FMI aprobó la primera revisión del acuerdo ampliado con El Salvador y liberó un nuevo desembolso de USD 118 millones. El organismo multilateral destacó la solidez del desempeño macroeconómico salvadoreño, el cumplimiento de las metas fiscales y de reservas, y los avances en gobernanza, transparencia y supervisión financiera. La economía creció 2,6% en 2024 y se espera una expansión del 2,5% para 2025.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV de 2025 y aprobó la primera revisión del acuerdo ampliado (EFF) firmado con El Salvador. Con esta decisión, el país centroamericano accede de forma inmediata a un nuevo desembolso de DEG 86,16 millones, equivalentes a unos USD 118 millones, elevando el total desembolsado hasta ahora a USD 231 millones.
El FMI valoró el “comienzo auspicioso” del programa económico respaldado por el acuerdo de 40 meses aprobado en febrero de este año, que contempla un acceso total de DEG 1.033,92 millones (aproximadamente USD 1.400 millones), equivalente al 360% de la cuota de El Salvador en el Fondo.
Sólido desempeño económico y cumplimiento de metas clave
Según el informe, la economía salvadoreña continúa creciendo mientras reduce sus desequilibrios macroeconómicos. En 2024, el país logró una expansión del 2,6% del PIB y se proyecta un crecimiento del 2,5% para 2025, en un contexto de inflación controlada (1%) y déficit de cuenta corriente moderado (-1,8%).
El Directorio destacó que las principales metas fiscales y de reservas internacionales fueron alcanzadas con holgura. Entre las medidas estructurales implementadas, se destacan:
La aprobación de una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal.
Restricciones a las excepciones de la Ley de Contratación Pública.
Publicación de información financiera de las empresas estatales.
Mejor acceso a los datos de contrataciones públicas.
Avances para mitigar los riesgos asociados al uso de Bitcoin y el proceso de desinversión del Estado en la billetera digital Chivo.
El FMI insistió en la necesidad de continuar con la consolidación fiscal, mediante la racionalización del gasto corriente y de la masa salarial del Estado, así como con reformas de largo plazo al sistema previsional y al empleo público. También recomendó movilizar asistencia financiera internacional para reducir la dependencia del financiamiento bancario y del uso de los fondos de pensiones.
“La formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias siguen siendo esenciales para proteger los objetivos del programa, especialmente en el contexto de un régimen dolarizado”, advirtió el Subdirector Gerente del FMI, Nigel Clarke.
El informe resalta la importancia de fortalecer la supervisión financiera, implementar la nueva Ley de Estabilidad Financiera y mejorar la regulación de las instituciones financieras no bancarias.
Bitcoin, transparencia y marco anticorrupción
En cuanto al uso de criptomonedas, el FMI recomendó acelerar la reducción de la participación estatal en Chivo, evitar nuevas compras de Bitcoin por parte del sector público y reforzar la supervisión sobre criptoactivos para proteger a los consumidores e inversores.
Asimismo, se subrayó la importancia de aplicar la nueva Ley Anticorrupción, mejorar el marco de prevención del lavado de dinero (ALD/LFT) y elevar los estándares de transparencia fiscal y acceso a la información pública, en línea con las mejores prácticas del GAFI.
El Salvador mantiene uno de los niveles de ingreso per cápita más bajos de Centroamérica (USD 5.366 en 2022), con un 24,6% de su población bajo la línea de pobreza y un índice de Gini de 39. No obstante, el FMI considera que las reformas en curso, junto con un entorno de mayor seguridad interna, abren una oportunidad única para impulsar la productividad, atraer inversión extranjera y cerrar brechas de infraestructura mediante mecanismos como asociaciones público-privadas.
La próxima Consulta del Artículo IV se realizará conforme al calendario regular del FMI para países con programas activos.
Por Tamara Taraciuk Broner / AQ – La seguridad se puede mejorar sin comprometer los derechos. Miren a Bogotá, São Paulo y Guatemala.
