no debería abandonarse. Pero no alcanza.

La segunda etapa necesita inversión. Necesita crédito. Necesita infraestructura. Y, sobre todo, necesita velocidad para que los sectores que pueden crecer comiencen a hacerlo antes de que el ajuste de quienes perdieron termine profundizando el freno de la actividad.

El propio Brito lo resumió desde Iguazú: Argentina necesita empresarios “que se animen, que inviertan”.

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Javier Timerman: “El Gobierno está jugando demasiado al borde y es riesgoso subestimar el malestar de la gente”

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La estabilidad puede ser una condición necesaria para crecer. Pero todo depende de qué se entienda por estabilidad. Para Javier Timerman, la Argentina todavía está lejos de haberla conquistado: consiguió ordenar algunos indicadores económicos, moderar la inflación y encaminar una transformación de su estructura productiva, pero aún no logró convencer a los inversores de que esas reglas sobrevivirán al próximo cambio político.

Esa fue la definición central que dejó el asesor financiero, con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, durante el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú.

En una entrevista con Economis, Timerman cuestionó la idea de que uno o dos años de calma sean suficientes para considerar estabilizada a una economía marcada históricamente por crisis, cambios abruptos de rumbo y políticas que se desarman con cada nuevo gobierno.

“Primero deberíamos definir qué es estabilidad. Yo creo que con la estabilidad sí alcanza, pero definamos estabilidad. Estabilidad no es que durante un año, un año y medio o dos los indicadores económicos estén estables. Eso significa que hay indicadores económicos estables”, diferenció.

Para el analista, la verdadera estabilidad llegará cuando la comunidad inversora acepte que la Argentina ya no tiene vuelta atrás en determinadas políticas. No será el resultado de una baja temporal de la inflación ni de algunos meses de tranquilidad cambiaria, sino de una acumulación prolongada de confianza.

“Para un país como la Argentina, eso no demanda dos años. Probablemente demande diez”, afirmó.

Timerman sostiene que la estabilidad no puede limitarse a una planilla económica. También requiere acuerdos políticos, instituciones previsibles y un debate público menos violento. El país será estable, explicó, cuando un cambio de gobierno no implique nuevamente la demolición de todas las reglas construidas por la administración anterior.

“Habrá estabilidad cuando el cambio político no altere determinadas reglas de juego, cuando los partidos las acepten, el discurso baje varios decibeles y el péndulo deje de asustarnos”, señaló.

Mientras esas condiciones no aparezcan, la economía continuará atravesando períodos de mayor tranquilidad y otros de renovada desconfianza. Ese movimiento explica, a su entender, por qué muchas compañías mantienen una posición cautelosa a pesar de reconocer los avances macroeconómicos.

El razonamiento del inversor todavía es defensivo: no sabe si las condiciones actuales tendrán continuidad y, por lo tanto, demora proyectos, reduce su exposición o invierte menos de lo que podría. En ese escenario, la estabilidad no está consolidada: apenas hay indicadores que, por ahora, permanecen relativamente ordenados.

“Cuando alguien dice ‘yo no sé qué va a pasar’, entonces no hay estabilidad”, resumió.

La diferencia no es semántica. Define cuánto capital está dispuesto a arriesgar el sector privado, durante cuánto tiempo y en qué actividades. La inversión de largo plazo exige algo más que una foto favorable: necesita la certeza de que el próximo gobierno no volverá a cambiar el tablero.

Timerman reconoce que los indicadores actuales muestran una transformación de la economía argentina. También advierte que una modificación de semejante profundidad inevitablemente produce ganadores y perdedores.

Durante décadas, numerosas empresas operaron dentro de una economía cerrada, sin crédito y con escasa competencia. En lugar de invertir para mejorar su productividad o conquistar mercados, destinaban apenas lo indispensable para mantener la facturación. La apertura encuentra ahora a una parte de ese entramado empresario rezagado, con dificultades para competir y sin certezas sobre su propia supervivencia.

“Cuando se hacen estas transformaciones no se puede esperar que no haya sectores beneficiados y sectores perjudicados. Es imposible evitarlo”, sostuvo.

El problema no se limita a las compañías que quedaron atrasadas. También alcanza a aquellas que podrían desarrollar productos competitivos, incorporar tecnología y buscar nuevos destinos, pero que todavía temen que el péndulo político vuelva a moverse en sentido contrario antes de que sus inversiones maduren.

La Argentina queda así atrapada en una contradicción: necesita inversiones para fortalecer su competitividad, pero la falta de continuidad política desalienta precisamente los proyectos que podrían sostener ese cambio.

