empleo registrado

Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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Misiones encabeza la lista de las provincias con mayor número de prestaciones por desempleo del Renatre

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La fuerte estacionalidad de la producción de yerba mate vuelve a colocar a Misiones en el centro de las estadísticas laborales rurales. La provincia encabeza el número de prestaciones por desempleo otorgadas por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), una cobertura que adquiere particular relevancia durante la interzafra, cuando miles de trabajadores temporarios dejan de percibir ingresos vinculados con la cosecha.

Los datos del organismo muestran, al mismo tiempo, dos caras de una misma estructura laboral: la elevada dependencia del empleo estacional en la principal economía regional de Misiones y el peso que alcanzó la registración mediante el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) de la yerba mate como puerta de entrada al sistema de protección social.

Las actividades que concentran el mayor número de prestaciones del RENATRE son precisamente producciones caracterizadas por una fuerte estacionalidad: la yerba mate en Misiones y el tabaco en Salta y Jujuy.

Entre las tres provincias hubo durante el período 2024-2026 alrededor de 45.000 trabajadores rurales registrados y unos 4.000 empleadores.

Misiones: 16.000 trabajadores registrados y 2.000 empleadores

La dimensión del mercado laboral yerbatero explica buena parte de la posición de Misiones en las estadísticas nacionales.

Según los datos difundidos por RENATRE, en la provincia existen aproximadamente 16.000 trabajadores registrados en la seguridad social y unos 2.000 empleadores.

La particularidad aparece al observar bajo qué modalidad se encuentran registrados esos trabajadores.

El 75% está comprendido dentro del Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la Yerba Mate, mientras que otro 14% corresponde a trabajadores permanentes y el 11% restante se distribuye entre otras modalidades de contratación.

Es decir, tres de cada cuatro trabajadores rurales registrados en Misiones dependen del mecanismo diseñado específicamente para adaptar los aportes y contribuciones de la seguridad social a las características de una actividad estacional como la yerbatera.

La importancia del sistema se vuelve todavía más evidente cuando se analiza quiénes acceden posteriormente a la prestación por desempleo: el 86% de los beneficiarios corresponde a trabajadores declarados mediante el CCG.

La herramienta permite vincular la registración laboral con los ciclos productivos de la yerba mate y sostener determinados niveles de cobertura durante los meses en que disminuye o desaparece la demanda de mano de obra.

Casi 10.850 beneficiarios desde 2024

La evolución de las prestaciones permite dimensionar el impacto de la interzafra sobre el empleo rural misionero.

Durante 2024, RENATRE registró en Misiones 4.122 beneficiarios, entre prestaciones ordinarias y extraordinarias, que recibieron un total de 10.541 cuotas.

En 2025, la cantidad de personas alcanzadas aumentó hasta 4.245 beneficiarios, mientras que las cuotas otorgadas llegaron a 10.601.

En los primeros siete meses de 2026, hasta julio inclusive, ya se contabilizaron 2.482 beneficiarios y 7.396 cuotas.

De esta manera, entre enero de 2024 y julio de 2026 se acumularon 10.849 beneficiarios anuales registrados por el organismo y 28.538 cuotas otorgadas.

La comparación debe realizarse con cautela porque el dato de 2026 comprende solamente siete meses y porque una misma persona podría aparecer como beneficiaria en más de un año. Por lo tanto, el acumulado no necesariamente representa 10.849 individuos diferentes.

Aun así, la magnitud permite observar hasta qué punto la prestación por desempleo forma parte de la estructura de protección de los trabajadores vinculados con la actividad yerbatera.

Misiones, Salta y Jujuy explican casi la mitad de los beneficiarios del país

El fenómeno excede a Misiones y tiene un patrón claramente asociado con las economías regionales de empleo intensivo y estacional.

Al sumar las prestaciones correspondientes a Misiones, Salta y Jujuy, las tres provincias concentraron durante 2024-2026 el 48% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo rural de todo el país.

También representaron el 42% de las cuotas otorgadas a nivel nacional.

Prácticamente uno de cada dos beneficiarios del sistema se encuentra, de esta manera, en tres provincias donde predominan actividades agrícolas con períodos muy definidos de cosecha e interzafra.

