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Misiones en alerta: catorce empresas en crisis en un mapa nacional de 629 conflictos laborales

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Mientras la crisis productiva se extiende a lo largo y ancho del país, Misiones aparece con 14 empresas en conflicto, según el Mapa Federal de Empresas en Crisis 2024-2025 elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, que releva 629 situaciones de despidos, suspensiones, cierres, quiebras y crisis empresariales en todo el país.

Aunque el número misionero es menor en términos absolutos frente a grandes distritos industriales como Buenos Aires o Santa Fe, el impacto es estructuralmente más grave, porque se concentra en sectores estratégicos para la economía provincial: industria forestal, energía, cooperativas y comercio.

En el caso misionero, el informe expone una foto de tensión sobre actividades que son parte del corazón de la economía real: la industria vinculada a la madera y la actividad forestoindustrial, cooperativas y firmas ligadas al comercio y los servicios. En la lámina específica de Misiones aparecen señaladas empresas y referencias como Industria Montecarlo SAC, Aserradero Diesel, Cooperativa Agrícola Km. 16, Mazter Maderas, además de menciones a rubros y comercios como Refrigeraciones Posadas, Libertad, Maravilla Regalos y ElectroMisiones, junto con el norte provincial, con Andresito marcado en el mapa como punto de referencia territorial.

La cifra de 14 conflictos puede resultar menor frente a los grandes distritos industriales, pero en una provincia con una estructura productiva más concentrada, el impacto tiende a amplificarse: un cierre o una tanda de despidos en actividades intensivas en mano de obra suele derramar rápido sobre el consumo, los proveedores y el empleo indirecto. El propio recorte de categorías que utiliza el informe (desde despidos y suspensiones hasta riesgo de venta) sugiere que en varios casos no se trata solo de un bache coyuntural, sino de procesos de ajuste y reordenamiento que pueden dejar capacidad productiva ociosa y empleo perdido aun si mejora el ciclo.

Misiones
14
conflictos
Despidos · Suspensiones · Cierres · Crisis · Retiros · Riesgo de venta
Corrientes
20
conflictos
+50 despidos maderero · +2.000 en construcción
Chaco
9
conflictos
Despidos · Cierres
Formosa
3
conflictos
Crisis del comercio · Despidos

En el NEA, el contraste también es elocuente. Corrientes aparece con 20 conflictos: en esa provincia se registra “sector construcción: 2.000 despidos” y “sector maderero: 50 despidos”, lo que refuerza la idea de una presión regional sobre rubros que también son relevantes para Misiones.

abajo en la escala, Chaco suma 9 conflictos y Formosa 3, ambos con problemáticas asociadas principalmente a despidos y crisis en comercio y servicios, según el propio mapa.

En conjunto, el cuadro dibuja una señal de alerta para el noreste: con distintos volúmenes y perfiles, la crisis se manifiesta en la economía cotidiana, desde la industria hasta la calle comercial.

El epicentro de esa crisis se ubica en la provincia de Buenos Aires, que concentra 168 conflictos, casi el 27% del total nacional, seguida por Santa Fe con 65 y La Rioja con 52, tres distritos que combinan industria manufacturera, agroindustria y grandes cadenas comerciales. A ellos se suman Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, con 38 casos cada una, lo que muestra que la crisis no es exclusiva de zonas periféricas, sino que impacta también en los principales centros económicos del país.

En un segundo anillo aparecen provincias como Tucumán (22 conflictos), Entre Ríos (21), Corrientes (20), Santa Cruz (19) y Salta (19), donde los problemas se concentran en sectores como alimentos, textiles, comercio, energía y minería, con una fuerte presencia de despidos, suspensiones y cierres de plantas. Incluso distritos con actividad hidrocarburífera como Neuquén (7 conflictos) y Chubut (17) aparecen atravesados por ajustes y procesos de reducción de personal en empresas de servicios petroleros y logística.

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Ganancias: ARCA actualizó el régimen de operaciones internacionales y simplificó informes

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo cambios de alto impacto en los regímenes general y simplificado de precios de transferencia y operaciones internacionales del Impuesto a las Ganancias, mediante la Resolución General 5798/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. La norma eleva de manera significativa los montos mínimos que activan obligaciones informativas, actualiza parámetros clave y ajusta procedimientos, en línea con la actualización de umbrales dispuesta por el Decreto N° 767/2025.