Es difícil hablar de seguridad pública en América Latina hoy sin hablar de El Salvador y de su presidente, Nayib Bukele. En una región donde la preocupación por la delincuencia es alta y los grupos del crimen organizado están expandiendo su alcance en muchos lugares, El Salvador se destaca. Bajo el mandato de Bukele, las tasas de homicidios y extorsiones del país se han desplomado, y barrios enteros, antes dominados por pandillas armadas, ahora son seguros para que los residentes caminen.
Pero esos resultados han tenido un costo aterrador: decenas de miles de personas encarceladas sin el debido proceso, un estado de emergencia constantemente extendido y una aguda concentración de poder debido a controles y equilibrios inexistentes. Pocos se detienen a preguntarse si los avances contra el crimen son sostenibles, o a calcular los costos para la democracia y las libertades civiles. Y El Salvador no es el único caso que sugiere que, al vivir con miedo, los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más dispuestos a sacrificar derechos a cambio de seguridad. El porcentaje de personas en nuestra región dispuestas a aceptar un gobierno no democrático si resuelve sus problemas aumentó de 46% en 2016 a 51% en 2023, según Latinobarómetro.
A medida que los políticos de la región hacen dudosas promesas de llevar políticas de mano dura al estilo de Bukele a sus países de origen, vale la pena preguntarse: ¿existe una alternativa viable para América Latina hoy? ¿Se puede mejorar la seguridad pública sin que suponga un costo masivo para los derechos individuales?
La respuesta es un sí tentativo. Ningún modelo es perfecto ni se puede replicar automáticamente, pero en Guatemala, São Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia), una combinación de investigación y sanción eficaces con políticas sociales destinadas a la inclusión social ha dado resultados tangibles sin comprometer el estado de derecho. Vale la pena mirar estos ejemplos para ver cómo se lograron los resultados.
Avances de Guatemala
Guatemala fue uno de los países más violentos de la región a principios de la década de 2010, pero desde entonces ha visto una reducción progresiva de la violencia letal. Mientras que en 2009 la tasa de homicidios fue de 45,6 por cada 100.000 habitantes, en 2023 alcanzó un mínimo histórico de 16,7, aunque persisten muchos problemas, como la violencia contra las mujeres y el narcotráfico.
El país logró esto a través del fortalecimiento institucional, el aumento de la capacitación y el equipamiento, y la sustitución del enfoque caso por caso de los fiscales por investigaciones dirigidas a las estructuras criminales. Paralelamente, el gobierno implementó un programa social llamado “escuelas abiertas”, que extendió el horario extraescolar y permitió a los jóvenes pasar tiempo en un entorno seguro, limitando su exposición a las organizaciones criminales.
La fiscalía y la policía guatemaltecas continuaron investigando los homicidios de manera estratégica a pesar de la división política del país, el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la persecución de funcionarios de justicia que investigaban delitos políticamente sensibles, muchos de los cuales fueron procesados u obligados a exiliarse.
El caso de São Paulo
São Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, alcanzó un máximo de 52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2000. Esa tasa bajó a 6,1 en 2018 y se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, siendo la tasa de 2023 de 7,8. La mayoría de los cambios en las políticas públicas para mejorar la seguridad y reducir los homicidios comenzaron en 1995 y continuaron a lo largo de dos gobiernos sucesivos del Partido de la Social Democracia (PSD) de Brasil.
Un factor clave fue que el departamento de policía civil responsable de investigar los homicidios en los que se desconocía quién era el autor. En 2001, un plan para investigar los homicidios cometidos por reincidentes hizo que el número de asesinos encarcelados se multiplicara por siete, y las tasas de resolución de casos alcanzaron el 65% en 2005, mientras que la unidad responsable de asesinatos en masa y homicidios múltiples logró una tasa de resolución del 95% en 2003. Las autoridades invirtieron en sistemas de información para rastrear los homicidios. Eso les permitió asignar mejor los recursos y el personal. Con alrededor del 67% de los homicidios cometidos con armas de fuego, otras medidas se centraron en confiscar y destruir estas armas. Vale la pena señalar que, si bien los homicidios disminuyeron, la letalidad policial sigue siendo una preocupación.
