Un informe sobre las perspectivas económicas actuales de las mujeres pos pandemia realizado por Amy Paladín, Aldana Denis, Carolina Fernández, Julia Strada, Mariana Iñiguez, Maria Ruiz Elvira, Rocío Velarde, Romina Figuerola, Valentina Burke.
Resumen de datos principales:
PARTE 1: A DOS AÑOS DE PANDEMIA, LAS DESIGUALDADES QUE PERSISTEN
Desigualdades en el mercado de trabajo:
La tasa de desocupación general del mercado de trabajo continúa manteniendo un muy preocupante 8,2% al tercer trimestre del 2021 (último dato disponible de la Encuesta Permanente de Hogares). Sin embargo, este ha sido el nivel más bajo para un tercer trimestre de los últimos cinco años y se ubica 1,5 puntos porcentuales por debajo a los niveles pre pandemia (respecto al tercer trimestre de 2019). Cabe remarcar que, en el 2021, año posterior a la peor caída económica desde el año 2001, los guarismos de desocupación – de ambos géneros – son menores que en 2019 bajo el gobierno de Cambiemos.
Cuando se observa la tasa de desocupación según género, los valores indican que para las mujeres fue del 9% en el tercer trimestre del 2021, abandonando así los dos dígitos que supo alcanzar en 2018, 2019 y su punto más alto en 2020, y siendo el más bajo de los últimos cinco años. La disminución de la tasa de desocupación de las mujeres respecto al tercer trimestre de 2019 fue mayor que la de los varones, con una caída de 1,9 p.p. de las primeras frente a 1,2 p.p. por parte de los segundos.
Ahora bien, la diferencia en la desocupación abierta entre varones y mujeres se mantiene vigente como una desigualdad estructural, aunque con leves reducciones recientes. En el tercer trimestre de 2021 la brecha fue de 1,3 puntos (9% mujeres versus 7,7% varones), mientras que en 2020 fue de 2,5 puntos (13,1% desocupación en mujeres, versus 10,6% en varones) y en el tercer trimestre de 2019 fue de 1,9 puntos (10,8% mujeres versus 8,9% varones).
En efecto, buena parte del crecimiento del 2021 permitió la reducción de los niveles de desocupación, tanto en los varones como en las mujeres, siendo más sensible en estas últimas.
La tasa de desocupación en las y los jóvenes, durante el tercer trimestre de 2020 (momento de pleno impacto de la crisis de la pandemia), fue del 23,1% y de 19,8% para mujeres y varones, respectivamente. En ambos casos significativamente por encima del nivel general de desocupación.
Para el año 2021 la recuperación económica permitió la reducción de la tasa de desocupación en las mujeres jóvenes, alcanzando el dato más bajo de los últimos cinco años. Al tercer trimestre de 2021, para las mujeres de 14 a 29 años la tasa alcanzó el 18% y para los varones 16,6%. Dada esta situación, se registró una disminución en el diferencial entre las tasas de desocupación de varones y mujeres, que pasó de una brecha de 3,4 puntos y 4,7 puntos en el tercer trimestre de 2020 y 2019 respectivamente, a una diferencia de 1,4 puntos en el tercer trimestre de 2021.
En materia de informalidad, la salida de la doble crisis generada por las condiciones macroeconómicas que dejó el gobierno anterior y la pandemia del Covid-19, implicó recuperación del empleo registrado y también del trabajo informal de forma heterogénea según género. En el caso de los varones, la tasa de informalidad se recortó con respecto a niveles pre pandemia (30,6% en el tercer trimestre de 2021 contra 34,2% en el mismo periodo de 2019). En las mujeres, este indicador volvió al mismo punto que en 2019, al registrarse un 36% de informalidad. En las mujeres, no solamente se sostuvo el nivel de informalidad, sino que se profundizó el diferencial entre la informalidad de varones y mujeres, ascendiendo de 1,8 puntos a 5,4 puntos.
Respecto de las brechas de ingreso en el 2021 se observa que, al igual que la tasa de informalidad, las brechas en el ingreso personal e ingreso por ocupación principal se mantuvieron en niveles similares a los del 2019. Al analizar los ingresos por ocupación principal (aquellos ingresos que corresponden a la actividad laboral principal) los varones percibieron un 25% más de ingreso que las mujeres. Esta brecha se profundiza a 28,4% cuando se observa el ingreso personal (ingresos laborales y no laborales como pensiones, jubilaciones, cuotas alimentarias, entre otros). Sin embargo, esta cifra es levemente inferior a la que se registraba en el tercer trimestre de 2019 (29%), lo cual se podría adjudicar a una mejora en el acceso a ingresos complementarios respecto al ingreso laboral para las mujeres.