La medida redefine el alcance práctico del régimen para contribuyentes con operaciones internacionales y grupos multinacionales, con impacto directo en la carga administrativa, el cumplimiento fiscal y los mecanismos de fiscalización sobre precios de transferencia.

Nuevos montos y redefinición del alcance del régimen general

Entre los cambios centrales, la resolución modifica la Resolución General N° 4.717, elevando de forma sustancial los importes que determinan la obligación de presentar información ante el organismo recaudador. En ese sentido, el umbral general del artículo 41 pasó de $30 millones a $1.500 millones, mientras que en los artículos 44 y 48 los parámetros conjuntos e individuales se incrementaron a $150 millones y $15 millones, respectivamente.

Asimismo, se redefinen las condiciones para la presentación del Informe Maestro por parte de los Grupos de Entidades Multinacionales, estableciendo que deberán cumplir simultáneamente dos requisitos: ingresos anuales consolidados superiores a $100.000 millones y transacciones con vinculadas del exterior que superen $150 millones en conjunto o $15 millones de forma individual.

La norma también habilita, bajo condiciones específicas, la presentación de una nota de ratificación con carácter de declaración jurada, cuando no existan cambios respecto del último Informe Maestro presentado, incorporando así un mecanismo de simplificación formal para los sujetos cumplidores.

Ajustes operativos, formularios y régimen simplificado

En paralelo, la Resolución General 5798/2025 introduce modificaciones operativas relevantes en los formularios y procedimientos. Se actualiza el uso del formulario F. 4501, que deberá incluir el Estudio de Precios de Transferencia, la certificación profesional y las firmas digitales correspondientes, y se redefine el alcance del formulario F. 2668, permitiendo que los contribuyentes queden dispensados de su presentación tras dos períodos fiscales consecutivos sin movimientos.

En cuanto al Régimen Simplificado de Operaciones Internacionales, regulado por la Resolución General N° 5.010, se amplían de manera sustancial los rangos de ingresos para ejercer la opción: el nuevo tramo se ubica entre $500 millones y $3.000 millones, reemplazando los valores anteriores significativamente menores. También se elevan los montos de operaciones que obligan a informar, alineándolos con los nuevos parámetros del régimen general.

La resolución incorpora además un nuevo Anexo IV, que establece el procedimiento técnico para la confección y presentación del formulario F. 2673, fijando requisitos digitales, formato de archivo y condiciones de remisión mediante el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”.

Impacto fiscal e institucional de la reforma

Las modificaciones entran en vigencia desde su publicación y resultan aplicables a los períodos fiscales cerrados a partir del 31 de octubre de 2025, lo que marca un cambio relevante en el esquema de control fiscal sobre operaciones internacionales. Desde la perspectiva institucional, la norma busca adecuar el régimen a la nueva escala nominal de la economía, reducir cargas formales innecesarias y concentrar la fiscalización en operaciones de mayor relevancia económica.

ARCA fundamenta estos cambios tanto en la actualización de montos dispuesta por el Poder Ejecutivo como en la experiencia acumulada en la aplicación del régimen, sin perjuicio del proceso de revisión integral actualmente en curso, llevado adelante mediante el mecanismo de Elaboración Participativa de Normas iniciado en marzo de 2023.

Para los contribuyentes alcanzados, el nuevo esquema redefine el mapa de obligaciones en materia de precios de transferencia, con posibles reacciones positivas en términos de simplificación administrativa, aunque también con mayores exigencias documentales para los grupos de mayor volumen económico.

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Gobierno emite deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones

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El Gobierno autorizó una emisión de deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones para financiar el Tesoro en 2025

El Ministerio de Economía avanzó con una de las operaciones de financiamiento más relevantes del año al autorizar la emisión y ampliación de instrumentos de deuda pública por un monto superior a los $32 billones y US$3.500 millones. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, se enmarca en el programa financiero del Tesoro Nacional y busca cubrir necesidades presupuestarias del ejercicio 2025 a través de una estrategia diversificada de colocaciones en pesos y dólares, con distintos mecanismos de indexación.

La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial del 15 de diciembre y respalda la licitación realizada el 11 de diciembre, habilitando tanto la emisión de nuevos títulos como la ampliación de instrumentos ya existentes. El esquema combina letras y bonos capitalizables, instrumentos ajustados por inflación (CER), deuda a tasa TAMAR y títulos vinculados al dólar estadounidense, lo que refleja una estrategia de cobertura frente a distintos escenarios macroeconómicos.