La estadística revela la importancia que adquiere la formalización laboral en sectores donde el vínculo entre trabajador y empleador no necesariamente se mantiene durante todo el año.

Cuando el trabajador rural está registrado y queda sin empleo puede solicitar la Prestación por Desempleo del RENATRE, que funciona como cobertura durante los meses en los que desaparece temporalmente la fuente laboral.

La corresponsabilidad gremial, pieza central del modelo yerbatero

El Convenio de Corresponsabilidad Gremial aparece como una de las claves del esquema.

El sistema busca adaptar el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social a las particularidades económicas y productivas de cada actividad. En el caso de la yerba mate, donde la demanda laboral fluctúa según el calendario de cosecha, el mecanismo permitió incorporar a miles de trabajadores temporarios al sistema formal.

Roberto Busser, director del RENATRE y productor yerbatero, destacó el papel de esta herramienta.

“La corresponsabilidad gremial nos ha permitido ingresar a nuestros obreros a la seguridad social teniendo en cuenta nuestras particularidades como sector. Es así que desde el RENATRE podemos llevar adelante este tipo de políticas sociales, no solo en Misiones y en la yerba, sino también en otras actividades”, señaló.

El dato de que 86% de quienes reciben prestaciones en Misiones provenga del régimen de corresponsabilidad gremial refleja hasta qué punto la cobertura por desempleo y el mecanismo de registración están relacionados.

Certificación para empresas rurales

En paralelo con las prestaciones sociales, RENATRE impulsa la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), un sello anual y gratuito destinado a acreditar el cumplimiento de la normativa laboral y la aplicación de buenas prácticas por parte de los empleadores.

La iniciativa ya fue declarada de interés legislativo en Jujuy, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Neuquén, San Luis y Mendoza, mientras que Chaco y Tierra del Fuego cuentan además con declaraciones de interés provincial.

En Misiones, el organismo trabaja con empresas yerbateras y agropecuarias para avanzar con la certificación, con la intención de utilizar el cumplimiento de estándares laborales también como una herramienta de diferenciación comercial y acceso a mercados.

Selva SA se convirtió en la primera empresa misionera en obtener la Certificación PLS.

RENATRE también desarrolla capacitaciones técnicas vinculadas con actividades como té, tabaco, producción ganadera y buenas prácticas en el uso de fitosanitarios. Más de 650 personas participaron de estas instancias durante el último año.

Un nuevo Centro CRECER en Apóstoles

La estrategia de protección social se extiende además a las familias de los trabajadores rurales.

Misiones se incorporará a la red de Centros CRECER, que actualmente funciona en Salta, Jujuy y Tucumán. Son espacios destinados al apoyo escolar, acompañamiento y protección de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a familias rurales, particularmente durante los momentos de mayor intensidad de las cosechas.

Actualmente funcionan 16 centros que alcanzan a más de 900 hijos e hijas de trabajadores vinculados con las actividades tabacalera, arandanera, limonera y olivícola.

En Apóstoles, RENATRE participa del funcionamiento de un centro y de la apertura de una nueva sede en el barrio Chesny, que tendrá capacidad para alcanzar a 85 niñas y niños de familias vinculadas con la actividad yerbatera.

El proyecto contempla acompañamiento pedagógico, talleres y actividades articuladas con el municipio, la asociación Desarrollo y Autogestión (DyA) y la empresa La Cachuera.

“Nos complace poder continuar acompañando a los hijos e hijas de los trabajadores rurales con la apertura de un nuevo centro CRECER y este mecanismo es un ejemplo de lo que las alianzas de instituciones públicas y privadas podemos hacer en pos del trabajo y la producción”, afirmó José Voytenco, director por el sector trabajador de UATRE.

Por su parte, Helga Fourcade, directora ejecutiva de la oficina Argentina de DyA, destacó que estos espacios brindan apoyo escolar personalizado, actividades recreativas y artísticas, merienda y contención durante las horas en las que las familias se encuentran trabajando.

La otra cara de la estacionalidad yerbatera

Los números del RENATRE ofrecen, finalmente, una radiografía particular del mercado laboral rural de Misiones.

