empleo en Argentina

Los números de Sturzenegger

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En un largo posteo en X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger hizo un enorme esfuerzo por tratar de transformar los datos y, por ende, la realidad, a su criterio. Naturalmente, no estuvo exento de miles de críticas por la enorme distorsión de la información que usa. Lo más llamativo de todo (o quizás no) es que se trata de una persona con amplia formación académica que no puede caer en tamaños errores cometidos: no podemos pensar que de su parte hay ignorancia; bajo ese supuesto, hay tergiversación, manipulación y mala interpretación forzada de los datos. 

Para quienes no estén tan al tanto, vamos con un resumen: afirmó que en la Argentina no existe una crisis de empleo, que en los dos años de gobierno de Milei se crearon 400 mil puestos de trabajo y que la mayoría de los economistas, consultoras y profesionales que se dedican al análisis de datos estamos equivocados porque, en palabras más palabras menos, no sabemos interpretar la información. 

Vamos a explicar punto por punto lo afirmado por el ministro. Primero, dice que “la economía está en una fase muy fuerte de crecimiento económico: 6,6% el primer año de Milei y +3,5% el segundo. El REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) parece ubicar a la economía con una tasa de crecimiento del 1% trimestral. Si así fuera hasta el final del mandato, luego de más de una década de estancamiento absoluto, Milei terminaría su primer mandato con una economía casi 20% más grande. Notable. Pero lo mencionamos aquí porque es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”. 

¿Por qué está equivocado Sturzenegger en este punto? Por lo mismo que el INDEC muestra mes a mes. La economía, medida por el Estimador Mensual de Actividad Económica, muestra crecimiento, en eso no hay discusión. Pero altamente atado a sectores de muy baja empleabilidad (minería, intermediación financiera y agro). Sin embargo, cuando miramos al fondo de la tabla, los sectores que más caen son aquellos que concentran más del 40% de empleo registrado argentino: la industria, el comercio y la construcción, entre otros. Por ende, si bien es cierto que hay cierta paradoja en crecimiento económico con destrucción del empleo (de hecho, el 2025 es el primer caso observable en el país con ese fenómeno) eso no le da la razón al ministro cuando dice “es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”. 

De hecho, es exactamente ese problema el que muestra todo el sistema estadístico argentino. En resumen: sí, la economía creció pero eso no produjo alza de empleo. Así de sencillo. 

Luego, Sturzenegger dice que “la EPH, que es la fuente canónica de datos de empleo, lo dice con claridad: en el tercer trimestre de 2025 la tasa de actividad (la gente que quiere trabajar) supera a la del tercer trimestre del 2023 (48,6% vs 48,2%). En términos numéricos, la población económicamente activa (PEA) pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas. Esto es una buena señal: aumenta la participación cuando las condiciones laborales mejoran. Así, aunque la tasa de empleo se mantiene relativamente constante, la cantidad de personas empleados pasó de 13.396.000 a 13.606.000. Según estos números, en los dos primeros años de Milei más de 100.000 personas en promedio consiguieron empleo cada año”. 

En términos estadísticos, tiene razón. Pero el problema de fondo para analizar los datos de EPH no es solo la cantidad de personas ocupadas, sino también las características del empleo. El propio INDEC muestra, en esa fuente, el fuerte incremento de la informalidad y además, el empleo asalariado presentó una caída de fuerte magnitud: cuando en 2023 explicaba el 74,8% de los ocupados totales, bajó al 71,9% en 2025; en ese mismo período, el empleo cuentapropista pasó del 23,5% al 24,5%. Esta variación en las modalidades de ocupación refleja un problema de fondo y básicamente muestra un movimiento clave para entender el contexto: un empleado que ya no tiene ese trabajo pasó a tener una ocupación de modalidad independiente para poder sostener ingresos. El fenómeno Delivery o chofer de App, que aunque es una simplificación de la situación, es la explicación más gráfica de este escenario. 

Como Sturzenegger sabe las limitaciones de la EPH, sigue su posteo en X citando los datos de la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) que produce INDEC, donde se “toma todas las fuentes posibles para generar una estimación de los puestos de trabajo que termine siendo compatible con las cuentas nacionales”; y aclara como “nota técnica” que por definición “puestos de trabajo” no es lo mismo que “personas empleadas” debido al factor de pluriempleo, pero aunque hace esa aclaración sigue sin ponerse colorado diciendo que la CGI muestra que “en los últimos dos años en el conjunto de la economía se crearon 400.000 puestos de trabajo; esto es, en promedio, 200.000  por año en la gestión de Milei”. Otra vez, omite dos cosas: la precarización que prima de la ocupación independiente en primer lugar; y en segundo, la negación del pluriempleo: en los últimos tiempos, el fenómeno de trabajadores con más de una ocupación se expandió de manera fuerte en el país, demostrando que “puestos de trabajo” no es directamente vinculable a “persona ocupada”.