La transformación tampoco impacta de manera uniforme sobre el territorio. Mientras sectores como la minería, la energía y buena parte del agro aparecen como los grandes ganadores del nuevo esquema, otras economías regionales enfrentan costos elevados, falta de infraestructura, asimetrías fronterizas y problemas de competitividad que no se resuelven únicamente con estabilidad macroeconómica.

En Misiones, esa discusión adquiere una dimensión concreta. La provincia no cuenta con gas natural, soporta mayores costos logísticos y energéticos y compite diariamente con las economías de Brasil y Paraguay. Tampoco dispone de la escala de las provincias mineras, petroleras o productoras de soja.

Timerman consideró que el programa económico debe reconocer esas diferencias y construir, junto con los gobernadores, políticas capaces de equilibrar las condiciones de provincias e industrias muy distintas.

“El plan económico debería tomar en cuenta las diferencias entre las regiones de la Argentina. Tiene que haber una política acordada con los gobernadores, con ciertos consensos que permitan equilibrar lo que ocurre en las distintas provincias y actividades”, planteó.

El asesor financiero destacó que la Argentina logró volverse atractiva en sectores que años atrás parecían condenados al estancamiento. El caso de la energía demuestra, a su juicio, que es posible transformar ventajas potenciales en actividades competitivas. El desafío consiste en detectar qué otros sectores pueden recorrer un camino similar.

Eso supone revisar también el papel del Estado. Timerman rechazó los dos extremos que suelen dominar la discusión argentina: la idea de que el Estado no sirve para nada y aquella que lo presenta como solución para todos los problemas.

“Hay que evaluar los sectores en los que la Argentina puede ser competitiva y utilizar al Estado para incentivar determinadas industrias, pero hacerlo inteligentemente, como hacen todos los países”, explicó.

El péndulo ideológico impide construir una estrategia productiva de largo plazo. Mientras la discusión permanezca atrapada entre la ausencia total del Estado y su intervención permanente, será difícil diseñar una política capaz de atender a empresas, actividades y provincias con necesidades profundamente diferentes.

El riesgo de una economía de serrucho

La pregunta decisiva es cuánto tiempo están dispuestas a esperar la sociedad y la dirigencia política. Timerman considera peligroso suponer que una economía con avances y retrocesos, ganadores visibles y perdedores persistentes puede mantenerse indefinidamente sin producir consecuencias electorales.

“Es muy riesgoso pensar que esta economía de serrucho, donde hay ganadores y perdedores, no tendrá en algún momento consecuencias políticas. El Gobierno está jugando demasiado al borde de algo que no sabemos cómo puede terminar”, advirtió.

El problema se vuelve más delicado porque, según su mirada, todavía no existe una alternativa política que garantice la continuidad de los avances alcanzados y, al mismo tiempo, corrija los costos de la transición. Si el malestar se traduce en un voto de castigo, la respuesta podría ser otro movimiento violento del péndulo.

Timerman recordó la volatilidad que precedió a las elecciones presidenciales de 2023. Horacio Rodríguez Larreta comenzó aquel año como uno de los principales aspirantes; después apareció Patricia Bullrich; Sergio Massa llegó a ejercer durante algunas semanas una centralidad casi presidencial y finalmente Javier Milei ganó el balotaje.

“No sabemos qué puede pasar. Es riesgoso subestimar que la gente muchas veces diga: ‘Entiendo que la estabilidad de los indicadores es importante, pero si a mí me va mal en lo personal, voto un cambio’”, sostuvo.

La advertencia toca el núcleo del dilema oficial. El Gobierno puede exhibir equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria y ordenamiento de las variables financieras, pero esos resultados no garantizan respaldo político si una parte importante de la sociedad no percibe mejoras en su empleo, sus ingresos o su capacidad de consumo.

Timerman también cuestionó con dureza a la oposición. Aseguró que el peronismo todavía no consiguió construir una agenda que incluya una autocrítica sobre sus gobiernos ni una definición clara frente a los principales debates económicos.

“El peronismo no logra discutir una agenda que contenga cierta autocrítica. Hoy no se sabe qué piensa”, afirmó.

Puso como ejemplo la discusión sobre la independencia del Banco Central. Dentro del mismo espacio conviven dirigentes que rechazan la iniciativa, otros que podrían acompañarla y sectores que ni siquiera explicitan una posición. Esa ambigüedad impide saber si las decisiones responden a convicciones económicas o simplemente a necesidades tácticas.

