empleo registrado

En la era Milei, Argentina perdió 24.437 empresas y más de 205 mil empleos privados

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La destrucción del entramado empresario y del empleo privado registrado se convirtió en uno de los datos más sensibles de la economía real. Según el informe semanal del Instituto Argentina Grande, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país, una caída equivalente al 4,8% del total. El ritmo promedio marca una pérdida de alrededor de 30 empresas por día, más de una por hora.

El deterioro no fue homogéneo, pero sí federal. La caída alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires concentró el mayor impacto absoluto, con 5.374 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con 4.159 firmas menos, y Santa Fe, con una pérdida cercana a las 2.774 empresas. En el otro extremo, Neuquén aparece como la única provincia con saldo positivo.

En términos relativos, la foto es todavía más dura para las economías provinciales de menor escala. La Rioja encabeza el ranking de deterioro empresario con una caída del 20,3%, seguida por Catamarca, con 15,5%, y Chaco, con 13,6%. También aparecen con retrocesos de dos dígitos Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa y Misiones. En Misiones, el informe registra 1.034 empresas menos, una contracción relativa del 10,5%.

Ranking de destrucción de empresas
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto Provincia Empresas perdidas
1Buenos Aires-5.374
2Córdoba-4.159
3Santa Fe-2.774
4Ciudad Autónoma de Buenos Aires-2.082
5Mendoza-1.457
6Chaco-1.088
7Misiones-1.034
8Entre Ríos-935
9Corrientes-752
10Chubut-562
Total país: -24.437 empresas. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SRT.

El empleo privado registrado siguió la misma trayectoria. Desde noviembre de 2023 se perdieron 205.680 puestos formales en el sector privado, una baja nacional del 3,3%. La destrucción equivale a 254 empleos privados registrados por día. La provincia de Buenos Aires volvió a explicar el mayor volumen absoluto, con 73.370 empleos menos. Le siguieron Córdoba, con 15.460, Santa Fe, con 11.570, y Misiones, con 10.100 empleos destruidos.

Ranking de destrucción de empleo privado registrado
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto Provincia Empleos perdidos
1Buenos Aires-73.370
2Ciudad Autónoma de Buenos Aires-36.300
3Córdoba-15.460
4Santa Fe-11.570
5Misiones-10.100
6Santa Cruz-9.690
7Salta-7.620
8Chaco-6.970
9Chubut-6.180
10Tierra del Fuego-5.130
Total país: -205.680 empleos privados registrados. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SIPA.

La lectura relativa muestra otra dimensión del ajuste. Santa Cruz fue la provincia más golpeada en empleo formal, con una caída del 15,9%. Le siguieron Tierra del Fuego, con 13,2%, Formosa, con 11,5%, Misiones, con 9,3%, y Chaco, con 9,0%. Sólo Neuquén y Río Negro lograron crear empleo privado registrado en el período analizado.

El dato central es que la crisis no se limita a un sector ni a una región: combina cierre de empresas, destrucción de empleo formal, debilidad del mercado interno, caída de la construcción y deterioro de las pequeñas y medianas empresas. En ese mapa, Misiones aparece entre las jurisdicciones con mayor pérdida relativa de empresas y empleo, lo que expone la fragilidad de una economía provincial intensiva en comercio, servicios, agroindustria y pymes.

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Certificado laboral digital: ARCA acelera la despapelización y redefine costos administrativos para empresas y trabajadores

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio estructural en la administración laboral: desde ahora, el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo podrá emitirse y entregarse de forma digital a través de la plataforma oficial del organismo. La medida moderniza un trámite históricamente burocrático y apunta a reducir costos operativos, tiempos administrativos y litigios laborales vinculados a documentación de desvinculación.

La Resolución General 5848/2026 elimina el viejo esquema basado en formularios físicos obligatorios y habilita que los trabajadores accedan online a sus certificados laborales mediante el servicio “Trabajo en Blanco”. Para provincias como Misiones, donde predominan pymes comerciales, forestales, yerbateras y turísticas con estructuras administrativas reducidas, el impacto puede ser más profundo que en grandes centros urbanos.

Qué cambia concretamente

Hasta ahora, muchas empresas debían emitir manualmente documentación laboral al finalizar una relación laboral, con procesos que combinaban carga de datos, impresión, firma y entrega física. El nuevo esquema digitaliza el circuito completo.

Las principales modificaciones

  • El certificado laboral podrá emitirse en formato digital o físico.
  • La generación será obligatoria a través de “Simplificación Registral”.
  • El trabajador accederá al documento mediante el portal “Trabajo en Blanco”.
  • El certificado digital no requerirá firma manuscrita ni firma digital adicional.
  • Se elimina el régimen anterior regulado por la Resolución General 2.316.
  • Se incorpora validación mediante sistemas electrónicos y trazabilidad online.

