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Passalacqua anunció que el Gobierno provincial absorberá subsidios a luz y transporte que eliminó la Nación

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El gobernador Hugo Passalacqua y 19 jefes comunales firmaron este jueves un convenio para subsidiar a través de Rentas el transporte de pasajeros urbano e interurbano y suplir de esa manera la quita por este concepto por parte del Gobierno nacional. De esta manera se busca paliar el costo de los pasajes, con el aporte de 50 por ciento del total quitado y una vez firmado ese convenio, la Nación se compromete a cubrir otro 25 por ciento.
Los números referidos al transporte se traducen así para Misiones en un aporte de 500 millones de pesos al año, cifra con la cual se reduce el impacto en la suba de la tarifa de servicio  en líneas urbanas municipales y las líneas provinciales. En este sentido, si la provincia no aportara el 50%, la Secretaría de Transporte de la Nación no aportaría el 25%.
En el mismo encuentro, el gobernador Passalacqua anunció que el Gobierno Provincial también cubrirá 50 por ciento del subsidio quitado por Nación a la tarifa social de la energía eléctrica, medida que tendrá un costo anual para el erario misionero de $600 millones y abarca a un universo de beneficiarios actuales con consumos de hasta 500 Kw. Se citó como ejemplo que un usuario con 200 Kw que hoy paga $202 va a empezar a pagar $482 y si la Provincia no subsidiara nada, pagaría $976. Esta medida, contrariamente a lo que rige para el subsidio al transporte, no tiene contraparte de Nación.
Los anuncios se hicieron en el marco de una reunión de trabajo entre el gobernador Passalacqua, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, 19 intendentes de los municipios más importantes en relación con la masa de beneficiarios y el Subsecretario de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, René Kegler.

“Misiones no tiene ninguna obligación de hacer esto; pero hacemos un esfuerzo ciclópeo porque todos los que estamos en esta mesa tenemos el concepto de ser un Estado activo, presente, solidario, sensible, cercano”, consideró Passalacqua en diálogo con los jefes comunales.  Destacó además como “mayor tesoro” de este Gobierno, la previsión en los gastos, lo que permite tomar medidas como estas para paliar los efectos de las medidas nacionales en las familias misioneras.
Al término del encuentro, el intendente de Andresito, Bruno Beck reconoció el “esfuerzo realizado por la Provincia, de mantener el 50 por ciento del subsidio que ha quitado la Nación; esto marca a las claras que hay un Gobierno comprometido con la gente”.
Eldor Hut, jefe comunal de Aristóbulo del Valle también agradeció el compromiso asumido por el Gobierno provincial al asumir parte del subsidio que fue eliminado por la Nación y que “tiene un impacto directo en la población que más necesita; principalmente porque asegura la gratuidad del boleto estudiantil, por ejemplo”.
Para el intendente posadeño Joaquín Losada también “es un gran esfuerzo de la Provincia para resolver con fondos propios la quita que realiza la Nación al transporte y a la tarifa social, cuya decisión no compartimos”.
Jorge Tenaschuk, intendente de San José, consideró que es muy importante el aporte para sostener el precio del boleto del transporte y la tarifa social. “Es para felicitar y agradecer la decisión de hacer este esfuerzo para estar siempre cerca de la gente, ante la caída de este subsidio, más aún cuando no es obligación del Estado provincial hacerlo”.  

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Peligran fuentes de trabajo y el tejido social de miles de pueblos del Interior

