El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.
¿Qué se posterga y por qué?
La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.
Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.
Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.
El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).
Cronología de la contención fiscal
El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.
Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.
Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.
Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).
Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.
El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.
Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.
En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.
Escribe Mario Osava / IPS Noticias – Brasil es un caso singular de desarrollo agrícola acelerado, multiplicó casi por nueve su producción de granos en 50 años, se presenta como un modelo de agricultura tropical, pero tiene vulnerabilidades acentuadas por las guerras y, más existencial y permanente, por la crisis climática.
De 39,4 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas en 1975, la cosecha anual saltó para 346,1 millones de toneladas en 2025, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
De importador de cerca de 30 % de los alimentos que consumía, el país se convirtió en gran exportador, con un superávit de 149 000 millones de dólares en el sector agrícola. Las importaciones se limitaron a 20 000 millones de dólares, registró el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En ese período de cinco décadas, la población brasileña se duplicó, de 107 millones de habitantes a 213 millones, según el mismo Ibge. En 1975 aún era mayoritariamente rural, con 52 %. El censo de 2022 apuntó que 87 % de los brasileños viven en ciudades.
Es decir, el salto en la producción agrícola ocurrió en un período de intenso éxodo rural, con la rápida urbanización de la población brasileña.
La investigación científica que permitió al país incorporar a la agricultura extensas tierras del Cerrado, la sabana brasileña, antes consideradas inadecuadas, suele ser apuntada como un factor decisivo de la transformación de Brasil en uno de los graneros del mundo.
¿Razones financieras detrás del bum?
“Hay varias explicaciones, pero quizás una de las más importantes sean las restricciones de recursos externos para importar alimentos. Brasil era muy dependiente de alimentos importados, y eso se agravó por la crisis de los años 80”, evaluó Jorge Arbache, profesor de economía de la Universidad de Brasilia.
Los países latinoamericanos y muchos otros en desarrollo sufrieron en aquella “década perdida” una empobrecedora crisis de la deuda externa que forzó a duros ajustes económicos.
Brasil vivió entonces un recrudecimiento de la hiperinflación, que alcanzó 235 % en 1985, y el inicio de un proceso de desindustrialización. El sector manufacturero pasó a perder participación en el producto interno bruto (PIB), al contrario de la agricultura.
Para ello contribuyó, de forma decisiva en la mirada agronómica, un gran esfuerzo en investigación y desarrollo volcado al sector agrícola. La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1975, tuvo un rol principal, pero otras instituciones especializadas también fueron relevantes.
“Eso resultó en un plan sofisticado de cultivos en el Cerrado”, recordó Arbache, en referencia al bioma que conforma la sabana más biodiversa del mundo.
El maíz y el algodón también tuvieron saltos de producción en las dos últimas décadas, impulsados por la soja, la locomotora cultivada entre noviembre y marzo. Enseguida se siembra algodón o maíz en la misma tierra. Con dos o tres cosechas al año, la agricultura tropical es naturalmente competitiva. Imagen: Mario Osava / IPS
La decisiva soja
La adaptación de la soja al suelo ácido y al clima del Cerrado, que ocupa dos millones de kilómetros cuadrados en el centro de Brasil, fue determinante para el bum agrícola. En 2025 esa oleaginosa, y también leguminosa, representó 48 % de la producción total de granos en Brasil, o sea 166,1 millones de toneladas.
Hace 50 años era un cultivo marginal restringido al extremo sur del país. Hoy Mato Grosso, un estado de la región del Centro-oeste en su mayor parte ocupado por el Cerrado y parte por la Amazonia, concentra 30,4 % de la cosecha nacional de soja.
“La gran capacidad de adaptación de la soja a suelos y clima distintos favoreció esa expansión. La Embrapa y otros centros de investigación lograron seleccionar variedades de producción espectacular en el Centro-Oeste”, explicó Jean Marc von der Weid, economista agrícola con maestría en la francesa Universidad París I Panthéon Sorbone.