ARCA también amplió las funciones del sistema “Trabajo en Blanco”, permitiendo que los trabajadores consulten: altas y bajas laborales registradas. Remuneraciones declaradas. Aportes previsionales. Certificados digitales de ingresos laborales. Observaciones o irregularidades detectadas.

Menos papel, más trazabilidad laboral

La resolución también fortalece el control estatal sobre relaciones laborales registradas.

El nuevo sistema cruza automáticamente: altas y bajas laborales. Declaraciones juradas. Liquidaciones salariales. Aportes y contribuciones previsionales. Eso reduce margen para inconsistencias documentales y aumenta la capacidad de fiscalización digital.

Desde la óptica empresaria, el cambio tiene dos lecturas: Beneficios menor burocracia. Simplificación operativa. Reducción de tiempos administrativos. Menos costos de archivo y certificación. Mayor previsibilidad documental. Riesgos mayor exposición de inconsistencias registrales. Incremento de controles automatizados. Necesidad de mantener información laboral actualizada en tiempo real.

La medida se inscribe dentro de la lógica de modernización laboral impulsada tras la Ley 27.802, que busca digitalizar procesos y reducir litigiosidad.

En economías regionales, donde muchas empresas todavía operan con estructuras administrativas tradicionales, el desafío será adaptarse rápidamente a sistemas digitales obligatorios.

El dato relevante es que el trabajador podrá acceder directamente a información laboral sensible sin intermediación del empleador. Eso fortalece transparencia, pero también aumenta la exposición frente a errores registrales históricos.

El dato político detrás de la resolución

ARCA avanza hacia un modelo donde la fiscalización laboral deja de depender del papel y pasa a basarse en interoperabilidad digital de datos.

La transformación no apunta solamente a simplificar trámites: también busca construir un sistema de control más automatizado, con menor margen de informalidad y mayor capacidad de auditoría remota.

Para el sector privado, el mensaje es claro: la formalización documental ya no será opcional ni podrá sostenerse sobre estructuras administrativas precarias.

El éxito de la medida dependerá menos de la norma y más de la capacidad operativa del sistema digital. En provincias periféricas como Misiones, donde todavía existen brechas tecnológicas y problemas de conectividad en algunas zonas productivas, la implementación práctica será determinante.

También habrá que observar si la digitalización efectivamente reduce litigios laborales o si, por el contrario, multiplica conflictos derivados de inconsistencias detectadas automáticamente por el sistema.

Para las empresas misioneras, el escenario abre una oportunidad de profesionalización administrativa, pero también exige adaptación rápida a una lógica laboral completamente digitalizada.

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Récord: 45% de los niños y adolescentes dependen solo de la salud pública

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El deterioro del empleo registrado, la escalada de las prepagas y la pérdida de cobertura social están reconfigurando el mapa sanitario argentino. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis de Gestión (IAG), elaborado en base a datos del INDEC, durante el segundo semestre de 2025 se alcanzó un récord histórico en toda la serie estadística: el 45% de los niños, niñas y adolescentes del país no tiene cobertura médica adicional y depende exclusivamente del sistema público de salud.

En términos absolutos, son 3.631.000 menores de 18 años los que solo cuentan con hospitales y centros de salud públicos para atenderse. La cifra forma parte de un universo total de 10.293.000 personas que quedaron sin obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, consolidando un fuerte retroceso en la cobertura sanitaria.

El dato no solo expone una crisis sanitaria, sino también una consecuencia directa del deterioro del mercado laboral y del fuerte incremento de los costos de la medicina privada.

Más de 742 mil personas perdieron cobertura en dos años

En comparación con el segundo semestre de 2023, cuando había 9.551.000 personas dependiendo exclusivamente del sistema público, en 2025 se sumaron 742 mil nuevos casos.

Ese incremento se distribuyó de la siguiente manera:

  • 254 mil menores de 18 años
  • 467 mil personas entre 18 y 64 años
  • 20 mil mayores de 65 años

En el caso de los adultos mayores, el impacto es menor debido a que el 96,7% cuenta con cobertura a través de PAMI.

El informe vincula esta situación con dos factores centrales: la desregulación del sistema de medicina prepaga y la caída del empleo registrado.

