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Flybondi opera con apenas dos aviones y acumula más de 2.500 vuelos cancelados

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La promesa de democratizar el acceso al transporte aéreo en Argentina atraviesa su momento más crítico. Flybondi, la principal aerolínea low cost del país durante los últimos años, enfrenta una crisis operativa y financiera que amenaza con alterar el equilibrio del mercado aerocomercial argentino. Con apenas dos aeronaves en servicio y una flota mayoritariamente paralizada, la compañía acumula más de 2.500 vuelos cancelados en los últimos doce meses y ya afectó a más de 350.000 pasajeros.

La magnitud del deterioro quedó expuesta en los últimos días cuando la empresa llegó a operar desde el Aeroparque Jorge Newbery con un solo avión activo. Esa situación obligó a realizar apenas cuatro vuelos programados mientras otros doce servicios debieron ser cancelados, profundizando una tendencia que se viene agravando desde fines de 2025.

Los números reflejan una situación inédita para una empresa que llegó a posicionarse como la segunda operadora del mercado doméstico. Según datos relevados por la consultora Adventus, entre junio de 2025 y mayo de 2026 Flybondi canceló más de 2.500 vuelos. A ello se suma un indicador que preocupa tanto a pasajeros como a organismos de control: durante mayo pasado apenas el 26,64% de sus operaciones logró cumplir con los horarios previstos, mientras que el 46,93% de los vuelos programados terminó cancelado.

La comparación con el resto de la industria expone la profundidad de la crisis. Mientras Aerolíneas Argentinas y Jetsmart mantienen niveles de puntualidad cercanos al 90% y tasas de cancelación inferiores al 1%, Flybondi exhibe una brecha operativa que ya no puede explicarse únicamente por problemas coyunturales.

Una flota paralizada por deudas y mantenimiento

El principal cuello de botella se encuentra en la disponibilidad de aeronaves. Actualmente, once aviones permanecen fuera de servicio debido a una combinación de problemas de mantenimiento, incumplimientos en contratos de leasing y deudas con proveedores internacionales.

Fuentes del sector aeronáutico sostienen que algunas de las aeronaves enviadas a México para trabajos de mantenimiento mayor no pudieron regresar al país debido a compromisos financieros impagos que rondarían los 5,5 millones de dólares. La situación redujo drásticamente la capacidad operativa de la compañía y limitó su posibilidad de cumplir con la programación comercial.

El escenario revela un problema más profundo que una simple contingencia técnica. Especialistas del sector estiman que Flybondi necesita una inyección inmediata de al menos 25 millones de dólares para recomponer parcialmente su operación y recuperar parte de la flota inmovilizada. Sin embargo, las dificultades para conseguir nuevos inversores y la pérdida de confianza del mercado complican cualquier proceso de recapitalización.

Un modelo bajo presión

La crisis también pone en discusión algunos aspectos del modelo de negocios que caracterizó a la compañía durante los últimos años. Diversas fuentes del mercado señalan que la empresa continuó comercializando vuelos por encima de su capacidad operativa real, una práctica que le permitía generar ingresos anticipados, pero que terminó multiplicando cancelaciones y reprogramaciones.

El resultado fue un progresivo deterioro de la confianza de los pasajeros. En un sector donde la previsibilidad es un activo fundamental, las reiteradas interrupciones comenzaron a empujar parte de la demanda hacia competidores que ofrecen mayores niveles de cumplimiento.

Para una provincia como Misiones, donde la conectividad aérea resulta estratégica para el turismo, los negocios y la integración con otros centros económicos del país, la situación de Flybondi adquiere una relevancia especial. La compañía había logrado consolidar una participación significativa en rutas federales y en destinos turísticos que dependen fuertemente del transporte aéreo.

El desafío para la ANAC y el mercado

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya había detectado señales de alarma durante los últimos meses de 2025. El organismo aplicó sanciones y labró actas por cancelaciones masivas y modificaciones de itinerarios sin notificación adecuada a los pasajeros.

Sin embargo, las medidas regulatorias no lograron revertir una tendencia que continuó profundizándose durante 2026.