Pero más importante fue la inversión en recursos humanos y en la extensión rural, a través de una red que llevó el conocimiento a los agricultores, opinó Arbache a IPS en una entrevista desde Brasilia.
Además, la soja impulsó la siembra de maíz y algodón, de los que Mato Groso se convirtió en el mayor productor nacional en años recientes. Ello porque que esos dos cultivos componen la segunda cosecha anual en las mismas áreas, una ventaja de la agricultura tropical.
“No conozco otro caso (de desarrollo agrícola) comparable al de Brasil. Si hay proyectos específicos y controlados, casi experimentales, de siembras en zonas áridas, pero nada relevante en ninguna mirada global”, acotó Arbache
Una vulnerabilidad fue que la concentración de granos en la frontera agrícola centro-occidental generó una fuerte demanda logística.
Pequeña porción de un bosque amazónico incendiado. Cada árbol talado o quemado en la Amazonia representa miles de litros de agua a menos cada día en los llamados ríos voladores, que llevan lluvias a la agricultura más productiva de Brasil, hacía el sur. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Bum sostenible pese a las vulnerabilidades?
Hay además otras neurálgicas vulnerabilidades.
“Nuestra agricultura es demasiado dependiente de insumos importados, tecnologías, fertilizantes, agroquímicos variados, servicios digitales, y buena parte del comercio es dominado por empresas internacionales”, señaló el profesor de economía Arbache.
“El valor agregado local es relativamente bajo. El sector tiene un talón de Aquiles. Una crisis internacional, como la que ocurre actualmente, puede poner nuestra agricultura de rodillas, a causa de un modelo de negocios muy vulnerable”, acotó.
Se refiere a la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, desde febrero de 2022, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que afectan el suministro de dos insumos indispensables: fertilizantes y diésel.
Brasil importa cerca de 85 % de los fertilizantes que consume. Rusia, principalmente, y países del Medio Oriente como Arabia Saudí y Qatar son sus proveedores y, por lo tanto, fuentes de inseguridad, como las guerras en Ucrania y contra Irán evidencian.
Pero, sin duda, la mayor vulnerabilidad es la climática, dijo a IPS, en su residencia en Río de Janeiro, von der Weid, fundador de la organización no gubernamental AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, originalmente Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, cuyas siglas mantiene.
Ferrocarriles y almacenes insuficientes encarecen la soja y otros granos de exportación brasileños. Esa infraestructura logística es de Anápolis, en el estado centro-oriental de Goiás, donde se conectan dos ferrocarriles. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Camina la bonanza de monocultivos hacia la insolvencia?
Las olas de calor redujeron la producción de café y cacao en todo el mundo y hacen mucho daño a la soja y el maíz, los cultivos más voluminosos de Brasil, siendo el maíz el más vulnerable a la sequía, ejemplificó Von der Weid.
Campesinos del Corredor Seco Centroamericano se adiestran en la construcción de un estanque de piedra, una de las «tecnologías» de acopio de agua de lluvia en el Semiárido brasileño, donde estuvieron en junio de 2018, para un intercambio de conocimientos sobre cómo lidiar con las sequias. Imagen: Mario Osava / IPS
¿El Semiárido, la respuesta para el futuro?
La irregularidad climática provoca sequías y lluvias excesivas, dispersas e imprevisibles, de forma distinta en lugares incluso cercanos, se generaliza y se impone de manera similar a la que ocurre en la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste de Brasil, donde AS-PTA más actúa desde su fundación en 1983, detalló Von der Weid.
En esa región predomina otro tipo de agricultura, la que en Brasil se denomina familiar, por involucrar poca tierra y el trabajo principalmente de las familias en la producción rural.
El Nordeste concentra 47 % de los predios de la agricultura familiar, según el censo del Ibge de 2017. Es donde más se diseminaron las prácticas agroecológicas, incluso por razones naturales, es decir las condiciones adversas, como lluvias concentradas en pocos meses, agua subterránea salobre, calor y mucha pobreza.
