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Empleo registrado: se perdieron 441.746 puestos y cerraron 30.633 empleadores desde noviembre de 2023

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Un informe de CEPA, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestra el deterioro del tejido empresarial y del empleo privado registrado hasta mayo de 2026. Industria y construcción concentran parte de las mayores pérdidas.

El presente informe tiene como objetivo analizar la evolución de la cantidad de trabajadores/as y empleadores/as desde el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023 hasta mayo de 2026, en base a los datos disponibles al momento de su publicación[1]. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

El informe se organiza en dos secciones. La primera analiza la variación en la cantidad de empresas y trabajadores/as registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según los datos de la SRT, e incluye una desagregación por sectores económicos, identificando cuáles fueron los más afectados en el período. La segunda sección examina la evolución del empleo según el tamaño de las empresas, comparando la situación inicial con la de mayo de 2026.

Evolución de la cantidad de empleadores y de trabajadores/as durante el primer año de gestión de Javier Milei

La comparación entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de empleadores, pasando de 512.357 a 481.724. Esto implica una contracción de 30.633 empresas, es decir, 33,5 empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 8.408 empleadores en 30 meses. Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicio de transporte y almacenamiento perdió 6.733, Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 4.098 empleadores, Industria manufacturera de 4.020, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.691 y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de 2.421 empleadores en el período.

En términos relativos, el sector más afectado fue el de Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, que registró una caída del 17,2% en la cantidad total de empleadores. Le siguen el sector de Servicios de transporte y almacenamiento con una disminución del 17,1%, Servicios Inmobiliarios con 13,8% y Construcción, con una contracción del 9,3%.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 4,18%, lo que representa una pérdida de 411.613 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 a 9.445.560, lo que equivale a 450 trabajadores/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Industria manufacturera con una reducción de 97.312 trabajadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le sigue el sector de Construcción que perdió 80.399 puestos. También registraron caídas significativas en Servicio de transporte y almacenamiento con 72.480 empleos menos, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria con una pérdida de 72.312 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción con una caída del 16,8% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le siguen Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales con una retracción del 15,4%, y Servicios de transporte y almacenamiento que registró una disminución del 13,5% en el mismo período.

El sector de trabajadores en casas particulares sufrió una caída significativa en el empleo registrado: pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 599.527 en mayo de 2026. Son 30.133 personas, lo que equivale a una pérdida de poco más de 33 puestos de trabajo por día.

Este sector es un termómetro sensible de la economía: al no estar protegido por grandes empresas ni convenios colectivos fuertes, el empleo en casas particulares reacciona rápido ante cualquier crisis. Si cae, es señal de que los hogares ajustan gastos (menos personas pueden pagar empleadas) y que el trabajo precario aumenta (muchas pasan a trabajar en negro para no perder el ingreso).

Si sumamos trabajadores en las unidades productivas (industria, comercio, servicios y demás) y empleadas en casas particulares, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 en noviembre de 2023 a 10.045.087 en mayo de 2026. Son 441.746 personas en dos años y medio. Eso equivale a 484 puestos de trabajo registrados que se destruyen por día.

Variación de la cantidad de empleadores y trabajadores/as por tamaño de empresa durante los primeros meses de Milei

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en los 30 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores: 99,78% del total de los casos (30.565 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores explican sólo el 0,22% (68 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores/as se redujo un 3,77%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores/as disminuyeron un 5,99% en el mismo período.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte: el 61,02% de la caída total del empleo registrado (equivalente a 251.176 puestos) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores/as. En contraste, las empresas con menos de 500 empleados/as redujeron sus plantillas en 160.437 trabajadores, lo que representa el 38,98% del total de empleos perdidos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 5,25% (de 4.782.973 a 4.531.797), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 3,16% (de 5.074.200 a 4.913.763).

Conclusiones

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 28 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.

Del análisis se desprende las principales conclusiones:

  • Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 30.633 casos (33,5 por día).
  • En términos absolutos, “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas” es el sector más afectado, con una pérdida de 8.408 empleadores.
  • En término relativos, el sector más afectado es la “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales”, que ha registrado una pérdida del 17,2% en el total de empleadores.
  • En el mismo período, se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,18%), 450 puestos por día.
  • El sector “Industria manufacturera” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 97.312 trabajadores.
  • En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-16,8%).
  • En el sector de trabajadores en casas particulares se perdieron 30.133 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día.
  • Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos 30 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,78% del total de los casos (30.565 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,22% (68 casos).
  • Al analizar el tamaño de empresa se observa que la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor porte: 61,02% de la pérdida de empleo (-251.176 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 160.437 casos, explicando el 38,98% del total. En términos absolutos, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.531.797, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.913.763.

[1] A mediados de agosto 2026, los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo correspondían a la cantidad de empleadores y trabajadores hasta el mes de mayo 2026.

