EMPLEO FORMAL

Reforma laboral: Moody’s advierte por los costos de transición y un impacto gradual en el empleo

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La calificadora de riesgo Moody’s consideró que la reforma laboral aprobada en Argentina mejora el clima de inversión y reduce rigideces estructurales del mercado de trabajo, pero advirtió que su implementación implicará costos de transición económicos y sociales, especialmente en el corto plazo.

En su último informe, la agencia señaló que el cambio en las reglas de contratación, despido e indemnizaciones apunta a reducir la informalidad laboral y mejorar la productividad, aunque remarcó que los beneficios no serán inmediatos.

Según Moody’s, la reforma podría generar inicialmente ajustes en el mercado laboral, incluyendo mayores despidos en algunos sectores mientras las empresas se adaptan al nuevo esquema normativo y al proceso de estabilización macroeconómica.

“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre sectores”, señaló el reporte, que también menciona riesgos de litigios laborales, resistencia sindical y desafíos de implementación.

Ajustes en el empleo y reconfiguración del mercado laboral

La calificadora explicó que los cambios en el sistema de indemnizaciones, la extensión de los períodos de prueba y la creación de nuevos mecanismos de cese laboral reducen costos para las empresas, pero implican una etapa de reorganización del mercado laboral.

Ese proceso podría traducirse en reacomodamientos empresariales y despidos en sectores que todavía atraviesan procesos de ajuste, en un contexto de consolidación fiscal y desaceleración económica.

El informe también remarca que el empleo formal privado en Argentina permanece prácticamente estancado desde 2010, mientras que la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el tercer trimestre de 2025 el trabajo informal representó 43,3% del total del empleo, una proporción que limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y debilita los sistemas de seguridad social.

Impacto fiscal y presión sobre el sistema previsional

Uno de los principales costos de transición identificados por Moody’s está vinculado al frente fiscal.

El informe estima que las contribuciones a la seguridad social podrían caer entre 0,3% y 0,4% del PBI, debido a que una parte de los aportes patronales que antes se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social será redirigida al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado por la reforma.

Aunque el impacto fiscal directo sería manejable bajo el actual esquema de déficit cero impulsado por el gobierno de Javier Milei, la calificadora advirtió que en el corto plazo podría aumentar la presión sobre el sistema previsional nacional.

Ese efecto también podría trasladarse a las provincias que mantienen regímenes jubilatorios propios, cuyos equilibrios financieros dependen en parte de las transferencias de la ANSES.

Sectores con mayor impacto

En términos sectoriales, Moody’s sostiene que los principales beneficiarios de la reforma serán actividades intensivas en mano de obra, como construcción, manufactura, agroindustria y servicios.

La flexibilización de los convenios colectivos, la reducción de litigios laborales y la mayor previsibilidad en los costos de despido podrían mejorar la rentabilidad empresarial y favorecer nuevas inversiones.

Sin embargo, la calificadora remarcó que los beneficios dependerán de la estabilidad macroeconómica, la reglamentación de la ley y la interpretación judicial, factores que determinarán la velocidad real de los cambios en el mercado laboral.

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El RENATRE apuesta a ordenar el mercado laboral rural con un nuevo programa federal

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El mercado laboral rural suma una nueva herramienta institucional. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma de intermediación laboral que conecta oferta y demanda de trabajo en el sector agropecuario y forestal, con foco en empleo formal, capacitación y productividad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 20/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema previo aprobado en 2019.

El cambio importa ahora porque apunta a uno de los cuellos de botella más persistentes del sector: la dificultad simultánea de los empleadores para conseguir mano de obra registrada y de los trabajadores para acceder a empleos formales y estables. El PER busca cubrir ese vacío con una intermediación activa, federal y digital, financiada con recursos propios del organismo.

Qué establece la norma, en términos económicos

La resolución crea formalmente el Programa de Empleo Rural (PER) en la órbita del RENATRE y lo define como un servicio de intermediación laboral asistida. No se trata solo de un registro pasivo: el programa contempla entrevistas, diagnóstico de perfiles, vinculación con búsquedas concretas y acompañamiento en el alta temprana del trabajador.

El esquema está dirigido a trabajadores y empleadores rurales inscriptos en el RENATRE, con especial atención a beneficiarios del sistema de prestaciones por desempleo. Para los empleadores, la consecuencia operativa es clara: acceso a una base validada de perfiles laborales, asistencia técnica en el reclutamiento y reducción del costo de búsqueda. Para los trabajadores, mayor visibilidad de su perfil, orientación laboral y acceso a capacitaciones específicas.

La norma también define que la selección final no obliga a contratar, preservando la decisión empresaria, pero incorpora trazabilidad y seguimiento del proceso, reforzando la formalización de los vínculos laborales.

Contexto

El PER reemplaza a la Resolución 189/2019, que había establecido un esquema anterior de intermediación. La nueva iniciativa amplía el alcance y la ambición del instrumento, en línea con las funciones que la ley asigna al RENATRE de centralizar información y facilitar contrataciones en un sector caracterizado por la estacionalidad, la dispersión territorial y la informalidad estructural.

El programa se inscribe en un contexto de economías regionales presionadas, donde la productividad y el arraigo rural dependen cada vez más de contar con mano de obra capacitada y registrada. La norma reconoce ese problema y propone una herramienta superadora del simple registro administrativo.

Impacto concreto

El impacto económico no viene por la vía de subsidios directos ni cambios salariales, sino por la reducción de fricciones en el mercado laboral rural. Para las empresas agropecuarias y forestales, el PER puede bajar costos de contratación, acortar tiempos de búsqueda y mejorar el “match” entre puesto y trabajador.