El impacto excede a la propia compañía. La pérdida de capacidad de una de las principales operadoras del mercado genera una redistribución forzada de pasajeros, presiona sobre la oferta disponible y modifica el mapa competitivo del cabotaje argentino.

Cambio de conducción y promesas incumplidas

La crisis coincide además con una etapa de cambios internos. A fines de mayo, Mauricio Sana se desvinculó del grupo COC Global Enterprise, controlador de la compañía, luego de más de siete años vinculado al proyecto. Meses antes había dejado la conducción ejecutiva de la aerolínea, siendo reemplazado por Paz Lovisolo, quien actualmente ocupa también la presidencia de la empresa.

El cambio de control accionario había despertado grandes expectativas. Cuando el grupo encabezado por Leonardo Scatturice tomó las riendas de Flybondi en 2025, anunció un ambicioso plan de expansión que contemplaba la incorporación de hasta 35 aeronaves y un crecimiento superior al 230% de la flota en cuatro años.

La realidad terminó siendo muy distinta. Las dificultades para incorporar aviones alquilados, los problemas financieros y la creciente complejidad operativa transformaron aquel plan de expansión en una meta cada vez más lejana.

A ello se sumó una creciente exposición pública del nuevo grupo controlador. Scatturice quedó bajo los reflectores tras diversas controversias mediáticas, entre ellas las versiones vinculadas al ingreso al país de un avión de su propiedad con equipaje que presuntamente no habría sido inspeccionado por la Aduana. Aunque el episodio no derivó en consecuencias judiciales, incrementó la atención sobre el grupo empresario.

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Nuevo triunfo judicial para Argentina en el caso YPF: Burford agota sus recursos y apuesta a una improbable revisión de la Corte Suprema

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La disputa judicial internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo favorable para la Argentina. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración presentado por los fondos demandantes y ratificó el fallo que había beneficiado al Estado argentino, dejando a Burford Capital con una única alternativa procesal: intentar que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso, una posibilidad que especialistas consideran remota.

La decisión representa un alivio para el Gobierno nacional en uno de los litigios de mayor impacto económico heredados de la estatización de la petrolera en 2012. Más allá de las implicancias jurídicas, el fallo fortalece la posición argentina en una causa que podría haber significado compromisos multimillonarios para las cuentas públicas.

El documento firmado por la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe, fue categórico al desestimar la solicitud de revisión en pleno (rehearing en banc) impulsada por los demandantes. Con esa resolución, los jueces descartaron que el conjunto de magistrados del tribunal vuelva a analizar la sentencia emitida el pasado 27 de marzo.

La resolución constituye un duro revés para Burford Capital, el fondo especializado en financiamiento de litigios que adquirió los derechos de reclamo de Petersen Energía y Eton Park y se convirtió en el principal impulsor de la demanda contra la Argentina.

Una estrategia judicial que se queda sin margen

Con la negativa del Segundo Circuito, los demandantes disponen ahora de un plazo de 90 días para presentar una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, tanto analistas privados como exfuncionarios que siguieron el expediente consideran que las posibilidades de que el máximo tribunal estadounidense tome el caso son extremadamente bajas.

El especialista Sebastián Maril, uno de los observadores más activos del proceso judicial, señaló que el próximo paso natural será acudir a la Corte Suprema. No obstante, el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler fue aún más contundente al sostener que se trata del último recurso disponible y que las probabilidades de prosperar son prácticamente nulas.

La baja expectativa no responde únicamente a la fortaleza de los argumentos argentinos, sino también al funcionamiento habitual de la Corte Suprema estadounidense, que acepta revisar apenas una fracción mínima de los miles de pedidos que recibe cada año.

Un respaldo político y jurídico para la estrategia oficial

La Procuración del Tesoro interpretó la decisión como un respaldo a la estrategia de defensa desplegada por el Estado argentino durante el proceso de apelación. En un comunicado oficial, el organismo sostuvo que la resolución reafirma la solidez jurídica de la posición nacional y constituye un nuevo hito en la protección de los intereses soberanos del país.

La noticia fue celebrada además por el presidente Javier Milei, quien destacó el fallo en sus redes sociales como un nuevo éxito judicial para la Argentina en Nueva York.

