economía argentina

Casa de Moneda proyecta un déficit operativo de $45.487 millones, pero cerraría 2026 con superávit financiero

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La Resolución 1337/2026, firmada por el ministro Luis Caputo, formaliza una hoja de ruta que expone una diferencia central entre la sustentabilidad del negocio operativo y el resultado final de las cuentas. Casa de Moneda estima $57.978 millones en ingresos de operación, frente a $103.465 millones en gastos operativos, una brecha de $45.487 millones que constituye el principal desafío económico de la empresa.

La lectura del presupuesto requiere distinguir dos planos. Una empresa puede registrar pérdidas en su actividad principal y, al mismo tiempo, mostrar un resultado financiero positivo por transferencias, recursos de capital u otros ingresos corrientes. En el caso de Casa de Moneda, esa diferencia será determinante para evaluar cuánto de su funcionamiento puede sostenerse con ingresos propios y cuánto depende de recursos provenientes del sector público.

El desafío de transformar el presupuesto en una estrategia de sostenibilidad

Casa de Moneda ocupa un lugar particular dentro de la estructura estatal. Su actividad está vinculada a la producción de bienes y servicios de alta sensibilidad institucional, por lo que el análisis no puede reducirse exclusivamente a la rentabilidad. Pero esa condición tampoco elimina la necesidad de construir una estructura operativa sostenible.

El presupuesto aprobado prevé ingresos corrientes por $139.978 millones y gastos corrientes por $117.600 millones, lo que arrojaría un ahorro económico de $22.378 millones. A eso se suman $4.462 millones en recursos de capital, sin gastos de capital previstos en la resolución, para llegar al superávit financiero estimado de $26.841 millones.

La ecuación plantea una cuestión de política pública: el superávit financiero proyectado no modifica el hecho de que la actividad operativa, según los números aprobados, continuará arrojando pérdidas. El desafío será determinar si durante 2026 la empresa puede reducir esa brecha mediante una mayor utilización de su capacidad productiva, una mejora en la composición de sus contratos o una reducción de costos que no afecte su capacidad técnica.

Los ingresos propios y el respaldo estatal

Los anexos presupuestarios permiten observar que, en empresas públicas, la discusión sobre el resultado financiero suele ser más compleja que la simple comparación entre ingresos y gastos.

La información presupuestaria muestra cómo la estructura de ingresos puede combinar facturación por ventas con transferencias públicas, una distinción relevante para medir el grado de autonomía económica de una empresa estatal. En ese sentido, los ingresos de operación y las transferencias corrientes deben analizarse por separado para conocer cuál es el verdadero peso de la actividad comercial dentro de la ecuación financiera.

Esa transparencia resulta especialmente importante cuando se discute el destino de los recursos públicos. Para la sociedad, el debate no debería plantearse únicamente en términos de mantener o cerrar una empresa estatal, sino en cómo mejorar su eficiencia, definir qué funciones estratégicas debe preservar y establecer indicadores verificables sobre productividad y sostenibilidad.

El impacto social de una discusión que parece exclusivamente contable

Detrás de un presupuesto de estas características hay una cuestión que excede la administración de una compañía: la capacidad del Estado para garantizar determinados servicios y funciones sin convertir esa responsabilidad en una fuente permanente de desequilibrios.

El periodismo de soluciones obliga a salir de esa falsa dicotomía. La respuesta no es asumir que toda pérdida operativa debe sostenerse indefinidamente ni que cualquier empresa estatal con dificultades financieras carece automáticamente de utilidad pública. El punto es identificar dónde se produce el desequilibrio y qué decisiones pueden corregirlo.

Para Casa de Moneda, el presupuesto de 2026 ofrece una referencia concreta. La empresa deberá generar casi $58.000 millones de ingresos operativos frente a más de $103.000 millones de gastos de operación. Reducir esa distancia requeriría una revisión permanente de costos, capacidad instalada y fuentes de facturación.

La sustentabilidad también puede medirse por la calidad de los ingresos. Una estructura basada en mayor producción y ventas genera una ecuación diferente a otra sostenida principalmente por transferencias. Esa distinción será central para evaluar el desempeño real de la compañía durante el ejercicio.

