EMPLEO FORMAL

ARCA prorroga por un año el pago a cuenta de contribuciones patronales de microempresas

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen que permite a las microempresas computar parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales. La medida, instrumentada mediante la Resolución General 5817/2026, busca sostener el alivio fiscal sobre el empleo formal en el segmento más pequeño del entramado productivo, en un contexto de fragilidad económica y necesidad de preservar puestos de trabajo.

La decisión, publicada el 21 de enero de 2026, adecua la normativa vigente a lo dispuesto por el Decreto 923/25, que prorrogó por un año más un beneficio originalmente creado en 2023. En términos prácticos, la resolución amplía el período de remuneraciones alcanzadas por el régimen, incorporando todo el ejercicio 2026.

Un beneficio fiscal clave para el empleo en microempresas

El régimen fue establecido inicialmente por el Decreto 394/23, que habilitó a las microempresas —definidas según el artículo 2° de la Ley 24.467— a computar hasta el 30% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias efectivamente ingresado como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), previsto en la Ley 24.241.

Ese esquema se aplica sobre las contribuciones patronales establecidas en el artículo 19 de la Ley 27.541, y apunta a reducir el costo laboral formal para las empresas de menor escala, consideradas las más vulnerables frente a ciclos recesivos y restricciones financieras.

La operatoria fue reglamentada por la Resolución General 5.405, que fijó requisitos, plazos y condiciones para acceder al beneficio. Posteriormente, el Decreto 1.137/24 había extendido su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, adecuación que ARCA instrumentó mediante la Resolución General 5.632.

Con la nueva normativa, el alcance temporal se amplía nuevamente: ahora el beneficio podrá aplicarse a las remuneraciones devengadas entre agosto de 2023 y diciembre de 2026.

Adecuación normativa y cambios operativos

La Resolución General 5817/2026 introduce una modificación puntual pero relevante: sustituye en el artículo 6° de la Resolución General 5.405 la referencia temporal que llegaba hasta diciembre de 2025, extendiéndola hasta diciembre de 2026. De este modo, ARCA alinea la reglamentación administrativa con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

En paralelo, la norma ratifica los aspectos operativos del régimen. La determinación nominativa de los aportes y contribuciones a la seguridad social deberá realizarse mediante el release 5 de la versión 47 del sistema “Declaración en línea”, establecido por la Resolución General 3.960, al que se accede con Clave Fiscal a través del sitio web institucional.

Desde el punto de vista institucional, la resolución cuenta con la intervención de las áreas técnicas y jurídicas del organismo, incluyendo las Subdirecciones Generales de Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas, así como la Dirección General Impositiva, lo que refuerza su encuadre formal dentro del esquema de administración tributaria.

Impacto económico y expectativas del sector

La prórroga del beneficio es leída como una señal de continuidad de políticas de alivio fiscal focalizadas en las microempresas, un segmento que concentra una parte significativa del empleo registrado, pero que enfrenta mayores dificultades para absorber aumentos de costos.

Al permitir que un tributo de percepción inmediata —como el impuesto a los débitos y créditos bancarios— se transforme en un crédito aplicable contra contribuciones patronales, el régimen mejora el flujo de fondos y reduce parcialmente la carga sobre la nómina salarial. En ese sentido, su extensión a lo largo de todo 2026 brinda previsibilidad a las microempresas en la planificación de sus obligaciones laborales y fiscales.

Hacia adelante, el impacto concreto dependerá tanto del nivel de actividad como de la capacidad de las empresas de sostener empleo formal. No obstante, la decisión de ARCA y del Poder Ejecutivo Nacional confirma que el beneficio sigue siendo considerado una herramienta vigente para apuntalar al eslabón más chico del tejido productivo.

