dom. Ago 23rd, 2026

EMPLEO FORMAL

Empleo registrado: se perdieron 441.746 puestos y cerraron 30.633 empleadores desde noviembre de 2023

By Redacción Economis 1 semana ago
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Un informe de CEPA, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestra el deterioro del tejido empresarial y del empleo privado registrado hasta mayo de 2026. Industria y construcción concentran parte de las mayores pérdidas.

El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación[1]. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

El informe se organiza en dos secciones. La primera analiza la variación en la cantidad de empresas y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período. La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de las empresas, comparando la situación inicial con la de mayo de 2026.

Evolución de la cantidad de empleadores y de trabajadores/as durante el primer año de gestión de Javier Milei

La comparación entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores, pasando de 512.357 a 481.724. Esto implica una contracción de 30.633 empresas, es decir, 33,5 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 8.408 empleadores en 30 meses. Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicio de transporte y almacenamiento perdió 6.733, Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 4.098 empleadores, Industria manufacturera de 4.020, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.691 y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 2.421 empleadores en el período.

En términos relativos, el sector más afectado fue el de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, que registró una caída del 17,2% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de transporte y almacenamiento con una disminución del 17,1%, Servicios Inmobiliarios con 13,8% y Construcción, con una contracción del 9,3%.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 4,18%, lo que representa una pérdida de 411.613 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.445.560, lo que equivale a 450 trabajadores/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Industria manufacturera con una reducción de 97.312 trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le sigue el sector de Construcción que perdió 80.399 puestos. También registraron caídas significativas en Servicio de transporte y almacenamiento con 72.480 empleos menos, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria con una pérdida de 72.312 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 16,8% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una retracción del 15,4%, y Servicios de transporte y almacenamiento que registró una disminución del 13,5% en el mismo período.

El sector de trabajadores en casas particulares sufrió una caída significativa en el empleo registrado: pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 599.527 en mayo de 2026. Son 30.133 personas, lo que equivale a una pérdida de poco más de 33 puestos de trabajo por día.

Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos (menos personas pueden pagar empleadas) y que el trabajo precario aumenta (muchas pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso).

Si sumamos trabajadores en las unidades productivas (industria, comercio, servicios y demás) y empleadas en casas particulares, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.045.087 en mayo de 2026. Son 441.746 personas en dos años y medio. Eso equivale a 484 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día.

Variación de la cantidad de empleadores y trabajadores/as por tamaño de empresa durante los primeros meses de Milei

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en los 30 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores: 99,78% del total de los casos (30.565 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explican sólo el 0,22% (68 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 3,77%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 5,99% en el mismo período.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte: el 61,02% de la caída total del empleo registrado (equivalente a 251.176 puestos) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores/as. En contraste, las empresas con menos de 500 empleados/as redujeron sus plantillas en 160.437 trabajadores, lo que representa el 38,98% del total de empleos perdidos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 5,25% (de 4.782.973 a 4.531.797), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 3,16% (de 5.074.200 a 4.913.763).

Conclusiones

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 28 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

Del análisis se desprende las principales conclusiones:

  • Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 30.633 casos (33,5 por día).
  • En términos absolutos, “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas” es el sector más afectado, con una pérdida de 8.408 empleadores.
  • En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales”, que ha registrado una pérdida del 17,2% en el total de empleadores.
  • En el mismo período, se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,18%), 450 puestos por día.
  • El sector “Industria manufacturera” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 97.312 trabajadores.
  • En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16,8%).
  • En el sector de trabajadores en casas particulares se perdieron 30.133 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día.
  • Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos 30 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,78% del total de los casos (30.565 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,22% (68 casos).
  • Al analizar el tamaño de empresa se observa que la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor porte: 61,02% de la pérdida de empleo (-251.176 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 160.437 casos, explicando el 38,98% del total. En términos absolutos, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.531.797, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.913.763.

[1] A mediados de agosto 2026, los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo correspondían a la cantidad de empleadores y trabajadores hasta el mes de mayo 2026.

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El empleo privado registrado cayó por tercer mes consecutivo

By Redacción Economis 1 semana ago
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El mercado laboral argentino volvió a mostrar en mayo una señal de debilidad que ya dejó de ser episódica: el empleo privado registrado encadenó su tercer mes consecutivo de caída y acumuló doce meses de contracción en el segmento asalariado. La fotografía que surge de los registros oficiales combina una moderación de la velocidad de destrucción de puestos con un problema más estructural: los empleos formales de mayor densidad productiva siguen perdiendo terreno, mientras crecen modalidades como el monotributo, que amortiguan estadísticamente el deterioro pero no sustituyen en cantidad ni calidad al empleo asalariado perdido.