El superávit financiero proyectado de $26.841 millones permite que Casa de Moneda presente un presupuesto formalmente equilibrado en términos globales, pero no resuelve por sí mismo la pérdida de su operación principal. La información relevante durante 2026 será si esa brecha de $45.487 millones comienza a reducirse.

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Aerolíneas Argentinas reduce en más de USD 57 millones el aval del Tesoro y gana tres años para refinanciar su deuda

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La decisión, formalizada mediante el Decreto 758/2026, no implica la eliminación de la garantía estatal, sino una renegociación de sus condiciones después de que Aerolíneas Argentinas acordara con el Banco Nación una reducción del monto adeudado y una extensión del plazo de financiamiento. El nuevo aval tendrá una vigencia de 36 meses, contados desde la contabilización de la operación, con 12 meses de gracia.

La diferencia entre ambos esquemas es significativa. El aval original, otorgado el 23 de julio de 2024, alcanzaba los USD 151.739.903, mientras que el nuevo instrumento establece un tope de USD 94.700.000, además de los intereses correspondientes. La reestructuración reduce, por lo tanto, la exposición potencial del Tesoro en aproximadamente USD 57 millones de capital, aunque mantiene al Estado como garante frente a un eventual incumplimiento.

Una reestructuración que busca bajar el riesgo fiscal sin cortar el financiamiento

El punto central del decreto está en el equilibrio entre dos objetivos: preservar la capacidad financiera de Aerolíneas Argentinas y, al mismo tiempo, disminuir el riesgo contingente que asume el Estado nacional.

El préstamo había sido utilizado para refinanciar obligaciones vinculadas a la adquisición de 20 aeronaves Embraer 190, incorporadas por la compañía entre 2010 y 2011. La nueva negociación con el Banco Nación permitió modificar las condiciones de aquella financiación, lo que obligó a adecuar también el aval del Tesoro.

El mecanismo aprobado establece que, si el Estado tuviera que hacer efectivo el aval por un incumplimiento de Aerolíneas, deberá ser notificado con una anticipación mínima de 15 días para realizar las previsiones de caja correspondientes. El esquema también obliga a la empresa a suscribir una adenda al contrato de contragarantía para resarcir al Tesoro por cualquier suma que eventualmente deba desembolsar.

La estructura revela que la reducción de la garantía no significa una transferencia completa del riesgo al Banco Nación. El Tesoro continúa respaldando la operación, pero con una exposición menor y mecanismos formales para recuperar los fondos si el aval llegara a ejecutarse.

La adenda mantiene como contragarantía la cesión, en segundo grado de prelación, de determinados derechos de cobro de Aerolíneas Argentinas en el exterior.

Entre ellos figuran ingresos derivados de la venta de pasajes mediante tarjetas Mastercard y Visa procesados a través de Worldpay, además de derechos de cobro asociados a los sistemas internacionales de liquidación de pasajes y cargas administrados a través de IATA. La cesión alcanza al capital y los intereses garantizados por el aval.

Desde una perspectiva financiera, el diseño busca que el Estado cuente con fuentes específicas de recupero ante una eventual ejecución de la garantía. Es un punto relevante porque transforma parte de los ingresos externos de la empresa en respaldo directo de una obligación contingente del Tesoro.

La discusión no se limita a una deuda

La reestructuración tiene una dimensión que excede la ingeniería financiera. Aerolíneas Argentinas cumple una función de conectividad en un país donde muchas rutas no se explican únicamente por su rentabilidad inmediata, sino también por su impacto territorial, turístico, productivo y social.

Para provincias alejadas de los principales centros económicos, la disponibilidad de conexiones aéreas incide sobre el acceso a mercados, la movilidad de profesionales, la actividad turística y la integración con el resto del país. En regiones como el NEA, donde las distancias terrestres elevan tiempos y costos, la sustentabilidad financiera del sistema aerocomercial tiene consecuencias concretas sobre la economía regional.

La solución de fondo, sin embargo, no surge únicamente de refinanciar pasivos. La reducción del aval mejora el perfil de riesgo fiscal de esta operación, pero el desafío estructural seguirá siendo construir una compañía capaz de sostener su conectividad con una estructura financiera que requiera cada vez menos respaldo contingente del Estado.