Respecto a lo primero, Sturzenegger sostiene que la creación del trabajo independiente es el fenómeno que impulsa la creación de empleo. Dice textual: “Este crecimiento en el empleo total se compone de un aumento de 630.000 puestos informales e independientes y una caída de 222.000 formales” y luego se pregunta y responde solo: “¿Esto es bueno o no? Difícil de saber”. El empleo formal siempre y en todo momento es el mejor escenario en términos agregados por dos factores centrales: el que atañe al trabajador por tener garantías mínimas de derechos laborales; y el que atañe al Estado: ¿Cómo financiar jubilaciones si los trabajadores activos pasan a la informalidad o, en el mejor de los casos, al monotributo, donde el aporte previsional es considerablemente menor al de un asalariado registrado? 

Si Sturzenegger o cualquier persona del Gobierno alienta la creación de empleo informal o de registraciones mínimas como monotributo, se están pegando un tiro en el pie. Y en esa línea, cabe hacerse una pregunta: si festejan la caída de los formales por el hecho de que los informales e independientes crecen mucho: ¿para que querían la Reforma Laboral? 

Lo más insólito viene al final: habla de los datos de SIPA, que mide a los trabajadores registrados y se toma el atrevimiento de explicar que la caída viene del lado de los monotributistas sociales. Dice textualmente que “el último año, por ejemplo, los trabajadores registrados en esa base pasaron de 13.287.000 a 12.852.000. Pero se omite indicar que dentro de los empleos registrados está el monotributo social que se había inflado artificialmente cuando el kirchnerismo lo había hecho gratuito. Cuando restablecimos el pago histórico de la mitad de la prestación de salud, el monotributo social se derrumbó. De hecho, en el último año cae de 653.400 a 248.900, explicando prácticamente el 100% de la caída de trabajadores registrados”. Es tan insólito como falaz.

Primero: en el último año, tomando diciembre 2025 vs. diciembre 2024 en la serie desestacionalizada, los trabajadores enmarcados en el Monotributo Social cayeron sólo en 6.179 personas, pero es cierto que caen en 384.392 comparado con diciembre de 2023, pero estos representan apenas el 2% de los trabajadores registrados en 2025 (5% en 2023). Lo que Sturzenegger no se anima a decir es que la caída del empleo registrado medido por SIPA se explica fundamentalmente por el segmento de los asalariados del sector privado: en 2025 cayeron en 91.915 personas contra el cierre 2024; acumulan -189.845 contra diciembre de 2023 y -200.941 contra noviembre de ese año. Para ponerlo en comparación: en los dos últimos años hay 189.845 trabajadores del sector privado formal menos, pero al mismo tiempo hay 167.337 nuevos independientes (monotributo y autónomos). Es decir, el aumento de los independientes cubrió solo el 88% de los privados perdidos. Si a eso le sumamos la pérdida del empleo registrado del sector público (-78.617 en los dos últimos años), los nuevos independientes cubren apenas el 62% de lo perdido. 

Incluso el propio Gobierno habla de destrucción de empleo en este segmento. Este viernes se publicó el reporte de “Situación y evolución del trabajo registrado” de la Secretaría de Trabajo, que afirma, respecto al empleo privado, que “(…) en los últimos siete meses (junio a diciembre de 2025) el empleo registró variaciones mensuales negativas, acumulando una pérdida de 96,8 mil empleos”. 

Por más esfuerzo que se ponga en desmentirla, la realidad es una sola. La Argentina atraviesa una crisis de empleo, tanto por acceso (personas que no logran tener una ocupación) como de calidad (condiciones deterioradas). No hacia falta ese posteo propagandístico del ministro justo el día que su propio Gobierno informó que se perdieron más de 12 mil empleos privados formales. Mi consejo no pedido por nadie: dejen de pelearse con los datos. 

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Sturzenegger aseguró que se crearon 400.000 empleos informales o independientes pese a la caída del trabajo formal

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En medio del debate sobre el impacto social del programa económico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender el balance laboral de la gestión de Javier Milei y sostuvo que la economía generó unos 400.000 nuevos puestos de trabajo en los dos primeros años de gobierno.

El dato, difundido por el funcionario al analizar estadísticas oficiales, apunta a responder una de las críticas más persistentes hacia el rumbo económico: la idea de que la actividad puede recuperarse sin una mejora real en el empleo. Para Sturzenegger, ese diagnóstico no se sostiene frente a los números de crecimiento y a la evolución del mercado laboral.

Según su planteo, la economía registró una expansión del 6,6% en el primer año de gestión y del 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral cercano al 1% hacia adelante. En ese marco, el ministro afirmó que el país podría alcanzar un aumento acumulado del producto cercano al 20% al final del mandato presidencial.

“Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”, planteó.

La intervención del funcionario no fue casual: busca instalar la lectura oficial de que el mercado laboral está atravesando una reconfiguración estructural más que una crisis de destrucción de empleo.