De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo privado registrado disminuyó en mayo en 9.059 puestos, equivalente a una baja mensual del 0,15%. La caída fue menor que la registrada en marzo y abril, cuando había alcanzado 0,2% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, la desaceleración no modificó la tendencia de fondo: el empleo asalariado privado mantiene doce meses consecutivos de retroceso.

En términos interanuales, el sector privado registrado perdió 135.438 puestos, un 2,16%. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa qué actividades explican la mayor parte del ajuste. La industria manufacturera destruyó 52.341 empleos en un año, una reducción del 4,5%, mientras que el comercio perdió 39.154 puestos, equivalente a un 3,1%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones recortó otros 13.915 empleos y la intermediación financiera, 6.924.

En conjunto, esas cuatro ramas concentran alrededor del 49% del empleo asalariado privado registrado y unos tres millones de trabajadores. Por eso, la evolución de estos sectores resulta determinante para evaluar si la economía consigue transformar una eventual recuperación de la actividad en generación neta de empleo formal. La señal actual es todavía insuficiente.

La composición de la variación mensual ofrece, al mismo tiempo, una lectura más compleja. Mientras el empleo privado asalariado cayó, el monotributo incorporó 2.676 trabajadores en mayo y acumuló 42.672 nuevos inscriptos en los últimos doce meses. El trabajo en casas particulares también creció, con 1.352 puestos adicionales en el mes y 6.319 en términos interanuales.

Ese desplazamiento es relevante porque permite distinguir entre una recuperación de la ocupación y una recuperación del empleo formal asalariado. El crecimiento del monotributo puede ampliar la cantidad de personas registradas, pero no compensa automáticamente la pérdida de puestos en empresas privadas. De hecho, el aumento de esta modalidad durante el último año absorbió menos de la mitad de los empleos privados asalariados destruidos.

La otra cara del mercado laboral aparece en el sector público. En mayo sumó apenas 736 puestos, un 0,02% mensual, y en doce meses acumuló una reducción de 16.701 empleos, equivalente a 0,49%. El ajuste estatal, por lo tanto, fue considerablemente menor al observado en el sector privado registrado.

La evolución desde el inicio de la actual gestión también exhibe una transformación en la estructura ocupacional. Desde entonces, el empleo privado registrado acumula una reducción de 241.176 puestos, mientras el empleo público retrocedió en 79.865. En sentido contrario, el monotributo incorporó 160.573 inscriptos, un crecimiento del 7,88%.

El problema no se limita a la cantidad de puestos. El salario real también comenzó a deteriorarse nuevamente. La remuneración real promedio del empleo registrado privado cayó 2,9% en mayo y volvió a retroceder 0,9% en junio. Como resultado, quedó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada del 0,6% respecto de aquel punto de referencia.

La dinámica muestra que la desaceleración de la inflación no necesariamente se traduce de manera inmediata en una recuperación del poder adquisitivo. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las remuneraciones nominales habían aumentado en promedio 2,1% mensual, pero entre abril y mayo ese ritmo se redujo a aproximadamente 1%. Si los salarios nominales desaceleran más rápido que los precios, el resultado termina siendo una nueva pérdida de salario real aun en un contexto de menor inflación.

La situación tampoco es uniforme entre los distintos convenios colectivos. Algunas actividades lograron recomponer poder adquisitivo, entre ellas encargados de edificio, camioneros, construcción y farmacia. En el extremo opuesto, textiles acumula una pérdida real del 12,6% interanual, metalúrgicos del 12,4%, comercio del 11% y calzado del 10,5%.

Esta dispersión confirma que la discusión salarial se volvió progresivamente más sectorial. La capacidad de cada actividad para trasladar mejoras nominales y sostener el poder de compra depende de su estructura productiva, productividad, condiciones de demanda y capacidad de negociación. También existe una fuerte dimensión territorial: en el convenio metalmecánico, la mediana salarial de la provincia mejor remunerada llega a ser 4,4 veces superior a la de la jurisdicción con menor salario. En construcción la brecha alcanza 3,7 veces y en alimentación, 3,5 veces.