Detrás de la celebración oficial existe también una lectura económica. La causa YPF se transformó durante años en uno de los principales focos de incertidumbre para los inversores y para la propia estrategia financiera del Estado. Cada avance favorable de los demandantes reactivaba el debate sobre potenciales pasivos contingentes y eventuales impactos sobre la percepción de riesgo argentino.

El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación del 51% de YPF dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Los demandantes sostienen que el Estado argentino incumplió con obligaciones establecidas en el estatuto de la compañía al no extender una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas minoritarios.

Esa interpretación dio lugar a una extensa batalla legal en los tribunales de Manhattan que, durante años, expuso al país a reclamos multimillonarios.

La reciente decisión del Segundo Circuito no cierra definitivamente el expediente, pero sí reduce significativamente las herramientas procesales disponibles para Burford. En términos prácticos, la posibilidad de revertir el escenario favorable a la Argentina se volvió considerablemente más compleja.

Impacto político y económico

Para la administración de Javier Milei, el fallo llega en un momento donde la consolidación fiscal, la reducción del riesgo país y la búsqueda de inversiones externas forman parte del núcleo de su estrategia económica. Un desenlace favorable en uno de los litigios internacionales más relevantes fortalece la narrativa oficial sobre la recuperación de la credibilidad jurídica argentina.

Al mismo tiempo, la resolución reabre una discusión más profunda sobre la relación entre soberanía económica, seguridad jurídica e inversiones. La expropiación de YPF fue una de las decisiones políticas más trascendentes de la última década, pero también una de las que generó mayores consecuencias judiciales internacionales.

Por ahora, la Justicia estadounidense volvió a darle aire a la Argentina. El próximo movimiento dependerá de Burford Capital, que enfrenta el desafío de convencer a una Corte Suprema que históricamente interviene en muy pocos casos y que, según coinciden especialistas y exfuncionarios, aparece como una puerta cada vez más difícil de abrir.

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Crisis libertaria por el veto a una candidata a jueza: Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei

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La decisión del presidente Javier Milei de impulsar el rechazo de la candidatura de María Verónica Michelli para ocupar un cargo judicial derivó en una inesperada crisis política dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La controversia no gira en torno a la capacidad profesional de la postulante, sino a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, una situación que desató cuestionamientos institucionales y abrió una inédita disputa dentro del oficialismo.

El conflicto escaló cuando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció públicamente que votará en contra de la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de Michelli. La postura sorprendió incluso a sus propios compañeros de bancada, a quienes informó apenas minutos antes de hacerla pública.

Según trascendió, Bullrich justificó su decisión ante el Presidente argumentando que existe una parte del electorado que espera “gestos republicanos” y que vetar una candidatura por el parentesco con un periodista constituye una señal política equivocada en un momento delicado para la imagen del oficialismo.

La discusión ocurre además en un contexto complejo para el Gobierno nacional, marcado por las repercusiones del caso $LIBRA y por los cuestionamientos en torno al crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tema que continúa generando debate político y pedidos de explicaciones desde distintos sectores de la oposición.

Un bloque en estado de deliberación

La decisión de Bullrich dejó al bloque oficialista en una situación de tensión interna. Según reconstrucciones periodísticas, varios senadores respaldaron su postura, mientras que otros, identificados con el núcleo más cercano a los hermanos Milei, defendieron la necesidad de acompañar la decisión presidencial.

Entre quienes sostienen una alineación más estricta con la Casa Rosada aparecen Nadia Márquez, María Emilia Orozco y Joaquín Benegas Lynch, mientras que otros legisladores consideran que el episodio trasciende el caso Michelli y refleja diferencias más profundas sobre la construcción política del oficialismo y su relación con las instituciones.

La controversia también puso bajo la lupa al senador riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, quien mantiene retenido el dictamen favorable a Michelli pese a que cuenta con las firmas necesarias para llegar al recinto. Esa decisión generó críticas dentro de la propia bancada libertaria.

