empleo registrado

El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.

La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.

Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos

El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:

  • 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
  • 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
  • 70% para el resto de los empleadores.

Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.

Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.

Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.

Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.

Financiamiento accesible para completar la regularización

La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.

Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:

  • 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
  • 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
  • 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.

La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.

Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.

La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.

La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.

Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.

Lo que deberán evaluar las empresas

La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.

Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.

La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.

Resolución General 5862 ARCA by CristianMilciades

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Construcción: la recuperación pierde fuerza y el sector vuelve a mostrar señales de fragilidad

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La construcción volvió a encender señales de alerta en abril. Después de un marzo expansivo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción registró una caída interanual de 2,8% y, más relevante para medir la dinámica reciente, una baja de 4% contra el mes anterior en la serie desestacionalizada. El dato marca un freno en el intento de recuperación del sector y confirma que la actividad todavía se mueve sobre una base frágil, muy condicionada por la obra pública, los costos, el crédito y la evolución general de la economía.

El balance del primer cuatrimestre, sin embargo, no es completamente negativo. La serie original del ISAC acumuló entre enero y abril una mejora de 2,1% frente al mismo período de 2025. Esa diferencia entre el dato acumulado positivo y la caída puntual de abril revela el rasgo central del momento: no hay un derrumbe, pero tampoco una recuperación consolidada sobre una base muy pobre de 2025.

La composición de los insumos muestra un mapa heterogéneo. En abril crecieron con fuerza el rubro “resto de insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción, con una suba de 16,1%; hierro redondo y aceros para la construcción, con 15,7%; y pinturas para construcción, con 10%. Pero la mayoría de los materiales relevados por el INDEC mostraron retrocesos interanuales.

Las bajas fueron significativas en mosaicos graníticos y calcáreos, con una caída de 18,9%; yeso, 17,5%; cales, 16,4%; asfalto, 15,5%; cemento portland, 12,7%; y hormigón elaborado, 10,2%. También retrocedieron pisos y revestimientos cerámicos, ladrillos huecos, placas de yeso y artículos sanitarios de cerámica. El cemento y el hormigón, dos indicadores sensibles del pulso real de la obra, muestran que la demanda efectiva sigue debilitada.

El empleo formal ofrece una señal algo más favorable. En marzo de 2026 se registraron 384.157 puestos de trabajo privados en la construcción, una suba de 2,5% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer trimestre, el crecimiento fue de 1,6%. La mejora existe, pero debe leerse con cautela: se produce después de un período de fuerte deterioro y todavía no alcanza para hablar de normalización plena del mercado laboral sectorial.

Otro dato relevante aparece en los permisos de edificación. La superficie autorizada para construir en 246 municipios alcanzó en marzo 1.396.405 metros cuadrados, con una suba interanual de 14,5%. En el primer trimestre, el acumulado creció 4,5%. Este indicador anticipa cierto dinamismo potencial de la obra privada, aunque entre la aprobación del permiso y el inicio efectivo de una obra puede mediar una distancia importante, especialmente cuando pesan el costo financiero y la incertidumbre económica.

Las expectativas empresarias reflejan ese clima prudente. Para el período mayo-julio de 2026, el 75,5% de las empresas dedicadas principalmente a obras privadas prevé que la actividad no variará; apenas 9,4% espera una mejora y 15,1% anticipa una caída. Entre las firmas vinculadas a la obra pública, el panorama es más delicado: 60% cree que la actividad no cambiará, 25,6% espera una disminución y 14,4% proyecta una suba.

Cuando se consultó por los factores que podrían impulsar al sector, las empresas privadas señalaron principalmente el crecimiento de la actividad económica, los nuevos planes de obras públicas y la disponibilidad de créditos para la compra de inmuebles. Entre las compañías de obra pública, también aparecen el crecimiento económico, los nuevos planes de infraestructura y el reinicio de obras públicas.

En cambio, entre quienes esperan una caída, las principales causas mencionadas son la baja de la actividad económica, los altos costos de la construcción y los atrasos en la cadena de pagos. En la obra pública, este último factor adquiere mayor peso y aparece como una de las principales restricciones operativas.

