EMPLEO FORMAL

McDonald’s activa su expansión en Posadas y suma 60 empleos

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La Municipalidad de Posadas confirmó el lunes 16 de marzo de 2026 la articulación con McDonald’s para la apertura de una nueva sucursal en el centro de la ciudad, sobre la calle Bolívar, con una proyección de incorporación de alrededor de 60 trabajadores. El dato no es menor: en un escenario de desaceleración del empleo formal, el movimiento combina inversión privada con intermediación estatal y vuelve a poner en discusión el rol de los municipios como facilitadores del mercado laboral. ¿Se trata de una señal de reactivación o de un esquema de empleo de baja escala en medio de un contexto más restrictivo?

La inauguración del local está prevista para finales de mayo y marca la llegada de una segunda boca de la firma en la ciudad. El proceso de selección no quedará exclusivamente en manos de la empresa: la Oficina de Empleo municipal asumirá la etapa inicial de búsqueda y preselección de perfiles, lo que introduce una dimensión política en una decisión empresarial que, en otros contextos, suele gestionarse de manera autónoma.

Un esquema de intermediación que ordena la oferta laboral

El mecanismo elegido no es nuevo, pero sí relevante en su timing. La Municipalidad canaliza la demanda laboral a través de su Bolsa de Empleo, priorizando a jóvenes de entre 18 y 23 años que ya pasaron por instancias de capacitación impulsadas por el propio municipio. Esa decisión ordena la oferta disponible y le otorga al Estado local un rol activo en la asignación de oportunidades.

En términos institucionales, la intervención no modifica las reglas de contratación de la empresa, pero sí condiciona el universo inicial de postulantes. Los perfiles preseleccionados serán luego derivados al equipo de McDonald’s, que definirá la incorporación final. El esquema, en los hechos, combina criterios de política pública con lógica empresarial.

El programa también contempla una instancia posterior en la que podrían incorporarse jóvenes de entre 16 y 18 años, bajo las condiciones legales vigentes. No es un dato accesorio: introduce la dimensión de primer empleo en un segmento etario con dificultades estructurales de inserción.

Empleo, formación y control del territorio laboral

El movimiento fortalece, en lo inmediato, la capacidad del municipio para intervenir en el mercado de trabajo local. Al centralizar la preselección, la gestión municipal no solo acompaña la inversión privada, sino que también direcciona el acceso al empleo hacia quienes ya están dentro de su circuito de formación.

Esa lógica genera un doble efecto. Por un lado, potencia a quienes participaron en capacitaciones previas, reforzando la política pública de empleabilidad. Por otro, limita —al menos en una primera etapa— la competencia abierta, ya que la convocatoria podría ampliarse recién si no se cubren los cupos iniciales.

En términos de correlación de fuerzas, el esquema consolida al municipio como un actor clave en la intermediación laboral, especialmente en sectores de servicios. La empresa, por su parte, mantiene el control final de la contratación, pero acepta una mediación estatal que le reduce costos de búsqueda y filtrado de personal.

Impacto económico acotado, señal política relevante

La creación de 60 puestos de trabajo tiene un impacto directo pero limitado en términos macroeconómicos. Sin embargo, el movimiento adquiere relevancia política por su valor simbólico: en un contexto de restricción presupuestaria y tensión sobre el empleo, cualquier expansión del sector privado con generación de puestos formales se convierte en un activo.

Las tareas previstas —atención al cliente, caja, producción de alimentos, limpieza y logística interna— se inscriben en el segmento de empleo de servicios, con fuerte rotación y baja barrera de ingreso. No es un detalle menor: define el tipo de inserción laboral que se está promoviendo.

La articulación público-privada aparece así como una herramienta pragmática. El municipio facilita, la empresa ejecuta. El resultado es empleo, pero también una forma de gestión del mercado laboral que refuerza la centralidad del Estado local.

Un movimiento táctico en un escenario abierto

La apertura de una segunda sucursal y la incorporación de personal pueden leerse como una señal de confianza en la plaza local. Pero también como una apuesta de escala controlada, sin expansión masiva ni compromisos de mayor volumen.

Lo que ocurra en las próximas semanas será clave: si la convocatoria logra cubrir los perfiles previstos, si la ampliación a otros postulantes se activa o no, y cómo evoluciona la demanda en el nuevo local una vez inaugurado.