El dato a observar será qué ocurre durante los 36 meses de vigencia del nuevo aval. El primer año de gracia le otorga a Aerolíneas Argentinas una ventana para ordenar el flujo financiero antes de afrontar plenamente las obligaciones reestructuradas.

Para el Gobierno, la operación representa una reducción concreta del compromiso máximo garantizado, de USD 151,7 millones a USD 94,7 millones. Para Aerolíneas, significa más tiempo para administrar una deuda que quedó vinculada a la incorporación de los Embraer 190.

La verdadera prueba será si la reestructuración consigue cumplir ambos objetivos: proteger al Tesoro de una mayor exposición y preservar una conectividad aérea que sigue teniendo impacto directo sobre la integración económica y social del país.

Anexo 1 Decreto 758/2026 by CristianMilciades

Anexo 2 Decreto 758/2026 by CristianMilciades

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Caputo y Sturzenegger en Iguazú: Passalacqua y los principales empresarios debatirán cómo pasar de la estabilidad al crecimiento

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La 47ª Convención Anual del IAEF reunirá del 3 al 6 de septiembre en Puerto Iguazú a Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Hugo Passalacqua, gobernadores, legisladores y referentes de las principales empresas del país. Con la competitividad como eje, el encuentro pondrá bajo discusión el desafío que enfrenta la economía argentina: transformar la estabilización macroeconómica en inversión, producción y crecimiento sostenido.

Puerto Iguazú volverá a convertirse en septiembre en uno de los principales puntos de encuentro del poder económico, político y empresario de la Argentina. Del 3 al 6 de septiembre, el Hotel Loi Suites será sede de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que este año tendrá como lema una pregunta que atraviesa buena parte del debate económico: “Argentina: de la estabilidad al crecimiento – Cómo generar competitividad sostenida”.

La convocatoria tendrá entre sus figuras centrales al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al ministro de Economía, Luis Caputo, cuya participación todavía está sujeta a confirmación. También será protagonista el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anfitrión provincial de una convención que reunirá a gobernadores, funcionarios nacionales, economistas, legisladores, banqueros y ejecutivos de algunas de las compañías más importantes del país.

Entre las figuras empresariales estará Jorge Brito, presidente del Banco Macro, Pablo Mainardi, CFO de Arcor, uno de los mayores grupos industriales argentinos, junto a ejecutivos de Aluar, Pluspetrol, Aerolíneas Argentinas, Banco Galicia, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio y el complejo agroindustrial. La empresaria misionera Victoria Szychowski, presidenta de La Cachuera será una de las disertantes, mientras que Raúl Karaben, de la cooperativa Piporé, también aportará la mirada sobre la yerba mate.  

El escenario elegido y el temario no son casuales. La Convención llegará en un momento en el que la discusión económica comienza a desplazarse desde el ordenamiento de las variables macro hacia un interrogante más complejo: cómo convertir la estabilidad en crecimiento, inversión y empleo, y qué condiciones necesita el sector productivo para competir.

Después de una etapa marcada por el ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria, la desregulación de mercados y una profunda modificación de precios relativos, el desafío pasa por determinar hasta qué punto ese ordenamiento puede traducirse en una recuperación sostenida de la actividad. 

En paralelo, empresas y economías regionales enfrentan una ecuación exigente, atravesada por costos internos, presión tributaria, infraestructura, financiamiento, tipo de cambio y una apertura comercial que obliga a revisar productividad y competitividad.

Desde Misiones y el Norte Grande, además, esa discusión incorpora variables propias. La distancia de los grandes centros de consumo, los costos logísticos, la falta de gas natural y las asimetrías comerciales con Brasil y Paraguay forman parte de una agenda que las provincias de la región vienen planteando ante la Nación. Passalacqua tendrá así una vidriera privilegiada para insertar la mirada del interior productivo dentro de una discusión nacional sobre competitividad.

La presencia de gobernadores también le dará al encuentro una dimensión federal. Junto a Passalacqua participarán Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Uno de los paneles estará específicamente dedicado a analizar “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”.