En el caso de Axel Kicillof, Timerman sugirió que el gobernador bonaerense podría estar priorizando la construcción territorial y la incorporación de intendentes antes que la formulación de una propuesta nacional. Para el analista, el peronismo está concentrado en la competencia política, pero posterga la tarea más importante: ofrecer una alternativa programática.

La diferencia con el oficialismo, observó, es evidente. Se puede coincidir o no con Milei, pero sus funcionarios repiten una orientación reconocible: consideran que la inflación debe continuar bajando, plantean que la mora es una relación entre privados y anticipan que profundizarán las reformas. Del otro lado, en cambio, aparecen grandes objetivos -más empleo, producción o desarrollo- sin políticas concretas para alcanzarlos. “Son objetivos, no políticas”, sintetizó.

Timerman consideró que la oposición cometerá un error si propone regresar al punto de partida. La sociedad puede buscar un gobierno que resuelva los problemas que la gestión de Milei no solucionó, pero difícilmente quiera renunciar a los avances obtenidos en materia de estabilidad de precios y orden macroeconómico.

Por eso, estimó que el peronismo debería reconocer los logros del Gobierno y concentrarse en aquello que considera necesario corregir. Allí podría encontrar una agenda propia: administrar la transición hacia una economía más abierta sin destruir la matriz industrial, diseñar políticas de reconversión y contemplar los tiempos que requieren empresas, trabajadores y provincias para adaptarse.

Sería más inteligente que el peronismo reconociera los logros de este Gobierno y apuntara a solucionar lo que todavía no fue resuelto. Pero no lo hace. No discute”, cuestionó.

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BCRA admite que las tasas son “impagables” para muchas familias y pide refinanciar deudas

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El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, reconoció en Puerto Iguazú que el elevado costo del crédito está profundizando la mora de los hogares. Pidió a los bancos absorber pérdidas y ofrecer refinanciaciones con tasas más bajas y plazos más largos, sin asistencia estatal.

La discusión sobre la mora crediticia de las familias sumó en Misiones una definición relevante de la autoridad monetaria. Durante la apertura de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, admitió que las tasas de interés todavía se encuentran en niveles elevados y que, para una parte de los hogares, resultan “impagables en términos reales”.

El diagnóstico del funcionario pone el foco en una tensión central del actual proceso económico: mientras el costo financiero para las empresas se redujo con mayor velocidad después del shock cambiario asociado a las elecciones de 2025, las familias continúan enfrentando condiciones crediticias más exigentes. Esa brecha aparece vinculada con una mora que, según Werning, permanece estable en torno al 7,7% desde hace tres meses.

El crédito corporativo bajó más rápido que el familiar

Werning planteó que la evolución de las tasas fue diferente según el tipo de deudor. Después del salto registrado durante el período electoral de 2025, las entidades financieras redujeron rápidamente las tasas reales aplicadas a las empresas.

El funcionario vinculó esa mejora con una menor percepción de riesgo político, mejores expectativas sobre las reformas económicas y perspectivas de remonetización y acumulación de reservas. Como consecuencia, sostuvo que el costo financiero para las compañías quedó aproximadamente en un quinto del máximo alcanzado durante el momento de mayor incertidumbre.

La mora empresarial acompañó esa trayectoria y se mantuvo contenida. Incluso, Werning señaló que actualmente es menor que durante el último ciclo de expansión del crédito privado registrado durante la gestión de Mauricio Macri.

En los hogares, en cambio, el traslado de esa mejora fue mucho más limitado. Según explicó, las tasas destinadas al financiamiento familiar descendieron apenas una cuarta parte desde el máximo electoral y todavía permanecen en torno a tres cuartas partes de aquel pico.

“Las tasas de interés son altas e inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos”, reconoció el vicepresidente del BCRA.

La salida que propone el Banco Central

Frente al aumento de los incumplimientos, Werning ubicó la solución en una negociación directa entre bancos y deudores. La herramienta central sería la refinanciación, pero bajo condiciones sustancialmente diferentes de las que originaron el problema.

“Esas refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para dar oportunidad de pago y con plazos más largos”, planteó.

El punto es relevante porque una refinanciación con una tasa todavía elevada puede postergar el incumplimiento sin resolver la capacidad de pago. En esa lógica, el costo al que las entidades financieras reestructuren las obligaciones aparece como una variable decisiva para determinar si la mora finalmente comienza a descender.

Werning sostuvo además que los bancos tienen capacidad patrimonial para absorber las pérdidas derivadas de sus carteras crediticias y rechazó que el Estado deba asistirlos por ese motivo.