En paralelo, queda latente una pregunta más amplia: si este tipo de articulaciones se consolida como modelo para futuras inversiones o si responde a una coyuntura puntual donde el Estado municipal busca sostener niveles de empleo en un contexto más incierto.

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Se perdieron más de 106.000 puestos registrados en 2025 mientras crece el monotributo

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El mercado laboral argentino cerró 2025 con un dato que, en apariencia, sugiere estabilidad pero esconde un cambio profundo en la calidad del empleo. Según datos de la Secretaría de Trabajo basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el total de trabajadores registrados se mantuvo prácticamente sin variaciones interanuales, pero con una transformación significativa: el empleo asalariado cayó en más de 106.000 puestos mientras el trabajo independiente, especialmente el monotributo, creció con fuerza.

El dato central revela una mutación en la estructura laboral. El empleo asalariado —que incluye al sector privado, al sector público y al trabajo en casas particulares— retrocedió 1% interanual en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. En números concretos, la economía perdió 106.200 puestos formales bajo relación de dependencia.

Al mismo tiempo, el trabajo independiente aumentó 3,8%, con 104.800 nuevos inscriptos. Esa expansión compensó estadísticamente la caída del empleo asalariado y evitó que el total de puestos registrados mostrara un descenso más marcado.

El resultado plantea una tensión que ya comienza a discutirse en el plano político y económico: el empleo formal no desaparece del todo, pero cambia de forma. Y en ese proceso, el peso del trabajo con menor protección laboral crece.

La caída del empleo asalariado y el impacto sectorial

El retroceso del empleo registrado bajo relación de dependencia se distribuyó en varios segmentos del mercado laboral.

El sector privado explicó la mayor parte de la contracción, con una caída interanual del 1,4% equivalente a 88.800 puestos menos. El empleo público también mostró retrocesos, aunque más moderados: bajó 0,5%, lo que representa 18.700 empleos menos.

El único segmento con estabilidad fue el trabajo en casas particulares, que registró una variación prácticamente neutra, con un leve aumento de 0,3%.

Los datos muestran que el problema no se concentra en un solo sector. El deterioro atraviesa tanto al empleo privado como al estatal, lo que sugiere un impacto más amplio del contexto económico.

La dinámica tampoco es reciente. Según la serie del SIPA, la destrucción neta de puestos comenzó en septiembre de 2023 y se profundizó durante 2024. Aunque hacia fines de ese año se observó una recuperación moderada, durante 2025 el mercado laboral volvió a mostrar señales negativas.

Entre junio y diciembre del año pasado, el empleo privado acumuló siete meses consecutivos de variaciones negativas. En ese período se perdieron 96.800 puestos.

Si se amplía la mirada temporal, el deterioro es más marcado: entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 desaparecieron aproximadamente 150.000 empleos privados registrados.

Industria y comercio, los sectores más golpeados

El análisis sectorial revela que el impacto del ajuste económico se concentró en actividades intensivas en mano de obra.

Durante 2025 la industria perdió cerca de 40.000 puestos de trabajo registrados, la mayoría durante el segundo semestre del año. El comercio también mostró una caída significativa: desde mayo se redujeron 22.600 empleos.

El fenómeno no parece limitado a sectores tradicionalmente vulnerables. Incluso áreas consideradas beneficiarias del actual esquema económico —como agro, minería o intermediación financiera— destruyeron empleo durante el segundo semestre de 2025.

Ese comportamiento sugiere que la desaceleración laboral responde a un cuadro económico más amplio, marcado por la caída de la actividad y el ajuste fiscal.

El crecimiento del monotributo como amortiguador estadístico

El crecimiento del trabajo independiente aparece como el principal factor que evita una caída más pronunciada del empleo registrado total.

Durante 2025, el monotributo incorporó más de 104.800 trabajadores. Desde noviembre de 2023, el aumento acumulado alcanza 159.501 nuevos monotributistas.

Sin embargo, ese crecimiento también abre un debate sobre la calidad del empleo generado. En muchos casos, el monotributo funciona como un esquema laboral con menor estabilidad, menos protección social y sin las condiciones propias del empleo asalariado formal.