Un menú amplio de instrumentos para captar financiamiento en pesos y dólares

La resolución autoriza la emisión de cinco nuevos instrumentos de deuda pública, tres de ellos capitalizables en pesos y dos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En conjunto, estos títulos pueden alcanzar hasta $28 billones de valor nominal original.

Entre los instrumentos destacados se encuentra la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta $8 billones, con intereses a tasa efectiva mensual capitalizable, a determinar en licitación. A ella se suman dos emisiones adicionales: una letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y un bono con vencimiento el 31 de mayo de 2027, ambas por hasta $5 billones cada una, también capitalizables en pesos y con amortización íntegra al vencimiento.

El paquete se completa con dos instrumentos indexados por inflación: una Letra del Tesoro ajustada por CER con vencimiento en noviembre de 2026 y un Bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste CER a mayo de 2027, cada uno por hasta $5 billones. En estos casos, el capital se ajusta según el CER informado por el Banco Central, conforme a lo establecido en el decreto 214/2002, y los intereses se estructuran bajo la modalidad de descuento o cero cupón.

Todos los títulos serán negociables en A3 Mercados SA y en los mercados de valores del país, contarán con exenciones impositivas vigentes y se emitirán mediante certificados globales registrados en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos del BCRA.

Ampliaciones de emisiones previas y refuerzo del financiamiento en dólares

Además de las nuevas colocaciones, la Resolución Conjunta 63/2025 autoriza ampliaciones significativas de emisiones ya vigentes, lo que eleva el volumen total de endeudamiento autorizado a más de $32 billones en pesos y US$3.555 millones.

En pesos, se amplían la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 hasta $4,3 billones, la Letra ajustada por CER al mismo vencimiento hasta $5,09 billones, y la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 hasta $4,8 billones. Estas ampliaciones refuerzan el perfil de deuda en moneda local y buscan captar demanda de inversores con distintos apetitos de riesgo y cobertura.

En paralelo, el Gobierno habilitó una ampliación clave en moneda extranjera: la Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026, que podrá alcanzar hasta US$3.555.982.900. Este instrumento ofrece cobertura cambiaria y se posiciona como una opción para inversores que buscan reducir exposición al peso sin salir del esquema de financiamiento del Tesoro.

Marco legal, programa financiero y efectos sobre el mercado

Desde el punto de vista institucional, la medida se apoya en un entramado normativo amplio. Las emisiones se realizan bajo las facultades conferidas por la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 27.701 de Presupuesto —vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la ley 24.156— y una serie de decretos que ajustaron los límites y condiciones del financiamiento público entre 2023 y 2024.

Los considerandos de la resolución destacan que todas las operaciones se encuentran dentro de los límites autorizados por el Presupuesto y cuentan con intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. Además, se dispone la imputación presupuestaria de un bono CER con vencimiento en junio de 2028, emitido previamente, por un monto de $5 billones, reforzando la consistencia contable del esquema.

En términos de impacto, la estrategia apunta a sostener el financiamiento del Tesoro sin recurrir exclusivamente a un solo tipo de instrumento, diversificando riesgos entre inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Para el mercado financiero, la licitación ofrece un abanico de opciones que puede influir en la curva de rendimientos en pesos, en la demanda de instrumentos indexados y en la dinámica de cobertura cambiaria.

La magnitud de la emisión también anticipa un rol activo del Estado en el mercado de deuda durante 2025, con potenciales efectos sobre la liquidez, la tasa de interés y las decisiones de inversión institucional. En ese contexto, la capacidad del Tesoro para renovar y colocar estos instrumentos será un factor central para la estabilidad financiera y la ejecución del programa económico.

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Ganancias a sociedades: una baja que beneficia a 144 empresas y recorta $1,7 billones a las provincias

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Baja del Impuesto a las Ganancias a sociedades, el 56% del beneficio quedará en manos de 144 grandes empresas

La ley de Modernización Laboral incorpora una reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades que tendrá un fuerte impacto fiscal y distributivo. Según un informe legislativo, la medida implicará un costo anual de $3,1 billones —equivalente a 0,3 puntos del PBI— y beneficiará de manera concentrada a solo 144 grandes empresas, mientras recortará $1,7 billones de recursos coparticipables a las provincias.