Las autoridades también implementaron programas sociales y comunitarios, como el “Joven Aprendiz”, que, a partir de 2000, brindó capacitación a jóvenes de 14 a 17 años de origen vulnerable para prepararlos para el mercado laboral y luego les asignó un trabajo remunerado para aplicar sus habilidades. En 1997 se puso en marcha un modelo de policía comunitaria, en el que los agentes se encomendaban a grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales para diagnosticar y abordar los problemas relacionados con la seguridad.
Trayectoria de Bogotá
En 2022, la ciudad de Bogotá alcanzó una tasa de homicidios de 12,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1984. (Aunque ese progreso puede estar disminuyendo: en 2023, la tasa de homicidios aumentó un 5,3%).
El modelo “Mockus y Peñalosa”, que lleva el nombre de exalcaldes, implementado entre 1995 y 2003, se centró en programas de concientización sobre el consumo de alcohol y medidas de control de armas de fuego. También incluyó la asistencia social a las poblaciones desplazadas y a los jóvenes consumidores de drogas, así como la rehabilitación de zonas degradadas, siguiendo la “teoría de las ventanas rotas” que indica que los espacios con signos visibles de abandono pueden incitar a conductas delictivas. Las autoridades promulgaron reformas institucionales, supervisando y evaluando la conducta policial e invirtiendo importantes recursos para renovar el equipo de transporte y comunicación de la policía.
Una mejor alternativa para la región
Las políticas implementadas en estas áreas no son perfectas. Por ejemplo, una deficiencia significativa en las estrategias, tanto en São Paulo como en Bogotá, es que no necesariamente se enfocan en delitos perpetrados por el crimen organizado, una preocupación creciente en la región, o con armas de fuego obtenidas ilegalmente.
Pero muestran un camino en la dirección correcta: hacia una política de seguridad eficaz basada en el estado de derecho. Los dos ingredientes cruciales a este respecto son una política eficaz de aplicación de la ley penal con las debidas garantías procesales para investigar y enjuiciar a quienes cometen delitos, junto con una política de prevención social para abordar las condiciones que llevan a las personas, especialmente a los jóvenes, a la delincuencia. Este enfoque combinado debe trascender la polarización basada en la ideología mediante la articulación de políticas punitivas típicamente promovidas por la derecha y políticas sociales generalmente propuestas por la izquierda.
Dada la complejidad de abordar las causas estructurales de la delincuencia, es necesario elaborar políticas de seguridad duraderas, que requieren esencialmente cierto nivel de consenso entre los diversos actores políticos. Debido al alcance transnacional de la delincuencia organizada, la coordinación y la cooperación regionales también son esenciales.
También es vital una política estratégica de comunicación y la sensibilidad hacia las principales preocupaciones de la población. La narrativa es moldeada por quien actúa primero, y actualmente, son los defensores de la mano dura. Una estrategia alternativa debe llegar a públicos más amplios y diversos, especialmente a los jóvenes. Esto requiere emplear nuevos formatos, contenidos, plataformas y un lenguaje diferente, apelando a las emociones en lugar de a los datos duros.
La región necesita un líder democrático dispuesto a asumir este desafío. Quienquiera que tenga éxito será capaz de abordar una preocupación primordial —el derecho de las personas a la seguridad y la obligación del Estado de garantizarla— y contribuir a frenar el retroceso democrático demostrando que, para variar, la democracia puede cumplir.
Tamara Taraciuk Bronerdirectora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del Diálogo Interamericano
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo su reelección y además cosechó 58 de los 60 diputados que estaban en juego. Gobernará casi sin oposición.
A dos horas de cerrados los comicios, Nayib Bukele twitteó: “De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos en un récord en toda la historia democrática del mundo, nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional”.
¿Cómo se explica este fenómeno?
Cuando asumió, en 2019,el 70% de los salvadoreños decía que la delincuencia era el gran problema del país.
La cifra en diciembre de 2023 bajó a un 4,3%.