La mayor parte de esas cisternas, más de un millón, se destina a proveer agua potable para beber y cocinar en los hogares. Las demás, llamadas para producción, son para el riego de los huertos y para los animales.
A ello se sumaron variados programas sociales, como la Bolsa Familia, un subsidio directo a los más pobres, beneficios a los jubilados y discapacitados, y compras gubernamentales de alimentos producidos por agricultores familiares para la alimentación escolar y de las instituciones de asistencia social.
El futuro de la agricultura será agroecológico, asegura Von der Weid, una exigencia de la adaptación a los cambios climáticos, a las condiciones adversas que los campesinos ya enfrentan en el Semiárido.
“La crisis del agronegocio ya se instaló y va creciendo, pese a la pujanza que exhibe en Brasil. No se pueden ampliar indefinidamente los subsidios”, concluyó.
Según Ecolatina en los últimos años, el crecimiento provincial viene teniendo una fuerte heterogeneidad, impulsada por el avance de ciertos sectores como la minería y el agro, mientras que otros se fueron estancando. Dada la poco homogénea distribución geográfica de estos sectores, esto se traduce en disparidad entre las perspectivas económicas de provincias y regiones. Implicando diferencias también en los niveles salariales y exportaciones -por ejemplo- entre las mismas.
La Patagonia, cuna de Vaca Muerta y sede de otros proyectos relevantes, registró un crecimiento real del 10% en su PBG entre 2021 y 2024. En el Noroeste la expansión fue del 9%, traccionado principalmente por la minería metalífera y la extracción de sal. En cambio, en Cuyo, si bien la región cuenta históricamente con producción petrolera y minera, su nivel de producción es mucho menor que en las regiones ya mencionadas. Por ello, y considerando la caída de la industria, la construcción y el comercio, la expansión total fue acotada (+1%). En la región Pampeana y en el Noreste, el mayor deterioro se concentró entre 2023 y 2024, cuando registraron caídas del 2% y 4%, respectivamente.
El desempeño de la economía en los primeros dos años del Gobierno de La Libertad Avanza muestra que los sectores que se erijan como ganadores del modelo económico tenderán a acrecentar disparidades regionales, aunque en muchos casos, la dependencia de los estados provinciales puede actuar como buffer ante esta situación.
¿Cómo viene siendo el desempeño de las provincias?
En los últimos años, la actividad económica viene teniendo una fuerte heterogeneidad, impulsada por el avance de ciertos sectores como la minería y el agro, mientras que otros se fueron estancando. Dada la poco homogénea distribución geográfica de estos sectores, esto se traduce en disparidad entre las perspectivas económicas de provincias y regiones, implicando diferencias también en los niveles salariales y exportaciones -por ejemplo- entre las mismas.
Buena parte de esta heterogeneidad se explica por la irrupción del Oil&Gas y la minería como nuevos actores clave en la estructura económica del país. Este dinamismo impulsó especialmente a las provincias donde estas actividades tienen mayor peso.
La Patagonia, cuna de Vaca Muerta y sede de otros proyectos relevantes, registró un crecimiento real del 10% en su PBG entre 2021 y 2024. En el Noroeste la expansión fue del 9%, traccionado principalmente por la minería metalífera y la extracción de sal. En cambio, en Cuyo, si bien la región cuenta históricamente con producción petrolera y minera, su nivel de producción es mucho menor que en las regiones ya mencionadas. Por ello, y considerando la caída de la industria, la construcción y el comercio, la expansión total fue acotada (+1%). En la región Pampeana y en el Noreste, el mayor deterioro se concentró entre 2023 y 2024, cuando registraron caídas del 2% y 4%, respectivamente. De este modo, La región Pampeana -pese a ser la región agrícola por excelencia- avanzó menos del 1% entre 2021 y 2024, mientras que el Noreste se contrajo 1% en ese período.