Un mercado laboral en transición: más trabajo independiente y menos empleo formal

El análisis del Gobierno se apoya principalmente en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Según esa medición, la tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan empleo— subió del 48,2% en el tercer trimestre de 2023 al 48,6% en el mismo período de 2025.

Ese aumento implicó una expansión de la población económicamente activa: pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.

Dentro de ese universo, el número de ocupados creció de 13.396.000 a 13.606.000, lo que el ministro interpreta como una señal de dinamismo laboral durante el actual gobierno.

Sin embargo, el cambio más relevante aparece al observar la composición del empleo. De acuerdo con la Cuenta de Generación del Ingreso, que permite estimar el total nacional, el país pasó de 22.260.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre de 2023 a 22.668.000 en igual período de 2025.

La diferencia equivale a unos 408.000 empleos adicionales, pero con una característica central: el crecimiento se explica mayormente por modalidades informales o independientes.

Según el detalle presentado por Sturzenegger, en ese período se registró: +630.000 empleos informales o independientes, –222.000 puestos de trabajo formales

El ministro describió ese movimiento como un cambio en la estructura del mercado laboral vinculado a formas de trabajo más flexibles, donde el monotributo y las tareas independientes adquieren mayor peso.

La Ley Bases y la apuesta oficial por la flexibilización laboral

Dentro de la explicación oficial, el Gobierno vincula esa transformación con las reformas económicas impulsadas durante la gestión. En particular, Sturzenegger mencionó el impacto de la Ley Bases, que según su interpretación facilitó la expansión del monotributo al reducir cargas impositivas.

Para el ministro, la discusión sobre la calidad del empleo requiere mirar no solo la formalidad del vínculo laboral, sino también el nivel de ingresos.

En ese sentido, señaló que en 2025 el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado se ubicó en $1.300.000.

“No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad”, sostuvo.

La comparación busca reforzar el argumento de que el crecimiento del empleo autónomo no necesariamente implica precarización, sino que puede reflejar una reorganización del mercado laboral hacia esquemas menos dependientes del empleo asalariado tradicional.

Sectores en expansión y la construcción como foco de la caída

El análisis sectorial también muestra un panorama heterogéneo. De acuerdo con los datos citados por el ministro, el empleo creció en la mayoría de los 17 sectores productivos relevados, aunque con algunas excepciones.

Las caídas se concentraron en: Construcción, Pesca, Minería, Intermediación financiera, y Servicio doméstico

El caso más significativo es el de la construcción, que explicó alrededor del 80% de las bajas laborales registradas en el período analizado.

El dato resulta relevante porque ese sector fue uno de los más afectados por el ajuste fiscal y la paralización de la obra pública durante la primera etapa del programa económico.

En contraste, el ministro destacó que la industria manufacturera sumó 40.000 nuevos puestos de trabajo en los dos años analizados, un dato que el oficialismo utiliza para responder a las críticas sobre un eventual deterioro del empleo industrial.

El debate por la caída del empleo registrado

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico laboral es la caída del empleo formal registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según esos registros, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 13.287.000 a 12.852.000 en un año.

Sturzenegger sostuvo que esa disminución responde casi por completo a un factor específico: la reducción del monotributo social.

De acuerdo con su explicación, ese régimen había sido ampliado en el pasado al eliminarse el costo de la prestación, lo que llevó a una inscripción masiva. Cuando el Gobierno restableció el pago parcial del sistema de salud, la cantidad de inscriptos cayó con fuerza.

El número pasó de 653.400 a 248.900, lo que el ministro considera suficiente para explicar prácticamente la totalidad de la baja en los trabajadores registrados.

La disputa política por la narrativa del empleo

Más allá de los datos, el mensaje del ministro tiene una dimensión política clara. El Gobierno busca instalar la idea de que la recuperación económica ya se refleja en el mercado laboral, aunque con nuevas modalidades de inserción laboral.

Ese enfoque choca con otra interpretación presente en el debate público, que señala la pérdida de empleo formal y la expansión del trabajo independiente como señales de precarización.

En ese cruce de diagnósticos se juega parte de la discusión sobre la agenda laboral futura, especialmente en torno a la modernización de las regulaciones laborales que el Ejecutivo impulsa como parte de su programa de reformas.

Un mercado laboral que todavía redefine su equilibrio

Los datos expuestos por el ministro muestran un mercado laboral que crece en cantidad de puestos pero cambia en su estructura.

El interrogante político y económico es si esa transformación se consolidará como una nueva normalidad laboral, basada en mayor autonomía y flexibilidad, o si representa una etapa transitoria dentro de un proceso de reacomodamiento más amplio de la economía argentina.

Las próximas mediciones de actividad, empleo formal y evolución salarial serán claves para determinar si el crecimiento económico proyectado logra traducirse en un sistema laboral más estable o si el debate sobre la calidad del empleo seguirá siendo uno de los ejes centrales de la discusión política.

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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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