Personas sin cobertura médica adicional (2° semestre 2025)
Grupo Cantidad
Menores de 18 años 3.631.000
18 a 64 años 6.542.000
Mayores de 65 años 119.000
Total 10.293.000

Desde el DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, que liberó el precio de las prepagas, estos servicios aumentaron un 417%, frente a una inflación acumulada de 293% en el mismo período. Paralelamente, se perdieron 206 mil empleos registrados desde el inicio de la actual gestión nacional, reduciendo el acceso a obra social y arrastrando también a los grupos familiares de esos trabajadores.

La desprotección laboral también marcó un récord

El fenómeno sanitario está estrechamente vinculado al deterioro del empleo formal. La tasa de desprotección laboral alcanzó el 44,9% de los ocupados, el nivel más alto de toda la serie, lo que significa que más de 6 millones de trabajadores no cuentan con cobertura derivada del empleo formal.

Como consecuencia, la población con obra social, prepaga o mutual cayó del 67,5% en el segundo semestre de 2023 al 65,4% en igual período de 2025. Es decir, en apenas dos años se perdieron 2,1 puntos porcentuales de cobertura médica privada o sindical.

El impacto fue mayor en las mujeres

El informe también revela una fuerte feminización de la pérdida de cobertura médica.

De las 742 mil personas que quedaron sin cobertura en los últimos dos años, el 59,8% fueron mujeres: unas 444 mil personas más, frente a 298 mil varones.

Esto provocó que, por primera vez en este período, las mujeres pasaran a ser mayoría dentro del grupo que depende exclusivamente del sistema público:

  • Mujeres: 5.180.000
  • Varones: 5.113.000

Según IAG, este comportamiento está directamente relacionado con el mayor deterioro de la inserción laboral femenina. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, la desprotección laboral creció 8,5% entre las mujeres, frente a un 4,6% en los varones.

La pérdida de empleo formal, la informalidad y la mayor vulnerabilidad ocupacional explican buena parte de este desplazamiento.

Una presión creciente sobre el sistema público

El crecimiento sostenido de personas sin cobertura privada implica una presión cada vez mayor sobre hospitales, centros de salud y redes sanitarias provinciales.

Con más de 10 millones de personas dependiendo exclusivamente del sistema público, el desafío ya no es solo presupuestario, sino estructural: más demanda, mayores tiempos de espera, más costos de atención y un sistema que debe absorber el impacto de una crisis económica que también se expresa en la salud.

El dato más alarmante sigue siendo el de la infancia: casi uno de cada dos menores de edad en Argentina depende exclusivamente del sistema público para atender su salud. Una señal clara de que la crisis dejó de ser solo económica y ya impacta de lleno en la protección social más básica.

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¿Cuánto aumentaron las prepagas en relación a la inflación?

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La caída del empleo registrado y el fuerte aumento de las prepagas profundizaron el traslado de pacientes hacia el sistema público de salud. En dos años, más de 742 mil personas perdieron obra social, prepaga o mutual y hoy dependen exclusivamente de hospitales y centros de salud estatales.

El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei bajo la premisa de achicar el Estado para fortalecer al sector privado dejó una consecuencia paradójica: una mayor presión sobre el sistema público de salud.

Según los datos comparativos entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2025, la proporción de la población con cobertura médica privada -ya sea obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia- cayó de 67,5% a 65,4%, una baja de 2,1 puntos porcentuales.

Ese descenso implica que unas 742 mil personas dejaron de contar con algún tipo de cobertura privada y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud. Así, la cantidad de argentinos que sólo acceden a atención médica a través de hospitales y centros de salud estatales pasó de 9.551.000 a 10.293.000 personas.

El fenómeno encuentra explicación en dos variables centrales: la pérdida del empleo formal y el fuerte encarecimiento de la medicina prepaga.

Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 206 mil empleos registrados en el sector privado formal, lo que impactó directamente sobre la cobertura de obra social de miles de trabajadores y sus familias.

A la vez, las empresas de medicina prepaga aplicaron aumentos acumulados del 417% en el mismo período, muy por encima de la inflación general, que fue del 293%. Esa brecha dejó a muchas familias fuera del sistema privado, obligándolas a abandonar sus planes de salud.

El resultado es una mayor demanda sobre hospitales públicos provinciales y municipales, que deben absorber una población creciente en un contexto de recursos más ajustados y una presión constante sobre insumos, medicamentos y atención especializada.

En provincias como Misiones, donde el sistema sanitario público cumple además un rol estratégico regional, el traslado de pacientes desde el sector privado se vuelve aún más sensible. La red hospitalaria provincial ya venía sosteniendo una fuerte demanda y ahora enfrenta un escenario de mayor complejidad, con más usuarios y menos margen financiero. La salud pública, lejos de achicarse, terminó siendo el principal refugio de quienes quedaron fuera del sistema privado. La contracara del ajuste no fue un Estado más pequeño, sino un Estado más exigido.