Para Misiones y el NEA, este componente territorial resulta especialmente relevante. La recuperación del empleo no depende únicamente de que mejore el nivel general de actividad, sino de que esa mejora se traduzca en inversión, producción y demanda laboral en las economías regionales. La brecha salarial entre jurisdicciones y la concentración de la destrucción de puestos en sectores como industria y comercio muestran que una política de empleo efectiva necesita considerar las estructuras productivas locales y no solamente los agregados nacionales.

Los datos de junio tampoco anticipan todavía un cambio de ciclo. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una nueva caída del empleo asalariado privado en empresas de diez o más trabajadores de los principales centros urbanos, del 0,1% mensual. En el interior del país la contracción fue del 0,2%, superior a la observada en el Gran Buenos Aires.

La clave para revertir esta dinámica, entonces, excede cualquier modificación normativa sobre el mercado laboral. El propio análisis citado de LCG plantea que la actividad económica, tanto por el lado de la demanda interna como de la externa, tiene mayor capacidad para traccionar la creación de empleo que los cambios regulatorios aislados. El desafío de política económica pasa por conseguir que la estabilidad macroeconómica y la recuperación sectorial se conviertan en inversión productiva y, finalmente, en puestos de trabajo formales.

Ese es el punto donde el dato laboral deja de ser una estadística y se convierte en una señal sobre el modelo de crecimiento. La economía puede estabilizar precios, recuperar determinados sectores y ampliar modalidades de trabajo independiente, pero la prueba decisiva será si consigue reconstruir empleo asalariado formal, particularmente en industria, comercio y servicios. Sin esa transmisión, la mejora macroeconómica corre el riesgo de convivir durante más tiempo con un mercado laboral que todavía no logra recuperar capacidad de absorción.

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Menos ingresos, menos consumo y más deuda: la economía real en problemas

By Alejandro Pegoraro 2 semanas ago
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Tal como publicó esta semana Economis en esta nota, los datos del mercado laboral de Posadas muestran una transformación que va mucho más allá de una simple variación en la cantidad de personas ocupadas. Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer trimestre de 2026 revelan un deterioro simultáneo de la calidad del empleo, los ingresos y la capacidad de los hogares para sostener sus gastos. El dato más preocupante es que se está produciendo un desplazamiento acelerado desde el empleo asalariado hacia el cuentapropismo y, fundamentalmente, desde la formalidad hacia la informalidad.

Entre 2024 y 2026, la participación del cuentapropismo dentro de los ocupados de Posadas pasó del 24% al 29%, mientras que el trabajo asalariado retrocedió del 71% al 66%. En otras palabras, cada vez hay una mayor proporción de personas que trabaja por cuenta propia y una menor proporción que lo hace como asalariada. Este proceso no necesariamente implica que todo el cuentapropismo sea precario —aunque también crece en esa dirección—, pero cuando se lo observa junto con la evolución de la informalidad, el diagnóstico se vuelve mucho más claro.

La informalidad laboral alcanzó al 53% de los ocupados en el primer trimestre de 2026, frente al 43% registrado apenas un año antes. Es decir, en solo doce meses, la proporción de trabajadores informales aumentó 10 puntos porcentuales. El fenómeno no se explica solamente porque hayan desaparecido empleos formales: los ocupados formales se redujeron 12,9%, equivalente a unas 12.104 personas, mientras que los informales aumentaron 30,0%, incorporando unas 21.603 personas.

Esta combinación es especialmente significativa. El mercado laboral no solamente está perdiendo empleo formal, sino que una parte importante de quienes ingresan o permanecen ocupados lo hace bajo modalidades informales. En otras palabras, el mercado de trabajo está funcionando como una válvula de escape frente a la pérdida de capacidad para generar empleo de mayor calidad.

Esto puede estar asociado a varios factores que se retroalimentan. Por un lado, una menor demanda de trabajo formal por parte de empresas y comercios, en un contexto en el que muchas actividades enfrentan dificultades para sostener sus niveles de ventas y rentabilidad. Por otro, la necesidad de los propios trabajadores de generar rápidamente algún ingreso, aun cuando sea a través de actividades por cuenta propia, changas, trabajos ocasionales o empleos sin registración. Cuando el empleo asalariado formal no crece al ritmo de la necesidad de ingresos, el cuentapropismo y la informalidad se convierten en mecanismos de absorción.

El problema es que esta salida tiene un costo económico y social elevado: a mayor informalidad, menores ingresos y mayor vulnerabilidad. La evolución de los ingresos confirma que el deterioro no se limita a la composición del empleo. Al primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los trabajadores formales de Posadas cayó 8,7% real interanual, mientras que el de los informales retrocedió 2,5%. El dato puede parecer paradójico: los ingresos formales cayeron más que los informales. Sin embargo, esto no significa que la informalidad haya dejado de ser desventajosa. Por el contrario, la brecha continúa siendo muy importante. En promedio, un trabajador formal de Posadas percibe ingresos equivalentes a 2,1 veces los de un trabajador informal.

