EMERGENCIA

Congreso: la oposición avanza con el dictamen por la emergencia pediátrica

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Tras un inicio tenso, con discusiones reglamentarias sobre la conducción del plenario y fuertes críticas al oficialista José Luis Espert -señalado por su rol al frente de la Comisión de Presupuesto-, la Cámara de Diputados logró avanzar con los dictámenes sobre el proyecto que declara la emergencia sanitaria pediátrica, impulsado en el marco del conflicto generado por el desfinanciamiento del hospital Garrahan.

El dictamen de mayoría fue firmado por 65 diputados, entre ellos, los misioneros Yamila Ruiz y Carlos Fernández, los de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, representantes salteños de Innovación Federal, y la radical Natalia Sarapura. La Libertad Avanza presentó un primer dictamen de minoría con 14 firmas, rechazando la propuesta. En tanto, un tercer despacho, con 10 firmas, fue presentado por legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y la diputada del PRO Ana Clara Romero. Finalmente, el Frente de Izquierda también aportó su propio dictamen.

El proyecto de mayoría propone declarar la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud” por un año -originalmente se planteaban dos- “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”. Además, reconoce al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y establece que se debe garantizar su funcionamiento “pleno y sostenido”.

Uno de los puntos más sensibles del dictamen es la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el régimen de residencias médicas. Aunque este artículo fue respaldado por Unión por la Patria y Democracia para Siempre, no contó con el apoyo unánime de toda la coalición opositora, por lo que se espera que continúe la negociación de cara al recinto.

La iniciativa también dispone la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, vacunas, infraestructura y personal esencial destinado a la atención pediátrica. Además, se prevé una recomposición salarial inmediata para los trabajadores de la salud, incluidos los residentes, garantizando que sus ingresos no sean inferiores -en términos reales- a los de noviembre de 2023. El texto también contempla la exención del impuesto a las Ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras y guardias.

En cuanto al financiamiento, el dictamen autoriza al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y a utilizar reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Por otra parte, se crea una comisión de seguimiento y evaluación compuesta por representantes de ambas cámaras, del Ministerio de Salud, del COFESA y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

Durante el debate, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo fue el primer orador. “Estamos ante uno de los conflictos más emblemáticos del país”, sostuvo. Acusó al Gobierno de “mentir escandalosamente” y de “crear enfrentamientos entre trabajadores” con la resolución que, según dijo, “aún precariza más la situación de los residentes”. También cuestionó duramente al ministro Mario Lugones, a quien acusó de estar “desguazando la salud pública” y destacó que “el Garrahan es un emblema de lucha y resistencia”.

Desde Democracia para Siempre, Pablo Juliano destacó que “es un día importantísimo para el Congreso”. “Si a esta altura hay que seguir explicando lo que le están haciendo al Garrahan, es porque esto es un diálogo entre sordos y ciegos”, dijo. Valoró el agregado al dictamen que apunta a “retrotraer la resolución del Ministerio de Salud que lleva a los residentes a situaciones deplorables”.

El diputado del MID, Eduardo Falcone, coincidió en que el sistema de residencias se distorsionó, al pasar de una herramienta de formación a una de “mano de obra barata”. Planteó que el financiamiento del proyecto podría lograrse con “fuentes alternativas”, como la eliminación de las jubilaciones de privilegio, aunque reprochó a Espert que “en un año no se hizo ningún estudio sobre el ahorro fiscal de esa propuesta”.

La única voz de La Libertad Avanza fue la de Carolina Píparo, quien rechazó el proyecto y cuestionó el desempeño de las provincias en materia de salud: “Pasan las décadas y nadie se pregunta por qué los niños siguen viajando miles de kilómetros”, dijo, y acusó al populismo por la falta de recursos. Al defender la resolución ministerial, aseguró que “da la opción de mantener el sistema actual” y negó que precarice condiciones. Sin embargo, fue chiflada por los residentes presentes.