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A través de un comunicado de prensa las Cooperativas y asociaciones plantean la urgente necesidad de revisar la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico por fuera de otros servicios o conceptos.
El comunicado:
Las entidades abajo firmantes en representación de las más de 600 empresas distribuidoras de electricidad constituidas por dos millones de asociados/usuarios de quince provincias y que brindan servicios a casi 8 millones de argentinos, manifestamos nuestra profunda preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera “autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.
Sin adentrarnos en cuestiones jurídicas respecto a la procedencia de la misma, entendemos que atenta contra un sector de la Economía Social y Solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial.
Sin esos propios vecinos que constituyeron voluntariamente su empresa cooperativa para autoprestarse servicios públicos (energía, agua, cloacas, gas, internet) y sociales (sepelios, ambulancias, enfermería, entre otros) que hoy resultan esenciales para una vida digna, más de 700 pueblos en el Interior profundo de nuestra Nación habrían desaparecido o convertido en “pueblos fantasmas”.
Durante estas casi 100 años de desarrollo institucional y empresarial comunitario las cooperativas prestatarias de servicios públicos han sido socias estratégicas de los estados municipales, provinciales y nacional, cubriendo responsabilidades subsidiarias en muchos casos, y autogenerando empleo formal y proyectos de desarrollo local que han contribuido a fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, de manera especial en tiempo de crisis como los actuales.
Merece destacarse que, en contraposición a una imposición tributaria del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones, en nuestro caso el asociado/usuario decide voluntariamente requerir la prestación de un servicio adicional a su cooperativa (ambulancia, sepelio, etc.) y solicita voluntariamente que se la incluya en la factura del servicio eléctrico, como ítem totalmente discriminado de la misma, por lo que es totalmente identificable el concepto que se trate. Esa adhesión lleva ínsita la facultad de solicitar, en cualquier momento, la baja de dicho concepto o servicio.
En consecuencia, no advertimos en esto perjuicio, y menos aún falta de transparencia que resulte en la necesidad de que el usuario sea protegido por el Estado por abuso de posición dominante del prestador, puesto que se trata de un servicio que se autoprestan los propios vecinos gestionando de manera democrática su empresa de servicios públicos y sociales.
Debemos alertar que nuestro sector viene sufriendo sistemáticamente distintas medidas –políticas, económicas, administrativas- quizás por desconocimiento de nuestras organizaciones, pero que significan un menoscabo para los derechos asociativos y esencialmente, para la economía y viabilidad de nuestras empresas y comunidades. Que esta medida conspira contra todo lo expuesto en párrafos anteriores porque atenta contra esa voluntad asociativa de sus integrantes y pone en serio riesgo, en principio, la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que giran en torno al cooperativismo de servicios, pero además la posibilidad del cese de importantes prestaciones que hoy se llevan a cabo. Ambas consecuencias significarán un debilitamiento del tejido social y comunitario que de algún modo se intenta proteger.
Este tejido comunitario está compuesto también por otras entidades intermedias (como Bomberos Voluntarios, cooperadoras de centros de atención primaria de salud, etc.) que solicitan la colaboración de las cooperativas para recaudar aportes voluntarios de sus asociados. Es muy posible que en virtud de lo dispuesto puedan sufrir complicaciones financieras que imposibiliten sus normales prestaciones, las cuales inexorablemente deberán ser cubiertas por el Estado.
Con pesar, consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos que se intenta defender y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país.
Abogamos para que esta medida sea revisada, reivindicando la voluntad de los habitantes del Interior de nuestro país que de manera organizada, con convicción, esfuerzo propio y ayuda mutua han resuelto autoprestarse servicios esenciales.
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar)
Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad (Conaice)
Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face)
Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (Apeba)
Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba)
Consejo Regional de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Face Córdoba)
Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor)
Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos (Fescoe)
Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop)
Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo (Fecocuyo)
Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (Fepamco)
Federación de Cooperativas de Servicios Esenciales de la Patagonia (Fecoes)
Federación Integral de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires (Fice)

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La CAUL busca sanear sus deudas con EMSA

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La Cooperativa Alto Uruguay Limitada (CAUL) espera cerrar un convenio con la empresa provincial de Energía para poder sanear sus deudas. “En 2015, la boleta completa nos significaba unos 367 mil pesos, y ahora casi 8 millones de pesos”, indicó Federico “Fredy” Frank, presidente de la entidad. “La cooperativa nunca tuvo una tarifa diferenciada”, agregó.
Según detalló esa deuda provino del “congelamiento de precios durante dos años” y los aumentos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en las tarifas. “La CAUL, en sus 40 años, nunca tuvo una tarifa diferenciada”, agregó.
Explicó que la firma de un convenio entre la cooperativa que preside y la empresa Electricidad Misiones Sociedad Anónima, permitirá una refinanciación de la deuda que mantiene la CAUL con la prestataria de energía provincial.
Frank espera que la semana próxima se pueda firmar un acuerdo definitivo. “La problemática que hace años se vive en el sector cooperativo viene de la mano de las deudas que muchas de estas contrajeron con EMSA. La mayoría de las cooperativas firmaron distintos convenios y nosotros estábamos en negociaciones para buscar la mejor solución para salir de este problema”, contó el entrevistado quien a su vez describió el encuentro entre las partes como un punto muy positivo para el futuro de la CAUL.
La intención es refinanciar la deuda mediante un sistema especial y se especula con un plazo de 94 meses para el pago total de la misma. “La deuda es bastante importante, vamos a ver cuándo nos van a reconocer de la tarifa social, cuánto nos van a reconocer de otros trabajos que se hicieron tras las tormentas, como el mantenimiento de las líneas de 13,2”.
La CAUL es una de las más importantes de la provincia, ya que distribuye sus servicios a varios municipios. Además, posee una alta cobertura rural, llegando al 70 por ciento de líneas en zonas no urbanas. “Tenemos 300 mil hectáreas de concesión, tenemos 8.600 conexiones activas,de las cuales 5.600 están en la colonia y las 3 mil restantes distribuidos en pueblitos chiquitos”, detalló.
“En 2015, la boleta completa nos significaba unos 367 mil pesos, y ahora casi 8 millones de pesos, por lo que claramente no podemos pagar la totalidad, haciendo que la deuda crezca”, manifestó al finalizar.