La diferencia es fundamental porque el empleo formal no solamente supone un ingreso monetario mayor. También implica acceso a cobertura de salud, aportes jubilatorios, licencias, protección frente al despido y, en muchos casos, mayor estabilidad. Por eso, cuando una economía reemplaza empleo formal por ocupaciones informales, la pérdida no puede medirse únicamente en pesos: también se deteriora la red de protección que acompaña al trabajador y a su hogar.

La situación del mercado laboral termina trasladándose directamente a los hogares. Y allí aparecen algunos de los indicadores más preocupantes. El 20% de los hogares de Posadas declara que, en el primer trimestre del año, debió utilizar ahorros para poder cubrir los gastos del hogar, mientras que el 46% debió realizar compras básicas en cuotas con tarjeta de crédito ante la falta de liquidez.

Estos datos muestran un cambio importante en la forma en que las familias enfrentan la pérdida de poder adquisitivo. Cuando los ingresos corrientes dejan de alcanzar, aparecen inicialmente mecanismos de ajuste: reducir consumos, postergar compras, cambiar marcas o eliminar gastos considerados prescindibles. Pero cuando ese margen se agota, surgen mecanismos de financiamiento: primero los ahorros y luego el crédito.

El problema es que esos mecanismos no son infinitos. Los datos de crédito del Banco Central muestran que la mora en Misiones alcanza al 18,7% y afecta a unas 142.000 personas, con un saldo en mora superior a 90 días de aproximadamente $293.000 millones. La situación es particularmente compleja en algunos segmentos del sistema financiero: la mora alcanza al 33,0% entre los clientes de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y llega al 50,3% entre quienes acceden a crédito a través de proveedores no financieros. También existe una fuerte diferencia generacional: la mora alcanza al 33,5% entre los jóvenes de hasta 25 años. Y, por género, es mayor entre los varones (19,8%) que entre las mujeres (17,2%).

Esto permite observar una segunda etapa del deterioro. Primero se deterioran los ingresos laborales; después, los hogares utilizan sus ahorros para sostener el consumo; luego recurren al crédito; finalmente, una parte creciente comienza a tener dificultades para pagar ese crédito. No se trata solamente de un problema financiero. La expansión de la mora puede terminar restringiendo el acceso futuro al crédito de las familias, encareciendo el financiamiento y profundizando las dificultades para sostener consumos básicos. En ese sentido, el endeudamiento puede convertirse en un mecanismo que amortigua el impacto de la caída de ingresos en el corto plazo, pero amplifica la vulnerabilidad en el mediano plazo.

Pero todo esto también afecta a la salud. En 2025, el 37% de las personas de Posadas no contaba con cobertura de obra social o prepaga. En 2026, esa proporción trepó al 42,5%. La explicación puede estar vinculada a distintos factores. La pérdida de empleos formales implica, en muchos casos, la pérdida de la cobertura asociada al trabajo registrado. Pero también puede existir otro fenómeno: hogares que, aun conservando determinados ingresos, dejan de pagar una prepaga o reducen gastos vinculados a la cobertura médica porque el presupuesto familiar ya no alcanza.

En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: una mayor cantidad de personas termina dependiendo exclusivamente del sistema público de salud. Esto genera una presión adicional sobre un sistema que ya enfrenta restricciones presupuestarias y de recursos. Por eso, el deterioro del mercado laboral no queda encerrado en las estadísticas de empleo: termina impactando también sobre la demanda de servicios públicos.

Los datos de Posadas permiten identificar un círculo que merece especial atención. Menos empleo formal implica menores ingresos y menor cobertura social. La pérdida de poder adquisitivo obliga a los hogares a reducir consumos y utilizar ahorros. Cuando los ahorros se agotan, aparece el financiamiento con tarjeta y otros mecanismos de crédito. A medida que aumenta el endeudamiento, también crece el riesgo de mora. Al mismo tiempo, la pérdida de cobertura de salud incrementa la presión sobre el sistema público y, en paralelo, quienes necesitan generar ingresos encuentran en el cuentapropismo y la informalidad una alternativa cada vez más extendida.