La salida es a cielo abierto
Las provincias que lideran el crecimiento son las nueve provincias que aglomeran la producción minera metalífera y de hidrocarburos, lo que explica el crecimiento de la Patagonia, NOA y el Cuyo. Por caso, Santa Cruz (37,7%), San Juan (31,4%), Jujuy (16,2%), Salta (8,1%) y Catamarca (5,3%) fueron las principales exportadoras de minerales en los primeros nueve meses del año. Por su parte, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Chubut se destacan como las principales productoras de hidrocarburos, agrupando más del 60% de la actividad del sector.
En este sentido, Catamarca fue la provincia con mayor crecimiento del PBG en los últimos cuatro años, impulsado por la minería metalífera (concentra todo el cobre que se extrae en el país y es la primera productora de litio) y de salmuera, que representan alrededor del 60% de su producto. En la misma línea se encuentran Jujuy y Salta (creciendo 3% y 10%, respectivamente, entre 2021 y 2024), importantes productoras de litio, plata y oro. Estos tres componentes explicaron casi la totalidad de las exportaciones mineras en el acumulado hasta septiembre, siendo el litio prácticamente la mitad de estas.
En contraste con sus provincias vecinas, Santiago del Estero y Tucumán tienen mayor prevalencia del comercio en su economía e incluso Tucumán tiene una Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, aunque ahora está habilitada la exploración. Esto se traduce en una clara diferenciación económica dentro del NOA entre 2021 y 2024: Santiago del Estero tuvo una caída acumulada de 2% y Tucumán del 6%.
En Cuyo, la minería también parece ser un determinante. El PBG de Mendoza creció 3% entre 2021 y 2024, y es una de las únicas tres provincias donde el empleo privado registrado se incrementó (junto a Neuquén y Río Negro), en torno a 3.700 puestos de trabajo. Si bien siempre fue generadora de petróleo y en menor medida de gas, es una importante productora de minerales para la construcción e incluso tiene potencial en la extracción de cobre.
Por su parte, San Juan no produce petróleo, pero sí oro -tiene la mina más importante del país (Veladero)- y plata; y al igual que Mendoza, se destaca por su horticultura, vitivinicultura y olivicultura. Sin embargo, la minería en San Juan tiene un peso reducido en su economía (2%), por lo que no alcanzó para compensar la caída de la construcción y la industria. En consecuencia, su PBG se contrajo 2% entre 2021 y 2024. Por último, se encuentra San Luis, que, sin gozar de las mieles de la minería, cayó 7% en el mismo período.
Vuelvo al Sur
El PBG de Neuquén viene creciendo al 8% anual en los últimos años. Vinculado a esto está la explosión demográfica en la provincia tras el auge de la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta: entre los censos de 2010 y 2022, la población provincial aumentó un 32% y a nivel departamental, Añelo (el área central de Vaca Muerta) registró un salto del 66%. El crecimiento del 31% entre 2021 y 2024 en la extracción de minas y canteras, impulsó a los demás sectores. En ese período, Hoteles y restaurantes creció 55%, en tanto que el Transporte, la Industria y la construcción crecieron entre 30-40%.
Neuquén superó por mucho a las demás provincias patagónicas, aunque las otras asociadas a la minería e hidrocarburos tampoco dejaron de crecer. Rio Negro creció 8% entre 2021 y 2024, destacándose por la producción de petróleo y gas (GLP y gas natural). Por su parte, Santa Cruz es la principal exportadora de minerales del país, (donde la minería representa cerca del 50% de su producto) y pese a que no replicó el mismo dinamismo, creció 1,1% desde 2021 al año pasado.
Chubut no creció en el período (-0,3%). La extracción de hidrocarburos explica alrededor del 30% de su economía y aporta el 10% del valor agregado del sector de minas y canteras a nivel nacional. Sin embargo, el sector cayó 5% en dichos años y la caída se explica, en parte, por la maduración de pozos de hidrocarburos y el interés cada vez menor en invertir en hidrocarburos convencionales. Tierra del Fuego, en cambio, muestra una realidad diferente: dado su régimen de promoción, la industria representa un tercio de su economía, implicando una contracción del 8% de 2023 a 2024.