Desde que comenzó su mandato, detuvo a más de 50.000 delincuentes. En su mayoría, integrantes de las maras que asolaban al pequeño país centro americano.
Algunas de las críticas recibidas por Nayib Bukele
Algunas de las medidas que tomó como presidente de El Salvador fueron muy criticadas por organismos defensores de los derechos humanos a nivel local e internacional:
-despidió a tod os los jueces mayores de 60 años
-en 2020 irrumpió en el Congreso con los militares para presionar a los legisladores para que respaldaran un préstamo para financiar la seguridad.
-Amnistía Internacional lo denunció por “detenciones arbitrarias”
-el Movimiento de Víctimas del Régimen dijo que en las cárceles salvadoreñas se practicaban “atropellos”, “torturas” y “muertes”
-fomenta desde el Estado el “culto a la personalidad y fomenta una atmósfera casi monárquica
Récord histórico en Latinoamérica
Ha obtenido un porcentaje de sufragios inédito en todo el sub continente
Ha superado a los que, hasta el domingo 4 de febrero, eran los jefes de Estado más votados de la historia
Juan Doming o Perón, en 1951 63,40% y en 1973: 67,85%
Google (empresa de Alphabet) y Nayib Bukele acordaron plan para convertir en 7 años a El Salvador en un centro tecnológico regional.
La compañía tecnológica Google Cloud anunció en un comunicado que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, para abrir una oficina en el país y que se convierta “en un centro tecnológico en Centroamérica”.
“A lo largo de esta asociación estratégica de 7 años, pendiente de la aprobación legislativa, Google Cloud y el gobierno de El Salvador trabajarán juntos para poner las tecnologías de la nube en el centro del esfuerzo de modernización del país”, agregó.
Para ello la compañía trabajará en gobierno digital, digitalizando procesos y proyectos, esto incluye la factura electrónica; además, el gobierno utilizará Google Distributed Cloud (GDC), un portafolio de soluciones de hardware y software.
También trabajarán en incorporar las tecnologías de inteligencia artificial de Google Cloud en la atención médica e implementarán una Plataforma de Datos Educativos unificada.
Con la intención de fortalecer la posición de El Salvador como un centro tecnológico en América Central, Google Cloud tiene previsto establecer una entidad legal en el país y abrir una oficina de Google Cloud en la República de El Salvador.
Además, introducirá una instancia de Google Distributed Cloud (GDC), que acercará la infraestructura de nube a los puntos donde se generan los datos en el país. Esto permitirá ofrecer orientación técnic a a las empresas y organizaciones locales sobre cómo aprovechar al máximo las tecnologías y las innovaciones en la nube
“Esperamos trabajar de la mano con El Salvador para fomentar el desarrollo tecnológico en Centroamérica”, dijo el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian en el escrito.
Asimismo, el presidente Nayib Bukele señaló en el comunicado que: “Esta innovadora alianza con Google Cloud abre vías sin precedentes para la innovación, el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos”.
El modelo se seguridad propuesto en El Salvador fue foco de críticas y también de respaldo. En el medio de esa polémica, las prácticas del “Rey Nayib” también son materia de exportación.
Bukele fue claro desde el principio: los pandilleros son sus enemigos. Su gestión se basó, contundentemente, en eliminar a rajatabla el accionar de los delincuentes callejeros. Con una serie de reformas, un discurso embravecido y “mano dura” para ejecutar sus misivas, El Salvador se transformó en un cliché o una obsesión de la política internacional. Su impacto, dentro y fuera de sus fronteras, con una puesta en escena hollywoodense, le valió a Bukele una fama axiomática.
Más allá de la frivolidad de los números, solo basta con salir a las calles y escuchar al común denominador de la gente el hecho de decir “hace falta un Bukele en Rosario”. Esas palabras, claramente responden a un efecto cuasi inmediato de consumo mediático, más que al análisis profundo de las causas y consecuencias. Sin embargo, es un termómetro político. En ese punto, también existe en el imaginario colectivo, el relato de que “Latinoamérica es peligrosa”.
