Economía Regional

La producción de leche alcanzó un récord de una década y las exportaciones tocaron máximos desde 2014

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Durante el primer cuatrimestre del año, la producción nacional de leche alcanza máximos en por lo menos diez años. Las exportaciones del complejo están en el nivel más alto desde 2014 con Brasil importando 40% más.

En lo que va del 2026 la producción acumulada de leche en Argentina corre en máximos desde que se lleva una base de datos comparables. Según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), hacia abril del 2026, la producción nacional de leche alcanza los 3,5 millones de litros, 9,3% por delante del promedio para la última década a esta altura del año y récord para una serie que comienza en 2015. Por otra parte, la producción media diaria por tambo en 2026 promedia 3.287 litros de leche, 27% más alto que durante los últimos cinco años. 

Según el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), actualmente hay 8.813 tambos registrados en Argentina, de los cuáles el 83% están localizados, en orden de relevancia, sobre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Entre estas tres provincias también se puede encontrar la mayor proporción de bovinos en establecimiento, con 90% de los más de 3 millones de cabezas con los que actualmente cuenta el sector.

Siguiendo con la estructura de la producción láctea argentina, SAGyP releva la producción mensual por cuenca lechera para 14 de las 18 cuencas nacionales. Estas representaron el 75% de la producción láctea estimada por la secretaría en lo que va del 2026. 

En términos agregados, la provincia de Córdoba es la principal productora de leche en lo que va del año, aportando casi un millón de litros entre sus cuatro cuencas lecheras, manteniendo un promedio de 3.666 litros por tambo por día.

En Santa Fe se relevaron en promedio 2.735 tambos activos en el año, de los cuales 2.540 pertenecen a la cuenca centro y el resto a la cuenca sur. La cuenca central santafesina ha sido la más relevante en términos de aporte de litros de leche en lo que va del año, explicando el 25% del total de la producción con unos 663 millones de litros. Algo similar ocurre con las cuencas bonaerenses, siendo la de Mar y Sierras, la cuenca con menor número de establecimientos en la provincia De las tres grandes provincias productoras de leche, Buenos Aires es la que cuenta con el menor número de tambos informados, pero es la que tiene mayor producción diaria por tambo.

La correlación entre productividad de las cuencas del centro y número de establecimientos es parte de una dinámica estructural del sector que ya lleva varios años: la tendencia a la concentración productiva en tambos de mayor escala. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) durante el año 2010, los establecimientos que producían más de 10.000 litros de leche por día representaban apenas 5% de la producción nacional de leche. Hacia abril del 2026 esa proporción alcanza casi 30%, mientras que los tambos de menor escala, que producen por debajo de los 2.000 litros de leche al día, han mermado 11 p.p. en la participación relativa de la producción nacional. 

Exportaciones en máximos de 14 años

En línea con un buen ritmo productivo e incremento en la productividad media nacional, que ya viene gestándose desde años atrás, las exportaciones del complejo lácteo corren en máximos desde el 2012. Hasta abril se exportaron hacia el resto del mundo 130.000 toneladas de productos lácteos, siendo leche en polvo el más relevante de todos, explicando más de un tercio del total. 

El principal destino de la cadena láctea argentina viene siendo Brasil, país hacia donde se han exportado más de 60.000 toneladas, excediendo en 40% los volúmenes exportados el año pasado a esta altura y más que duplicando el ritmo promedio de ventas lácteas hacia el país vecino. Argelia, Chile y China completan el podio de principales destinos. En términos interanuales, el único comprador que hasta ahora viene rezagado en el ritmo de importaciones de productos lácteos argentinos es el gigante asiático, con un 35% menos que durante enero – abril del 2025; el resto de los principales importadores están comprando por lo menos un 23% que el año anterior. 

El total de las exportaciones realizadas por el sector hasta ahora alcanza un valor FOB de US$ 455 millones, 17% más que el promedio para los últimos cinco años, un 50% que durante la última década y máximos desde el año 2014.