El letargo de la región pampeana
A pesar de ser el núcleo agropecuario del país, la región muestra un retroceso desde el cambio de gestión como consecuencia de la relevancia de la industria, representando en torno al 70% de la industria nacional.
Además, la región es muy sensible a la caída de la demanda interna, ya que al aglomerar a los grandes centros urbanos del país -es hogar del 66% de la población-, tiene una estructura industrial y de servicios. Así fue como en 2024, todas las provincias de la región pampeana presentaron caídas, exceptuando Santa Fe y Entre Ríos que crecieron marginalmente.
La provincia de Buenos Aires concentra un tercio de la producción agrícola nacional y es el bastión industrial del país, al aportar cerca del 50% del total de la producción manufacturera argentina. En PBA hay industria automotriz, siderúrgica, farmacéutica y agroindustria, además de producción agroganadera. Por lo tanto, la caída de la actividad industrial en el último tiempo fue particularmente relevante allí. En este sentido, el empleo privado registrado de la provincia se redujo en casi 40 mil puestos de trabajo desde el camio de Gobierno y su PBG cayó 3% en 2024. Esta dinámica puede haberse reflejado en las elecciones legislativas del domingo pasado, donde el triunfo de Fuerza Patria se concentró en el conurbano (es decir, las regiones más industriales), y LLA predominó al interior de la provincia.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires,el PBG cayó 2% en 2024, como resultado de la caída del Comercio (-7%) y de la industria (-9%), que representan en torno al 25% de la economía porteña. El ajuste en el empleo privado registrado también fue significativo: se perdieron unos 23.000 puestos desde el cambio de administración nacional, principalmente por la contracción en la industria textil y de confecciones. Sin embargo, la Capital Federal continuó creciendo en la post-pandemia (+3%), impulsado por la suba del principal sector, la Actividad inmobiliaria (con un peso en torno al 30%), que subió 8%. A su vez, la recuperación generalizada de los servicios retornando a sus niveles prepandemia también contribuyó al crecimiento del PBG porteño. Por ejemplo, Hoteles y restaurantes avanzó +50% desde la post pandemia y se posicionó al nivel de 2019.
Santa Fe y Córdoba, dos provincias con fuerte peso agrícola e industrial, mostraron en 2024 un leve crecimiento respecto a 2023 gracias al repunte del agro tras la sequía. Sin ese impulso, ambas habrían registrado caídas debido a la contracción del comercio, la construcción y la industria. En efecto, Córdoba creció 0,5% (hubiera caído casi 5% sin el agro) y Santa Fe apenas 0,2% (hubiera retrocedido cerca de 6%).
Por último, el NEA fue la región más afectada entre 2021 y 2024, con caídas del PBG en casi todas sus provincias (Chaco cayó 1%, Corrientes 2% y Formosa 5%, mientras que Misiones apenas creció 2%). Si bien el comercio es la principal actividad económica en la región, la fuerte contracción de la construcción a nivel nacional impactó especialmente y explica gran parte del retroceso en el período analizado.
Comentarios finales
El desempeño de la economía en los últimos años, pero especialmente durante el mandato La Libertad Avanza muestra que los sectores que se erijan como ganadores del modelo económico tenderán a acrecentar disparidades regionales. Aunque en muchos casos, la dependencia de los estados provinciales puede actuar como buffer ante esta situación.
La victoria de la oposición en las elecciones legislativas de PBA en setiembre parecían indicar que el derrotero de la actividad económica podía ser un determinante de la performance electoral, pero este argumento se diluyó el pasado fin de semana con las elecciones legislativas nacionales: no solo el gobierno dio vuelta el resultado en PBA sino que cosechó victorias tanto en provincias que se encuentran en crecimiento como en las que no.