Del gabinete nacional a los CEO

La nómina de expositores anticipa la amplitud de la discusión. Además de Caputo y Sturzenegger, estarán Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En el plano económico participarán Daniel Artana, economista jefe de FIEL; Mariana Camino, cofundadora, presidenta y CEO de ABECEB; Daniel Lacalle, doctor en Economía, autor y profesor de Economía Global; y Sergio Berensztein, analista político y presidente y director general de Berensztein.

También disertarán Ezequiel Mirazón, presidente del Comité Organizador de la Convención; Andrea Falcone, cofundadora y Regional Lead LATAM de The SHIFT; Jorge Diehl, CFO de Aluar; Pablo Mainardi, CFO de Arcor; Nancy Repetto, Chief Financial & Services Officer de Pluspetrol; José Morea, Country Director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.; Raúl Karaben, socio de la Cooperativa Piporé; Trinidad Tizado, presidenta de Tubos Trans Electric; y Alejandro Bertone, CEO electo de A.C.A.

El arco empresario e institucional se completa con Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas; Diego Rivas, CEO de Banco Galicia; Jorge Pablo Brito, presidente de Banco Macro; y Rosendo Grobocopatel, CEO de Constelaciones.

La política legislativa también tendrá espacio propio. Participarán Diego Hartfield, diputado nacional por Misiones; Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza; y Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba. A ellos se sumará José del Río, director de Contenidos de La Nación.

De esta manera, la Convención buscará cruzar tres miradas que no siempre encuentran una misma mesa: la del Gobierno nacional, concentrada en consolidar el nuevo esquema macroeconómico y regulatorio; la de las provincias, que reclaman infraestructura y condiciones federales para desarrollarse; y la del sector privado, que deberá definir bajo qué condiciones vuelve a invertir, ampliar capacidad y generar empleo.

De la macro a la empresa

La agenda refleja precisamente ese cambio de foco. Una de las discusiones centrales será “Economía: ¿Cómo pasar de la estabilidad al crecimiento?”, pero el programa avanzará también sobre cuestiones directamente vinculadas con las decisiones de inversión y producción.

La Convención presentará la Encuesta de Inversión y Financiamiento de EY y abordará el nuevo orden global, la situación política de la Argentina a un año de las elecciones, la nueva longevidad y la denominada Generación Silver, además de la agenda de los CFO, un área particularmente sensible en un escenario de transformación de las condiciones financieras y comerciales.

Otro de los ejes buscará responder “¿Cómo está la economía hoy? Una mirada desde el interior”, mientras que empresarios analizarán el presente de la industria, el comercio y el campo.

Habrá, además, paneles destinados a estudiar cómo reconvertirse y competir, con casos de éxito empresariales; los empresarios que apuestan al país; la inserción internacional de la Argentina; el papel del Congreso para construir una economía competitiva y la participación de las provincias en ese proceso.

La combinación promete convertir a Iguazú en una suerte de laboratorio de las discusiones que vienen para la economía argentina: una vez conseguido cierto orden de las principales variables, la competitividad deja de ser una consigna abstracta y pasa a medirse en inversiones, costos, exportaciones, productividad, infraestructura y creación de empleo.

Iguazú, escenario del debate económico

La apertura oficial contará con las palabras del intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, y del presidente del IAEF, Pablo Miedziak.

La elección de Misiones agrega una dimensión particular al encuentro. En una provincia ubicada en una de las fronteras comerciales más dinámicas del país, la competitividad no es solamente una discusión teórica. El comercio cotidiano con Brasil y Paraguay, las diferencias impositivas y cambiarias, el costo del transporte y la necesidad de infraestructura convierten al territorio misionero en un escenario concreto de muchas de las tensiones que estarán sobre la mesa.

Para el IAEF, la Convención Anual se consolidó a lo largo de sus 47 ediciones como uno de los espacios de intercambio entre ejecutivos financieros, empresarios, economistas y dirigentes políticos. Junto con su Congreso anual, constituye uno de los foros tradicionales para discutir la coyuntura argentina y las condiciones necesarias para su inserción internacional.