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Arrúa: “Encuentro Misionero nació para representar a una provincia que no puede pensarse desde Buenos Aires”

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Mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara al próximo calendario electoral, el diputado nacional por Misiones, Alberto Arrúa, sostuvo que Encuentro Misionero representa una evolución del modelo político provincial para responder a una realidad distinta a la que dio origen al Frente Renovador hace más de dos décadas. En diálogo con Economis, el legislador afirmó que el nuevo espacio busca integrar la diversidad de movimientos sociales y políticos surgidos en los últimos años y consolidar una representación enfocada exclusivamente en los intereses de la provincia.

Para Arrúa, el reconocimiento nacional del espacio constituye un paso institucional que acompaña una transformación política iniciada en Misiones. Según explicó, el escenario actual ya no está dominado por los partidos tradicionales, sino por una multiplicidad de expresiones sociales que requieren nuevos ámbitos de participación.

“Encuentro Misionero es un espacio amplio que interpreta el momento político que vive la provincia. Así como en 2003 el Frente Renovador surgió como respuesta al agotamiento de los partidos tradicionales, hoy la realidad es diferente: existen numerosos movimientos políticos y sociales que necesitan un ámbito donde puedan ser protagonistas sin quedar encerrados en las estructuras partidarias”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo espacio pretende reunir distintas miradas bajo un objetivo común: construir políticas públicas desde la realidad misionera y no desde las agendas nacionales.

Arrúa consideró que gran parte del distanciamiento ciudadano con la política no implica un rechazo a la participación pública sino a las estructuras tradicionales.

“La gente joven participa, tiene interés por la política, pero no necesariamente quiere hacerlo dentro de los partidos históricos. Hay una demanda de nuevos espacios donde puedan aportar ideas sin quedar condicionados por disputas internas o por lógicas de conducción nacionales“, afirmó.

Misiones frente al centralismo nacional

Uno de los principales ejes del posicionamiento es la condición fronteriza de Misiones y las dificultades que, según Arrúa, genera la aplicación de políticas económicas diseñadas desde una lógica centralista.

El diputado sostuvo que Misiones presenta características únicas dentro del país que exigen herramientas diferenciadas.

“Misiones tiene el 92% de su territorio lindando con Paraguay y Brasil. Nuestra economía cotidiana no compite con Córdoba o Buenos Aires; compite con Paraguay, donde el IVA es del 8%, y con Brasil, una de las economías más grandes del mundo. Esa realidad rara vez es comprendida por quienes diseñan las políticas nacionales”, sostuvo.

En esa línea cuestionó a los representantes provinciales que integran bloques nacionales y consideró que muchas veces terminan priorizando las estrategias políticas de sus espacios antes que las necesidades específicas de Misiones.

Hay diputados que dicen representar a Misiones pero en realidad representan proyectos nacionales. Cuando llegan al Congreso terminan acompañando iniciativas pensadas para el centro del país, donde la frontera prácticamente no existe”, afirmó.

La agenda productiva como eje de gestión

Sobre la relación con el sector productivo, Arrúa sostuvo que el respaldo de empresarios y productores no puede construirse sobre promesas electorales sino sobre resultados concretos de gestión.

En ese marco mencionó distintas iniciativas impulsadas por el bloque de diputados misioneros que buscan reducir costos estructurales y mejorar la competitividad provincial.

Entre ellas destacó la continuidad del debate por la Zona Aduanera Especial para Misiones, la búsqueda de mecanismos regulatorios para recuperar rentabilidad en la cadena yerbatera mediante sistemas de trazabilidad y las gestiones ante el Gobierno nacional para extender los beneficios vinculados a la tarifa diferencial por zona cálida.

También mencionó proyectos destinados a eliminar el IVA sobre productos estratégicos para la economía provincial, como la fécula de mandioca y el agua potable, además de iniciativas orientadas a abaratar alimentos para personas celíacas mediante beneficios impositivos.

“Al sector productivo no se lo convence con promesas. Se lo convence mostrando gestión, resolviendo problemas concretos y llevando propuestas que mejoren las condiciones para producir en Misiones”, afirmó.