Si bien evidentemente otros factores han influido en el resultado electoral, el seguimiento de la actividad económica de las regiones resulta interesante para analizar divergencias en su desarrollo en función de los sectores más característicos de cada lugar. En un contexto en el que crece la probabilidad que el gobierno avance con reformas estructurales, como la tributaria. El desempeño económico de cada provincia será determinante para una eventual competencia entre ellas. Así como la capacidad de negociación que cada una de ellas tenga con el gobierno nacional.
En la provincia de Misiones existen alrededor de 27.000 familiascampesinas, pero, ¿Por qué son importantes? ¿Por qué no sería mejor que se muden a la ciudad y que sus campos pasen a ser cultivos de soja que nos traiga dólares del exterior?
En menos de 75 años la provincia paso de tener a 7 de cada 10 personas viviendo en la chacra a hoy tener 8 de cada 10 viviendo en la ciudad según los censos poblacionales realizados desde 1947. Esto representa una caída del 50%. Pero, ¿Qué pasó?
A continuación, la línea de tiempo con los sucesos que determinan la realidad actual:
El “Gran quiebre” ocurrió entre las décadas de los 60s – 70s, y fue consecuencia de factores como: La crisis del modelo yerbatero y forestal tradicional. El auge de los cultivos industriales (té, tung) que, si bien son agrícolas, requieren menos mano de obra por unidad de superficie. El inicio de la expansión de la frontera agropecuaria con el cultivo de tabaco que, si bien es rural, impulsó la concentración en pequeñas localidades.
Aceleración y Estancamiento (Décadas de 1980-1990): La urbanización se acelera. Es clave notar que, en el censo de 2001, la población rural absoluta dejó de crecer (291.788 en 1991 vs. 291.240 en 2001). Esto indica que el crecimiento poblacional natural (nacimientos) se estaba trasladando completamente a las ciudades.
Éxodo Acelerado (Censo 2010): Este censo marca un hito dramático. No solo bajó el porcentaje rural, sino que la cantidad absoluta de personas viviendo en áreas rurales se redujo en casi 36.000 personas. Esto es la definición pura de éxodo: la gente está abandonando el campo.
Consolidación de la Tendencia (Censo 2022): La población rural representa solo el 17,1% del total. Misiones se consolida como una provincia urbana, con una densidad creciente en el corredor de la Ruta Nacional 12 y un despoblamiento relativo de las áreas más alejadas.
Despoblamiento Rural y Desintegración Social: Como vimos en los datos del éxodo, la migración a las ciudades genera cordones de pobreza urbana. Las familias llegan a las periferias de las ciudades sin trabajo, hacinadas y sin acceso a servicios dignos. Se pierde el tejido social y cultural de las comunidades rurales, con saberes y tradiciones que se transmitieron por generaciones.
A este caos se le suma otro fenómeno mas reciente, el cual también constituye hoy una porción del sector productivo:
Éxodo Urbano en Misiones: El Sueño Rural vs. la Realidad: Se trata de un fenómeno reciente, impulsado post-pandemia, donde un número pequeño pero significativo de personas deja la ciudad para mudarse al campo misionero.
¿Quiénes son?
Perfil: Familias o profesionales jóvenes de clase media urbana (ej: de Posadas, Buenos Aires).
Motivación: Búsqueda de una vida más sana y natural, lejos del estrés urbano. Muchos son “nómades digitales”.
¿Por qué Fracasan Masivamente? La idealización choca con una realidad compleja:
Subestimación del Trabajo Rural: Llegan sin los conocimientos prácticos esenciales (siembra, cría de animales, oficios como albañilería). Subestiman el esfuerzo físico extremo y una curva de aprendizaje muy empinada.
“Shock” de Infraestructura: Se encuentran con:
Internet inestable o nulo, un problema grave para teletrabajar.
Servicios básicos deficientes (cortes de luz, falta de agua corriente).
Caminos intransitables y lejanía de centros de salud y comercios.