En términos de empleo, el objetivo explícito es ampliar el trabajo formal, con efectos indirectos sobre la recaudación de aportes y contribuciones y sobre la cobertura de la seguridad social. También puede mejorar la competitividad de las unidades productivas al fortalecer competencias laborales alineadas con las necesidades reales de cada actividad.

Los sectores más beneficiados serían aquellos intensivos en mano de obra y con alta rotación estacional, mientras que el desafío estará en lograr una adopción efectiva del sistema en todo el territorio.

Continuidad y fortalecimiento institucional

La resolución envía una señal de continuidad y fortalecimiento institucional más que de giro. No desregula el mercado laboral rural, sino que refuerza la intervención del RENATRE como actor de articulación entre empleadores y trabajadores. También marca una apuesta por la gestión digital y federal, con acompañamiento personalizado y uso de información registral.

Hacia el sector productivo, el mensaje es de apoyo a la formalización sin imponer nuevas cargas directas. Hacia los trabajadores, una señal de mayor presencia estatal en la facilitación del acceso al empleo registrado.

Qué habrá que mirar hacia adelante

El impacto real del PER se medirá en su capacidad de generar colocaciones efectivas, en la calidad de los perfiles formados y en la adhesión de empleadores de distintas economías regionales. En los próximos meses, el indicador clave será si la plataforma logra convertirse en un canal habitual de contratación y no solo en una herramienta complementaria dentro del ecosistema laboral rural.

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Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Empresarios mayoristas respaldaron la reforma laboral y pidieron eliminar aportes obligatorios que encarecen el empleo

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Empresarios del sector de autoservicios mayoristas expresaron su apoyo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se discute en el Senado de la Nación. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) consideró que la iniciativa constituye un paso clave para incentivar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes, en un contexto de altos costos laborales y márgenes ajustados para el comercio. Durante un encuentro con equipos técnicos del Senado, la entidad detalló cuatro ejes centrales del proyecto que, a su entender, modernizan las relaciones laborales y corrigen distorsiones que hoy desalientan la contratación.

La posición de CADAM se inscribe en un debate más amplio sobre la estructura de costos del empleo en la Argentina y el rol de los aportes obligatorios a cámaras empresarias y entidades vinculadas a los convenios colectivos. Para el sector mayorista, la reforma laboral abre una ventana para revisar prácticas que consideran anacrónicas y poco transparentes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los cuatro puntos de la reforma laboral que apoyan los mayoristas

La comitiva de CADAM estuvo encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, quien expuso ante los equipos técnicos del Senado los principales aspectos del proyecto que la entidad considera positivos. En primer lugar, destacaron la implementación del banco de horas como un mecanismo de flexibilidad laboral acordado entre las partes, que permitiría adaptar la jornada a los picos de actividad sin incrementar de manera automática los costos.

En segundo término, respaldaron la posibilidad de celebrar convenios laborales adaptados a la realidad de las pymes, con esquemas más acordes a la escala y dinámica de los pequeños comercios. El tercer punto señalado fue la habilitación de las billeteras virtuales como medio para acreditar salarios, una medida que apunta a modernizar los mecanismos de pago y reducir fricciones operativas. Por último, CADAM valoró el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y solicitó que ese criterio se extienda también a los aportes sindicales.

A estos ejes se sumó un reclamo puntual: la eliminación de aportes solidarios y contribuciones que, según los empresarios, “encarecen innecesariamente el costo laboral”. Entre ellos mencionaron el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, que se aplica esté o no afiliado el trabajador, y el seguro de retiro La Estrella.

Aportes obligatorios y conflicto de intereses en las paritarias

Uno de los tramos más críticos de la postura de CADAM estuvo centrado en el esquema de aportes obligatorios a cámaras empresarias dentro del sector comercio. “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, al cuestionar el rol de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones salariales y, al mismo tiempo, son beneficiarias directas de esos aportes. Para los mayoristas, esta situación configura un “evidente conflicto de intereses”.

CADAM puso como ejemplo el aporte obligatorio que cada empleado de comercio realiza al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). Según la entidad, esos fondos “se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional”. El planteo apunta a que, con cada aumento salarial acordado en paritarias, estas entidades incrementan automáticamente su recaudación, pese a ser actores centrales de la negociación. “Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación”, sostuvieron.

El reclamo no es aislado. De acuerdo con CADAM, desde el año pasado numerosas entidades empresarias expusieron sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina. El denominador común es la crítica a los mecanismos compulsivos de financiamiento que, en la práctica, se trasladan a mayores costos laborales.

Impacto en pymes y expectativas sobre el debate legislativo

Desde la óptica del sector mayorista, la reforma laboral tiene un impacto directo sobre la estructura de costos de las pymes, que concentran buena parte del empleo formal en la Argentina. “La libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables”, sostuvo Farina, al tiempo que remarcó que el proyecto “termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión”.

El respaldo de CADAM suma presión al debate legislativo en el Senado, donde la reforma laboral se analiza como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo. Si bien el texto final aún está en discusión, el posicionamiento de los empresarios del comercio mayorista anticipa un alineamiento del sector con aquellas medidas que reduzcan costos, introduzcan flexibilidad y limiten los aportes obligatorios. El resultado de ese debate será clave para definir el impacto real de la reforma sobre la competitividad de las pymes y la creación de empleo formal en los próximos años.

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