Salud y políticas sociales

El legislador también repasó algunas de las iniciativas parlamentarias que el bloque impulsa en materia sanitaria.

Entre ellas destacó un proyecto destinado a mejorar el acceso a trasplantes pediátricos, buscando facilitar los procesos de donación en casos infantiles para ampliar las posibilidades de quienes esperan órganos compatibles.

Asimismo señaló que trabajan en proyectos vinculados a enfermedades de alta complejidad y al reconocimiento de determinadas patologías como discapacidad, además de iniciativas destinadas a reducir el costo de los alimentos específicos para personas con enfermedad celíaca.

Según explicó, el criterio de trabajo legislativo del bloque prioriza las propuestas colectivas por encima de las iniciativas individuales.

“Nosotros no hablamos de proyectos personales. Son proyectos del bloque, construidos entre todos los diputados misioneros, con una agenda que surge de los problemas concretos de la provincia”, sostuvo.

Zona Aduanera Especial y asimetrías fronterizas

Uno de los puntos sobre los que Arrúa hizo mayor énfasis fue la necesidad de retomar el debate sobre la Zona Aduanera Especial para Misiones.

El diputado aseguró que el reciente esquema nacional de beneficios para tiendas duty free no resuelve los problemas estructurales del comercio provincial porque se limita a áreas puntuales y no contempla la condición fronteriza de todo el territorio.

Misiones no tiene un problema de una ciudad fronteriza; toda la provincia vive en un contexto de frontera. Una solución parcial puede incluso profundizar las desigualdades internas“, afirmó.

En ese sentido recordó que la provincia cuenta con 24 pasos internacionales habilitados y más de 1.400 kilómetros de frontera, características que, a su juicio, justifican un tratamiento económico diferencial permanente.

Para Arrúa, el desafío político consiste en instalar definitivamente una agenda federal que contemple las particularidades de las provincias periféricas y no reproduzca políticas diseñadas exclusivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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La Justicia Federal retrasa la implementación del sistema acusatorio en Córdoba y refuerza el cronograma para Posadas

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La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Córdoba fue postergada hasta el 8 de marzo de 2027, una decisión que reordena el calendario de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional y deja a Posadas como una de las próximas jurisdicciones clave en adoptar el sistema acusatorio, previsto para el 24 de agosto de 2026. La medida tiene implicancias que exceden el ámbito judicial: impacta sobre la capacidad del Estado para investigar delitos complejos vinculados a la economía formal e informal, desde el narcotráfico hasta el contrabando y los delitos económicos.

La Resolución 274/2026 del Ministerio de Justicia fundamenta el diferimiento en la necesidad de completar inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación en uno de los distritos federales más complejos del país. Córdoba concentra un elevado volumen de causas federales y una posición logística estratégica que la convierte en un nodo central para investigaciones vinculadas a cadenas delictivas de alcance nacional e internacional.

Aunque el debate suele concentrarse en los aspectos jurídicos, la implementación del sistema acusatorio tiene una dimensión económica relevante. El modelo reemplaza esquemas procesales más lentos por uno basado en la oralidad y la conducción de las investigaciones por parte de los fiscales, con el objetivo de acelerar los procesos y optimizar el uso de recursos judiciales.

Para sectores productivos, especialmente aquellos vinculados al comercio exterior, la logística y las actividades reguladas, una justicia federal más ágil puede traducirse en mayor previsibilidad institucional. Los delitos económicos, aduaneros, financieros y vinculados al crimen organizado forman parte de la agenda de competencia federal que este sistema busca abordar con herramientas más modernas.

El propio Ministerio de Justicia destacó que Córdoba requiere una preparación adicional debido al peso de investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando y criminalidad económica, fenómenos que también impactan sobre la competitividad de las economías regionales y la formalidad de los mercados.

Posadas sigue en agenda y gana relevancia estratégica

La postergación cordobesa deja a Posadas como una de las próximas etapas relevantes del proceso de implementación nacional. Según el cronograma oficial, la capital misionera mantiene su fecha de entrada en vigencia para el 24 de agosto de 2026.

