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ARCA prorrogó hasta el 31 de julio la presentación de balances para Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para presentar la documentación contable exigida en el Impuesto a las Ganancias para sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros contribuyentes con cierre de ejercicio en diciembre de 2025. La medida responde a un pedido de entidades representativas de profesionales en ciencias económicas y otorga un margen adicional para cumplir con una de las obligaciones fiscales más relevantes del calendario empresarial.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General 5871/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y modifica de manera puntual los vencimientos previstos por la Resolución General 4.626. El cambio no altera la determinación del impuesto ni introduce modificaciones en el régimen de Ganancias, sino que posterga exclusivamente la fecha límite para remitir la Memoria, los Estados Contables, el Informe del Auditor y la documentación complementaria correspondiente al ejercicio cerrado en diciembre de 2025.

Para el universo empresario, especialmente las sociedades comerciales que confeccionan balances bajo normas contables, la medida representa un alivio administrativo en un período de elevada carga de obligaciones fiscales y societarias.

Más tiempo para cumplir una obligación clave del calendario fiscal

La resolución alcanza a los contribuyentes comprendidos en los incisos a), b), c), d) y e), y en el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que llevan un sistema contable que permite confeccionar balances comerciales.

Hasta ahora, esos contribuyentes debían cumplir con la presentación documental dentro de los plazos establecidos por la Resolución General 4.626. Sin embargo, ARCA consideró procedente extender el vencimiento luego de recibir solicitudes formuladas por diversas entidades representativas de profesionales en ciencias económicas, que plantearon la necesidad de contar con un plazo adicional para completar la documentación requerida.

La prórroga alcanza únicamente a los cierres de ejercicio producidos durante diciembre de 2025 y fija como nueva fecha límite el 31 de julio de 2026, inclusive.

Impacto para empresas, estudios contables y la planificación financiera

La medida tiene un efecto principalmente operativo, aunque relevante para la gestión empresarial. La confección de estados contables auditados requiere la intervención coordinada de áreas administrativas, estudios contables, auditores externos y órganos societarios, un proceso que suele concentrarse durante el primer semestre del año.

Para empresas del NEA —incluyendo industrias forestales, yerbateras, tealera, agropecuarias, comerciales y de servicios organizadas bajo figuras societarias— la extensión del plazo reduce la presión administrativa en el cierre del ejercicio fiscal y permite distribuir mejor los tiempos de elaboración y revisión de la documentación.

También representa un beneficio para los estudios profesionales, que concentran gran parte del trabajo de auditoría y certificación durante este período, especialmente en provincias donde una misma firma atiende un amplio número de pequeñas y medianas empresas.

Entre los principales efectos de la resolución se destacan:

  • Nuevo vencimiento: 31 de julio de 2026 para la presentación de la documentación contable.
  • Alcance: sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y demás sujetos comprendidos por la Resolución General 4.626.
  • Beneficio: mayor margen para presentar Memoria, Estados Contables, Informe del Auditor y documentación adicional.
  • No modifica: la determinación del Impuesto a las Ganancias ni el régimen tributario vigente.

Una respuesta administrativa a un planteo profesional

ARCA fundamentó la decisión en los pedidos realizados por organizaciones que representan a profesionales en ciencias económicas, quienes advirtieron sobre la necesidad de ampliar los plazos para completar la documentación exigida por el organismo recaudador.

La resolución también señala que intervinieron en su elaboración la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación e Institucional, lo que evidencia un tratamiento transversal dentro del organismo.

Aunque se trata de una modificación acotada, la decisión confirma que ARCA mantiene la posibilidad de introducir ajustes puntuales en el calendario tributario cuando existen fundamentos operativos que justifican la flexibilización de determinados vencimientos.

Para las empresas, el foco ahora estará puesto en aprovechar el nuevo plazo sin postergar la preparación de la información financiera, ya que la prórroga no modifica las obligaciones sustanciales ni elimina la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos por el régimen vigente.