Dificultad para comercializar y competir con productores locales.
Aislamiento Socio-Cultural: Sufren soledad, extrañan su red de contención urbana y les cuesta integrarse en comunidades rurales con códigos sociales muy consolidados.
Brecha de Expectativas: Buscan “tranquilidad” pero encuentran una “vida dura”: monotonía, trabajo sin horarios, insectos, barro y clima adverso.
El fracaso de este éxodo se debe a la romantización de la vida rural sin una preparación adecuada para sus demandas físicas, económicas y logísticas. La ilusión de una “vida sencilla” se estrella contra la compleja realidad del trabajo y la vida en el campo.
¿Es debatible, la disputa entre la agroecología/multiproductividad y el agronegocio, siendo que estas constituyen al estado natural de las chacras locales antes del “gran quiebre”?
Hoy, se intenta elevar a carácter de “debate” la disyuntiva (chacra familiar – latifundio de monocultivo) con inescrupulosos argumentos como: “La agricultura del monocultivo transgénico a escala generará mucho más empleo que ponerse a plantar tomates y zapallo”. Expliquémoslo con manzanas: ¿Qué genera más puestos de trabajo? 1.000 hectáreas repartidas entre 40 familias campesinas que producen sandía, melón, tomate, morrón, lechuga y rúcula para luego vender sus productos en ferias francas de su pueblo? ¿O darle las 1.000 hectáreas a una sola empresa privada para que plante soja, fumigue escuelas, ríos y viviendas con glifosato, y luego venda los granos que cocechó a una empresa china? En síntesis: No podemos darnos el lujo de perder tiempo debatiendo esto.
Pero… ¿Y los dólares que nos daría la soja?
Las exportaciones de soja generan divisas que el país necesita para importar otros productos y pagar deuda. Sin embargo, la ganancia se concentra en unos pocos eslabones de la cadena: los grandes productores, las empresas de insumos (como Bayer/Monsanto), las cerealeras exportadoras y el sector financiero. Una mínima parte de esa riqueza vuelve a las regiones donde se produce, y casi nada llega a los trabajadores rurales o a las comunidades afectadas por los agroquímicos. El “Efecto Derrame” es Débil: La teoría dice que esta riqueza se “derramará” al resto de la economía. En la práctica, gran parte de esas ganancias se fugan al exterior (repatriación de utilidades de empresas multinacionales) o se invierten en sectores no productivos (especulación financiera, bienes raíces en ciudades).
No se trata de un simple “no está bien” desde una perspectiva moral, sino de las consecuencias socioeconómicas, ambientales y culturales que este proceso desencadena.
Estamos hablando de:
Pérdida de la Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria: Las chacras misioneras producen alimentos para el mercado local: mandioca, poroto, maíz, verduras, frutas, cerdos, aves. El agronegocio de la soja produce commodities para exportación (porotos, aceite, harina). No son alimentos que se consumen directamente. Si se reemplaza la primera por el segundo, la provincia se vuelve dependiente de importar alimentos de otras regiones, encareciendo la canasta básica y perdiendo control sobre su propia alimentación.
Concentración de la Tierra y Desigualdad: El modelo de agronegocio requiere grandes extensiones de tierra para ser rentable. Esto lleva a la concentración de la propiedad en pocas manos (grandes pools de siembra o empresas). Se pasa de un modelo de muchos pequeños propietarios a uno de pocos grandes terratenientes y una masa de población desarraigada.
Impacto Ambiental Crítico: La agricultura familiar suele ser más diversificada y, en muchos casos, más amigable con el monte nativo. El agronegocio, en cambio, se basa en el monocultivo a gran escala, que: Agota los nutrientes del suelo. Deforesta para expandir la frontera agropecuaria (en Misiones, esto sería sobre el ya reducido remanente de Selva Paranaense). Depende masivamente de agrotóxicos (herbicidas, pesticidas, fertilizantes sintéticos) que contaminan el suelo y el agua y afectan la salud de las comunidades aledañas.