Señales para la oposición dialoguista

Más allá del episodio puntual, varios senadores interpretan que la jugada de Bullrich busca enviar una señal política hacia los sectores dialoguistas que han acompañado al Gobierno en distintos proyectos legislativos. El temor dentro del oficialismo es que el intento de bloquear una candidatura por razones vinculadas al parentesco con un periodista pueda deteriorar la relación con aliados clave para futuras votaciones.

La preocupación no es menor. En la Comisión de Acuerdos, el oficialismo cuenta con apenas cinco representantes frente a nueve integrantes de bloques dialoguistas, que fueron precisamente quienes impulsaron el dictamen favorable para Michelli.

Críticas a la estrategia de la Casa Rosada

Dentro del propio oficialismo surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Justicia y hacia la conducción política de la Casa Rosada por la forma en que se gestionó el caso. Algunos legisladores consideran que el conflicto podría haberse evitado mediante una revisión previa más exhaustiva de los antecedentes y vínculos de los candidatos enviados al Senado.

También se cuestionó la decisión de intentar retirar el pliego una vez iniciado el proceso legislativo, una medida que, según algunos senadores, terminó otorgándole mayor visibilidad pública a una controversia que inicialmente tenía bajo perfil.

La discusión sobre Michelli ya trascendió el expediente judicial y se convirtió en una prueba de cohesión para La Libertad Avanza. Lo que comenzó como una disputa sobre una designación judicial amenaza ahora con convertirse en el primer gran desafío interno para el bloque oficialista en el Senado y en una señal de alerta sobre las tensiones que atraviesan la construcción política del Gobierno de Javier Milei.

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Bienestar en Argentina: caen los niveles de felicidad y crece el estrés

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El Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de Insight 21, think tank de Universidad Siglo 21, presentó los resultados de su relevamiento sobre la salud emocional de la población argentina. Los datos correspondientes al primer semestre de 2026 indican que el 46,8% de los ciudadanos manifiesta sentirse feliz con su vida, mientras que un 23,8% de la muestra presenta síntomas asociados al estrés crónico laboral o burnout. Estos indicadores reflejan una tendencia que sitúa la percepción personal de bienestar en sus valores más bajos desde el inicio de la serie histórica en 2018.

Para asegurar la rigurosidad científica del estudio, la recolección de datos se basó en el uso de instrumentos validados por la comunidad internacional. Se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), una herramienta reconocida por organismos como la UNESCO y la OMS para evaluar la autopercepción de felicidad, junto con el Inventario de Burnout de Maslach (MBI-GS), diseñado específicamente para detectar síntomas de agotamiento mental vinculados al entorno de trabajo.

El relevamiento identifica la brecha educativa como uno de los factores determinantes en la distribución del bienestar. Mientras que los niveles de felicidad se redujeron drásticamente entre las personas con educación primaria —alcanzando apenas un 20% de satisfacción—, este mismo grupo es el que reporta los niveles más altos de burnout, con un 32% de prevalencia. Inversamente, aquellos con estudios de posgrado no sólo manifiestan una mejora en su percepción de la felicidad —con un incremento del 15% en sus niveles de felicidad respecto al año anterior—, sino que registran la menor incidencia de burnout del relevamiento –con un 18,5%–, siendo el segmento con indicadores de bienestar más sólidos.

“La disparidad observada sugiere, al igual que los anteriores relevamientos, que el capital educativo funciona como un mecanismo de amortiguación frente al malestar. Los datos exponen una fragmentación del bienestar donde los sectores con menor formación enfrentan una vulnerabilidad doble: una caída en su realización personal y una mayor exposición al desgaste laboral”, resumen desde el Observatorio.

En términos generales, la caída de la felicidad afecta de manera predominante a los varones, con un 45% del total. Respecto al agotamiento, los síntomas de burnout se incrementaron en todos los segmentos de edad durante el último año, siendo los individuos de entre 40 a 49 y 50 a 59 años quienes manifiestan el mayor grado de agotamiento mental con un 28% y 25% respectivamente.

Asimismo, el relevamiento detectó una presencia sustancial de indicadores de malestar emocional generalizado. El 47% de los encuestados reportó sentirse nervioso, angustiado o tenso varios días a la semana y un 34% señaló una marcada pérdida de interés o placer en sus actividades cotidianas. Estos hallazgos sugieren que el agotamiento laboral se encuentra estrechamente vinculado a un estado de ansiedad y desánimo que afecta la productividad y el funcionamiento social de la comunidad.