Una reforma tributaria de alto impacto incluida en la ley laboral

El artículo 191 de la ley de Modernización Laboral introduce una modificación sustancial en el esquema del Impuesto a las Ganancias para sociedades, al reducir las alícuotas de los tramos más altos del tributo. En concreto, la reforma establece que las empresas con ganancias netas imponibles entre $101,7 millones y $1.016,8 millones pasarán de tributar del 30% al 27%, mientras que aquellas con utilidades superiores a $1.016,8 millones verán reducida su carga del 35% al 31,5%.

De acuerdo con el informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la decisión tendrá un impacto fiscal estimado en 0,3 puntos del Producto Bruto Interno, lo que equivale a una merma anual de $3,1 billones en la recaudación nacional. El análisis se basa en datos oficiales del organismo recaudador, tomados del cuadro 2.3.3.3.1 de “Impuesto a las Ganancias Sociedades”, publicado por ARCA (ex AFIP).

La inclusión de esta rebaja impositiva dentro de una norma orientada a la modernización del régimen laboral generó cuestionamientos políticos e institucionales, al tratarse de una modificación estructural del sistema tributario que excede el ámbito de las relaciones de trabajo.

Concentración del beneficio y pérdida de recursos fiscales

El informe expone una alta concentración del beneficio fiscal. De las 163.587 sociedades que presentaron declaración jurada con impuesto determinado en 2024, apenas 144 empresas —el 0,1% del total— concentran el 56,4% de la recaudación del tributo y, en consecuencia, serán las principales beneficiarias de la rebaja de alícuotas.

En contraste, 146.257 sociedades, que representan el 89,4% del total de contribuyentes, explican solo el 7,9% del impuesto determinado, mientras que 1.856 empresas —el 1,1%— concentran el 76,3% de la recaudación. “Solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal”, advierte el documento legislativo.

Según proyecciones oficiales citadas por Agencia Noticias Argentinas, el Presupuesto 2026 prevé recaudar $48,4 billones por Impuesto a las Ganancias, equivalente a 4,48 puntos del PBI, de los cuales el 71% corresponde a sociedades, es decir, $34,3 billones. Con la reforma, ese monto se reduciría a $31,7 billones, consolidando una caída de $3,1 billones.

Impacto en provincias y críticas al esquema fiscal

Uno de los efectos más relevantes de la medida se registra en el esquema de Coparticipación Federal. Del total de la pérdida recaudatoria, $1,7 billones dejarán de transferirse a las provincias, lo que implica un recorte promedio de $144.000 millones mensuales durante 2026.

Las jurisdicciones más afectadas serán la provincia de Buenos Aires, con una pérdida anual estimada en $366.557 millones; Santa Fe, con $148.698 millones; y Córdoba, con $145.240 millones. También se proyectan recortes significativos para Chaco y Entre Ríos, con $81.265 millones cada una, y para Tucumán, con $79.536 millones. Incluso provincias de menor tamaño, como Tierra del Fuego, registrarían una merma de $22.478 millones anuales.

Michel planteó una serie de interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de la iniciativa:
¿El Gobierno cómo piensa compensar la caída de 0,3 puntos del PBI? ¿Cómo se achica el gasto en el presupuesto para mantener el superávit de 1,5 puntos del PBI? ¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?”.

El legislador cuestionó además que se trate de “una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades”, un universo que, según el informe, coincide con los contribuyentes que ya se beneficiaron del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y de la baja extraordinaria a 0% de los derechos de exportación aplicada en septiembre, también con un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI.

Debate abierto en el Congreso

La incorporación de esta rebaja impositiva dentro del proyecto de Modernización Laboral, que actualmente se debate en el Congreso Nacional, abrió un frente de discusión sobre la pertinencia de introducir cambios fiscales de esta magnitud en una ley con otro objeto principal. “Esta baja intempestiva de la alícuota del impuesto a las ganancias incluida en una reforma laboral genera varios interrogantes”, advirtió Michel, quien reclamó un análisis específico y separado de la medida.

El debate legislativo se encamina así a poner en tensión los objetivos de alivio tributario para grandes empresas con la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y el impacto directo sobre las finanzas provinciales.

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Alerta de Ipbes: Las empresas afectan a la naturaleza de la que dependen

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Escribe Busani Bafana / Inter Press Service – La naturaleza es un arma de doble filo para las empresas del mundo. Un informe revolucionario revelará en febrero cómo las empresas se benefician de la explotación de los recursos naturales y, al mismo tiempo, afectan a la biodiversidad.