En septiembre, esa conversación tendrá una consigna especialmente ambiciosa: determinar qué viene después de la estabilización. Y, fundamentalmente, qué reformas, inversiones y acuerdos serán necesarios para que el orden macroeconómico consiga atravesar la frontera que todavía separa a las planillas financieras de la economía real.

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El dólar mayorista subió a $1.495 y el mercado vuelve a tensionarse por las tasas en pesos

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El dólar mayorista volvió a subir este martes y registró su mayor avance en dos semanas, aunque logró cerrar por debajo de los $1.500. El tipo de cambio avanzó $7,50 hasta los $1.495 en el segmento de contado, en una jornada atravesada por la intervención oficial y por una nueva tensión en las tasas de interés en pesos.

El movimiento se produjo luego de que el mercado consolidara al nivel de $1.500 como una referencia de corto plazo. Con el cierre de la jornada, el mayorista quedó a 24,8% del techo de la banda cambiaria, establecido este martes en $1.865,14. El volumen operado en el segmento de contado superó los US$343,6 millones.

La estabilidad relativa del dólar empieza, sin embargo, a mostrar una contracara financiera. La liquidez en pesos volvió a encarecerse y las tasas de cauciones, repos y plazos fijos institucionales comenzaron a reflejar esa presión. En algunas operaciones, la tasa nominal anual se ubicó cerca del 25%, mientras el mercado espera nuevos movimientos alcistas de la TAMAR.

La tensión resume uno de los dilemas centrales de la política económica: contener la volatilidad cambiaria sin generar una suba excesiva del costo del dinero y, al mismo tiempo, preservar capacidad para continuar acumulando reservas. Las herramientas utilizadas por el Banco Central y el Tesoro buscan administrar simultáneamente esas tres variables.

En el mercado de futuros, los contratos operaron con mayoría de subas de hasta 0,4% en los tramos correspondientes a 2026 y 2027. El volumen negociado rondó los US$600 millones y las cotizaciones implícitas ubicaron al dólar en torno a $1.508 para fines de agosto y en $1.623,50 para diciembre.

La señal que buscan interpretar los operadores es si los movimientos del tipo de cambio responden exclusivamente a la oferta y la demanda privadas o si existe una intervención oficial destinada a mantener al mayorista por debajo de determinados niveles. Esa distinción resulta relevante porque modifica la lectura sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y sobre la formación de expectativas.

En el segmento minorista, el dólar llegó a $1.515 para la venta en el Banco Nación, mientras el dólar tarjeta se ubicó en $1.969,50. El promedio informado por las entidades financieras relevadas por el Banco Central fue de $1.515,02.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia. El MEP avanzó 0,2% hasta $1.517,76 y el contado con liquidación subió 2,4% hasta $1.607,10. En el mercado informal, el dólar blue aumentó $10 y alcanzó los $1.555, según el relevamiento citado.

El costo de sostener el dólar

La estrategia oficial se apoya en una combinación de instrumentos. El Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas, opera en contratos de dólar futuro y bonos vinculados al tipo de cambio y procura administrar las tasas cortas mediante el mercado de repos. El objetivo es evitar que una liquidez excesiva en pesos termine trasladándose a una mayor demanda de cobertura cambiaria.

El cambio en la política de acumulación de reservas resulta especialmente visible. Durante julio, el BCRA compró un promedio de US$103 millones diarios, mientras que en agosto ese ritmo se redujo en alrededor de US$33 millones por día. La menor demanda oficial de divisas contribuye a contener la presión compradora y facilita que el tipo de cambio mayorista permanezca debajo de los $1.500.

La consultora 1816 interpretó que la decisión de sostener ese nivel como referencia de corto plazo también tuvo consecuencias sobre los activos financieros argentinos. En particular, señaló que la deuda argentina denominada en dólares quedó rezagada frente a otros mercados emergentes.

El Tesoro también ganó protagonismo en la administración de los pesos. Según Outlier, el Ministerio de Economía interviene de manera puntual en el mercado de contado, administra las licitaciones de deuda y utiliza los depósitos del Tesoro en bancos como una herramienta adicional para regular la liquidez.

La última colocación de deuda de julio ofrece un ejemplo de esa estrategia. El Tesoro obtuvo cerca de $4 billones por encima de los vencimientos, pero no transfirió inmediatamente esos recursos al Banco Central. Parte de los pesos permaneció dentro del sistema bancario, evitando una absorción inmediata de liquidez.