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Reforma laboral: la baja del aporte patronal recorta más de $100.000 millones por mes a las obras sociales

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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora una reducción del aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%, una medida que, según estimaciones del sector, implicaría un recorte superior a los $100.000 millones por mes. El cambio, presentado como parte de una estrategia para abaratar el costo laboral y promover el empleo formal, encendió alertas en el sistema de salud sindical por su impacto fiscal y sanitario, y reavivó el conflicto político e institucional con las organizaciones gremiales.

Qué cambia la reforma y por qué impacta en las obras sociales

El proyecto de Modernización Laboral introduce modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo declarado de reducir costos y estimular la formalización. Además de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) —que prevén transferencias del sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa—, la iniciativa reduce en un punto porcentual la contribución patronal a las obras sociales, manteniendo sin cambios el aporte del trabajador en 3%.

La medida afecta a un sistema de salud tripartito —sector público, obras sociales sindicales y sistema privado— y, de acuerdo con especialistas, profundiza la crisis financiera de las obras sociales. El médico y exdirector ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, advirtió que la reducción provocaría una caída del 11% en la recaudación del subsistema sindical. En términos nominales, fuentes gremiales estiman una pérdida cercana a $16.500 millones mensuales para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y de hasta $90.000 millones para las obras sociales, totalizando alrededor de $106.000 millones por mes.

Desde el Ejecutivo, la lógica es que una mayor formalización eleve la base de aportantes y compense el menor aporte por trabajador. Sin embargo, Regazzoni calificó ese razonamiento como un error “técnico”: con menor recaudación per cápita, el sistema enfrenta más demanda sanitaria sin financiamiento suficiente, lo que agrava la tensión entre prestaciones y recursos.

Fondo Solidario, PMO y una fragilidad que se profundiza

El recorte propuesto llega en un contexto de fragilidad extrema. No existen cifras oficiales actualizadas del Programa Médico Obligatorio (PMO), pero estimaciones privadas ubican su costo entre $65.000 y $70.000 mensuales, un nivel difícil de sostener con una base de aportes reducida y afiliados de menores ingresos. A esto se suma que los trabajadores de mayores salarios suelen derivar aportes al sistema privado, concentrando el riesgo en las obras sociales.

El titular de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri, señaló que cerca del 90% del FSR se destina hoy a prestaciones por discapacidad, como transporte escolar, lo que limita la cobertura del resto de los afiliados. “Las obras sociales están quebradas. El sistema está quebrado”, afirmó, y advirtió que muchos gremios ya subsidian con fondos propios a sus prestadores, una dinámica que consideran insostenible.

Lingieri cuestionó además el foco del recorte: “El costo laboral es impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque. Eso no lo tocan”. En su análisis, la reforma prioriza reducir aportes al sistema de salud sin abordar otros componentes del costo empresario.

Más empleo, menos cobertura: la contradicción de base

Una de las críticas centrales apunta a la contradicción estructural del proyecto: si la reforma logra aumentar el empleo formal, el sistema de obras sociales no tendría capacidad para absorber nuevos afiliados con menos recursos disponibles. “Si hay más trabajadores, no podemos atenderlos. Fundimos”, resumió Lingieri, quien advirtió que el esquema podría trasladar la carga al Estado.

Como antecedente, el dirigente citó el caso de los monotributistas, que hoy pagan alrededor de $20.000 por una cobertura integral. Con las actualizaciones previstas para 2026, la categoría A aportará $22.485, de los cuales el 90% se destina al sistema de salud y el 10% al FSR, una ecuación que el sector considera difícil de escalar sin financiamiento adicional.

La CGT también cuestionó la falta de consenso y de instancias formales de diálogo, pese a que —según Lingieri— el sector estaba dispuesto a negociar alternativas.

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la discusión integral del “costo argentino” y apuntó a la cuota sindical como parte del debate, al advertir que, en muchos casos, “lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador” por la sumatoria de descuentos.

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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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Más plazo y más flexibilidad para el programa INSERTAR de Economía del Conocimiento

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso una ampliación clave del Programa INSERTAR, orientado a promover el empleo formal en actividades de la Economía del Conocimiento, mediante la Resolución 255/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial.