El informe deja una conclusión clara: la construcción no está paralizada, pero tampoco logró dejar atrás la fase de inestabilidad. El acumulado positivo, la mejora del empleo formal y el repunte de los permisos conviven con una caída mensual fuerte, retrocesos en insumos básicos y expectativas empresarias mayoritariamente defensivas.

Para que la recuperación se transforme en tendencia, el sector necesita algo más que rebotes estadísticos. Requiere estabilidad de precios, crédito accesible, previsibilidad en la cadena de pagos y una definición más clara sobre el rol de la obra pública. Sin esos factores, la construcción seguirá moviéndose en una zona intermedia: con señales parciales de recomposición, pero sin la fuerza suficiente para convertirse en motor sostenido de la actividad económica.

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Misiones se mantiene entre las provincias con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes

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La estructura laboral argentina continúa mostrando profundas asimetrías entre provincias, con distritos altamente dependientes del empleo público y otros donde el sector privado formal sostiene gran parte de la actividad económica. Un informe elaborado por la economista Laura Caullo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, expone con precisión ese desequilibrio y deja a Misiones en una posición intermedia dentro del mapa nacional.

El estudio revela que el promedio nacional de empleo público provincial alcanza los 50 trabajadores cada 1.000 habitantes, aunque con diferencias extremas entre jurisdicciones. Córdoba aparece como la provincia con menor peso relativo del Estado, con 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, seguida por Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45). En el otro extremo, Tierra del Fuego lidera ampliamente con 141 empleados públicos cada 1.000 habitantes, seguida por La Rioja y Neuquén (111), Santa Cruz (109) y Catamarca (100).

En ese contexto, Misiones se ubica en un segundo pelotón, lejos de las provincias más estatizadas del norte argentino y apenas por encima de los distritos con mayor desarrollo del empleo privado formal, con 51 estatales cada mil habitantes. El informe sostiene que en gran parte del país el empleo estatal continúa siendo un componente central de la estructura ocupacional, especialmente en provincias con menor densidad empresarial y menor capacidad de absorción del mercado privado.

El dato adquiere relevancia en un momento en que el Gobierno nacional avanza con un fuerte ajuste sobre el sector público. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, más de 66.000 personas dejaron de trabajar en el Estado y empresas públicas, considerando todos los niveles de gobierno.

El trabajo del Ieral remarca que las diferencias provinciales “no son sólo estadísticas”, sino que reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generación de empleo formal. Allí aparece uno de los principales desafíos estructurales de provincias como Misiones: ampliar la densidad del empleo privado registrado en un contexto nacional de baja inversión y recuperación económica desigual.

El contraste se observa con claridad al analizar el empleo asalariado privado formal. El promedio nacional alcanza los 144 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, aunque nuevamente aparecen enormes disparidades regionales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking con 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes, seguida por Neuquén (219) y Tierra del Fuego (198), impulsadas por la energía y los regímenes de promoción industrial.

En el otro extremo aparecen Formosa, con apenas 37 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, Santiago del Estero (52) y Chaco (64). El informe marca que las provincias con mayor dependencia del empleo público suelen ser, al mismo tiempo, las que presentan menor densidad de empleo privado formal.

Para Misiones, el escenario muestra una situación más equilibrada respecto de otras provincias del Norte Grande, aunque todavía distante de los polos más dinámicos del país. La provincia logró en los últimos años consolidar sectores exportadores como la forestoindustria, el té, la yerba mate y parte de la economía del conocimiento, pero aún enfrenta limitaciones estructurales vinculadas a escala empresarial, logística, presión tributaria nacional y competitividad fronteriza. Misiones tiene hoy 84 empleos privados cada mil habitantes, aunque logró tener un porcentaje más alto, ya que cerró diciembre de 2023 con el segundo nivel de empleo privado más alto de la historia.

El informe también advierte sobre otra señal de alerta: la recuperación económica de 2026 todavía no logra traducirse en una mejora sostenida del empleo privado formal. Según Caullo, durante el último año cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades laborales más precarias, como el monotributo y el empleo informal.

