empleo registrado

En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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Hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Milei

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En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

A nivel nacional, las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 9.893.914 en diciembre de 2023 a 9.566.573 en noviembre de 2025. Es una caída de 327.341 trabajadores, equivalente a una baja del 3,3%. En el mismo período, los empleadores con personal declarado en unidades productivas descendieron de 512.898 a 490.419, lo que implica 22.479 CUITs menos (-4,4%).

Si se amplía la mirada al total del sistema —incluyendo casas particulares— la tendencia es similar. El total de personas trabajadoras cubiertas bajó de 10.521.550 a 10.169.441. También disminuyó el total de empleadores con trabajadores declarados: de 1.036.590 a 992.229.

Sin embargo, en paralelo se observa un crecimiento del total de CUITs afiliados al sistema de riesgos del trabajo, que pasó de 1.706.819 a 1.771.735. Es decir, el padrón general de empleadores con contrato vigente crece, pero el segmento que efectivamente declara personal se reduce. El dato sugiere un sistema más amplio en cantidad de inscriptos, pero con menor volumen de empleo cubierto.

En el segmento de casas particulares también se registra contracción. Las personas trabajadoras afiliadas bajaron de 627.636 a 602.868, mientras que los empleadores aportantes se redujeron de 426.371 a 405.781.

En términos salariales, la masa salarial nominal exhibe un fuerte incremento, pasando de $4,98 billones en diciembre de 2023 a $16,17 billones en noviembre de 2025 para unidades productivas. No obstante, se trata de valores corrientes atravesados por el proceso inflacionario, por lo que no permiten inferir evolución real sin un análisis deflactado.

Misiones: ajuste más intenso que el promedio nacional

En el caso de Misiones, la contracción del empleo cubierto resulta más pronunciada. Las personas trabajadoras cubiertas en unidades productivas pasaron de 139.960 en diciembre de 2023 a 130.311 en noviembre de 2025. La pérdida es de 9.649 puestos bajo cobertura, lo que representa una baja del 6,9%, más del doble del promedio nacional.

También disminuyó la cantidad de empleadores con personal declarado en la provincia, que pasaron de 9.638 a 8.807, una reducción del 8,6%.

En cuanto a participación relativa, Misiones mantiene una incidencia cercana al 1,4% del total nacional de empleo cubierto, pero pierde peso en masa salarial: su participación baja del 1,1% al 1,0% del total país. En valores nominales, la masa salarial provincial sube de $53.297 millones a $162.112 millones, aunque ese aumento responde al contexto inflacionario general.

Un dato adicional surge del análisis de las cuotas pactadas del sistema de riesgos del trabajo: la relación entre cuota y masa salarial en Misiones se ubica en torno al 3,72%, por encima del promedio nacional cercano al 2,93%, lo que implica una mayor carga relativa sobre la nómina provincial.

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La economía del conocimiento impulsa el empleo en Misiones

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Misiones expuso su modelo laboral ante el CFI, la provincia lidera el empleo formal en el NEA y consolida su perfil innovador

En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, presentó los avances del modelo de desarrollo laboral provincial durante la jornada “Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el Trabajo”. Con indicadores por encima de la media nacional, la provincia se consolida como un referente en generación de empleo formal, desarrollo juvenil y economía del conocimiento.

Un modelo de empleo con sello misionero

Durante su intervención en el encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la ministra Silvana Giménez presentó los principales resultados de Misiones en materia de generación y formalización del empleo, destacando el liderazgo de la provincia en el NEA y el enfoque estratégico de sus políticas laborales.

Misiones demuestra que, con planificación, innovación y una mirada territorial se puede construir empleo de calidad y acompañar los nuevos paradigmas del trabajo”, afirmó Giménez, al exponer ante autoridades provinciales, representantes sindicales, empresarios y académicos reunidos en Buenos Aires.

Los datos oficiales expuestos por la cartera laboral ubican a Misiones como la provincia con la tasa de desocupación más baja del NEA, con un 6,0% frente al 7,9% nacional, lo que implica un 24% menos que el promedio del país. Además, cuenta con 106.733 empleos registrados, equivalente al 37,7% del total del empleo formal de toda la región, consolidando a la provincia como motor del trabajo en el nordeste argentino.

Entre enero y mayo de 2025, el empleo registrado creció un 7,8%, impulsado por políticas de incentivo a las pymes, el fortalecimiento del entramado industrial y el acompañamiento a los sectores emergentes.

Empleo joven y economía del conocimiento: pilares de una nueva matriz productiva

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el empleo juvenil, un desafío estructural en el mercado laboral argentino. Según los datos del Ministerio de Trabajo provincial, el 51,6% de los jóvenes misioneros en edad de trabajar tiene empleo, y de ese total, el 71% se desempeña bajo relación de dependencia formal.

Este indicador —superior al promedio regional— refleja la efectividad de los programas de formación, capacitación y acompañamiento al primer empleo implementados por la provincia.