El mecanismo plantea un delicado equilibrio. Una extracción demasiado rápida de pesos puede llevar las tasas a niveles elevados y encarecer el crédito; una liquidez excesiva, en cambio, puede aumentar la demanda de dólares y dificultar la estabilidad cambiaria. La política monetaria y financiera queda así condicionada por la necesidad de administrar ambos riesgos simultáneamente.

El mercado espera un dólar por debajo de la inflación

Pese a la tensión de corto plazo, las expectativas cambiarias continúan relativamente contenidas. La última edición del LatinFocus Consensus Forecast, que reúne proyecciones de más de 50 bancos y consultoras internacionales, ubicó el dólar mayorista en $1.648,10 para fines de 2026.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA mostró una previsión prácticamente coincidente, con un dólar nominal estimado en $1.652 para diciembre. Desde el cierre de $1.487,50 registrado el viernes, esas proyecciones implican una suba de aproximadamente 10,8% durante el resto del año.

En términos interanuales, el consenso supone una depreciación nominal del peso de 14,1% durante 2026. El dato resulta significativo porque, de mantenerse esas previsiones, el dólar avanzaría por debajo de las expectativas de inflación, lo que implica una apreciación real del peso durante el período.

La fotografía actual, por lo tanto, combina dos señales aparentemente contradictorias. En el corto plazo, el mercado enfrenta mayores tasas en pesos y operadores atentos a la intervención oficial para sostener el tipo de cambio. En el horizonte de fin de año, en cambio, las principales encuestas de expectativas no anticipan un salto cambiario brusco.

La cuestión de fondo será cuánto puede sostenerse ese equilibrio. La política económica necesita evitar que la estabilidad nominal del dólar se consiga a costa de tasas excesivamente elevadas o de una menor acumulación de reservas. La respuesta estará en la capacidad del Gobierno para administrar la liquidez sin desanclar las expectativas cambiarias y, al mismo tiempo, sostener la confianza en el régimen de bandas.

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El riesgo país volvió a 500 puntos

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El riesgo país argentino volvió a tocar los 500 puntos básicos y marcó un brusco cambio de clima para los activos locales. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 3,5% durante la rueda, frente a los 489 puntos del cierre anterior, y acumuló una suba superior al 17% en agosto. El dato adquiere relevancia porque apenas semanas atrás el mercado especulaba con una compresión hacia los 400 puntos y una eventual reapertura del financiamiento internacional.

La corrección no responde a un único factor. La mayor aversión global al riesgo, la prolongación de la tensión geopolítica en Medio Oriente, el incremento de las tasas largas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y un escenario doméstico atravesado por la proximidad electoral confluyen para elevar la prima que los inversores exigen para mantener deuda argentina.

A nivel local, el deterioro de los bonos soberanos constituye uno de los principales canales de transmisión. Los Bonares y Globales registraron bajas de hasta 2,4% en la jornada y acumularon retrocesos de hasta 4,3% durante agosto. Al mismo tiempo, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años superó el 5%, elevando la tasa libre de riesgo que funciona como referencia para la valuación de los activos emergentes.

El mercado también comenzó a incorporar con mayor intensidad una variable que hasta hace algunos meses parecía lejana: el riesgo político asociado al proceso electoral de 2027. La discusión ya no pasa solamente por la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal, sino por la posibilidad de mantener el actual programa económico y su respaldo político después de las elecciones.

Gabriel Bagattini, asesor financiero de Finanzas con Gabriel, planteó que confluyen un escenario internacional más adverso y factores propios de Argentina, entre ellos la cercanía de las elecciones y las dudas sobre la velocidad con la que el país podrá recuperar plenamente el acceso al financiamiento internacional.

Alejandro Bianchi, CEO de AsesorDeInversiones.ar, sostuvo que el mercado comenzó a incorporar nuevamente el riesgo político-electoral. Según su lectura, los inversores adelantaron varios meses una discusión que originalmente podía esperarse para comienzos de 2027: cuál será el respaldo político al Gobierno y, en consecuencia, qué probabilidad existe de continuidad del esquema económico luego de las elecciones.