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El Gobierno reglamenta la reforma laboral y activa beneficios por 48 meses para formalizar empleo

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El Gobierno nacional dio un paso operativo en uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral: el 30 de abril reglamentó por decreto el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y fijó condiciones concretas para su aplicación. La norma abre una ventana precisa —del 1° de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027— para que empresas incorporen trabajadores con contribuciones patronales reducidas durante 48 meses. El movimiento no es neutro: convierte una herramienta legislativa en política efectiva y pone en juego una hipótesis de fondo —si el costo laboral es el principal freno a la formalización— en un escenario donde empleo, recaudación y equilibrio fiscal compiten por prioridad.

De la ley al terreno: cómo funciona el incentivo

El RIFL surge del Título XX de la Ley 27.802, pero su impacto dependía de esta reglamentación. El decreto define quiénes entran, bajo qué condiciones y con qué límites.

El universo objetivo incluye trabajadores sin empleo formal registrado al 10 de diciembre de 2025, desocupados en los seis meses previos, monotributistas o personas cuyo último vínculo haya sido en el sector público. Es decir, apunta a segmentos periféricos del mercado laboral formal.

Para esos casos, el beneficio central es la reducción de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses desde el alta. El esquema fija alícuotas específicas: 2% para los subsistemas previsional, empleo y asignaciones familiares, y 3% para el sistema de salud de jubilados. La mecánica no elimina aportes, pero los comprime de forma significativa.

La reglamentación también delimita el alcance empresarial. Los empleadores inscriptos desde el 10 de diciembre de 2025 podrán aplicar el régimen hasta un máximo del 80% de su nómina. No es un detalle técnico: introduce un límite explícito al uso intensivo del beneficio y busca evitar una sustitución total de la estructura laboral bajo condiciones promocionales.

Arquitectura institucional y control operativo

El decreto ordena el funcionamiento administrativo del régimen y distribuye responsabilidades. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) queda a cargo de instrumentar la liquidación, el ingreso de contribuciones y los controles sistémicos, incluyendo exclusiones automáticas en caso de incumplimientos.

A su vez, se establece coordinación con el Ministerio de Capital Humano para compatibilizar el régimen con programas sociales o prestaciones existentes. Esa articulación no es menor: apunta a evitar que la formalización implique la pérdida abrupta de ingresos complementarios, uno de los obstáculos clásicos para la transición al empleo registrado.

El esquema incorpora, además, reglas de permanencia y salida. El incumplimiento o la configuración de causales de exclusión implica la pérdida automática de beneficios y la obligación de recomponer contribuciones con intereses y sanciones. La señal es clara: el incentivo convive con un sistema de control que busca evitar usos oportunistas.

Costo laboral, empleo y margen fiscal

La reglamentación activa una de las apuestas centrales del Gobierno en materia laboral: reducir el costo de contratación como vía para ampliar el empleo formal. En términos políticos, traslada el eje del debate desde la legislación hacia los resultados.

El diseño del régimen sugiere una lógica dual. Por un lado, ofrece alivio fiscal a las empresas durante cuatro años. Por otro, preserva fuentes de financiamiento del sistema previsional y de seguridad social mediante contribuciones, aunque reducidas.

Esa tensión es estructural. Menores aportes implican menor recaudación en el corto plazo, con la expectativa de que el aumento del empleo formal compense esa caída. El decreto no explicita ese equilibrio, pero lo deja implícito en su arquitectura.

El límite del 80% de la nómina y la exclusión de otros beneficios superpuestos refuerzan la idea de un régimen acotado, más orientado a expandir la base de empleo que a reconfigurar completamente el esquema de contribuciones.

Un experimento abierto sobre la formalización

La puesta en marcha del RIFL inaugura una fase de prueba real. El período de incorporaciones —un año— y el horizonte de beneficios —48 meses— configuran un experimento de mediano plazo sobre el comportamiento del mercado laboral.

Las variables a observar no son solo cuantitativas. Importará ver qué tipo de empleo se crea, en qué sectores y con qué nivel de estabilidad. También, cómo interactúa el régimen con la informalidad estructural y con los incentivos preexistentes.

En paralelo, la capacidad de control de ARCA y la coordinación con Capital Humano serán determinantes para evitar distorsiones. El diseño prevé mecanismos, pero su eficacia dependerá de la implementación.

El decreto convierte una promesa legislativa en política activa. Si logra modificar decisiones empresariales o queda como un incentivo marginal es algo que todavía no está definido. El calendario ya empezó a correr.

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