La política de ajuste fiscal del Gobierno nacional sigue modificando la relación financiera con las provincias. Entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $738.201 millones, lo que representa una caída real interanual del 62,8%, el peor desempeño para ese período desde que existen registros comparables, al menos desde 2005. Incluso frente a 2023, antes del cambio de administración, la contracción supera el 80% en términos reales, consolidando un cambio estructural en el esquema de financiamiento federal.

El dato refleja la consolidación de una estrategia fiscal que redujo al mínimo las partidas de distribución discrecional, privilegiando el equilibrio de las cuentas públicas. A diferencia de la coparticipación federal, las transferencias no automáticas dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y suelen financiar obras públicas, programas sociales, infraestructura, educación, salud, asistencia financiera o Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, julio tampoco mostró un cambio de tendencia. Durante ese mes las provincias recibieron $98.611 millones, cifra que implicó una caída real del 68,6% respecto del mismo mes de 2025, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones debido al otorgamiento puntual de programas específicos y ATN.

La heterogeneidad entre provincias continúa siendo una característica del esquema vigente. Mientras algunos distritos registraron fuertes incrementos interanuales producto de transferencias extraordinarias, otros prácticamente desaparecieron del mapa de la asistencia nacional. En el acumulado anual, por ejemplo, Misiones recibió $42.789 millones, con un crecimiento real del 305,4%, impulsado principalmente por $20.000 millones en ATN, $12.000 millones correspondientes al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y $4.167 millones destinados a su caja previsional.

Sin embargo, ese desempeño responde a partidas extraordinarias y no modifica el escenario general de retracción del gasto nacional hacia las provincias. Buenos Aires concentró el mayor volumen absoluto con $148.600 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con $93.895 millones, aunque esta última continúa recibiendo recursos derivados del cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema sobre la coparticipación.

El informe elaborado por Politikon Chaco muestra además que las provincias con mayores retrocesos reales fueron CABA (-91,4%), La Rioja (-86,6%), Santa Cruz (-81%), Río Negro (-74,4%) y Santiago del Estero (-69,9%), mientras que otras jurisdicciones exhibieron incrementos asociados a programas específicos o asistencia financiera puntual.

La nueva configuración del federalismo fiscal obliga a los gobiernos provinciales a depender mucho más de la evolución de la recaudación propia y de la coparticipación automática, dejando cada vez menos margen para compensar desequilibrios mediante transferencias discrecionales de la Nación. Para las administraciones locales, especialmente aquellas con menor capacidad tributaria, el desafío pasa por sostener inversiones en infraestructura, educación, salud y programas sociales con un flujo de recursos nacionales significativamente inferior al de años anteriores.

En términos económicos, la decisión también representa un cambio de paradigma. Durante décadas, las transferencias no automáticas funcionaron como una herramienta de negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. Hoy, bajo la premisa del déficit cero, ese mecanismo perdió protagonismo y fue reemplazado por un esquema donde los envíos excepcionales aparecen cada vez más focalizados y vinculados a situaciones específicas, mientras el volumen total de recursos alcanza mínimos históricos.

Transferencias No Automáticas – Julio 2026 by CristianMilciades