En paralelo, Giménez destacó el crecimiento sostenido de la economía del conocimiento, sector que aumentó un 58% en la última década y actualmente emplea a más de 14.900 trabajadores, con salarios que superan en un 188% el promedio general.

El impulso de la provincia a este rubro se apoya en políticas de fomento a la innovación, incubadoras tecnológicas y programas de articulación entre el sector público, la academia y el ecosistema emprendedor.

“El conocimiento, la tecnología y la innovación son hoy los motores del desarrollo económico. Misiones entendió eso temprano y se preparó para formar capital humano competitivo, con inclusión y perspectiva de futuro”, subrayó la ministra.

Articulación federal y desafíos para el futuro del trabajo

La jornada del CFI, titulada “Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el Trabajo”, tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión sobre las transformaciones del mundo laboral, la productividad, la inclusión y la cohesión social desde una mirada territorial.

El encuentro reunió a representantes de todas las provincias, dirigentes sindicales, cámaras empresarias, especialistas y universidades, con el propósito de diseñar políticas activas y sostenibles para el empleo del futuro.

En ese contexto, la exposición de Misiones fue valorada por su enfoque integral y sus resultados medibles. Su modelo combina diversificación productiva, digitalización, inclusión y sostenibilidad, con una fuerte presencia del Estado en la coordinación de estrategias laborales adaptadas a cada territorio.

El enfoque de “empleo con desarrollo” de Misiones se alinea con la agenda federal del CFI, que busca fortalecer capacidades locales y reducir las brechas regionales en materia de empleo, capacitación y productividad.

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RENATRE celebró la extensión del Decreto 514/21 que garantiza empleo formal y estabilidad social en el agro

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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) celebró la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prorrogar por un año la vigencia del Decreto 514/2021, a través del Decreto 777/2025, firmado el 29 de octubre.

La medida garantiza la continuidad de un instrumento central para compatibilizar el trabajo rural temporario con los programas sociales, permitiendo que miles de familias rurales mantengan sus ingresos formales sin perder los beneficios estatales.

El presidente del RENATRE, José Voytenco, calificó la resolución como “una muy buena noticia para los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el país”. Tras semanas de gestiones y advertencias institucionales sobre la necesidad de extender la norma.

“El 514 fue durante cuatro años una herramienta efectiva para romper el círculo de la informalidad. Y ampliar la cobertura de la seguridad social en el sector rural”, señaló Voytenco. Destacando que la prórroga “demuestra que se pueden implementar políticas que surgen del diálogo, el consenso y la comprensión”.

Con la extensión del decreto, más de 120 mil trabajadores rurales podrán seguir accediendo al empleo formal sin perder la asistencia social. Un equilibrio que resultó clave para combatir la informalidad en las economías regionales y en el trabajo estacional agrícola.

Un instrumento clave para la formalización del empleo en el agro

El Decreto 514/2021 fue sancionado durante la pandemia, en un contexto de fuerte inestabilidad laboral. Con el propósito de permitir que quienes se desempeñan en tareas temporarias o estacionales del sector agropecuario pudieran incorporarse al empleo registrado. Sin perder los beneficios de los programas sociales como el Potenciar Trabajo.

La medida fue considerada desde su implementación como un avance significativo en la política de formalización del empleo rural. Al atacar una de las causas estructurales de la informalidad: la incompatibilidad entre la asistencia estatal y la contratación formal de corto plazo.

El presidente del RENATRE destacó que la norma “contribuyó a dar previsibilidad a los productores y a generar confianza en los trabajadores. Que dejaron de ver el empleo registrado como una amenaza a su estabilidad familiar”.

La continuidad de este esquema evita, además, un retroceso en los niveles de formalización alcanzados en los últimos años y sostiene el funcionamiento del sistema de seguridad social rural. Impulsado por el RENATRE, que cubre desde aportes jubilatorios hasta prestaciones por desempleo, formación profesional y salud laboral

Hacia una ley permanente de trabajo rural compatible con programas sociales

Desde el RENATRE y la UATRE impulsan que el Decreto 514/2021 se convierta en ley. Con el objetivo de dotar de estabilidad normativa a una política que ya demostró resultados concretos.

“Estamos trabajando con distintos diputados y diputadas nacionales para que esta herramienta adquiera carácter permanente. Y contribuya al desarrollo sostenido del sector agropecuario argentino”, afirmó Voytenco.

La institucionalización del decreto en una norma de carácter legal sería un paso decisivo para consolidar un modelo de empleo rural registrado. Con reglas claras tanto para empleadores como para trabajadores, y una mayor previsibilidad en la planificación productiva.

Para el RENATRE, el desafío hacia adelante será articular esta política con la modernización tecnológica, la capacitación laboral y el fortalecimiento del rol del trabajador rural en las cadenas de valor agroindustrial.

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