La radical Gabriela Brouwer de Koning, en cambio, expresó que el debate merece “una respuesta clara y urgente” ante una “situación crítica”. Destacó el rol estratégico del Garrahan como hospital de referencia y señaló que “no se trata de gastar más, sino de priorizar”. “Hay que reasignar recursos con responsabilidad fiscal”, afirmó.

Desde Encuentro Federal, Esteban Paulón fue categórico: “El presidente debería ir a conocer el Garrahan. No sabe ni dónde queda la calle Pichincha. No le interesa. Sin conocerlos, admitió que va a ser cruel con los ‘ñoquis del Garrahan’, que son profesionales que salvan vidas todos los días”.

Hacia el final del plenario, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, cuestionó duramente al diputado Espert. “Lamento que usted presida esta reunión y tenga tanto desprecio por el rol central de esta comisión”, expresó. “Pasó de no querer abrir la comisión a querer presidirla. Es parte de los vaivenes de su accionar político”.

La legisladora bonaerense advirtió que está “en riesgo el sistema público” de salud, defendió la vocación médica y criticó a La Libertad Avanza por “negar la historia del Garrahan”. “Ni siquiera el macrismo se había animado a tanto”, sentenció. Y concluyó con una disculpa: “Le pido perdón al Garrahan porque me da vergüenza ser parte de una comisión que buscó artilugios para no lograr este dictamen de mayoría”.

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El Gobierno nacional prorrogó la emergencia ígnea en todo el territorio argentino

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El Poder Ejecutivo nacional prorrogó la declaración de la emergencia ígnea en todo el país hasta el 13 de enero de 2024, de acuerdo al Decreto 2/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial. La medida había sido tomada el año anterior y creaba un grupo de trabajo presidido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, con el fin de adoptar medidas para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y el combate de incendios forestales, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos

En la prórroga se reconoce que “la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interfase en nuestro país constituye un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas, a través de la máxima coordinación y cooperación entre los organismos a quienes esta temática resulta transversal”.

También se recuerda en el decreto que “las actividades de quema sin autorización expedida por las autoridades locales competentes se encuentran prohibidas en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema n.° 26562”.

Asimismo, sigue vigente la resolución adoptada de manera unánime por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en febrero de 2022, que insta a todas las provincias a prohibir en sus territorios las quemas mientras dure la emergencia ígnea.

Cabe destacar que, con base al último informe de noviembre 2022 de la Mesa Nacional de Monitoreo de la Sequía —de la que forma parte la cartera ambiental de la Nación—, se identificó que en el país alrededor de 163 millones de hectáreas se encuentran bajo condiciones de sequía. Estas situaciones se agravan ante la presencia de incendios y potencian su propagación, debido a una posible retroalimentación producto de la acumulación de elementos en los suelos que actúan como combustible seco.

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Declaran emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes

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El Ministerio de Agricultura dio por declarado el estado de emergencia y de desastre agropecuario en toda la provincia de Corrientes por el término de seis meses, con alcance a las explotaciones rurales “afectadas por sequías y/o incendios”.

La medida se formalizó a través de la Resolución 36/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, y ya se daba por descontada luego de la recomendación que en ese sentido realizó el 17 de febrero la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios.

El período abarcado por la emergencia (postergación del pago de impuestos nacionales) y/o desastre (eximición de esas obligaciones) abarca desde el 1 de enero hasta el 1 de julio de 2022, pudiéndose prorrogar por otros seis meses.

A diferencia de las resoluciones habituales, en las que se especifican los departamentos y distritos alcanzados por el beneficio, la norma indica que la declaración de emergencia o desastre abarca a “todo el territorio provincial”.

Una explotación agropecuaria puede ser declarada en emergencia o en desastre de acuerdo con el nivel de afectación de su capacidad productiva.

“Los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos” para la declaración del estado de emergencia o desastre, se indicó en el artículo 3 de la norma.