El deterioro de los indicadores de confianza agrega una señal de alerta. El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en julio en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, con una caída mensual de 6,5% y el registro más bajo de la actual gestión. A su vez, un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA señaló que el 61% de los encuestados apoyaba un cambio de gobierno para 2027.

La otra variable doméstica que observa el mercado es el ritmo de acumulación de reservas. Durante agosto continuaron las compras del Banco Central, pero a un ritmo considerablemente inferior al de julio: el promedio diario se ubicó en torno a los US$28 millones, frente a los US$103 millones del mes anterior, con un acumulado de US$249 millones hasta el jueves señalado en el análisis de mercado.

Ese menor ritmo de compras importa porque las reservas constituyen uno de los principales respaldos que los inversores utilizan para evaluar la capacidad de pago futura. Argentina mantiene vencimientos significativos de deuda en moneda extranjera, particularmente concentrados hacia 2027, mientras todavía no recuperó plenamente el acceso normal a los mercados internacionales de capitales.

Rafael Di Giorno, de Proficio, resumió esa lectura al señalar que el Banco Central dejó de comprar dólares a un ritmo significativo como el observado hasta un mes atrás y que, en el escenario actual, desapareció parte de los factores que habían impulsado la compresión del riesgo país.

La dimensión internacional amplifica el movimiento. El incremento de las tasas largas de los Treasuries estadounidenses encarece el costo de oportunidad de invertir en activos emergentes y reduce el atractivo relativo de instrumentos de mayor riesgo. Para Argentina, cuyo mercado soberano continúa presentando una elevada sensibilidad a los cambios en el apetito global, ese movimiento tiene un impacto mayor.

Brasil también aparece como una variable regional a seguir. El real mantiene una evolución favorable en el año, pero comienza a incorporar mayor incertidumbre frente a su propio proceso electoral y a las dudas sobre la trayectoria fiscal futura. Para los activos argentinos, una mayor aversión global al riesgo puede amplificar la volatilidad precisamente por la elevada sensibilidad del crédito soberano.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street acompañaron el deterioro general. Corporación América cayó 5,5%, BBVA retrocedió 3,8% y Edenor perdió 3,2%, mientras Globant avanzó 1,9% y Mercado Libre 1%. En la Bolsa porteña, el índice Merval cedió 1,2% hasta los 2.914.141,17 puntos y, medido en dólares, retrocedió 1,7%, hasta los US$1.844,56.

Entre las acciones locales, BBVA registró una caída de hasta 4,2%, mientras YPF se movió en sentido contrario y avanzó 2,5%. La dispersión entre papeles muestra que el ajuste no afecta de manera homogénea a todas las compañías y que factores específicos de cada empresa continúan teniendo peso aun dentro de un escenario financiero adverso.

La pregunta central para el mercado es si los 500 puntos representan una interrupción transitoria de la tendencia descendente o el comienzo de una recomposición más persistente de la prima de riesgo. Bagattini consideró que el nivel actual no implica todavía un cambio estructural, dado que Argentina continúa muy por debajo de los registros de riesgo observados años atrás. La señal relevante, en cambio, será la capacidad del indicador para estabilizarse o continuar escalando.

Bianchi coincide en que el movimiento no implica necesariamente un deterioro sustancial de los fundamentos fiscales. Argentina conserva una posición fiscal y externa más ordenada que en períodos anteriores y, además, Fitch y S&P elevaron recientemente la calificación soberana desde CCC+ hasta B-. Sin embargo, con un riesgo país en torno a 500 puntos, el mercado comienza a mirar menos el ajuste ya realizado y más la capacidad política e institucional para sostenerlo durante 2027.

Ese cambio de foco es posiblemente el dato más relevante de la rueda. La discusión financiera argentina empieza a desplazarse desde la corrección de los desequilibrios heredados hacia la credibilidad de su continuidad. Para el Gobierno, sostener la estabilidad macroeconómica ya no alcanza por sí solo: el mercado exige señales sobre reservas, financiamiento, deuda y, cada vez más, sobre la capacidad de convertir el programa económico en una política sostenible más allá del calendario electoral.

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