Que la provincia encabece las prestaciones por desempleo no implica solamente una mayor utilización de la asistencia. También refleja el peso extraordinario que tiene el trabajo temporario dentro de la estructura productiva yerbatera y la dimensión de los períodos de interzafra sobre los ingresos de miles de familias rurales.

Pero existe otra lectura: para acceder a esa cobertura primero debe existir registración laboral.

En ese punto, el Convenio de Corresponsabilidad Gremial se transformó en una pieza decisiva. Con el 75% de los trabajadores registrados dentro de ese régimen y el 86% de los beneficiarios del desempleo provenientes del CCG, la estadística muestra una relación directa entre formalización y acceso a derechos.

En una economía regional atravesada por ciclos productivos muy marcados, la discusión laboral no termina cuando concluye la cosecha. Precisamente allí comienza otro desafío: cómo sostener ingresos y protección social durante los meses en los que la yerba deja temporalmente de generar trabajo para miles de tareferos y trabajadores rurales.

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El empleo privado registrado cayó por tercer mes consecutivo

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El mercado laboral argentino volvió a mostrar en mayo una señal de debilidad que ya dejó de ser episódica: el empleo privado registrado encadenó su tercer mes consecutivo de caída y acumuló doce meses de contracción en el segmento asalariado. La fotografía que surge de los registros oficiales combina una moderación de la velocidad de destrucción de puestos con un problema más estructural: los empleos formales de mayor densidad productiva siguen perdiendo terreno, mientras crecen modalidades como el monotributo, que amortiguan estadísticamente el deterioro pero no sustituyen en cantidad ni calidad al empleo asalariado perdido.

De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo privado registrado disminuyó en mayo en 9.059 puestos, equivalente a una baja mensual del 0,15%. La caída fue menor que la registrada en marzo y abril, cuando había alcanzado 0,2% y 0,3%, respectivamente. Sin embargo, la desaceleración no modificó la tendencia de fondo: el empleo asalariado privado mantiene doce meses consecutivos de retroceso.

En términos interanuales, el sector privado registrado perdió 135.438 puestos, un 2,16%. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa qué actividades explican la mayor parte del ajuste. La industria manufacturera destruyó 52.341 empleos en un año, una reducción del 4,5%, mientras que el comercio perdió 39.154 puestos, equivalente a un 3,1%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones recortó otros 13.915 empleos y la intermediación financiera, 6.924.

En conjunto, esas cuatro ramas concentran alrededor del 49% del empleo asalariado privado registrado y unos tres millones de trabajadores. Por eso, la evolución de estos sectores resulta determinante para evaluar si la economía consigue transformar una eventual recuperación de la actividad en generación neta de empleo formal. La señal actual es todavía insuficiente.

La composición de la variación mensual ofrece, al mismo tiempo, una lectura más compleja. Mientras el empleo privado asalariado cayó, el monotributo incorporó 2.676 trabajadores en mayo y acumuló 42.672 nuevos inscriptos en los últimos doce meses. El trabajo en casas particulares también creció, con 1.352 puestos adicionales en el mes y 6.319 en términos interanuales.

Ese desplazamiento es relevante porque permite distinguir entre una recuperación de la ocupación y una recuperación del empleo formal asalariado. El crecimiento del monotributo puede ampliar la cantidad de personas registradas, pero no compensa automáticamente la pérdida de puestos en empresas privadas. De hecho, el aumento de esta modalidad durante el último año absorbió menos de la mitad de los empleos privados asalariados destruidos.

La otra cara del mercado laboral aparece en el sector público. En mayo sumó apenas 736 puestos, un 0,02% mensual, y en doce meses acumuló una reducción de 16.701 empleos, equivalente a 0,49%. El ajuste estatal, por lo tanto, fue considerablemente menor al observado en el sector privado registrado.

La evolución desde el inicio de la actual gestión también exhibe una transformación en la estructura ocupacional. Desde entonces, el empleo privado registrado acumula una reducción de 241.176 puestos, mientras el empleo público retrocedió en 79.865. En sentido contrario, el monotributo incorporó 160.573 inscriptos, un crecimiento del 7,88%.