El problema es que esta dinámica puede volverse autorreforzada. Una economía con menor empleo formal genera menos ingresos estables; hogares con menor capacidad de consumo reducen la demanda; una demanda más débil dificulta la recuperación de determinadas actividades; y empresas y comercios con menor capacidad de generación de ingresos tienen menos incentivos o posibilidades para incorporar trabajadores formalmente.

En este contexto, los esfuerzos que puedan realizar los gobiernos local y provincial para sostener la actividad, acompañar a los sectores más afectados o contener el deterioro social resultan necesariamente insuficientes si el marco macroeconómico nacional continúa operando en sentido contrario. No hay política provincial que pueda compensar indefinidamente una estrategia económica que plancha el consumo, debilita el mercado interno, encarece el crédito y deteriora las condiciones de competitividad de las economías regionales.

El problema de fondo es que, mientras la política económica nacional se concentra en determinadas variables financieras y fiscales, la economía real muestra otra película: comercios que venden menos, empresas que demandan menos trabajo, trabajadores que pasan a la informalidad, familias que consumen sus ahorros y se endeudan para comprar lo básico. Si el objetivo es recuperar el empleo y mejorar las condiciones de vida, resulta imprescindible que la política económica vuelva a mirar esa economía real, porque ninguna estabilización será sostenible si se construye sobre el deterioro de quienes producen, trabajan y consumen.

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Colonia Victoria: un acuerdo entre Provincia, empresa y sindicato preserva 50 puestos de trabajo forestales

By Redacción Economis 3 semanas ago
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Un acuerdo entre el Gobierno de Misiones, una empresa y el sindicato permitirá preservar 50 puestos de trabajo en Colonia Victoria, en una nueva intervención orientada a evitar despidos y sostener la continuidad de la actividad forestal en un escenario económico complejo.

El convenio fue firmado en la sede del Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones y se encuadra en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, una herramienta que permite establecer acuerdos entre empleadores y trabajadores, con intervención de la autoridad laboral, para atravesar situaciones coyunturales y preservar fuentes de empleo.

El entendimiento alcanza a 50 trabajadores de ISISCHU S.R.L. y apunta a garantizar la continuidad laboral mientras la empresa sostiene su actividad productiva. La herramienta permite, en este caso, acordar sobre conceptos no remunerativos y evitar que la desaceleración económica derive en una pérdida inmediata de puestos de trabajo.

El convenio fue suscripto por la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; el subsecretario de Coordinación Operativa, Ariel Britos; la jefa del Departamento de Relaciones Laborales, Roxana Mendieta; el intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino; el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Eldorado (SOIME), Domingo Paiva, y el socio gerente de ISISCHU S.R.L., Martín Stenner.

Desde la empresa, Stenner valoró el acompañamiento institucional y explicó que el acuerdo permite establecer un esquema sobre conceptos no remunerativos para preservar las fuentes laborales. Según señaló, el entendimiento también contribuye a garantizar la estabilidad de los trabajadores y generar una mejora durante el período de dificultad.

La dimensión del acuerdo excede a los 50 puestos directamente alcanzados. La actividad forestal forma parte de una de las cadenas productivas centrales de Misiones y su continuidad tiene efectos sobre proveedores, transporte, servicios y consumo en las localidades donde se desarrolla.

Para el SOIME, además, el convenio se inscribe en una estrategia que ya permitió preservar una cantidad significativa de empleos durante 2026. Paiva señaló que se trata del cuarto acuerdo firmado durante el año para sostener fuentes laborales dentro de la actividad forestal y estimó que, mediante este tipo de herramientas, ya se preservaron cerca de 200 puestos de trabajo en la provincia.

El dirigente sindical también planteó una perspectiva de recuperación: la continuidad de la producción no solo permite evitar despidos, sino que puede abrir la posibilidad de nuevas incorporaciones de personal cuando las condiciones de actividad mejoren.

En Colonia Victoria, el acuerdo también adquiere una dimensión territorial. El intendente Hugo Andino destacó el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y el esquema de cooperación entre el Estado provincial, el municipio, la empresa y los trabajadores como mecanismo para evitar la destrucción de empleo y sostener el desarrollo productivo local.

La lógica detrás del convenio es concreta: frente a una coyuntura económica que amenaza la actividad, la negociación institucional busca repartir el costo del ajuste sin trasladarlo directamente a la pérdida de puestos de trabajo. El artículo 223 bis aparece así como una herramienta de transición para que empresas y trabajadores puedan atravesar períodos de menor actividad manteniendo el vínculo laboral.