“Los hallazgos de este relevamiento muestran que el bienestar emocional debe ocupar un lugar central en la construcción de políticas gubernamentales y dinámicas organizacionales. Es indispensable reconocer estas dimensiones para un desarrollo social sostenible, donde se equilibren las exigencias del entorno con el fortalecimiento de las estructuras que atienden la salud mental, permitiendo que las personas afronten con mayor resiliencia las condiciones externas”, concluye Florencia Rubiolo, Directora de Insight 21.

Este informe del Observatorio de la Universidad Siglo 21 aporta evidencia actualizada para comprender las dinámicas emocionales en Argentina, sirviendo como una herramienta esencial para que el sector público y privado diseñen estrategias coordinadas que promuevan el bienestar integral.

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La revolución silenciosa del mercado: cómo la tokenización de activos redefine las finanzas argentinas

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Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostiene que la tokenización representa una de las convergencias más disruptivas de las últimas décadas entre el sistema financiero tradicional y las tecnologías de registro distribuido. El concepto es simple en su definición, pero profundo en sus implicancias: convertir derechos económicos sobre activos reales —como inmuebles, commodities, infraestructura o deuda corporativa— en tokens digitales negociables sobre redes blockchain.

La tokenización de activos reales en Argentina representa la convergencia más disruptiva en las últimas décadas entre el mercado de capitales y la tecnología.

Convertir derechos económicos sobre activos tangibles —inmuebles, commodities, infraestructura, deuda corporativa— en tokens digitales emitidos sobre redes blockchain, logra fraccionar inversiones que históricamente estuvieron reservadas a grandes patrimonios, reducir drásticamente los costos y tiempos de transacción, y dotar de liquidez a mercados estructuralmente ilíquidos. 

La trazabilidad inherente a la tecnología de registro distribuido garantiza la identificación del beneficiario final en tiempo real, fortaleciendo los estándares de transparencia. A ello se le suma la garantía para el inversor del acceso al arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos, lo cual constituye una garantía de celeridad, especialización y ejecutoriedad que dotan del dinamismo necesario para esta modalidad de financiamiento.

La tokenización no es una moda tecnológica: es una reingeniería profunda de la infraestructura financiera global que democratiza el acceso al capital, amplía el universo de inversores y activos, y posiciona a quienes adopten este paradigma —emisores, mercados y reguladores—de las nuevas finanzas.

Comienzos

Hasta mediados de 2025, el mercado de capitales argentino carecía de un marco regulatorio específico para la representación digital de valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD). Por este motivo, la práctica de tokenización de activos inmobiliarios y financieros quedaba sujeta a una incertidumbre jurídica tanto para emisores como para inversores, limitando el potencial transformador de esta tecnología dentro de los canales regulados.

El punto de inflexión se produjo con la sanción de la Ley N° 27.739 en 2024, que otorgó a la CNV facultades de supervisión, regulación y sanción sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), consolidando la arquitectura institucional necesaria para avanzar en la integración entre el mercado tradicional de capitales y el ecosistema de activos digitales.

Sobre esa base, la CNV inició un proceso normativo escalonado que se desarrolló en cuatro etapas:

Etapa I — RG N° 1069/2025 (13/06/2025): incorporación del Título XXII al régimen de Normas N.T. 2013, habilitando la tokenización de valores representativos de deuda y certificados de participación de fideicomisos financieros con oferta pública, y cuotapartes de FCI cerrados, respaldados por activos del mundo real.

Etapa II — RG N° 1081/2025 (20/08/2025): ampliación del universo tokenizable a acciones, obligaciones negociables y CEDEARs; designación de los PSAV inscriptos en todas las categorías del registro CNV como depositarios elegibles.

Etapa III — RG N° 1087/2025 (22/10/2025): habilitación de tokenizaciones bajo regímenes de oferta pública automática de mediano impacto, emisores y emisiones frecuentes de fideicomisos financieros. Extensión del Sandbox Regulatorio hasta el 21/08/2026.