El fenómeno no es nuevo en el mercado laboral argentino, pero los datos recientes indican que se aceleró en el contexto del ajuste económico.

Un mercado laboral en transición

El balance de 2025 deja un diagnóstico ambiguo: el empleo registrado no colapsó en términos cuantitativos, pero sí experimentó un desplazamiento hacia modalidades laborales más flexibles.

Esa transformación ocurre en paralelo a una economía que todavía no logra consolidar una recuperación sostenida de la actividad.

El comportamiento del empleo en los próximos meses dependerá de dos variables centrales: la evolución del nivel de actividad y la capacidad de los sectores productivos de volver a generar empleo bajo relación de dependencia.

Por ahora, los datos sugieren un mercado laboral que se mantiene en pie, aunque con una estructura cada vez más distinta de la que existía apenas dos años atrás.

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Solo dos provincias generaron empleo privado formal desde la llegada de Milei

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Un análisis de los registros laborales oficiales muestra que solo dos provincias lograron aumentar el empleo asalariado privado registrado desde la asunción del presidente Javier Milei. Se trata de Neuquén y Río Negro, impulsadas por el dinamismo de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, mientras que las otras 22 jurisdicciones del país registraron caídas.

Los datos surgen de la comparación de las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre noviembre de 2023 -último mes completo antes del cambio de gobierno- y noviembre de 2025.

En ese período, el empleo formal privado en Argentina perdió 192.400 puestos de trabajo, en un contexto en el que el empleo registrado de calidad permanece prácticamente estancado desde 2011, en torno a los 6,1 millones de trabajadores.

Según las variaciones provinciales elaboradas a partir de los registros del SIPA, Neuquén lideró el crecimiento con una suba del 3,4%, mientras que Río Negro registró un incremento cercano al 0,7%. En ambos casos, el desempeño estuvo asociado al fuerte impulso de la actividad energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

Empleo Privado Registrado

Variación nov 2025 vs nov 2023

Pos. Provincia Variación
1Neuquén+3,4%
2Río Negro+0,7%
3Mendoza-0,6%
4San Juan-0,9%
5Tucumán-1,5%
6Jujuy-1,8%
7CABA-2,3%
8Córdoba-2,4%
9Santa Fe-2,5%
10Entre Ríos-2,5%
11Buenos Aires-3,4%
12Corrientes-3,8%
13Chubut-4,4%
14Santiago del Estero-5,4%
15Santa Fe-5,7%
16La Pampa-5,9%
17San Luis-6,8%
18Chaco-8,4%
19Misiones-8,8%
20Tierra del Fuego-10,7%
21Catamarca-10,7%
22Formosa-11,3%
23La Rioja-14,0%
24Santa Cruz-16,2%

Fuente: SIPA

El economista Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), explicó que el impacto del complejo hidrocarburífero trasciende la actividad extractiva.
“Vaca Muerta no solo genera empleo en los pozos, sino también en la cadena de valor metalmecánica y en todas las empresas de servicios que trabajan para las compañías radicadas allí”, señaló.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, destacó el efecto multiplicador del desarrollo energético.
“Más allá de los puestos que se crean específicamente en energía, hay impacto en servicios, comedores, transporte y otras actividades. Quizás no aumenta tanto el empleo formal energético, pero sí las actividades conexas”, explicó.

Retrocesos generalizados en el resto del país

Entre las jurisdicciones de mayor peso económico, la provincia de Buenos Aires registró una caída del 3,4% en el empleo privado formal, mientras que Córdoba retrocedió 2,4% y Santa Fe, 2,5%. La Ciudad de Buenos Aires también mostró una baja cercana al 2,2%.

Las contracciones más pronunciadas se observaron en varias provincias del interior. Santa Cruz encabezó la caída con una baja cercana al 16%, seguida por La Rioja (-14%), Formosa (-11%) y Catamarca (-10,7%).

Crece el empleo, pero no el trabajo formal

Más allá de las diferencias regionales, los especialistas coinciden en que el empleo total en Argentina creció en los últimos dos años, pero impulsado principalmente por el trabajo independiente y en muchos casos informal.