La brecha de ingresos entre las personas asalariadas informales no solo se profundizó respecto al tercer trimestre del 2019 y 2020, sino que alcanzó el mayor nivel de los últimos 5 años. Los trabajadores informales varones perciben un 38,2% más de ingresos que las mujeres. En contraposición, la brecha de las y los asalariados formales es del 19,6%, manteniéndose en el mismo nivel de los últimos cuatro años y ubicándose en la mitad de la brecha informal. Sin convenios colectivos que amortigüen las brechas de género, y bajo el pleno arbitrio del mercado, las mujeres perciben menos ingresos que los varones en el mundo de la informalidad.
Brechas patrimoniales y de ingresos en clave tributaria:
El impuesto patrimonial a los Bienes Personales y el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas muestran la masculinización de la riqueza. CEPA ha publicado un informe pionero respecto de la estimación de los diferenciales de género en clave tributaria con datos al 2018 (CEPA, 2020). Los últimos datos, a 2019 (último año disponible), revelan que la cantidad absoluta de mujeres alcanzadas por el impuesto a los Bienes Personales sumó 167.870 casos aproximadamente. En términos absolutos el número representa la mitad de la cantidad de varones (que ascienden a 348.095). Es decir, en 2019, del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 32,5% corresponde a las mujeres y el 67,5% a los varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la titularidad de los patrimonios según género. Si bien desde el 2009 dicha participación viene incrementándose (era del 26%), aún está lejos de resultar equiparable a la participación de los varones.
Esta distribución inequitativa se evidencia aún más si se considera el valor de los bienes en posesión de los varones respecto de las mujeres. Al año 2019, sobre el valor total de los bienes declarados, el 71,8% correspondían a los varones, mientras que las mujeres poseían el restante 28,2%, es decir que no solamente las mujeres son un tercio de las personas titulares del impuesto a los Bienes Personales, sino que además el valor de sus bienes es aún más bajo que ese tercio que representa su titularidad.
La AFIP publicó a mayo 2021 una desagregación de la recaudación percibida por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas en clave de género. El aporte alcanzó a 10.000 contribuyentes, de ese total, un 74% fueron varones que aportaron además un 76% del monto final recaudado, alrededor de $177 mil millones. Esto quiere decir que 3 de cada 4 aportantes de Grandes Fortunas fueron varones y que además son ellos quienes poseen la mayor cantidad de patrimonio.
Los datos del Aporte de Grandes Fortunas abiertos por género permiten confirmar una suposición, difícil de comprobar con los números poco precisos de la EPH para el percentil 1: los súper ricos en Argentina son hombres.
En lo que refiere al impuesto a las ganancias, y como reflejo de las desigualdades salariales en el mercado de trabajo, del total de presentaciones con ingresos gravados al año 2019, 271.171 corresponden a mujeres, apenas un 29,6% del total. Por su parte, los varones explicaron el 70,4% restante.
Al observar los ingresos sobre los cuales se tributa efectivamente el impuesto a las ganancias, esta brecha se profundiza. De acuerdo a los datos fiscales de 2019, los varones explican un 76,1% del total de los ingresos gravados mientras las mujeres explican apenas un 23,9%
PARTE 2: LA GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA POLÍTICA PARA TRANSFORMAR
Se han sistematizado y agrupado algunas de las políticas, programas y medidas que se han llevado a cabo durante estos dos años de gestión en cinco categorías, de acuerdo a las autonomías que tienden a fortalecer y a las brechas que buscan reducir, hallando un importante número de iniciativas en cada eje.
A. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía física de las mujeres y diversidades (Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022; Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género; Programa Articular; Programa Acercar Derechos (PAD); Programa Acompañar; Ley Micaela; Centro de Protección Contra la Violencia por Motivos de Género- PAMI).
B. Programas y medidas asociadas a reducir brechas de tiempos y cuidados (Programa de Infraestructura del Cuidado; Calculadora de Cuidados; Mapa Federal de Cuidados, Programa de Apoyo y Cuidados en Domicilio PAMI).
C. Programas y medidas vinculadas a reducir brechas de ingresos y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades (Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); Tarjeta Alimentar; Reintegros a compras; Refuerzo de la jubilación mínima con tres bonos; Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado.
D. Programas y medidas asociadas a reducir brechas laborales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades (Programa Igualar; Programa Producir; Programa Registradas; Potenciar Trabajo; Ley Ramona; Programa Manta; Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins)
E. Programas y medidas asociadas a fortalecer la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres y diversidades (Instrucción Presidencial dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para altos cargos; ley que modificó el Impuesto a las Ganancias-Sociedades e incorporó la perspectiva de género en los beneficios otorgados para las deducciones de honorarios por parte de las empresas; resolución de la Inspección General de Justicia para integrar directorios paritarios – frenada judicialmente-).
F. Programas y medidas asociadas a reducir brechas habitacionales y fortalecer la autonomía económica de las mujeres y diversidades (Programa Procrear; Programa Mi Pieza)
G. Programas y medidas destinadas a reducir brechas de salud y autonomía física (Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Ley 27.610); Programa de Vademécum de Medicamentos Esenciales Gratuitos; Políticas de gestión menstrual en distintos organismos)