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Avanzan las obras de alumbrado público y arreglo de calles en el barrio Belén de Posadas

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Semanas atrás, el presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, reclamó en el recinto de la Legislatura provincial, la falta del suministro eléctrico para el barrio Belén de Posadas, después que su Proyecto de Comunicación fuera aprobado en la Comisión de Obras.
“Creo que la Comisión de Obras y Servicios Públicos trabaja bien. Ya sacó 52 dictámenes, y eso habla que trabajan bien; ahora hay un problema que sucede con las leyes, Proyectos de Comunicación y con muchas sanciones que salieron del recinto; y es que después el Poder Ejecutivo no ejecuta”, cuestionó.
El diputado recordó que hace más de un mes salió el dictamen y se aprobó en Cámara, un proyecto que habla de colocar siete lámparas para el alumbrado público el barrio Belén; además del arreglo de las calles y el agua potable. “Hace más de un mes lo aprobamos, tocamos el tema en varias sesiones, y sin embargo todavía no hizo nada ni la Dirección Provincial de Vialidad con los caminos, ni Emsa con la provisión de los 7 focos para el alumbrado público en el barrio Belén. Varias veces -además de la presentación del proyecto- hablé con autoridades de Vialidad y de Emsa y nada.
Entonces decidí traer focos y lo voy a donar a Emsa a ver si se digna a instalar la luz en el barrio, y voy a traer uno por semana, porque esa gente vive a oscuras y desde hace un mes está esperando que se cumpla lo que sancionamos en la Cámara. ¿No valen nuestras sanciones?”, preguntó Sereno.
Sereno llevó focos al recinto para reclamar alumbrado público
El legislador enfatizó, al mostrar las lamparitas en el recinto, que por la inacción de la empresa de electricidad y de los funcionarios de Vialidad Provincial, los vecinos salen a las 5 de la mañana para trabajar y los chicos para ir a la escuela, en medio del barro por un pasillo y a oscuras.
“¿Qué dignidad le estamos dando a esas familias?. ¿Qué derechos les garantizamos si el Estado no es capaz de instalar la luz para que la gente no esté a oscuras. Pasó un mes y ojalá mañana vaya Emsa a poner la luz a ese barrio, y también la máquina de Vialidad y haga la calle, y el Municipio de Posadas les garantice el acceso al agua.
Hay una sanción de la Cámara y el Ejecutivo debería cumplir, porque ¿para qué sancionamos proyectos de comunicación y leyes, si después no se ejecutan? Belén es uno de los barrios más humildes y antiguos, ubicado cerca del Centro Correntino, y no puede ser que a pesar de las gestiones y del conocimiento de las diferentes instituciones del Estado no hayan podido hacer nada”, dijo Sereno.
Un día después, los vecinos del barrio recibieron a las máquinas retroexcavadoras que comenzaron con la apertura de cales y el arreglo de caminos, y al personal de Emsa instalando el cableado para proveer de energía eléctrica al barrio.
Voces de vecinos agradecidos
“Estamos muy contentos, y agradecidos al diputado Sereno y a su equipo de militantes por su insistencia en el arreglo de nuestro barrio. Nos enteramos que llevó focos a la Cámara de Diputados para demostrar que sólo se necesitaba voluntad para ayudarnos con la luz, esos otros diputados no caminan por los barrios no saben lo peligroso que es salir a la madrugada a oscuras”, dijo una de las vecinas.
Todo el vecindario estaba feliz porque empezaron las obras que fueron avanzando en el arreglo de calles y alumbrado público. “Está quedando lindo el barrio. Anduvimos mucho tiempo reclamando por estas obras y no nos escuchaban, cuando el diputado Sereno vino a vernos y nos dijo que iba a gestionar, casi que no le creímos, estábamos cansados de promesas. Pero él y sus militantes cumplieron, gestionaron, nos apoyaron y los vecinos estamos unidos para seguir logrando una mejor calidad de vida. Agradecemos a toda esa gente que está haciendo posible que todo avance”, reiteró María.
“Con esto recuperamos la confianza en los políticos”
La mayoría de los testimonios de las familias son coincidentes en su agradecimiento por la voluntad política de hacer el trabajo que le corresponde al Estado, ayudando en resolver cuestiones básicas para familias vulnerables. “En éstos últimos días están avanzando con el arreglo de calles que es muy importante por la cantidad de pozos que hay, y está en proceso del alumbrado público”.
Era algo que exigían hace años y ver que de pronto se cumple, “nos parece increíble. Creo que esto nos hace recuperar la confianza que perdimos como barrio en los políticos. Cuando vinieron los militantes del Partido Agrario con Martín Sereno, nos pidieron que nos uniéramos en el reclamo porque la solución era para todos, y así hicimos: empecemos a unirnos como barrio para poder lograr más cosas más juntos, es más fácil trabajar en conjunto con los vecinos, y ahora vemos los resultados. Hace cinco años que vivo en Belén, y se sufre mucho cuando llueve por las malas condiciones de los caminos. Estamos muy contentos. Vamos a tener luz con los focos que necesitábamos. Eso cambia todo en una zona como ésta”, dijo la joven madre sonriendo.

