La pandemia está generando un shock recesivo a escala mundial. La respuesta de los países desarrollados es utilizar políticas monetarias y fiscales que permitan morigerar el daño.
En este caso, se trata de un shock que afecta en forma desproporcionada a algunos servicios trabajo intensivos que se encuentran en una virtual parálisis de actividad (como turismo, entretenimiento, etc.), y a este efecto más permanente se suman los derivados de las cuarentenas o restricciones que han dispuesto muchos países.
En ese contexto, las medidas más adecuadas para ayudar a paliar el impacto de la crisis deben cumplir algunos requisitos:
Ser transitorias. La pandemia es temporaria, aunque hoy la ciencia no sepa por cuánto tiempo afectará al mundo. Por ello, los instrumentos que se utilicen tienen que tener un impacto rápido y desparecer al finalizar la crisis sanitaria.
En la Argentina, en 2009 los aumentos de gasto estatal que se decidieron para resolver una crisis temporaria terminaron en un aumento permanente del gasto público que es la madre de nuestra debilidad fiscal de los últimos años. En cambio, los ingresos adicionales para jubilados, personas de bajos recursos y trabajadores independientes que el Gobierno Nacional adoptó en 2020 respetan este criterio. No así los anuncios de mayores inversiones en infraestructura o los créditos Procrear que no tienen impacto inmediato y pueden tener efectos más permanentes sobre el nivel de gasto primario.
Proveer liquidez y evitar quiebras por la pandemia. La velocidad de reacción post crisis depende de conservar intacta la capacidad empresarial. Empresas en concurso de acreedores no tienen la misma posibilidad de reaccionar que otras que pudieron mantenerse a flote. Por ello, la provisión de liquidez que anunciaron algunos gobiernos europeos no distingue por tamaño de empresa sino que se trata de mantener en actividad a todos, evitando disrupciones que puedan afectar la cadena de pagos.
Parecería que en la Argentina se avanzaría en esa dirección facilitando garantías para que las entidades financieras puedan financiar los pagos de salarios de las empresas privadas.
Aportar ingresos a los trabajadores afectados. En los países desarrollados, la protección contra el desempleo de los asalariados se provee por medio del seguro de desempleo que habitualmente cubre el 50% del sueldo en actividad por varios meses. Ese mecanismo de transferencia funciona en forma automática: se reduce el costo salarial para el empleador y el Estado se hace cargo de la mitad de la remuneración.
En los países de la región, incluida la Argentina, la protección contra el desempleo se instrumenta por medio de la indemnización por despido. En tiempos normales, este sistema puede tener algunas ventajas de incentivos respecto de un seguro de desempleo tradicional pero en un momento como el actual, adolece de varios problemas: agrava, en lugar de aliviar, el problema de liquidez de corto plazo que enfrenta la empresa, y no hay un aporte inmediato del Estado al trabajador despedido que fue cesado en sus funciones pero a quien, por diversos motivos, no se le pagó la indemnización. La prohibición de despedir no resuelve el problema porque tenderá a aumentar los casos de empresas en concurso de acreedores, dificultando la recuperación posterior de la economía. Para los sectores en problemas, el gobierno debería tratar de coordinar una negociación entre empresarios y sindicatos, similar a las suspensiones, en lugar de forzar a que todas las empresas continúen como si todo fuera normal en un momento de crisis.
Los cuentapropistas e informales plantean un desafío importante. En el caso argentino, el gobierno dispuso un apoyo puntual pero limitado a las personas de menores ingresos (informales y las dos categorías más bajas del monotributo). Nuevamente, el problema es más generalizado y no todos tienen ahorros para poder financiar un nivel mínimo de gastos mientras dure el periodo sin ingresos por su actividad normal.
Reducciones impositivas. Varios países han anunciado rebajas o diferimientos de impuestos y se preparan para que sean más extensas para las actividades que demorarán en volver a la normalidad. En la Argentina ha habido poco al respecto. Las restricciones particulares de la Argentina.
El descalabro fiscal que comenzó en 2009 ha dejado al gobierno sin acceso a la deuda y con un déficit primario pequeño antes de la irrupción de la pandemia. En ese contexto, la caída de ingresos públicos y cualquier programa por el lado del gasto terminarán siendo financiados por el BCRA.
En el corto plazo, y dada la crisis, no debería esperarse un salto importante en la tasa de inflación, pero si no se corrige a tiempo cuando la economía empiece a reaccionar, el riesgo de una aceleración inflacionaria es importante. Por ello, es muy importante evitar aumentos de gasto estatal que no se extingan con la crisis sanitaria.
Además, sería conveniente coordinar con provincias y éstas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios (una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado). Eso evita una presión descomunal sobre el BCRA o que, ante la negativa, algunas provincias emitan cuasimonedas que al final resultarán en una quita de ingresos desordenada para los empleados que cobren con ellas.
Respecto de la deuda externa, la negociación con los acreedores sigue su curso a pesar de la pandemia. A partir de un informe del FMI del 19 de marzo y de las presentaciones del Ministerio de Economía se puede inferir que la propuesta oficial incluirá quitas de cupones y de capital y postergación de pagos.
Es difícil que una propuesta así prospere. En el informe del FMI se puede inferir que los recursos que pueda acceder el gobierno por encima del resultado fiscal primario (señoreaje y nueva emisión de deuda) se destinarán a acumular reservas en el BCRA o a cancelar la deuda con los organismos multilaterales. Ello lleva naturalmente a una mayor quita a los acreedores privados.
El Ministerio de Economía parece sugerir que buscará postergar los pagos al FMI pero ello requiere convertir el stand by actual en un EFF. Es fácil hacer eso si el gobierno está dispuesto a hacer reformas estructurales, pero no parece que ese sea el caso.
Tanto el FMI como el Ministerio de Economía sostienen que el superávit primario de mediano plazo sería del orden de 1.3% del PIB. Ese esfuerzo fiscal post restructuración es muy inferior al que han realizado otros países que han restructurado exitosamente su deuda. No hay ninguna justificación técnica de porqué no se puede hacer más esfuerzo fiscal.
Finalmente, el ejercicio del Ministerio de Economía, que calcula el resultado fiscal primario consistente con mantener el peso de la deuda constante, tiene algunos errores que exageran el número.
Se utiliza un ratio de deuda exagerado, con una tasa de interés promedio ponderada que es mayor que la real y se computan los intereses en moneda extranjera como si fueran reales ignorando la inflación internacional. Si se corrigen estos errores se arriba a un resultado primario requerido que es menos de la mitad del expuesto por el Ministerio de Economía.
En el corto plazo, los costos de un default quedarían tapados por los de la pandemia. Pero el ritmo de recuperación se vería afectado negativamente en caso de no llegar a un acuerdo.
Por eso parece mejor convocar a los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y capital en la deuda en moneda extranjera por 12 ó 18 meses, ofreciendo a cambio pagar una fracción de los intereses devengados en ese período y acumulando el resto. El gobierno obtiene un alivio importante en la caja y los acreedores pueden reclamar judicialmente sus montos intactos, si así lo desean, en 2021.