Para Misiones, la reforma adquiere características particulares. La provincia comparte extensas fronteras internacionales y concentra una intensa dinámica comercial y logística, factores que incrementan la relevancia de la Justicia Federal en materias como delitos transfronterizos, contrabando, lavado de activos y comercio ilegal.

La experiencia acumulada en distritos donde el sistema ya funciona constituye un antecedente importante para la jurisdicción misionera. El Ministerio de Justicia señala que actualmente el modelo acusatorio ya opera en nueve distritos federales, incluyendo provincias del NEA como Chaco, Formosa y Corrientes.

Las razones detrás de la postergación

La resolución revela que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba como la Procuración General de la Nación habían advertido sobre necesidades pendientes para garantizar una transición ordenada.

Entre los aspectos observados aparecen: Adecuación de salas de audiencias y espacios físicos específicos para el nuevo sistema. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Capacitación de magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Incorporación de herramientas de análisis forense digital para investigaciones complejas. Organización de recursos humanos para convivir temporalmente con causas del sistema anterior y del nuevo modelo.

La decisión oficial refleja un criterio que puede resultar relevante para futuras implementaciones: priorizar la operatividad efectiva por encima del cumplimiento estricto de los plazos.

Un indicador para las provincias que aún esperan

Además de Córdoba y Misiones, todavía resta implementar el Código Procesal Penal Federal en jurisdicciones como Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja, sectores de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La postergación cordobesa muestra que el Gobierno nacional está dispuesto a recalibrar el cronograma cuando detecta déficits operativos. Para las provincias que se encuentran en proceso de adaptación, el mensaje es claro: la infraestructura tecnológica, la capacitación y la coordinación institucional serán determinantes para sostener las fechas previstas.

La atención del NEA se concentrará ahora en Posadas. Si la implementación prevista para agosto se concreta sin modificaciones, Misiones pasará a integrar el grupo de jurisdicciones que operan bajo el sistema acusatorio federal. El desafío no será únicamente judicial: también servirá como prueba de capacidad institucional para enfrentar delitos complejos que afectan directamente la competitividad regional, la seguridad de las cadenas logísticas y la transparencia de los mercados fronterizos.

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Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.

La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.

Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos

El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:

  • 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
  • 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
  • 70% para el resto de los empleadores.

Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.

Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.

Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.

Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.

Financiamiento accesible para completar la regularización

La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.

Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:

  • 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
  • 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
  • 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.

La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.

Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.

La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.

La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.

Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.

Lo que deberán evaluar las empresas

La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.

Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.

La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.

Resolución General 5862 ARCA by CristianMilciades

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La batalla por la renta yerbatera: productores refutan los argumentos de Sturzenegger

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Las asociaciones de productores yerbateros de Misiones y Corrientes respondieron a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien afirmó que “en diez años la industria de la yerba va a ser una cosa irreconocible”.

Las entidades consideraron que el análisis oficial presenta a la actividad como un bloque homogéneo, cuando la cadena yerbatera está integrada por productores, trabajadores rurales, contratistas, cooperativas, secaderos, molinos, fraccionadores, distribuidores y comercializadores, con intereses y realidades diferentes.

Los productores cuestionaron la afirmación de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) transformó una industria competitiva en un monopolio. Recordaron que el organismo nunca compró hoja verde, nunca industrializó yerba ni comercializó paquetes al consumidor. Su función consistía en establecer reglas para un mercado marcado por fuertes asimetrías entre miles de productores y un número reducido de compradores.

Según señalaron, la producción primaria está en manos de alrededor de 13.000 productores. Por esa razón, sostienen que no puede hablarse de monopolio. En cambio, describen un mercado oligopsónico, donde pocos compradores concentran la demanda y cuentan con una capacidad económica, financiera y logística muy superior a la de los productores.