Para Misiones, donde la industria forestal tiene un peso estratégico en la economía provincial, preservar empleo formal supone además sostener capacidades productivas que luego resultan más difíciles y costosas de reconstruir. El desafío consiste en que estos acuerdos funcionen como un puente hacia la recuperación de la actividad y no como una solución permanente frente a una contracción prolongada.

Con este nuevo entendimiento, el Ministerio de Trabajo y Empleo busca profundizar una política basada en el diálogo social y en la utilización de instrumentos laborales para contener el impacto de la coyuntura. En Colonia Victoria, el resultado inmediato es concreto: 50 trabajadores mantienen sus puestos y una empresa del entramado forestal continúa operativa, mientras Estado, trabajadores y empleadores sostienen una mesa común para atravesar el escenario económico.

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El Gobierno redefine el cálculo de aportes sindicales y limita la base salarial para convenios colectivos

By Redacción Economis 1 mes ago
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El Gobierno nacional profundizó la reglamentación de la reforma laboral con un nuevo decreto que redefine cómo deberán calcularse los aportes sindicales y contribuciones establecidos en los convenios colectivos de trabajo. La medida apunta a dotar de mayor previsibilidad jurídica a las negociaciones paritarias, establecer límites más precisos sobre las cargas económicas que pueden pactarse y reforzar los mecanismos de control sobre el destino de los fondos administrados por las organizaciones sindicales.

A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo introdujo precisiones sobre la aplicación de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802 y su reglamentación, en un aspecto que había generado dudas entre empresas, sindicatos y autoridades encargadas de homologar los acuerdos colectivos.

El cambio central consiste en delimitar qué conceptos salariales integran la base de cálculo sobre la cual pueden establecerse los aportes y contribuciones previstos en las negociaciones colectivas. A partir de ahora, únicamente se computarán el salario básico convencional y las remuneraciones normales, habituales y de pago mensual correspondientes a la categoría del trabajador.

Quedan expresamente excluidos de esa base conceptos como premios por productividad, bonos extraordinarios, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro ingreso que no tenga carácter mensual, habitual y permanente.

La decisión busca uniformar el criterio que deberán aplicar tanto los negociadores como la Secretaría de Trabajo al momento de analizar la legalidad de los convenios antes de su homologación. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la medida permitirá garantizar el respeto de los límites establecidos por la legislación vigente y evitar interpretaciones dispares sobre qué componentes salariales pueden ser alcanzados por aportes convencionales.

La normativa también introduce una diferenciación relevante entre los aportes previstos por la Ley de Convenciones Colectivas y aquellos que los empleadores acuerden realizar voluntariamente en favor de los sindicatos.

En este punto, el decreto establece que esas contribuciones patronales deberán destinarse exclusivamente a actividades de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien a los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo. Además, esos recursos deberán administrarse mediante una contabilidad separada del patrimonio sindical ordinario, reforzando los mecanismos de transparencia y control sobre su utilización.

Un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral

Desde la perspectiva empresarial, la medida aporta mayor previsibilidad en el costo laboral derivado de las negociaciones colectivas, al eliminar incertidumbres respecto de la inclusión de conceptos variables o extraordinarios dentro de la base de cálculo de los aportes.

Para los trabajadores, el decreto procura asegurar que los recursos que financian servicios sociales administrados por las organizaciones sindicales tengan un destino específico y verificable, evitando que se mezclen con otros fondos institucionales.

En términos regulatorios, la decisión también fortalece el control de legalidad previo que realiza la autoridad laboral sobre cada convenio colectivo, una etapa clave para determinar si los acuerdos cumplen con los límites fijados por la legislación.

El Decreto 612 constituye una nueva etapa en la implementación de la Ley de Modernización Laboral sancionada este año. Luego de reglamentar aspectos vinculados con la negociación colectiva mediante el Decreto 407/2026, el Gobierno ahora avanza sobre cuestiones técnicas que impactan directamente en la estructura financiera de los convenios.

La estrategia oficial apunta a construir un sistema de relaciones laborales con reglas más uniformes para empleadores y sindicatos, reduciendo márgenes de interpretación administrativa y fortaleciendo los controles sobre los recursos que se generan a partir de las negociaciones colectivas.

Aunque el decreto no modifica los derechos de negociación de las organizaciones sindicales ni elimina los aportes previstos por la legislación vigente, sí redefine con precisión su alcance económico y establece nuevos criterios que deberán observarse en todas las futuras homologaciones de convenios colectivos en la Argentina.

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