Ese público poco sagaz podría desmayarse al conocer los barrios populares de Nueva York, Detroit y Filadelfia. Ante toda esta confusión que va configurando relatos, la figura de Bukele para el que no es salvadoreño es el de un dictador o un salvador. Un anticristo o un mesías. Esta dicotomía siempre fue efectiva en la política, según demuestra la sabia historia.
La certeza es que Bukele es una gran bestia pop. Es producto de la necesidad de generación de temor y seguridad. Es la espada de Damocles de los pandilleros, y con una tasa de efectividad digna de un centrodelantero del Real Madrid. Ese ideario, simbólico y práctico, se transformó en un bien de consumo, y hasta de pedido de ciudadanos.
El caso ejemplar es Honduras. Este país vecino de El Salvador comenzó a desplegar un mega operativo de seguridad llamado “Fe y esperanza” (curioso nombre, dicho sea de paso). En ese contexto, la misión es exterminar las redes de delincuencias que operan bajo el manto de las pandillas, en las calles y en las cárceles. Razias, redadas, represión, destrucción de armas y ordenamiento carcelario, se transformaron en moneda corriente durante esta semana. Xiomara Castro, la mandataria hondureña, se puso en modo Bukele con la publicación de una serie de videos con claros dotes cinematográficos de como trasladaban a los reos y como incautaban armas.
A todo esto, los mandatarios de El Salvador y Honduras son totalmente disímiles ideológicamente hablando, entonces… ¿por qué comparten esta visión? Es cierto que el avance de las pandillas son un verdadero flagelo social en Centroamérica, principalmente, y también es muy cierto que los narcotraficantes reconfiguraron las redes territoriales en los lugares de operación, formando narco – estados que funcionan como Estados paralelos y que, con total claridad, marcan tensiones con el poder central, aumentado la conflictividad social y el peligro para los sectores involucrados. Colombia es el ejemplo más claro, pero a ello se le suma Bolivia, Perú y Ecuador, formando todo un corredor de mega – producción de drogas con un mercado de exportación claro.
El hecho de combatir a los narco – delincuentes y las pandillas es un pedido histórico de estas poblaciones, desde las guerras de Colombia contra Pablo Escobar, hasta las maras actualmente. Sin embargo, el único que arribó a un escenario de dureza extrema fue Bukele. En paralelo, son otros países de Centroamérica los que buscan copiar su modelo de seguridad, en conjunto a los sectores más conservadores de América Latina, inclusive figuras claves de la política argentina reivindican esto. No es algo nuevo que piensen así, de hecho, siempre pensaron que esa sería la única solución, pero nadie quería pagar el costo político de esto. Una vez que Nayib Bukele puso primera, pareciera ser que marcó el camino para que, detrás de él, venga el resto de los políticos con afán de extremo control.
Esta tendencia lleva a una vieja falacia de la historia: no se pueden trasladar los modelos de un país a otro. Esto es algo tan viejo como la propia delincuencia. En palabras simples, lo que funciona en un país no necesariamente puede funcionar igual en otro, por una infinidad de cuestiones meramente complejas, como la identidad cultural, idiosincrasia, historia en común, territorio, y un sinfín de aristas más.
Asimismo, aún desconocemos el resultado de la guerra de Bukele contra las pandillas. Está claro que nadie desea que la violencia y la delincuencia prolifere, y que, por el contrario, impere la paz y la justicia social. Sin embargo, hay sobrados ejemplos que los regímenes de mayor opresión y represión generaron mayores embrollos violentos. A mayor control, mayor resistencia, casi como una fórmula de nuestra historia.
Además de ello, la delincuencia es un fenómeno tan complejo que con más palos y más gritos es difícil de solucionar. Pero el efecto Bukele no es de seguridad, es político. La exposición de estos hechos tienen un fin político y que, así como Colombia exporta café y Argentina exporta carne de primera, hoy El Salvador exporta el modelo, la figura y los paladines de la seguridad del “Rey Nayib”.