El problema no se limita a la cantidad de puestos. El salario real también comenzó a deteriorarse nuevamente. La remuneración real promedio del empleo registrado privado cayó 2,9% en mayo y volvió a retroceder 0,9% en junio. Como resultado, quedó por primera vez en 20 meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una pérdida acumulada del 0,6% respecto de aquel punto de referencia.

La dinámica muestra que la desaceleración de la inflación no necesariamente se traduce de manera inmediata en una recuperación del poder adquisitivo. Durante los primeros cuatro meses de 2026, las remuneraciones nominales habían aumentado en promedio 2,1% mensual, pero entre abril y mayo ese ritmo se redujo a aproximadamente 1%. Si los salarios nominales desaceleran más rápido que los precios, el resultado termina siendo una nueva pérdida de salario real aun en un contexto de menor inflación.

La situación tampoco es uniforme entre los distintos convenios colectivos. Algunas actividades lograron recomponer poder adquisitivo, entre ellas encargados de edificio, camioneros, construcción y farmacia. En el extremo opuesto, textiles acumula una pérdida real del 12,6% interanual, metalúrgicos del 12,4%, comercio del 11% y calzado del 10,5%.

Esta dispersión confirma que la discusión salarial se volvió progresivamente más sectorial. La capacidad de cada actividad para trasladar mejoras nominales y sostener el poder de compra depende de su estructura productiva, productividad, condiciones de demanda y capacidad de negociación. También existe una fuerte dimensión territorial: en el convenio metalmecánico, la mediana salarial de la provincia mejor remunerada llega a ser 4,4 veces superior a la de la jurisdicción con menor salario. En construcción la brecha alcanza 3,7 veces y en alimentación, 3,5 veces.

Para Misiones y el NEA, este componente territorial resulta especialmente relevante. La recuperación del empleo no depende únicamente de que mejore el nivel general de actividad, sino de que esa mejora se traduzca en inversión, producción y demanda laboral en las economías regionales. La brecha salarial entre jurisdicciones y la concentración de la destrucción de puestos en sectores como industria y comercio muestran que una política de empleo efectiva necesita considerar las estructuras productivas locales y no solamente los agregados nacionales.

Los datos de junio tampoco anticipan todavía un cambio de ciclo. La Encuesta de Indicadores Laborales registró una nueva caída del empleo asalariado privado en empresas de diez o más trabajadores de los principales centros urbanos, del 0,1% mensual. En el interior del país la contracción fue del 0,2%, superior a la observada en el Gran Buenos Aires.

La clave para revertir esta dinámica, entonces, excede cualquier modificación normativa sobre el mercado laboral. El propio análisis citado de LCG plantea que la actividad económica, tanto por el lado de la demanda interna como de la externa, tiene mayor capacidad para traccionar la creación de empleo que los cambios regulatorios aislados. El desafío de política económica pasa por conseguir que la estabilidad macroeconómica y la recuperación sectorial se conviertan en inversión productiva y, finalmente, en puestos de trabajo formales.

Ese es el punto donde el dato laboral deja de ser una estadística y se convierte en una señal sobre el modelo de crecimiento. La economía puede estabilizar precios, recuperar determinados sectores y ampliar modalidades de trabajo independiente, pero la prueba decisiva será si consigue reconstruir empleo asalariado formal, particularmente en industria, comercio y servicios. Sin esa transmisión, la mejora macroeconómica corre el riesgo de convivir durante más tiempo con un mercado laboral que todavía no logra recuperar capacidad de absorción.

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La informalidad y el trabajo por cuenta propia marcan el crecimiento del empleo en Posadas

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En el primer trimestre de 2026, el aglomerado de Posadas presentó una tasa de empleo del 44,3%, con 176 mil ocupados y un incremento de la población ocupada de casi diez mil personas. Sin embargo, esa mejora en la cantidad de trabajadores se contrapone con las características: la suba se explica por trabajos informales y por cuenta propia.  

Sobre 176 mil ocupados en el aglomerado misionero, el 66% son asalariados, el 29% cuentapropistas y el 5% patrones. Respecto a estos niveles de participación, se destaca que el trabajo asalariado cayó en un punto porcentual respecto a igual período de  2025 cuando era del 67% y queda cada vez más lejos del pico para un primer trimestre que se observó en 2023 con el 73%. Es decir, el empleo asalariado continúa perdiendo peso relativo sobre la estructura laboral de Posadas. 