Etapa IV — RG N° 1137/2026 (30/04/2026): apertura de proceso de Elaboración Participativa de Normas donde se propone la posibilidad de tokenizar aquellos valores negociables que encuadren bajo los distintos Regímenes de Autorización Automática, con excepción de Fondos Comunes de Inversión Abierta. Esta norma tiene como objetivo ubicar a Argentina como hub regional de finanzas digitales.

¿Cómo se tokeniza un activo?

1-    Arquitectura Regulatoria de la Tokenización

En primer lugar, debemos saber que el régimen de tokenización establecido por la CNV descansa sobre cuatro pilares jurídico-técnicos:

a)    Tecnología de Registro Distribuido (TRD): la representación digital del valor negociable debe garantizar la inmutabilidad del registro, la trazabilidad de las transacciones, la nominatividad del instrumento y la identificación indubitable del emisor. La blockchain —como especie del género TRD— es la tecnología de elección en los casos concretos bajo análisis.

b)    PSAV como operadores habilitados: únicamente los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos en el Registro CNV en todas las categorías pueden actuar como depositarios de los valores representados digitalmente y como responsables de su comercialización en plataformas digitales.

c)    Agente Depositario Central de Valores Negociables (ADCVN): los valores tokenizados deben depositarse en un ADCVN habilitado. Los titulares registrales pueden ser PSAV, Agentes de Custodia o ALyC actuando por cuenta de los inversores, asegurando la integridad del sistema de anotaciones en cuenta.


d)    Entidad especializada en TRD: responsable de generar la representación digital bajo estándares de seguridad, inmutabilidad, fungibilidad y trazabilidad, operando como eslabón técnico entre el emisor y el mercado.

2-    El Proceso Paso a Paso

Si se analiza el caso concreto de la tokenización inmobiliaria, ésta no implica la digitalización directa del bien registral, sino la representación digital de los derechos económicos emergentes de un vehículo jurídico que tiene al inmueble como activo subyacente. El proceso opera de la siguiente manera:

a)    Constitución del vehículo jurídico: el activo inmobiliario se transfiere a un fideicomiso financiero (en el caso de oferta pública) o a un fideicomiso privado inmobiliario (en el caso de mercado privado). El fiduciario administra el patrimonio de afectación, separándolo del patrimonio del fiduciante y del propio fiduciario.

b)    Emisión de valores negociables o derechos económicos: el fideicomiso emite Certificados de Participación (CP) o Valores Representativos de Deuda (VRD) que representan derechos proporcionales sobre los flujos de fondos generados por el activo (rentas de alquiler, plusvalía por venta, etc.)

c)    Tokenización del instrumento: una entidad especializada en TRD —articulada con el PSAV habilitado por CNV— genera un smart contract en la blockchain elegida (, emitiendo tokens que representan cada unidad del CP o del derecho económico. Cada token es único, fungible dentro de su clase y trazable desde su origen.

d)    Plataforma de distribución: el inversor accede a través de una plataforma digital (web o mobile) con validación de identidad por DNI y biometría. Selecciona la unidad o fracción a adquirir, firma electrónicamente el contrato y acredita el pago. El token se acredita en su wallet digital en minutos.

e)    Operatoria secundaria: para fideicomisos con oferta pública CNV, los CPs tokenizados pueden negociarse en mercados secundarios autorizados a través de ALyC habilitados, generando liquidez adicional. El fondo de liquidez del emisor complementa este mecanismo.

f)    Identificación del beneficiario final: la tecnología blockchain garantiza la trazabilidad integral desde la emisión hasta el beneficiario final, cumplimentando las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención del lavado de activos.

3-    Garantía Jurídica del Inversor: El Arbitraje.

Una de las ventajas competitivas del mercado de capitales argentino en materia de resolución de conflictos es la obligatoriedad del arbitraje para los fideicomisos financieros con oferta pública, consagrada en el artículo 46 de la Ley N° 26.831 (Ley de Mercado de Capitales). Esta norma establece que las entidades que participen en la oferta pública de valores negociables deben someterse a la jurisdicción arbitral, constituyendo una garantía estructural para el inversor.