En el marco del procedimiento habitual, Corrientes presentó ante la Comisión el decreto provincial 200 del 7 de febrero, en el que se declara la emergencia provincial, y el organismo recomendó al Ministerio de Agricultura la aplicación de la medida a escala nacional.

La prórroga de la declaración hasta fin de año dependerá “de las condiciones climáticas que se manifiesten en los siguientes meses, por la situación de sequía e incendios en todo territorio provincial, para la totalidad de las explotaciones productivas, debido al prolongado evento critico climático de sequía que atraviesa la provincia”.

En los considerandos de la resolución, se señala que esa situación de sequía fue seguida por “numerosos focos de incendios ocurridos durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022”, algo que “conlleva graves y elevadas pérdidas productivas y económicas, en establecimientos agropecuarios”.

En la misma edición del Boletín Oficial se publicó la Resolución General 5158/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por la que se instrumentan medidas extraordinarias de alivio fiscal para los contribuyentes cuyas actividades económicas se encuentran “severamente afectadas” por los incendios en Corrientes y Misiones.

La medida ya había sido adelantada este jueves por el organismo recaudador y establece “plazos especiales para el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales, así como suspender las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares”.

Lo dispuesto contempla prórrogas de hasta nueve meses, de manera que la presentación y el pago de las obligaciones con vencimientos originales fijados durante los meses de marzo a diciembre de 2022, pasarán para los meses de enero a mayo de 2023.

Los tributos alcanzados son los anticipos de los impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales, al Valor Agregado, del fondo para la educación y promoción cooperativa, así como para las obligaciones correspondientes a las contribuciones de la seguridad social, al régimen previsional de trabajadores autónomos y al monotributo.

A la vez, la AFIP determinó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2022 de las intimaciones, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de embargos, por lo cual, cuando se trate de ejecuciones fiscales iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la normativa, las mismas serán paralizadas.

En caso que se hubieren trabado embargos sobre fondos o valores de cualquier naturaleza, el organismo arbitrará los medios para el levantamiento de la medida cautelar, sin transferencia de las sumas efectivamente incautadas, las que quedarán a disposición del contribuyente, se aseguró.

Finalmente, la AFIP no iniciará el proceso de caducidad por falta de cancelación de cuotas de los planes de pago realizados por contribuyentes afectados hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta entonces dispondrá feria fiscal extraordinaria y procederá a la refinanciación de aquellos planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes.

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Ley de Emergencia Territorial Indígena: Piden a los legisladores nacionales por Misiones que voten la prórroga

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El Bloque Parlamentario de Tierra, Techo y Trabajo presentó el jueves un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través de los legisladores nacionales por Misiones, se arbitren las medidas necesarias, para extender la prórroga de los plazos establecidos en la Ley 26.160 de Emergencia de Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena de Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias que habitan en el país, prorrogados por tres leyes. La última tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de este año.
El pedido obedece a que todavía quedan más de 1000 comunidades para ser relevadas y registradas, y para lo que se necesita presupuesto.Posteriormente vendría la cuestión de la propiedad comunitaria de las tierras para los pueblos originarios, que no se modificó sustancialmente desde la última prórroga sancionada en 2017.
Las comunidades necesitan un paraguas de protección, y por eso desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, presidido por Magdalena Odarda, insisten en que también es importante contar con una Ley de Propiedad Comunitaria, una deuda pendiente del Estado con los pueblos originarios desde la reforma constitucional de 1994.