Por el contrario, el cuentapropismo pasó del 24% en 2023 al 28% en 2025 y 29% en 2026, con un incremento en la participación relativa que cambia la estructura laboral histórica de Posadas.  

Si se compara la cantidad de trabajadores por modalidad ocupacional, la situación muestra con más fuerza estas dinámicas. Por caso, en el primer trimestre de 2026 el empleo cuentapropista creció 8,2% interanual y el asalariado lo hizo en 4,2%; sin embargo, estos  crecimientos se dieron de la mano de la informalidad. Los trabajadores cuentapropistas  totales se incrementaron en 3.847 personas pero, en ese marco, los formales (registrados, como puede ser un monotributista) cayeron 18,2% (-2.541 trabajadores) mientras que los informales crecieron 19,4% (+6.388 personas). Es decir, el cuentapropismo creció de la mano del trabajo sin registración

Similar caso se ve para los asalariados: el total se  incrementó en 4.696 personas pero, dentro de esas, los asalariados formales (es decir,  trabajadores en relación de dependencia) cayeron 9,7% (-7.146 personas) mientras que los informales crecieron en 31,4% (+11.842 trabajadores).  

A esto, debe incorporarse también la situación de la otra modalidad ocupacional restante: los Patrones. Estos crecieron 9,6% equivalente a 727 personas, pero hacia dentro del grupo, los que trabajan de modo formal cayeron en 39,1% (-2.417) y los que lo hacen de modo informal crecieron en 223,8% (+3.144 personas). 

De este modo, los datos muestran que el incremento del empleo observado en Posadas  durante el último año no respondió a una expansión del trabajo registrado, sino a un avance  de las modalidades más precarias de inserción laboral. Mientras el empleo formal destruyó  12.104 puestos de trabajo (-12,9%), el empleo informal incorporó 21.603 ocupados (+30,0%), compensando ampliamente esa pérdida y explicando la totalidad del  crecimiento neto de la ocupación.  

Este proceso configura un deterioro en la calidad del empleo más que una mejora del  mercado laboral. Si bien más personas lograron incorporarse a una actividad económica, lo hicieron mayoritariamente en ocupaciones sin registración, con menores niveles de estabilidad, protección social y acceso a derechos laborales. Al mismo tiempo, la reducción del empleo asalariado formal y del cuentapropismo registrado evidencia que los segmentos de mayor calidad continúan perdiendo terreno frente a formas de inserción más vulnerables. 

¿Cómo se comportó Posadas respecto al NEA? 

La región mostró la misma dinámica que la  capital misionera, aunque a un ritmo algo menor. El empleo formal cayó 3,7% (-11.466 personas)  mientras que el informal creció en 16,6% (+47.034). Viendo por modalidad de ocupación, el cuentapropismo creció 12,7% con más fuerza en los informales de ese segmento  (+16,2% vs. +0,5% de formales); y el empleo asalariado creció 2,4% (con el formal cayendo  4,7% y el informal creciendo 16,2%). 

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Argentina queda en el fondo del ranking: el salario mínimo pierde contra la inflación y ronda los US$252

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La desaceleración de la inflación todavía no alcanza para recomponer los ingresos de los trabajadores argentinos. Mientras buena parte de América Latina comenzó 2026 con aumentos del salario mínimo superiores a la evolución de los precios, la Argentina transitó el camino inverso: el piso salarial perdió poder adquisitivo y quedó ubicado entre los más bajos de la región cuando se lo convierte a dólares.

Con un salario mínimo vital y móvil de $372.400 desde julio, el ingreso equivale a alrededor de US$252 al tipo de cambio oficial. La cifra coloca al país muy lejos de Costa Rica, Uruguay, Panamá y Chile, las economías que encabezan el mapa salarial latinoamericano, y también por debajo de vecinos y socios comerciales como Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.