La extensión beneficia únicamente a los ejercicios cerrados en diciembre de 2025 y no implica un cambio permanente en el esquema de vencimientos del Impuesto a las Ganancias. Para el sector privado, será relevante observar si ARCA mantiene este criterio de flexibilidad ante futuros pedidos de los consejos profesionales o si la medida queda circunscripta al calendario fiscal 2026.

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ARCA escalona la nueva facturación electrónica y otorga más tiempo para que adapten sus sistemas

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una profunda actualización del régimen de emisión de comprobantes electrónicos que comenzará a implementarse desde el 1 de julio de 2026, aunque con un cronograma gradual para los sectores de mayor complejidad operativa. La decisión busca evitar interrupciones en la facturación mientras las empresas adecuan sus plataformas tecnológicas y procesos administrativos.

La Resolución General 5866/2026 modifica los regímenes generales de facturación vigentes, incorpora nuevas modalidades de emisión electrónica, reorganiza obligaciones para distintos contribuyentes y deroga normas específicas que, a partir de la integración de sistemas, dejan de ser necesarias. ARCA justificó el cambio en las consultas recibidas y en las dificultades operativas planteadas por diversos sectores antes de la entrada en vigencia prevista originalmente.

Para el entramado productivo, la medida tiene una lectura que trasciende el aspecto tributario: representa un nuevo paso en la estandarización digital de la documentación comercial entre empresas, entidades financieras y organismos de control, reduciendo la coexistencia de regímenes diferenciados y simplificando la administración documental de operaciones masivas.

Un cronograma gradual para evitar impactos operativos

En lugar de imponer una implementación simultánea, ARCA distribuyó las nuevas obligaciones entre julio de 2026 y marzo de 2027, especialmente para actividades que procesan millones de comprobantes mensuales.

Las principales fechas son:

  • 1 de julio de 2026: comienza la vigencia general de la resolución y de las nuevas obligaciones para los sectores alcanzados.
  • 1 de septiembre de 2026: inicia la obligación para determinadas operaciones de compañías de seguros.
  • 1 de octubre de 2026: se incorporan contratos de leasing y operaciones de comercio exterior de entidades financieras.
  • 1 de diciembre de 2026: alcanzará préstamos bancarios, operaciones con consumidores finales y liquidaciones vinculadas a tarjetas.
  • 1 de marzo de 2027: se incorporan operaciones de coaseguro y liquidaciones periódicas a comercios adheridos de los sistemas de pago.

La implementación escalonada responde a la necesidad de adaptar desarrollos informáticos, interfaces con clientes y sistemas de intercambio de información antes de que las obligaciones resulten plenamente exigibles.

Liquidación electrónica mensual: uno de los cambios centrales

La principal innovación es la incorporación de la Liquidación Electrónica Mensual como modalidad válida de emisión de comprobantes.

Podrán utilizar este esquema entidades financieras; compañías de seguros; administradoras y emisoras de tarjetas; participantes del sistema de pagos por transferencia; instituciones educativas privadas; empresas de medicina prepaga sin fines de lucro; Prestadores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la CNV.

Esta modalidad permitirá agrupar en un único comprobante las operaciones realizadas durante un mes calendario con un mismo cliente, reduciendo significativamente la cantidad de comprobantes emitidos y simplificando procesos administrativos. Las empresas deberán conservar los registros que permitan reconstruir cada operación individual que integra esa liquidación.

La resolución también introduce modificaciones relevantes para la administración de los puntos de venta y la identificación de compradores.

Entre ellas sobresalen: posibilidad de vincular actividades económicas específicas a cada punto de venta; actualización de los procedimientos para altas y bajas de puntos de emisión; obligación de identificar al consumidor cuando una operación supere los $10 millones; posibilidad de consignar CUIT aun por montos inferiores cuando el comprador necesite computar el gasto como deducción en el Impuesto a las Ganancias.

La medida busca mejorar la trazabilidad tributaria sin extender la identificación obligatoria a todas las operaciones de consumo.