“Los bancos hoy tienen capital de sobra y claramente tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado; no necesitan asistencia externa”, afirmó.

La definición establece un límite claro frente a eventuales mecanismos de auxilio estatal: la recomposición de las carteras deterioradas debería recaer sobre las propias entidades, mientras que el alivio para los deudores debería surgir de mejores condiciones de financiamiento.

Una mora elevada que podría haber encontrado un techo

El 7,7% de mora que mencionó Werning funciona como el principal dato para medir la magnitud del problema. Según su exposición, el indicador permaneció estable durante los últimos tres meses, lo que podría indicar que el deterioro comenzó a encontrar un techo.

El otro dato relevante es que el crédito destinado a las familias dejó de contraerse, aunque todavía no ingresó en una etapa de recuperación. Para el vicepresidente del BCRA, una nueva expansión del financiamiento a los hogares podría contribuir a mejorar la relación entre los préstamos vigentes y las obligaciones impagas.

Las refinanciaciones, en tanto, crecieron con fuerza. La expectativa oficial es que ese proceso permita comenzar a reducir la mora, aunque el resultado dependerá de las condiciones efectivamente ofrecidas por los bancos.

El desafío consiste entonces en evitar que la refinanciación se transforme simplemente en una acumulación de deuda. Si el nuevo préstamo mantiene un costo incompatible con los ingresos de los hogares, el problema puede trasladarse hacia adelante en el calendario sin modificar su causa.

El Gobierno busca preservar el acceso al crédito

Werning también rechazó iniciativas legislativas orientadas a modificar artificialmente la calificación de los deudores o a intervenir sobre los registros de morosidad. Desde su perspectiva, esas medidas podrían dificultar la evaluación del riesgo por parte de las entidades financieras y terminar restringiendo el crédito futuro.

“Romper el termómetro solo va a generar más incertidumbre”, advirtió.

La posición del BCRA apunta así a preservar el funcionamiento del mercado crediticio sin desconocer el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. El problema, desde esa perspectiva, no sería solamente cuánto crédito existe, sino bajo qué condiciones puede volver a crecer.

La definición también expone una contradicción que atraviesa la recuperación: ampliar el financiamiento puede ayudar a recomponer el consumo y la actividad, pero hacerlo a tasas demasiado elevadas puede incrementar nuevamente la morosidad.

Desinflación, condición para recuperar el crédito

Durante su presentación en Puerto Iguazú, Werning defendió además la continuidad del esquema monetario oficial y descartó utilizar una inflación más elevada como mecanismo para estimular la actividad.

“La estabilidad es condición necesaria y un poco de inflación es algo gravísimo”, sostuvo.

El vicepresidente del BCRA argumentó que la aceleración de precios registrada durante 2023 provocó pérdida de poder adquisitivo, deterioro de las reservas y un debilitamiento del balance de la autoridad monetaria, sin generar un crecimiento sostenible.

En ese marco, el Banco Central mantiene un régimen de control de los agregados monetarios orientado a administrar la liquidez y evitar que movimientos transitorios de precios terminen incorporándose a la dinámica inflacionaria.

La estrategia tiene una consecuencia directa sobre el crédito: la recuperación de los préstamos familiares depende no solo de una reducción de las tasas nominales, sino también de que la estabilización monetaria permita disminuir de manera sostenida el costo real del financiamiento.

El crédito en dólares abre otro frente

La política crediticia también está cambiando en el segmento empresario. El BCRA habilitó recientemente a las entidades financieras a destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas que no generan ingresos en dólares.

Werning justificó la medida como una forma de movilizar recursos que permanecen sin utilización dentro del sistema financiero y canalizarlos hacia proyectos productivos. Entre los sectores que podrían beneficiarse mencionó especialmente a la construcción.

La apertura de esta vía de financiamiento contrasta con el escenario de los hogares: mientras el crédito empresarial recupera dinamismo, especialmente a partir de los préstamos en dólares, el financiamiento familiar apenas logró detener su caída.

La señal que dejó Werning desde Misiones combina ambos procesos. El BCRA pretende que el crédito vuelva a expandirse, pero sin abandonar la disciplina monetaria ni trasladar al Estado las pérdidas derivadas de las decisiones crediticias de los bancos.

Para las familias endeudadas, la variable crítica será otra: que esa recuperación llegue acompañada por refinanciaciones capaces de convertir una deuda hoy difícil de pagar en una obligación compatible con los ingresos. Allí se juega si el 7,7% de mora representa efectivamente un techo o apenas una pausa antes de un nuevo deterioro.

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