Necesidad de presupuesto   

El diputado Jorge Páez del Bloque TTT, quien presentó este proyecto que tuvo preferencia, recordó en el recinto que la ley se sancionó en el 2006 y está en vigencia; tuvo una primera etapa de desarrollo importante donde se pudieron cubrir muchos conflictos que afectan a miles de familias indígenas que en su mayoría contaban con la posesión ancestral, pero sin que se les reconociera derechos hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
“Existen deliberaciones y propuestas sobre la prórroga; pero creemos que todas y todos nuestros legisladores nacionales, diputados y senadores deben aprobar el tratamiento de esta ley con urgencia para que no se venzan los plazos”, advirtió.
Después de numerosas reuniones realizadas por agrupaciones campesinas indígenas, universidades y organismos de derechos humanos y desde la representación institucional de distintos pueblos originarios, “existe una voluntad política del Bloque del Frente de Todos de prorrogarla por cuatro años más; pero además les requerimos que consideren algunas modificaciones necesarias como un financiamiento apropiado, para afrontar los relevamientos de cientos de comunidades que aún faltan relevar”, sostuvo el legislador.

Hay más de 1000 comunidades sin registrar
Actualmente están registradas 1760 comunidades indígenas en la Argentina de 39 pueblos originarios de diversas etnias. Sin embargo, todavía más de 1000 de ellas carecen del proceso de registro de su parcela, del otorgamiento de esas propiedades y de sus derechos.
“Lamentablemente hubo un gran tiempo perdido durante gobiernos algunos más sensibles que otros, que aceptaron en su momento la prórroga de la ley; pero no otorgaron instrumentos al Estado como el presupuesto y la decisión política fundamental para que se avance en ese proceso”. Por eso la norma tuvo otras prórrogas; “pero en los últimos cinco años no se avanzó en la regularización de las comunidades que aumentó su número y que podría crecer porque entendemos que la territorialidad generalmente está en las zonas más alejadas, del interior profundo de nuestro país”, manifestó Páez.
En Misiones hay un fuerte universo indígena que necesita esta ley para que la totalidad de las comunidades mbya guaraní puedan gozar de los derechos a la propiedad de sus tierras ancestrales.

Reconocimiento de derechos
Páez destacó que en la provincia, muchas veces la especulación inmobiliaria sumado al avance “impiadoso” de los agronegocios, la incorporación de los sistemas económicos “muchas veces brutales de la superficie de nuestra selva” provoca el desplazamiento y el hacinamiento de las comunidades.
Por todo esto sostuvo que es urgente prorrogar la Ley 26.160, un instrumento fundamental para los pueblos originarios de nuestro país que garantiza por el tiempo de su vigencia, la suspensión de los desalojos de las comunidades.Además se demanda presupuesto para que en un plazo razonable se realice un relevamiento técnico jurídico y catastral de los territorios, para que las comunidades indígenas de “nuestra provincia y del país, tengan sus derechos reconocidos y garantizados. Sin esta herramienta, las comunidades quedarán desamparadas ya que la norma pierde vigencia el próximo 23 de noviembre”, enfatizó el diputado Páez.

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TECHO construirá 16 viviendas de emergencia en Posadas

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La organización social llevará a cabo la primera construcción de 16 viviendas de emergencia bajo el lema “Nos involucramos para transformar la realidad” e invita a participar de la actividad como voluntarios y voluntarias. El evento será el 2, 3 y 4 de Agosto y se llevará a cabo en los asentamientos Belén, Familias Unidas y Manantiales.

“En Misiones, 1 de cada 10 misioneros vive en asentamientos. Es una problemática urgente, sin embargo, no están solos, por tal motivo convocamos a todos y todas a sumarse” agregó Juan Ignacio Rojo, el Director General de TECHO en Misiones.

La actividad masiva tiene el objetivo de movilizar 170 voluntarios durante el fin de semana, quienes participarán junto a las distintas familias. “Invitamos a todos los jóvenes de la ciudad a involucrarse para construir nuevas oportunidades y que puedan conocer la problemática de los asentamientos”, sostuvo Rojo.

Para poder participar sólo hay que ser mayor de 18 años, no hace falta tener ningún conocimiento ni asistir a ninguna actividad previa para disfrutar de esa experiencia. Los interesados en participar pueden ingresar a http://bit.ly/2ESnVNc. Ante cualquier duda se pueden comunicar vía e-mail a comunicación.posadas@techo.org

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