La importancia de que las familias campesinas se arraiguen en sus chacras es clave para el desarrollo de la economía local, tanto para el sector productivo, como para la salud y el bolsillo de todos los ciudadanos de la provincia. Así de importante es defender al pequeño productor con variedad de cultivos en contraposición a los “pool de siembra” de monocultivo transgénico que pertenecen a empresas extranjeras cuyo fin último es explotar los minerales de la tierra, a costa de la salud del medio ambiente y de las comunidades locales, para llevar las ganancias a manos de grandes terratenientes y empresas extranjeras.
Por estos motivos, iniciativas emergentes como la lucha explicita contra Bayer/Monsanto (Que se traduce literalmente como: “Le compramos la enfermedad y la cura a la misma empresa”), la organización de productores para la deslegitimización de reclamos pro-glifosato, iniciativas como el proyecto “pan sin veneno” y toda iniciativa que defienda la soberanía alimentaria misionera sumados a el respaldo de un marco jurídico establecido por el Régimen de Impulso Integral de las Chacras Multiproductivas o la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos dan en el clavo en cuanto al necesario apoyo para estas familias campesinas.
Ahora, vuelvo a preguntar: ¿Qué es mejor para la economía de los Misioneros? ¿Bayer/Monsanto o las familias chacreras?
La iniciativa no consiguió la mayoría especial necesaria para su aprobación. Proponía modificar la Ley 23.966 para redefinir la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y disolver dos fondos fiduciarios.
Cerca de las 3 de la madrugada de este jueves jueves, con más de 14 horas ya de sesión, el pleno se abocó al último de los temas puestos en consideración: el proyecto que disponía la eliminación de diversos fideicomisos y la modificación a la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural.
Antes de la votación, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem aclaró que el proyecto necesitaba una mayoría absoluta para su aprobación, lo que fue rechazado enfáticamente por Germán Martínez, quien expresó su desacuerdo, recordando que no se había votado así en el Senado y que “cuando uno le está sacando fondos a las provincias, ahí siempre en defensa de las provincias argentinas se necesita una mayoría especial; cuando lo que estamos haciendo es devolviéndoles recursos, no se necesita ni se necesitó mayoría especial”.
El secretario Parlamentario leyó entonces el artículo 75 inc. 3ro de la Constitución como argumento, señalando que se modificaban asignaciones específicas de recursos coparticipables.
Tras ello, Nicolás Massot también expresó su desacuerdo recordando cómo se votó la Ley de Bases, no exigiéndose mayoría especial a la hora de eliminar ahí fideicomisos.
No hubo caso con eso y a la hora de votar el resultado fue de 126 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones, con lo que no se alcanzó esa mayoría absoluta necesaria.
Las abstenciones correspondieron a los diputados de la izquierda porque, según explicó Christian Castillo, el proyecto eliminaba fideicomisos como los destinados a Vialidad, destinándolos en cambio a los gobernadores.
“Este proyecto se reparten el botín Nación y gobernadores”, argumentó Castillo.
Ricardo López Murphy dijo por su parte que el sector público argentino lo componen tres secciones: una, los gobiernos locales, otra el Estado federal y la tercera la seguridad social. “Las medidas que se están tomando distraen recursos del Estado federal a los gobiernos provinciales -dijo-. El problema más serio es la seguridad social. Lo mejor hubiera sido afectar estos fondos a la seguridad social, que está profundamente desfinanciada. Por eso expresó su disidencia con la iniciativa”.
El proyecto de ley impulsado por los gobernadores proponía la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se iban a redistribuir entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa buscaba una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.
Además, se modificaba la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefinía cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación.
Los fundamentos del proyecto indicaban que la propuesta surgió de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaron, además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Finalmente, mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta buscaba que tanto Nación como provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica. Consideraron que esta redistribución permitirá “una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, sin comprometer la sustentabilidad fiscal del país”.