La explicación, sostiene la economista, es que los sectores que actualmente impulsan la actividad -energía, minería, agroindustria y exportaciones- representan apenas el 3% del empleo total y sólo el 7% del empleo asalariado privado registrado, por lo que no tienen capacidad suficiente para absorber empleo masivo.

El trabajo concluye que las provincias con estructuras productivas más diversificadas y mayor densidad de empleo privado formal tendrán mejores condiciones para atraer inversiones, sostener salarios y adaptarse a una economía más abierta y competitiva. En ese escenario, Misiones aparece ante el desafío de profundizar su matriz exportadora y fortalecer la generación de empleo privado de calidad para reducir gradualmente la dependencia relativa del sector público.

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En la era Milei, Argentina perdió 24.437 empresas y más de 205 mil empleos privados

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La destrucción del entramado empresario y del empleo privado registrado se convirtió en uno de los datos más sensibles de la economía real. Según el informe semanal del Instituto Argentina Grande, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país, una caída equivalente al 4,8% del total. El ritmo promedio marca una pérdida de alrededor de 30 empresas por día, más de una por hora.

El deterioro no fue homogéneo, pero sí federal. La caída alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires concentró el mayor impacto absoluto, con 5.374 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con 4.159 firmas menos, y Santa Fe, con una pérdida cercana a las 2.774 empresas. En el otro extremo, Neuquén aparece como la única provincia con saldo positivo.

En términos relativos, la foto es todavía más dura para las economías provinciales de menor escala. La Rioja encabeza el ranking de deterioro empresario con una caída del 20,3%, seguida por Catamarca, con 15,5%, y Chaco, con 13,6%. También aparecen con retrocesos de dos dígitos Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa y Misiones. En Misiones, el informe registra 1.034 empresas menos, una contracción relativa del 10,5%.

Ranking de destrucción de empresas
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto Provincia Empresas perdidas
1Buenos Aires-5.374
2Córdoba-4.159
3Santa Fe-2.774
4Ciudad Autónoma de Buenos Aires-2.082
5Mendoza-1.457
6Chaco-1.088
7Misiones-1.034
8Entre Ríos-935
9Corrientes-752
10Chubut-562
Total país: -24.437 empresas. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SRT.

El empleo privado registrado siguió la misma trayectoria. Desde noviembre de 2023 se perdieron 205.680 puestos formales en el sector privado, una baja nacional del 3,3%. La destrucción equivale a 254 empleos privados registrados por día. La provincia de Buenos Aires volvió a explicar el mayor volumen absoluto, con 73.370 empleos menos. Le siguieron Córdoba, con 15.460, Santa Fe, con 11.570, y Misiones, con 10.100 empleos destruidos.

Ranking de destrucción de empleo privado registrado
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto Provincia Empleos perdidos
1Buenos Aires-73.370
2Ciudad Autónoma de Buenos Aires-36.300
3Córdoba-15.460
4Santa Fe-11.570
5Misiones-10.100
6Santa Cruz-9.690
7Salta-7.620
8Chaco-6.970
9Chubut-6.180
10Tierra del Fuego-5.130
Total país: -205.680 empleos privados registrados. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SIPA.

La lectura relativa muestra otra dimensión del ajuste. Santa Cruz fue la provincia más golpeada en empleo formal, con una caída del 15,9%. Le siguieron Tierra del Fuego, con 13,2%, Formosa, con 11,5%, Misiones, con 9,3%, y Chaco, con 9,0%. Sólo Neuquén y Río Negro lograron crear empleo privado registrado en el período analizado.

El dato central es que la crisis no se limita a un sector ni a una región: combina cierre de empresas, destrucción de empleo formal, debilidad del mercado interno, caída de la construcción y deterioro de las pequeñas y medianas empresas. En ese mapa, Misiones aparece entre las jurisdicciones con mayor pérdida relativa de empresas y empleo, lo que expone la fragilidad de una economía provincial intensiva en comercio, servicios, agroindustria y pymes.

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