Colina explicó que gran parte del aumento se explica por trabajadores por cuenta propia que ni siquiera están registrados como monotributistas.
“Durante 2025 el crecimiento de los cuentapropistas provino de los informales. Eso es lo que hoy sostiene el aumento del empleo”, afirmó.

Sigaut Gravina coincidió en que el incremento del número de ocupados no se tradujo en más empleo de calidad.
“En los dos años de gobierno de Javier Milei creció el empleo total, pero se destruyeron puestos formales y aparecieron otros más informales: cuentapropistas, changas o esquemas más grises como monotributos”, describió.

Un informe de Idesa refuerza este diagnóstico. Al comparar el tercer trimestre de 2025 con el mismo período de 2023, el PBI creció 1,3%, mientras que el empleo urbano aumentó 2,3%. Sin embargo, ese crecimiento estuvo compuesto casi exclusivamente por trabajo independiente.

En ese lapso, el empleo por cuenta propia creció cerca del 14%, mientras que el empleo asalariado privado registrado cayó 3%.

Según el centro de estudios, el 80% de los trabajadores independientes son informales, lo que sugiere que el aumento del autoempleo responde más a estrategias de subsistencia que a proyectos emprendedores consolidados.

En este escenario, el desafío para el mercado laboral argentino continúa siendo reactivar la creación de empleo formal privado, en un contexto en el que la recuperación del nivel de actividad aún no se traduce en una expansión significativa del trabajo registrado.

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Reforma laboral: Moody’s advierte por los costos de transición y un impacto gradual en el empleo

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La calificadora de riesgo Moody’s consideró que la reforma laboral aprobada en Argentina mejora el clima de inversión y reduce rigideces estructurales del mercado de trabajo, pero advirtió que su implementación implicará costos de transición económicos y sociales, especialmente en el corto plazo.

En su último informe, la agencia señaló que el cambio en las reglas de contratación, despido e indemnizaciones apunta a reducir la informalidad laboral y mejorar la productividad, aunque remarcó que los beneficios no serán inmediatos.

Según Moody’s, la reforma podría generar inicialmente ajustes en el mercado laboral, incluyendo mayores despidos en algunos sectores mientras las empresas se adaptan al nuevo esquema normativo y al proceso de estabilización macroeconómica.

“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre sectores”, señaló el reporte, que también menciona riesgos de litigios laborales, resistencia sindical y desafíos de implementación.

Ajustes en el empleo y reconfiguración del mercado laboral

La calificadora explicó que los cambios en el sistema de indemnizaciones, la extensión de los períodos de prueba y la creación de nuevos mecanismos de cese laboral reducen costos para las empresas, pero implican una etapa de reorganización del mercado laboral.

Ese proceso podría traducirse en reacomodamientos empresariales y despidos en sectores que todavía atraviesan procesos de ajuste, en un contexto de consolidación fiscal y desaceleración económica.

El informe también remarca que el empleo formal privado en Argentina permanece prácticamente estancado desde 2010, mientras que la informalidad continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el tercer trimestre de 2025 el trabajo informal representó 43,3% del total del empleo, una proporción que limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y debilita los sistemas de seguridad social.

Impacto fiscal y presión sobre el sistema previsional

Uno de los principales costos de transición identificados por Moody’s está vinculado al frente fiscal.

El informe estima que las contribuciones a la seguridad social podrían caer entre 0,3% y 0,4% del PBI, debido a que una parte de los aportes patronales que antes se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social será redirigida al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado por la reforma.

Aunque el impacto fiscal directo sería manejable bajo el actual esquema de déficit cero impulsado por el gobierno de Javier Milei, la calificadora advirtió que en el corto plazo podría aumentar la presión sobre el sistema previsional nacional.

Ese efecto también podría trasladarse a las provincias que mantienen regímenes jubilatorios propios, cuyos equilibrios financieros dependen en parte de las transferencias de la ANSES.

Sectores con mayor impacto

En términos sectoriales, Moody’s sostiene que los principales beneficiarios de la reforma serán actividades intensivas en mano de obra, como construcción, manufactura, agroindustria y servicios.

La flexibilización de los convenios colectivos, la reducción de litigios laborales y la mayor previsibilidad en los costos de despido podrían mejorar la rentabilidad empresarial y favorecer nuevas inversiones.