La comparación en dólares debe tomarse con cautela, porque está condicionada por el tipo de cambio, las diferencias en el costo de vida y la metodología utilizada por cada país. Sin embargo, permite dimensionar el retraso relativo de la Argentina: el salario mínimo costarricense prácticamente triplica al argentino, mientras que los pisos salariales de Uruguay, Panamá y Chile más que lo duplican.

La brecha no es únicamente cambiaria. El problema central es que, aun después de los incrementos nominales establecidos durante 2026, el salario mínimo argentino volvió a perder contra los precios.

Salario mínimo en América Latina: la brecha con Argentina

Valores mensuales aproximados expresados en dólares, a junio-julio de 2026.

País Salario mínimo aproximado Diferencia frente a Argentina
Costa Rica US$ 751 198% superior
Uruguay US$ 648 157% superior
Panamá US$ 637 153% superior
Chile US$ 597 137% superior
México US$ 533 112% superior
Colombia US$ 533 112% superior
Ecuador US$ 482 91% superior
Perú US$ 335 33% superior
Brasil US$ 295 17% superior
Argentina US$ 252 Referencia
Fuente: elaboración de Economis sobre datos regionales publicados en junio de 2026. Los valores en dólares son aproximados y pueden variar según el tipo de cambio, la actividad, la región y la metodología salarial de cada país.
📌 La posición de Argentina en la región

Argentina ocupa uno de los últimos lugares de América Latina. Sólo Cuba y Venezuela presentan salarios mínimos inferiores cuando se expresan en dólares. Sin embargo, ambos casos corresponden a economías con fuertes distorsiones cambiarias, por lo que la comparación debe interpretarse con cautela.

Además, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana cuentan con esquemas de salarios mínimos diferenciados por sector de actividad o tamaño de empresa, lo que dificulta una comparación directa con países que poseen un salario mínimo nacional único.

Argentina, la excepción entre las principales economías

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la inflación acumulada en la Argentina llegó al 9,4%, mientras que el salario mínimo registró una caída real del 3,3%. El salario de los trabajadores privados registrados también retrocedió: perdió un 3,8% de su poder adquisitivo durante ese período.

La dinámica contrasta con lo ocurrido en otras grandes economías de América Latina. En Colombia, el salario mínimo real aumentó un 19,3%; en México avanzó un 5,8%; en Brasil mejoró un 5,3%; y en Chile tuvo una suba más moderada, del 0,5%.

Argentina fue el único país de ese grupo en el que cayeron simultáneamente tanto el salario mínimo real como las remuneraciones del sector privado formal.

La diferencia expone una particularidad del escenario laboral argentino: la reducción del ritmo inflacionario no implica, por sí sola, una recuperación de los ingresos. Para que exista una mejora real, los salarios deben aumentar por encima de los precios. Eso no ocurrió en el inicio de 2026.

La comparación regional muestra que varios países aprovecharon la moderación de la inflación para recomponer una parte del poder adquisitivo perdido entre 2021 y 2024. En la Argentina, en cambio, la actualización del piso salarial volvió a quedar rezagada.

Un salario mínimo que se aleja de la región

Costa Rica encabeza las comparaciones regionales con un salario mínimo de referencia cercano a US$751 mensuales, seguida por Uruguay, con aproximadamente US$648. Panamá se ubica alrededor de US$637 y Chile cerca de US$600.

México y Colombia se instalaron en una franja próxima a los US$530, mientras que Ecuador ronda los US$482. Más abajo aparecen Perú, Brasil y la Argentina.

Con aproximadamente US$252, el piso argentino representa apenas un tercio del salario mínimo de Costa Rica y cerca del 42% del vigente en Chile. También queda alrededor de US$43 por debajo del brasileño y más de US$80 por debajo del peruano.

La comparación no significa que un trabajador costarricense o uruguayo tenga automáticamente tres veces más poder de compra que uno argentino. Los precios internos, la carga tributaria, el acceso a servicios públicos y el costo de la vivienda varían entre países. Pero el ranking permite observar la capacidad relativa de cada economía para establecer y sostener un piso de ingresos.

En ese mapa, Argentina dejó de ocupar una posición intermedia y pasó a integrar el grupo más rezagado de América Latina.