El Informe sobre las empresas y la biodiversidad, una evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), analiza el impacto y la dependencia de las empresas respecto a la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas.

Negocios y biodiversidad

Este informe, el primero de su tipo, examina las formas en que las empresas se benefician de la naturaleza y las formas en que las operaciones empresariales mundiales afectan a la naturaleza. Se espera que los representantes de 152 gobiernos miembros lo aprueben en la 12 sesión plenaria de la Ipbes, que se celebrará en Reino Unido en febrero de 2026.

En una rueda de prensa sobre el informe, el secretario ejecutivo de la Ipbes, Luthando Dziba, afirmó que la evaluación fue encargada por los gobiernos miembros para comprender las relaciones empresariales globales con la biodiversidad.

El informe tiene por objeto reforzar los conocimientos para apoyar los esfuerzos de las empresas globales que dependen de la biodiversidad y que también tienen un impacto en ella.

«La disminución de la biodiversidad también representa un riesgo importante para las empresas», afirmó Dziba, destacando que existen enormes riesgos económicos asociados a la biodiversidad, cuya pérdida se encuentra entre los diez principales riesgos mundiales para las empresas.

Dziba señaló que el informe tiene por objeto ayudar a las empresas a comprender y medir en qué medida dependen de la biodiversidad y cómo la afectan, lo que puede determinar las medidas que adopten para reducir su impacto en la naturaleza.

«Los gobiernos tienen interés en comprender cómo otros sectores afectan a la biodiversidad, pero también cómo dependen de ella», afirmó Dziba.

«Teniendo en cuenta las tasas sin precedentes a las que está disminuyendo la biodiversidad, es de esperar que esto sirva de llamada de atención y ponga de manifiesto los importantes riesgos que supone, por ejemplo, para las empresas, si la biodiversidad de la que dependen se encuentra en un estado tan grave», añadió.

Según Dziba, los gobiernos pueden diseñar políticas y normativas para crear un entorno propicio para que las empresas actúen de forma sostenible, comprendiendo cómo se benefician y cómo afectan a la biodiversidad.

El Ipbes, un organismo intergubernamental independiente creado para reforzar la interfaz entre la ciencia y la política en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos, ha publicado varias evaluaciones científicas a lo largo de los años.

Estas evaluaciones han proporcionado a los responsables políticos conocimientos actualizados sobre la situación actual y los retos relacionados con la naturaleza, la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas.

Pérdida de biodiversidad: una pérdida para las empresas

La publicación seminal de la Ipbes, el Informe de evaluación global sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, publicado en 2019, reveló que un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción, muchas de ellas en unas décadas.

Los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación directa de los organismos, la contaminación por el cambio climático y las especies exóticas invasoras son las principales causas de los cambios en la naturaleza.

La naturaleza proporciona varios servicios ecosistémicos, como la polinización, la purificación del agua, la regulación del clima y las materias primas para las empresas, que generan un valor de billones (millones de millones) de dólares a nivel mundial.

Al mismo tiempo, las empresas globales tienen un impacto negativo en la naturaleza a través de la minería, la producción agrícola, la fabricación y la exploración de gas y petróleo.

El Foro Económico Mundial ha advertido que 50 % de la economía mundial está amenazada por la pérdida de biodiversidad, y ha pedido un cambio radical de la actividad humana destructiva a una economía positiva para la naturaleza.

El Informe sobre la nueva economía de la naturaleza II, del Foro Económico Mundial, advierte sobre los riesgos de destruir la naturaleza y afirma que «44 billones de dólares de generación de valor económico, más de la mitad del PIB total mundial, están potencialmente en riesgo como resultado de la dependencia de las empresas de la naturaleza y sus servicios».

El Informe sobre riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial clasificó la pérdida de biodiversidad como la tercera amenaza más grave a la que se enfrentará la humanidad en la próxima década.

En 2024, la Ipbes publicó dos informes que destacaban la importancia de abordar la crisis de la biodiversidad para desbloquear oportunidades empresariales y de innovación.

Según la Ipbes, una acción rápida para proteger la biodiversidad podría generar 10 billones de dólares y apoyar más de 390 millones de puestos de trabajo para 2030.

No actuar contra el cambio climático, alerta, añade al menos 500 000 millones de dólares al año en costes adicionales para alcanzar los objetivos de biodiversidad.

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