Las entidades remarcaron que, sin regulación, los pequeños productores negocian individualmente con empresas de gran escala. Una relación desigual. De un lado, quienes necesitan vender para sostenerse. Del otro, quienes pueden comprar, almacenar, industrializar y esperar mejores condiciones de mercado.

En ese contexto, sostienen que el INYM no reemplazaba al mercado. Introducía condiciones mínimas de equilibrio entre actores que no negocian desde posiciones equivalentes. Confundir regulación con monopolio, afirman, implica desconocer la estructura de la actividad yerbatera.

También rechazaron la idea de que la desregulación redujo a la mitad el precio de la yerba para los consumidores. Argumentaron que lo que efectivamente cayó fue el precio de la hoja verde percibido por los productores.

Las organizaciones señalaron que no se conocen estudios o mediciones que respalden la afirmación oficial. Tampoco observan una reducción equivalente en las góndolas. Por eso plantean una pregunta central: si la materia prima vale mucho menos, ¿por qué esa baja no se trasladó en igual proporción al consumidor?

Para los productores, la discusión pasa por identificar quién capturó la renta generada por esa transferencia de ingresos. Si el productor recibe menos y el consumidor no paga mucho menos, la diferencia queda en otros eslabones de la cadena.

Las entidades destacan que dos empresas concentran cerca de la mitad de las ventas en góndola. También mencionan el peso de las grandes cadenas comerciales y de la carga tributaria estatal. En ese escenario, consideran legítimo preguntarse quiénes fueron los principales beneficiarios de la desregulación.

A su entender, la evidencia disponible muestra una transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia los sectores más concentrados de la cadena, sin beneficios equivalentes para los consumidores.

Las asociaciones coinciden en que la actividad debe crecer, exportar más y conquistar nuevos mercados. Sin embargo, advierten sobre las consecuencias de un modelo basado en la desaparición de productores, el éxodo de trabajadores rurales y la concentración de la renta.

“Cuando el ministro celebra que el precio pagado al productor haya caído a la mitad, está admitiendo precisamente el problema que hoy denunciamos ante la Justicia”, sostienen.

La respuesta enfatiza que detrás de cada reducción del precio de la hoja verde existen familias agrarias, cooperativas, comercios locales y miles de trabajadores vinculados a la actividad.

Las organizaciones recuerdan que la yerba mate es una economía regional construida durante generaciones por pequeños y medianos productores. Un modelo productivo singular. Una base social amplia. Un entramado económico que excede la producción y la exportación.

A partir de allí plantean una serie de interrogantes sobre el futuro del sector. Se preguntan si la actividad “irreconocible” mencionada por Sturzenegger será una donde desaparezcan los productores familiares, los trabajadores deban emigrar o la rentabilidad quede concentrada en cada vez menos operadores.

También expresan preocupación por la posibilidad de que la tradicional Ilex paraguariensis pierda centralidad frente a sustitutos, mezclas o productos que aprovechen el prestigio construido durante generaciones por productores de Misiones y Corrientes.

Para las entidades, la fortaleza de la yerba mate argentina no reside únicamente en su potencial exportador. También en su historia, cultura, conocimiento productivo y arraigo territorial.

“Exportar más no puede significar producir menos productores”, afirman.

Por eso sostienen que el debate no debe limitarse al precio que paga el consumidor o al volumen exportado. Debe incluir la retribución justa para el productor, la continuidad de las familias agrarias, la protección del trabajo rural y la preservación de una economía regional estratégica para Misiones.

La acción judicial actualmente en trámite busca determinar si un decreto puede desarticular el sistema institucional que durante décadas garantizó un equilibrio mínimo entre los distintos actores de la cadena.

Las asociaciones concluyen que la Argentina necesita una yerba mate más competitiva y exportadora. Pero también una actividad que conserve productores, trabajadores, cooperativas y comunidades rurales.

Porque una industria puede aumentar exportaciones y, al mismo tiempo, destruir las bases sociales, culturales y productivas que le dieron origen.

“Y cuando eso ocurre, lo que se vuelve irreconocible no es solamente la industria. Se vuelve irreconocible la propia Misiones”.

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