La pérdida no comenzó en 2026

El deterioro argentino tampoco es un fenómeno aislado del primer trimestre. De acuerdo con el análisis de Juan Pablo Filippini, profesor de Economía de la Universidad Austral, desde 2016 México y Colombia acumularon aumentos reales del salario mínimo muy superiores a los de la Argentina.

Brasil y Chile mostraron trayectorias más moderadas, pero consiguieron preservar o recuperar parte del ingreso. Argentina, en cambio, atravesó una pérdida persistente de poder adquisitivo.

La depreciación del peso, la elevada inflación y los ajustes nominales por debajo de los precios fueron debilitando el valor real del salario mínimo. El resultado es un piso legal que perdió capacidad para ordenar las remuneraciones y proteger a los trabajadores de menores ingresos.

La situación también limita su función como referencia para otros componentes del sistema de protección social. El salario mínimo incide sobre prestaciones, programas laborales y distintos parámetros utilizados en las relaciones de trabajo. Cuando su valor real cae, el deterioro se extiende más allá del grupo de trabajadores que lo cobra directamente.

El salario privado también retrocede

El caso argentino aporta además una diferencia relevante respecto del resto de la región. En Brasil, México y Colombia, el aumento real del salario mínimo no logró trasladarse completamente al conjunto de los trabajadores privados formales. Sin embargo, al menos el piso legal mostró una recuperación.

En la Argentina cayeron los dos indicadores: el salario mínimo real bajó un 3,3% y el salario privado registrado, un 3,8%.

Esto significa que el retraso no se limita a una decisión administrativa sobre el piso salarial. Refleja una debilidad más amplia de los ingresos laborales, en un contexto de actividad económica irregular, empresas con márgenes estrechos y menor capacidad de negociación salarial.

La economía argentina creció un 0,5% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, según la comparación presentada por la Universidad Austral. No obstante, esa mejora no alcanzó para impulsar una recomposición salarial. En el mismo período, la inflación fue ampliamente superior a la de Brasil, Colombia y Chile.

La desaceleración inflacionaria no garantiza recuperación

La inflación argentina bajó al 1,9% mensual en junio de 2026, el menor registro de los últimos diez meses. Sin embargo, durante el primer semestre acumuló un 16,8% y la variación interanual permaneció en el 33,5%.

El dato muestra por qué la desaceleración no debe confundirse con una baja de precios. Los bienes y servicios continúan encareciéndose, aunque a una velocidad menor. Por lo tanto, cualquier actualización salarial inferior a esa variación implica una nueva pérdida de poder adquisitivo.

Para los trabajadores ubicados en la base de la pirámide salarial, el problema es especialmente grave porque una porción mayor de sus ingresos se destina a alimentos, vivienda, transporte y servicios esenciales.

La recuperación del salario real dependerá de que las futuras actualizaciones superen de manera sostenida a la inflación. También requerirá una mejora de la actividad y de la productividad que permita a las empresas absorber mayores costos laborales sin reducir empleo, horas trabajadas o formalidad.

El dilema regional: salario, productividad e informalidad

Los aumentos del salario mínimo generan un debate en toda América Latina. Cuando están acompañados por crecimiento económico, mayor productividad y demanda de trabajadores, pueden mejorar los ingresos sin provocar desequilibrios relevantes.

Pero cuando las remuneraciones aumentan muy por encima de la productividad, algunas empresas pueden responder trasladando costos a los precios, reduciendo contrataciones, postergando inversiones o avanzando hacia formas de empleo informal.

El riesgo es mayor en pequeñas empresas y sectores intensivos en mano de obra. También en economías con una elevada proporción de trabajadores fuera del sistema formal.

Por eso, los especialistas advierten que el salario mínimo no puede resolver por sí solo los problemas estructurales del mercado laboral. Su efectividad depende de políticas que promuevan la productividad, la inversión, el empleo registrado y la formalización.

En Argentina, sin embargo, el desafío inmediato aparece un paso antes: evitar que el piso salarial continúe perdiendo contra la inflación.

La comparación regional deja una señal contundente. Mientras varios países comenzaron a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el ciclo inflacionario, la Argentina siguió retrocediendo. El salario mínimo no solamente quedó entre los más bajos de América Latina medido en dólares: también fue uno de los pocos que volvió a caer en términos reales.

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