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Milei promulgó la Ley de Modernización Laboral

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La agenda laboral del Gobierno dio un nuevo paso institucional este viernes con la promulgación de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y puesta en vigencia mediante el Decreto 137/2026 firmado por el presidente y publicado en el Boletín Oficial. La norma introduce una amplia reconfiguración del régimen de trabajo en Argentina al modificar múltiples artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, crear nuevos programas de formalización e incorporar regulaciones específicas para sectores emergentes como las plataformas digitales.

El movimiento no es menor en términos políticos. La reforma laboral fue uno de los ejes estructurales del programa económico oficial y su promulgación marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado, las empresas y el mercado de trabajo. La pregunta que atraviesa ahora el sistema político es si esta modernización logrará impulsar la formalización y la contratación —como sostiene el Gobierno— o si abrirá un nuevo frente de disputa con sectores sindicales y laborales.

Reforma del régimen laboral: cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo

El núcleo de la ley consiste en una revisión extensa de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, con modificaciones que afectan definiciones básicas, relaciones entre empresas y trabajadores, y modalidades contractuales.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la redefinición del concepto de trabajo, entendido como toda actividad lícita realizada bajo dirección de un empleador a cambio de una remuneración.

La norma también reordena el ámbito de aplicación del régimen laboral, excluyendo de manera expresa a distintos sectores, entre ellos: trabajadores de la administración pública; personal de casas particulares (con régimen propio); trabajadores agrarios, que mantienen su estatuto específico; contrataciones civiles o comerciales como obra o servicios y trabajadores independientes y prestadores de plataformas tecnológicas.

Este punto refleja una orientación clara: delimitar con mayor precisión qué relaciones quedan bajo la órbita del derecho laboral clásico y cuáles se encuadran en regímenes diferenciados.

Cambios en la registración laboral y digitalización del sistema

Otro eje central de la reforma apunta a simplificar el sistema de registración del empleo.

La ley establece que los empleadores deberán registrar a los trabajadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y que ese registro será suficiente a todos los efectos legales, impidiendo que otras autoridades exijan requisitos adicionales.

Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, permitiendo que las copias electrónicas tengan la misma validez jurídica que los registros en papel.

La intención del Gobierno es avanzar hacia un sistema unificado de control y fiscalización laboral, reduciendo burocracia administrativa y centralizando la información en un único organismo.

Nuevas reglas para intermediación y subcontratación

La reforma también redefine la responsabilidad en casos de intermediación laboral o contratación a través de terceros.

La ley establece que los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral, aunque hayan sido contratados para prestar servicios en otra empresa. En ese esquema, la empresa usuaria tendrá responsabilidad solidaria únicamente por las obligaciones generadas durante el tiempo en que el trabajador prestó servicios para ella.

Al mismo tiempo, se limita la responsabilidad solidaria en casos de grupos empresariales, que solo se aplicará cuando existan maniobras fraudulentas entre empresas relacionadas.

En términos regulatorios, esto implica un intento de delimitar con mayor claridad las responsabilidades en cadenas de contratación complejas.

Despidos e indemnizaciones: cómo queda el nuevo esquema

La ley mantiene la lógica general del sistema indemnizatorio argentino, pero introduce precisiones sobre el cálculo y la base salarial.

En caso de despido sin causa, el empleador deberá pagar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual del último año.

La norma aclara además que para ese cálculo solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo pagos extraordinarios como el aguinaldo o premios no mensuales.

También se establecen reglas para situaciones de reingreso del trabajador, permitiendo deducir indemnizaciones previamente pagadas actualizadas por inflación.

Plataformas digitales: un nuevo régimen laboral

Uno de los capítulos más novedosos de la ley crea un régimen específico para servicios de movilidad y reparto operados mediante plataformas tecnológicas.

La norma reconoce la figura del prestador independiente, definiendo que las personas que brindan estos servicios lo hacen de forma autónoma, conectándose con usuarios a través de plataformas digitales.

Este punto busca dar marco legal a un sector que creció con fuerza en la última década, pero cuya relación laboral había quedado en una zona gris entre trabajo dependiente y actividad independiente.

Incentivos para formalizar empleo y blanqueo laboral

La ley también introduce programas orientados a reducir la informalidad.

Entre ellos se destacan: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con vigencia inicial de un año. Un esquema de regularización de relaciones laborales no registradas, que puede incluir condonación de multas y sanciones. Y la posibilidad de eliminar sanciones vinculadas a infracciones laborales si los empleadores regularizan a sus trabajadores.

El objetivo explícito es ampliar el empleo registrado en el sector privado, uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino.

Cambios en negociación colectiva y formación laboral

La ley también introduce modificaciones institucionales en la negociación colectiva.