La medida habilita un nuevo plazo para la adhesión de provincias, extiende por 12 meses el período para que las empresas presenten solicitudes de beneficios y flexibiliza condiciones operativas del programa, financiado con recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). El objetivo explícito es ampliar el alcance territorial, mejorar la ejecución y fortalecer la generación de empleo calificado, en el marco del régimen creado por la Ley N° 27.506.

Más provincias y más tiempo: ampliación del alcance territorial y empresarial

Uno de los ejes centrales de la Resolución 255/2025 es la apertura de un nuevo período de dos meses para que las provincias que aún no se adhirieron al Programa INSERTAR puedan presentar sus actas de adhesión. El plazo comienza a regir desde la publicación de la norma y responde a la manifestación de interés de nuevas jurisdicciones, verificada durante la ejecución del programa.

En paralelo, el Ministerio resolvió extender por doce meses, hasta el 31 de octubre de 2026, el plazo para que las empresas presenten sus solicitudes de beneficios. El vencimiento original estaba fijado para el 31 de octubre de 2025, conforme a las Bases y Condiciones aprobadas en 2023.

Desde el punto de vista institucional, la decisión busca evitar que el diseño temporal del programa limite su impacto, permitiendo una mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) vinculadas a actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento.

Cambios operativos y mayor flexibilidad para las empresas

La resolución introduce además modificaciones relevantes en la operatoria del programa, orientadas a facilitar su implementación y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos. Entre ellas, se habilita a las empresas a dar de alta nuevos trabajadores desde el mes en que presentan la solicitud y hasta el último día del mes siguiente a la notificación de aprobación del beneficio, contemplando incluso períodos no coincidentes con el mes calendario.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de control al establecer la obligatoriedad de presentar el Formulario F.931 junto con la nómina de personal al momento de la solicitud. Esta exigencia permite a la autoridad de aplicación realizar un análisis más riguroso de la dotación laboral previa, asegurando que el beneficio se destine efectivamente a la creación de nuevos puestos de trabajo.

En la misma línea, la norma aclara que el Código N° 8 corresponde a la modalidad de contratación “A tiempo indeterminado / trabajo permanente”, según la codificación vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), despejando interpretaciones divergentes en la aplicación del beneficio.

Un programa clave dentro del Régimen de Economía del Conocimiento

El Programa INSERTAR fue creado en 2023 con financiamiento del FONPEC, fondo integrado principalmente por aportes de las empresas beneficiarias del régimen promocional. Su finalidad es incentivar el empleo formal, financiar capital de trabajo y promover la formación de recursos humanos calificados en sectores intensivos en conocimiento y digitalización.

Con esta resolución, el Ministerio de Economía introduce ajustes que recalibran el equilibrio entre control fiscal, flexibilidad operativa y alcance federal, en un contexto donde la generación de empleo calificado aparece como uno de los ejes estratégicos de la política productiva.

La ampliación de plazos y la flexibilización administrativa podrían generar una mayor demanda por parte de empresas y provincias, especialmente en aquellas jurisdicciones que aún no habían adherido formalmente al programa, reconfigurando su impacto territorial durante 2026.

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Reforma laboral: Cordero defendió el proyecto y afirmó que “no quita ningún derecho esencial”

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En vísperas del debate legislativo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que el proyecto de reforma laboral enviado al Senado busca preservar derechos, reducir costos y facilitar la incorporación de más trabajadores al empleo formal, en un contexto de fuerte tensión política y sindical. La iniciativa —impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano— redefine componentes centrales del régimen laboral argentino y deja planteado un nuevo escenario para gremios, empresas y trabajadores.