Sin embargo, la calificadora remarcó que los beneficios dependerán de la estabilidad macroeconómica, la reglamentación de la ley y la interpretación judicial, factores que determinarán la velocidad real de los cambios en el mercado laboral.

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El RENATRE apuesta a ordenar el mercado laboral rural con un nuevo programa federal

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El mercado laboral rural suma una nueva herramienta institucional. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma de intermediación laboral que conecta oferta y demanda de trabajo en el sector agropecuario y forestal, con foco en empleo formal, capacitación y productividad. La decisión quedó plasmada en la Resolución 20/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el esquema previo aprobado en 2019.

El cambio importa ahora porque apunta a uno de los cuellos de botella más persistentes del sector: la dificultad simultánea de los empleadores para conseguir mano de obra registrada y de los trabajadores para acceder a empleos formales y estables. El PER busca cubrir ese vacío con una intermediación activa, federal y digital, financiada con recursos propios del organismo.

Qué establece la norma, en términos económicos

La resolución crea formalmente el Programa de Empleo Rural (PER) en la órbita del RENATRE y lo define como un servicio de intermediación laboral asistida. No se trata solo de un registro pasivo: el programa contempla entrevistas, diagnóstico de perfiles, vinculación con búsquedas concretas y acompañamiento en el alta temprana del trabajador.

El esquema está dirigido a trabajadores y empleadores rurales inscriptos en el RENATRE, con especial atención a beneficiarios del sistema de prestaciones por desempleo. Para los empleadores, la consecuencia operativa es clara: acceso a una base validada de perfiles laborales, asistencia técnica en el reclutamiento y reducción del costo de búsqueda. Para los trabajadores, mayor visibilidad de su perfil, orientación laboral y acceso a capacitaciones específicas.

La norma también define que la selección final no obliga a contratar, preservando la decisión empresaria, pero incorpora trazabilidad y seguimiento del proceso, reforzando la formalización de los vínculos laborales.

Contexto

El PER reemplaza a la Resolución 189/2019, que había establecido un esquema anterior de intermediación. La nueva iniciativa amplía el alcance y la ambición del instrumento, en línea con las funciones que la ley asigna al RENATRE de centralizar información y facilitar contrataciones en un sector caracterizado por la estacionalidad, la dispersión territorial y la informalidad estructural.

El programa se inscribe en un contexto de economías regionales presionadas, donde la productividad y el arraigo rural dependen cada vez más de contar con mano de obra capacitada y registrada. La norma reconoce ese problema y propone una herramienta superadora del simple registro administrativo.

Impacto concreto

El impacto económico no viene por la vía de subsidios directos ni cambios salariales, sino por la reducción de fricciones en el mercado laboral rural. Para las empresas agropecuarias y forestales, el PER puede bajar costos de contratación, acortar tiempos de búsqueda y mejorar el “match” entre puesto y trabajador.

En términos de empleo, el objetivo explícito es ampliar el trabajo formal, con efectos indirectos sobre la recaudación de aportes y contribuciones y sobre la cobertura de la seguridad social. También puede mejorar la competitividad de las unidades productivas al fortalecer competencias laborales alineadas con las necesidades reales de cada actividad.

Los sectores más beneficiados serían aquellos intensivos en mano de obra y con alta rotación estacional, mientras que el desafío estará en lograr una adopción efectiva del sistema en todo el territorio.

Continuidad y fortalecimiento institucional

La resolución envía una señal de continuidad y fortalecimiento institucional más que de giro. No desregula el mercado laboral rural, sino que refuerza la intervención del RENATRE como actor de articulación entre empleadores y trabajadores. También marca una apuesta por la gestión digital y federal, con acompañamiento personalizado y uso de información registral.

Hacia el sector productivo, el mensaje es de apoyo a la formalización sin imponer nuevas cargas directas. Hacia los trabajadores, una señal de mayor presencia estatal en la facilitación del acceso al empleo registrado.

Qué habrá que mirar hacia adelante

El impacto real del PER se medirá en su capacidad de generar colocaciones efectivas, en la calidad de los perfiles formados y en la adhesión de empleadores de distintas economías regionales. En los próximos meses, el indicador clave será si la plataforma logra convertirse en un canal habitual de contratación y no solo en una herramienta complementaria dentro del ecosistema laboral rural.

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