Otro de los cambios apunta a simplificar la operatoria de las compañías de seguros de caución.

ARCA elimina el régimen específico que utilizaban hasta ahora para solicitar comprobantes electrónicos y las integra al WebService general de facturación electrónica. Durante un período de transición podrán continuar utilizando el sistema anterior hasta el 31 de diciembre de 2026, reduciendo los riesgos de migración tecnológica.

La resolución también deroga normas anteriores cuya regulación queda absorbida por el nuevo esquema unificado.

Impacto para el sector productivo

Para empresas proveedoras de software de gestión, estudios contables, bancos, fintech y grandes prestadores de servicios, la resolución implica una nueva etapa de adecuación tecnológica.

Los principales efectos son: menor fragmentación normativa al unificarse distintos regímenes de facturación. Mayor automatización en operaciones de alto volumen. Reducción de comprobantes individuales mediante liquidaciones mensuales. Más exigencias de trazabilidad, especialmente en la conservación de información respaldatoria. Calendario gradual, que reduce riesgos de incumplimientos durante la transición.

En provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde numerosas empresas utilizan plataformas centralizadas de facturación para servicios financieros, educación privada, salud y comercio electrónico, el principal desafío será coordinar las actualizaciones de software con suficiente anticipación para cumplir cada etapa del cronograma.

La resolución confirma que ARCA continuará avanzando hacia una administración tributaria basada en comprobantes electrónicos cada vez más integrados y estandarizados. El desafío para las empresas no estará únicamente en emitir nuevas facturas, sino en adaptar procesos internos, sistemas de gestión y controles documentales para operar bajo un esquema con mayor trazabilidad digital y menor margen para procedimientos manuales.

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La mediación prejudicial da un salto digital: ponen en marcha un sistema integral con notificaciones electrónicas

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El Ministerio de Justicia aprobó el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria (SIGIM), una plataforma que comenzará a implementarse desde el 29 de junio de 2026 y que digitalizará progresivamente todo el proceso de mediación previo a los litigios judiciales.

La medida, formalizada mediante la Resolución 277/2026, representa una actualización tecnológica del sistema previsto por la Ley 26.589 y apunta a un objetivo operativo: reducir la carga administrativa del procedimiento mediante herramientas digitales que integren mediadores, abogados, particulares y organismos públicos.

Para el sector privado, la principal implicancia es que la instancia obligatoria previa a numerosos procesos judiciales comenzará a gestionarse sobre una plataforma unificada, con expedientes electrónicos, notificaciones digitales y validación de documentos mediante firma electrónica y firma digital.

Qué cambia para empresas y profesionales

El nuevo SIGIM reemplaza el esquema fragmentado que funcionaba hasta ahora e incorpora en una única plataforma:

  • Notificaciones electrónicas a las partes.
  • Actas digitales generadas directamente desde el sistema.
  • Firma digital para mediadores y profesionales intervinientes.
  • Firma electrónica para las partes.
  • Integración con el Poder Judicial y otros sistemas públicos.
  • Un Portal de Mediación destinado al acceso directo de ciudadanos y empresas.

Además, el actual sistema MEPRE continuará funcionando, pero pasará a formar parte del nuevo ecosistema digital.

Uno de los cambios operativos más relevantes será la utilización del domicilio fiscal electrónico registrado ante ARCA como canal válido para las notificaciones iniciales del procedimiento. Durante un período transitorio de 365 días, esas comunicaciones también deberán remitirse en soporte físico a las personas humanas, conforme prevé la reglamentación.

Menos burocracia y mayor trazabilidad

Desde la perspectiva empresarial, la digitalización puede traducirse en una gestión más eficiente de conflictos comerciales, laborales y civiles que deban atravesar la mediación obligatoria antes de llegar a la Justicia.

El sistema también busca fortalecer la trazabilidad de cada expediente mediante registros digitales, autenticación de identidad y validación electrónica de cada actuación, reduciendo errores administrativos y facilitando el seguimiento del proceso.