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Pereyra Pigerl alertó por el impacto que causarán los nuevos aumentos de la tarifa eléctrica

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En la sesión del día jueves 13 de septiembre, el Diputado Provincial y Presidente del PJ misionero, Rafael Pereyra Pigerl incorporo al Boletín de Asuntos Entrados un proyecto de declaración manifestando su honda preocupación por el impacto que causarán en los próximos días el aumentos de la tarifa eléctrica resuelto desde el gobierno nacional y los efectos negativos económicos y sociales que devendrán a los usuarios de energía eléctrica de la Provincia de Misiones.
El proyecto, que fue acompañado por los diputados Escobar y Gervasoni, describe también “la irregularidad con la que el Gobierno Nacional, luego de decretar la emergencia eléctrica, contrató 3.100 mega watts de generación térmica a 10 años a valor de U$S 21/kW-mes; precio muy superior a los de mercado ya que, por ejemplo, Chile contrata a U$S 8/kW-mes y México U$S 6/kW-mes. Esta situación de precariedad le cuesta a los argentinos más de U$S 600 millones de perdida al año, equivalente a todas las obras de infraestructura eléctrica que necesita la provincia de Misiones para sostener el consumo eléctrico por los próximos 20 años”.
A esto, suma el texto, “la irresponsabilidad de dejar a las localidades de Aristóbulo del Valle y Leandro N Alem sin energía delivery, ya que bajo la nueva política de ajuste, el gobierno de Misiones deberá afrontar U$S 25 millones de costos de generación termica. Asi como tambien la responsabilidad de la desfinanciación, al momento de asumir el gobierno nacional en el 2015, de la linea de 132 kVA de San Isidro – Alem – Oberá, obras ya licitadas; y no permitir tampoco a Oberá la instalación de la energía delivery. Todas estas obras significarían la normalización del servicio eléctrico en Oberá y alrededores”.
Asimismo Pereyra Pigerl enfatizó “la imperiosa necesidad de que el Estado Nacional diagrame y efectivice una planificación de precios previsible, perdurable, socialmente justa y federalmente equitativa en la comercialización del mercado eléctrico mayorista”.
En una ácida crítica a la administración Cambiemos el diputado resaltó “la actitud política bipolar del Ejecutivo Nacional que hace imposible una proyección coherente de acuerdos para lograr el beneficio de los misioneros”, se refirió a las idas y venidas con relación a la transferencia de subsidio de la tarifa social como una “actitud bochornosa y poco seria” y recordó al pleno el incumplimiento del presidente Mauricio Macri del acuerdo a que a la Provincia solo impactarían los nuevos aumentos en un 50 %.
Al cierre de su alocución instó a sus pares a trabajar desde la representación parlamentaria para cuidar el bolsillo de los misioneros y recalcó que “entendemos inadmisible contraponer un derecho humano al derecho de las corporaciones o al estado en sí, amparándose en excusas que solo distorsionan la verdadera responsabilidad de las causas y no permiten ver la existencia de un plan a largo plazo e inclusivo”, refiriéndose a la responsabilidad del Gobierno Nacional en los tarifazos eléctricos.

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