Un proyecto que apunta a “modernizar sin quitar derechos”: lineamientos, objetivos y puntos sensibles

Durante un reportaje concedido a Ámbito y La Nación, Cordero sostuvo que la reforma “no elimina derechos adquiridos” y que constituye una propuesta “pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”. En sus palabras: “Lo que tiene de magnífica esta reforma es que no quita realmente ningún derecho esencial a los trabajadores y, por otro lado, da y otorga derechos apuntando a generar empleo”.

El proyecto modifica aspectos clave del sistema laboral, entre ellos:

  • Retención de aportes sindicales: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención. El mecanismo será opcional “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Según fuentes oficiales, los gremios deberán desarrollar sus propios sistemas de cobro, aprovechando “mecanismos digitales existentes”.
  • Fuero laboral: se refuerza el traspaso de competencias judiciales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Indemnizaciones: el texto aclara que el aguinaldo no integra la base de cálculo por despido. Además, propone una fórmula explícita de actualización judicial: inflación del INDEC más 3%.
  • Costos laborales: la contribución que realizan las empresas a las obras sociales se reduce del 6% al 5%.
  • Ultraactividad: se habilita la modernización de convenios colectivos. Las cláusulas normativas se mantienen salvo acuerdo, mientras que las obligacionales deberán renegociarse.
  • Jornadas y banco de horas: se habilita la posibilidad de reorganizar horas laborales mediante sistemas de compensación acordados por convenio, sin eliminar las horas extra.
  • Vacaciones: se introduce un esquema de fraccionamiento con un mínimo de siete días continuos, atendiendo a nuevas dinámicas del uso del tiempo libre.

Cordero remarcó que la reforma busca corregir “distorsiones judiciales” y adaptar reglas laborales a un mercado donde emergen la inteligencia artificial, la robótica y modalidades autónomas de trabajo. Según explicó: “La relación de dependencia requiere dependencia jurídica, técnica y económica; si alguna falta, el vínculo es autónomo”.

Reacciones políticas y sindicales: entre el apoyo parcial y el conflicto abierto

A pesar del énfasis oficial en el carácter “proactivo” de la reforma, la CGT convocó a una movilización para el 18 de diciembre en rechazo al proyecto. Cordero relativizó el conflicto y argumentó que algunos gremios “toman posiciones de liderazgo en defensa de intereses propios”, aunque diferenció a un “sindicalismo sano” que reconoce la urgencia de incorporar trabajadores al empleo formal.

Sostuvo: “Muchas veces es difícil permanecer cómodo cuando hay muchas otras personas que están incómodas. Hay personas en la informalidad y a través de los años no se ha logrado corregir este problema”.

También afirmó que la iniciativa no es antisindical: “Es una ley en favor de, no una ley anti nada. Es pro trabajador, pro empresa y pro sindicato”.

En materia legislativa, Cordero se mostró confiado en que existen condiciones políticas para que el Congreso avance: “La ciudadanía está pidiendo desesperadamente que algo hagamos. Es una obligación moral”. No obstante, aclaró que los tiempos dependen exclusivamente del Parlamento.

Implicancias económicas y laborales: formalización, costos y previsibilidad jurídica

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá: Reducir cargas sobre el empleo, especialmente para pymes. Ofrecer previsibilidad respecto de indemnizaciones y litigios. Habilitar nuevas modalidades de trabajo autónomo para jóvenes. Actualizar convenios colectivos antiguos que dificultan la expansión de la actividad. Formalizar trabajadores actualmente en la economía informal.

Para Cordero, el “primer derecho” es el acceso al trabajo: “No se da cuando hay un régimen jurídico conflictivo o complejo como el que vivimos hasta hoy”.

La inclusión del banco de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la reducción de contribuciones se orientan a flexibilizar costos y tiempos sin eliminar figuras tradicionales como la hora extra.

En materia de negociación colectiva, el final de la ultraactividad obligacional implica revisar aportes, capacitaciones y beneficios históricos que se acumularon “a través del tiempo”, lo que podría redefinir la estructura financiera de varios gremios.

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