Entre ellas: se fija un plazo máximo de 30 días para homologar convenios colectivos, luego del cual se consideran aprobados automáticamente si no hay observaciones. Se habilita la intervención de servicios de mediación y arbitraje laboral para resolver conflictos durante las negociaciones.

Además, se crea el Programa de Formación Laboral Básica, orientado a desarrollar competencias sociolaborales para personas con dificultades de inserción en el mercado laboral.

Impacto político y económico de la reforma

En términos políticos, la promulgación de la ley consolida uno de los pilares del programa de reformas estructurales impulsado por el Gobierno en el Congreso. La modernización laboral había sido presentada como una condición para mejorar la competitividad empresarial y reducir la informalidad.

Al mismo tiempo, la norma toca aspectos sensibles del sistema laboral argentino —indemnizaciones, intermediación, negociación colectiva y plataformas— que históricamente generan tensiones entre el Estado, las empresas y los sindicatos.

Desde la perspectiva económica, el impacto dependerá de la implementación efectiva de los programas de formalización y del comportamiento del mercado de trabajo en los próximos meses.

Ley de Modernización Laboral by CristianMilciades

Un cambio normativo amplio, con efectos aún en construcción

La Ley de Modernización Laboral 27.802 no introduce una única reforma puntual, sino una reconfiguración integral del régimen laboral, que abarca desde la definición del vínculo de trabajo hasta la digitalización de registros y la regulación de nuevas formas de empleo.

En los próximos meses, la clave estará en la reglamentación y en cómo se aplican los incentivos para formalizar empleo. También será determinante observar la reacción de los actores del sistema laboral —empresas, sindicatos y provincias— frente a un marco normativo que busca reorganizar el funcionamiento del mercado de trabajo argentino.

La promulgación marca el inicio de una nueva etapa regulatoria, pero el verdadero alcance político y económico de la reforma todavía dependerá de su implementación y del equilibrio de fuerzas que se configure en el escenario laboral.

anexo Ley de Modernización Laboral by CristianMilciades

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La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados

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El cierre definitivo de la fábrica de neumáticos Fate no es solo el final de una empresa histórica: es la postal más contundente del retroceso industrial que atraviesa la Argentina. Con 920 despidos y el cese total de actividades en su planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, la firma de más de 80 años de trayectoria se convierte en uno de los símbolos más fuertes del actual ciclo económico.

“FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”, informó la compañía en un comunicado oficial, en el que atribuyó la decisión a “los cambios en las condiciones de mercado”.

La empresa, que fue pionera en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, arrastraba años de crisis por caída de ventas, conflictos gremiales y pérdida de mercados de exportación.

Pero el impacto del cierre excede a la firma. Se produce en un contexto en el que el sistema productivo argentino viene reduciéndose a una velocidad sostenida.

La salida de Fate del mapa productivo no ocurre en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio de contracción del entramado empresario formal que viene profundizándose desde fines de 2023. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el sistema perdió 21.938 empleadores registrados. En el mismo período, el número de trabajadores formales cubiertos cayó en 290.602 personas. Si en noviembre de 2023 había 512.357 empresas y 9.857.173 trabajadores, dos años después los registros muestran 490.419 empleadores y 9.566.571 trabajadores. Solo en noviembre último el cierre neto fue de 892 empresas, y en los primeros once meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó a 9.722 empleadores.

La construcción aparece como el sector más golpeado por el freno de la obra pública y la retracción de la inversión privada, pero la industria manufacturera también viene mostrando señales persistentes de debilidad. En ese contexto, el caso Fate adquiere una dimensión simbólica: no se trata de una pyme marginal, sino de una firma con liderazgo tecnológico, presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina, y un rol estratégico dentro del complejo automotriz argentino.

La crisis de la compañía no comenzó este año. En 2019 aplicó una reducción de 450 puestos y volvió a ajustar en 2021 y 2022. En julio de 2024 solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados externos. La empresa sostuvo entonces que la demanda interna se había desplomado un 30% y que acumulaba pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en el primer semestre de 2024. En mayo de ese mismo año ya había anunciado cerca de 200 despidos para adecuar su estructura. Entre los factores señalados figuraban los elevados costos de producción, la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, la deficiente infraestructura, los sobrecostos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial.

El cierre de Fate deja así una doble lectura. Por un lado, el drama inmediato de casi mil trabajadores que pierden su empleo. Por otro, la confirmación de una tendencia estructural: la economía argentina atraviesa una etapa de fuerte reducción de su base empresaria formal. Con casi 22 mil empleadores menos en dos años, la pregunta que comienza a instalarse no es solo cuántas compañías más resistirán el nuevo escenario, sino qué perfil productivo quedará en pie una vez que el ajuste termine de reconfigurar el mapa industrial del país.

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