El arbitraje ofrece ventajas decisivas frente a la jurisdicción ordinaria, especialmente relevantes en un universo de inversores masificado y fraccionado como el que genera la tokenización:

a)    Especialización técnica: los árbitros son expertos en Derecho del Mercado de Capitales, Derecho Financiero y análisis de instrumentos complejos, lo que garantiza decisiones técnicamente fundadas y precisas.

b)    Celeridad procesal: los procedimientos arbitrales se resuelven en plazos sustancialmente menores a los de la justicia ordinaria —típicamente entre 6 y 18 meses—, sin los retrasos estructurales del sistema judicial.

c)    Confidencialidad y ejecutoriedad: los laudos arbitrales son confidenciales y tienen eficacia equivalente a las sentencias judiciales, siendo ejecutables por la vía judicial ordinaria en caso de incumplimiento.

d)    Voluntad de las partes: el arbitraje preserva la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes diseñar el procedimiento, elegir el derecho aplicable y determinar el número de árbitros.

Para los fideicomisos privados la tendencia internacional y local apunta también a la jurisdicción privada como mecanismo preferido, dado que la especificidad técnica de los conflictos emergentes de contratos de compraventa tokenizados excede la competencia habitual de los tribunales ordinarios.

En el ámbito local, el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario (TRIAR) – www.bcr.com.ar/es/servicios/tribunal-de-arbitraje – constituye un referente regional de primer orden, con árbitros especializados, reglamento propio y reconocida trayectoria en la resolución ágil de controversias comerciales y financieras. 

Impacto real

1)    Para el Inversor:

•    Democratización del acceso: tickets mínimos eliminan las barreras de entrada históricas del real estate, habilitando a inversores de clase media a participar en activos de alta calidad.

•    Liquidez potenciada: la negociabilidad en mercado secundario (BYMA) y el fondo de liquidez del fideicomiso ofrecen salidas que el ladrillo tradicional no contempla.

•    Trazabilidad y transparencia: el inversor puede verificar en tiempo real el estado de su posición, la trazabilidad de sus tokens y el desempeño del activo subyacente.

•    Renta en dólares: en el caso Espacio Añelo, la renta se cobra en moneda dura a partir del día 30, constituyendo un vehículo de dolarización de ahorro dentro de un entorno regulado.

2)    Para el Mercado de capitales en general

•    Ampliación del universo de activos: la RG N° 1087/2025 habilita la tokenización de acciones, ONs, CEDEARs y cuotapartes de FCI cerrados, abriendo el mecanismo a toda la cadena de valor del mercado de capitales.

•    Posicionamiento regional: Argentina avanza como referente latinoamericano en finanzas digitales, atrayendo inversión extranjera interesada en acceder a activos reales argentinos a través de instrumentos digitales regulados.

•    Extensión a otros sectores: el modelo es replicable a activos agropecuarios (certificados de depósito de granos tokenizados), mineros, de infraestructura energética y de deuda corporativa, configurando un ecosistema en expansión.

3)    Para el Mercado Inmobiliario

•    Financiamiento alternativo: la tokenización habilita a desarrolladores a captar capital de un universo ampliado de inversores, reduciendo la dependencia del crédito bancario y del financiamiento tradicional.

•    Revitalización urbana: la tokenización puede ser un catalizador de inversión en zonas urbanas con potencial subutilizado, como el microcentro rosarino.

•    Nuevos modelos de negocio: la gestión integral (construcción + administración + tokenización) emerge como modelo de negocio diferenciado y replicable a escala.

La tokenización de activos reales en Argentina ha superado la fase experimental para consolidarse como una innovación financiera y jurídica de impacto sistémico. Los casos ya activos y los que se están gestando, evidencian que los marcos regulatorio, tecnológico, jurídicos y de negocio están maduros para escalar esta práctica, con beneficios concretos para los inversores, emisores potenciando nuestro mercado de capitales de aquí en más. Ya no es posible hablar de tokenización como moda tecnológica, sino de una innovación tecnológica que está revolucionando de manera profunda el modo de mirar la infraestructura financiera global.

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