La resolución encomienda además a la Dirección Nacional de Mediación la elaboración de manuales de uso, la capacitación de los mediadores y el dictado de normas operativas necesarias para la implementación del sistema.

Aunque la mediación prejudicial obligatoria tiene aplicación principalmente en la Justicia Nacional, la modernización tecnológica constituye una referencia para estudios jurídicos, empresas y profesionales del NEA que intervienen en litigios con competencia federal o nacional, especialmente en conflictos comerciales.

La digitalización también acompaña una tendencia de transformación de los servicios jurídicos, donde la interoperabilidad entre organismos, la firma digital y las comunicaciones electrónicas pasan a convertirse en herramientas habituales para reducir tiempos y costos administrativos.

Los puntos centrales de la resolución

Entre las principales novedades se destacan implementación progresiva del SIGIM desde el 29 de junio de 2026. Creación del Portal de Mediación para particulares. Integración del sistema MEPRE dentro de la nueva plataforma. Uso de firma digital y firma electrónica según el tipo de interviniente. Notificaciones mediante el domicilio fiscal electrónico de ARCA. Capacitación obligatoria para mediadores y actualización de los modelos de actas y notificaciones.

La eficacia del SIGIM dependerá menos del cambio normativo que de su adopción efectiva por mediadores, abogados y organismos intervinientes. Si la interoperabilidad entre el Ministerio de Justicia, ARCA y el Poder Judicial funciona sin fricciones, la mediación prejudicial podría convertirse en un procedimiento significativamente más ágil, reduciendo costos administrativos para empresas y mejorando la previsibilidad en la resolución temprana de conflictos.

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Abren convocatoria para empresas misioneras interesadas en realizar un relevamiento energético

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La Secretaría de Estado de Energía de Misiones, junto al Instituto Superior Sanmartiniano de Posadas, invita a empresas, industrias, comercios y actores del ámbito público y privado a participar de la Convocatoria para el Desarrollo de Proyectos Energéticos en el Sector Productivo y Público.
Los interesados en participar deberán postularse a través de un trámite rápido y sencillo, online que comienza completando el siguiente formulario: https://forms.gle/wf4PPFj1rsXuP1eM7

La iniciativa propone que estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior en Energías Renovables del Instituto Sanmartiniano, en el marco de la cátedra «Prácticas Profesionalizantes II», realicen un relevamiento energético en las entidades seleccionadas. El objetivo principal es detectar problemáticas, optimizar el uso de la energía y evaluar la incorporación de soluciones de eficiencia energética y energías renovables.

Desde la Secretaría adelantaron que las organizaciones y empresas inscriptas serán evaluadas y posteriormente se seleccionarán aquellas que participarán del desarrollo de diagnósticos y proyectos energéticos. Luego se avanzará con el análisis de cada caso en particular. La participación es gratuita y no implica compromiso de implementación.

Cada organización seleccionada recibirá un informe técnico que incluirá un diagnóstico, propuestas de mejora vinculadas a la innovación y la sostenibilidad, análisis económico y orientación sobre posibles fuentes de financiamiento.

Asimismo, aclararon que la convocatoria no prevé la asignación de financiamiento directo para la ejecución de los proyectos. Hay tiempo hasta el 5 de Julio para hacer las postulaciones. 

Desde el Instituto Superior Sanmartiniano destacaron que la Tecnicatura Superior en Energías Renovables es la única carrera de la región con esta orientación, caracterizada por un fuerte perfil técnico, práctico y de vinculación con la comunidad. La carrera cuenta actualmente con dos años de dictado y sus egresados obtendrán un título con validez nacional.

Además, señalaron que los informes elaborados por los estudiantes contarán con la correspondiente supervisión y evaluación del cuerpo docente, garantizando así la calidad técnica del trabajo y el correcto tratamiento de la información compartida por cada empresa o instituto participante.

En un contexto donde la energía representa un costo significativo dentro de la matriz productiva, industrial y comercial, la posibilidad de evaluar fallas y detectar oportunidades de mejora sin generar costos adicionales para las empresas representa un aporte valioso hacia un objetivo en común: optimizar procesos y mejorar la eficiencia energética. 

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ANSES relanza su programa de atención en empresas y organismos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el programa “ANSES Va a Tu Trabajo”, una herramienta que permite gestionar trámites previsionales y de seguridad social directamente desde empresas, organismos públicos, entidades intermedias y organizaciones del tercer sector. La modificación no implica nuevos beneficios económicos, pero sí reorganiza la estructura operativa y amplía el alcance institucional del esquema, con impacto potencial en la reducción de tiempos administrativos para empleadores y trabajadores.

La Resolución 178/2026 transfiere la administración del programa a la Coordinación de Atención a Organismos Públicos, Empresas y Entidades Intermedias, dependiente de la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo. La medida también actualiza los convenios de adhesión y las condiciones generales que deberán cumplir las entidades participantes.

Menos trámites presenciales, más gestión dentro de las empresas

El objetivo central del programa sigue siendo descentralizar la atención de ANSES mediante un esquema mixto, presencial y remoto, que permita iniciar consultas y trámites sin que los trabajadores deban trasladarse a oficinas del organismo. El alcance incluye no sólo a empleados en relación de dependencia, sino también a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años.

Para las empresas, el beneficio más relevante es la posibilidad de canalizar gestiones previsionales y de seguridad social a través de representantes técnicos especialmente designados, quienes actuarán como interlocutores directos con ANSES.

Desde una perspectiva productiva, la iniciativa apunta a disminuir costos indirectos asociados a ausencias laborales por trámites presenciales, un aspecto especialmente sensible para industrias, comercios y empresas de servicios con alta dotación de personal.

Las nuevas condiciones establecen que cada entidad adherida podrá designar hasta dos representantes técnicos, encargados de gestionar consultas y trámites mediante canales digitales específicos y bajo supervisión de operadores designados por ANSES.

El organismo, por su parte, otorgará claves corporativas para acceder a información vinculada con empleados activos asociados al CUIT del empleador y pondrá a disposición operadores de enlace para acompañar los procesos administrativos.

La adhesión será evaluada según capacidad operativa de ANSES. Cantidad de empleados de la entidad solicitante. Extensión territorial de la organización. Prioridad para organismos públicos.

Para empresas con establecimientos alejados de grandes centros urbanos, la posibilidad de canalizar trámites previsionales mediante representantes internos puede traducirse en una reducción de tiempos administrativos y una mejora en la gestión documental de recursos humanos.

Sectores como la forestoindustria, la agroindustria, el comercio regional y los servicios podrían encontrar en este esquema una herramienta útil para simplificar procesos vinculados con asignaciones familiares, historia laboral, consultas previsionales y otras prestaciones administradas por ANSES.

Seguridad de la información: un eje central

La actualización incorpora exigencias específicas en materia de protección de datos personales y seguridad informática. Las entidades adheridas deberán implementar mecanismos de control de acceso, sistemas de protección de información, políticas de confidencialidad y protocolos de monitoreo de redes.

Además, el intercambio de información entre ANSES y las organizaciones se realizará mediante el Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI), mientras que determinados datos previsionales requerirán consentimiento expreso del titular.

La actualización del programa no modifica prestaciones ni introduce nuevos beneficios previsionales, pero fortalece un mecanismo de vinculación directa entre ANSES y el sector empleador. El indicador relevante será el nivel de adhesión que logre entre empresas privadas y entidades intermedias.

Si el esquema consigue ampliar cobertura territorial y reducir la carga administrativa para trabajadores y empleadores, podría transformarse en una herramienta de gestión laboral con impacto concreto sobre la productividad, especialmente en regiones donde el acceso físico a oficinas nacionales continúa siendo un factor de costo operativo.

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