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La peor caída histórica: 862 empresas cerraron en el último año en Misiones

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En junio, de acuerdo con los datos oficiales de la SRT, Misiones registró un total de 8.399 empresas empleadoras en el sector privado. Si se mira la comparación interanual, presenta una caída del 9,3%, el mayor descenso relativo de toda la serie histórica, lo que equivale al cierre de 862 firmas en el último año, número que supera los mil desde que asumió Javier Milei.  

Además, si se  compara contra los datos del mes anterior, mayo de 2026, se observa una leve mejora del 0,4% (+32 firmas), pero explicada en su totalidad por el sector agropecuario, por  lo cual no puede afirmarse que se trata de una mejora sistémica.  

En este marco, se destaca el hecho de que la caída interanual, por decimotercer mes consecutivo, acelera respecto al registro previo, evidenciando el hecho de que este indicador aún no encuentra piso más allá de la mejora parcial en la comparación mensual. 

Entre los sectores de actividad, hay una situación generalizada de retrocesos en diferentes  intensidades. Los mayores descensos de junio se observaron en Explotación de Minas y Canteras (-18,2%); Servicios artísticos, culturales y deportivos (-17,5%), Comercio (-11,9%), Servicios profesionales y técnicos (-11,5%) y Servicios de alojamiento y comidas (- 11,3%). Entre estos, acumularon una pérdida de 488 firmas en el último año (el 57% del  total de firmas cerradas en la provincia), aunque de ese total, solamente el Comercio registró 368 cierres, equivalente al 43% del total de cierres de la provincia. 

Luego se ubicaron la Industria Manufacturera (-9,2%), Construcción (-8,9%), Servicios de  transporte y almacenamiento (-8,7%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (- 8,7%), Servicios inmobiliarios (-8,6%), Información y comunicaciones (-7,4%), Enseñanza  (-4,9%), Suministro de Agua (-4,8%), Intermediación Financiera (-4,6%), Servicio de Asociaciones (-3,0%) y Actividades administrativas (-0,5%). Entre todos estos acumularon un total de 377 firmas perdidas, donde se destacan el Agro con -139 y la Industria con -91. 

Por el contrario, solamente Servicios Sociales y de Salud (+1,0%) y Suministro de  electricidad (+7,1%) exhibieron subas en el último año, aunque en conjunto explicaron apenas cuatro nuevas firmas.  

Si se comparan los niveles actuales contra los de noviembre de 2023, previo al cambio de  gobierno, Misiones registra una caída del 11,4%, lo que representa el cierre de unas 1.081  unidades productivas. 

Visto por sectores, la Construcción presenta la mayor caída relativa (-23,9%), mientras que el Comercio es el que soporta la mayor pérdida en términos absolutos (-495 con -15,4%) mientras que la Industria cae 15,7% (-167 firmas). 

En el plano nacional, la caída del 9,3% interanual de junio de Misiones es la segunda más fuerte del país, solo superada por La Rioja (-18,0%); por ende, se convierte también en el peor desempeño relativo del NEA, en un contexto donde solamente una provincia en todo el país logra mejoras (Neuquén con +0,2). 

Mirando en valores absolutos, las 862 empresas  que perdió Misiones en el último año son el quinto valor más alto del país, solo por debajo  de las “cuatro grandes” (Santa Fe, CABA, Córdoba y Buenos Aires). 

Si la comparación se hace contra noviembre de 2023, la caída misionera de 11,4% es la sexta más profunda del país aunque la segunda más leve del NEA, ya que tanto Chaco (-12,5%) como Corrientes (-12,0%) exhiben descensos superiores. 

También en esta comparación, Neuquén es la única provincia del país con variación positiva (+1,5%); en valores absolutos, las 1.081 firmas perdidas en Misiones son la octava cifra más alta del país y segunda más alta del NEA, superada en este caso por Chaco con -1.098.

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Más Allá de las Palabras Clave: Cómo Funciona el SEO para Empresas

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Muchas empresas asocian el SEO exclusivamente con la elección de palabras clave, como si bastara con repetir ciertos términos en una página para escalar posiciones en Google. Esta idea, aunque comprensible, se quedó desactualizada hace años. Los motores de búsqueda evolucionaron hasta convertirse en sistemas capaces de interpretar intención, contexto y experiencia del usuario, lo que obliga a las empresas a pensar en el SEO como una estrategia integral y no como una simple lista de términos a insertar en un texto.

Entender esta disciplina con mayor profundidad permite a los negocios tomar decisiones más inteligentes sobre dónde invertir tiempo y presupuesto. El SEO moderno combina aspectos técnicos, de contenido y de reputación digital, y cada uno de estos pilares afecta de manera distinta la forma en que un sitio aparece frente a potenciales clientes. Conocer cómo interactúan estos elementos ayuda a evitar errores comunes y a construir una presencia online más sólida a largo plazo.

La Importancia De Trabajar Con Una Agencia De SEO En Argentina

Para muchas pequeñas y medianas empresas, contratar una agencia de SEO en Argentina resulta más práctico que intentar gestionar todo internamente. Estas agencias conocen las particularidades del mercado local, desde los hábitos de búsqueda de los usuarios hispanohablantes hasta las tendencias específicas de cada sector, y pueden diseñar estrategias adaptadas a esas realidades en lugar de aplicar fórmulas genéricas.

Trabajar con especialistas también permite ahorrar tiempo en la curva de aprendizaje que implica el SEO. Los algoritmos cambian con frecuencia, y mantenerse actualizado requiere dedicación constante que muchas empresas no pueden sostener mientras gestionan sus operaciones diarias. Una agencia con experiencia ya cuenta con procesos probados para auditar sitios, identificar oportunidades y medir resultados de forma continua.

Además, delegar esta tarea permite que los equipos internos se concentren en su negocio principal mientras los especialistas se encargan de aspectos técnicos como la velocidad de carga, la estructura del sitio o la corrección de errores que afectan el rastreo de los buscadores. Esta división de responsabilidades suele traducirse en resultados más consistentes que los esfuerzos aislados y sin seguimiento.

Cómo Interpretan Los Buscadores La Intención De Búsqueda

Google y otros motores de búsqueda ya no se limitan a buscar coincidencias exactas entre lo que escribe un usuario y el contenido de una página. Analizan el contexto de la consulta para determinar qué tipo de resultado espera encontrar la persona: información, un producto para comprar, una ubicación física o una comparación entre opciones. Esta capacidad de interpretación se conoce como comprensión de la intención de búsqueda.

Por eso, dos búsquedas que contienen palabras similares pueden mostrar resultados completamente distintos. Una persona que busca “mejores restaurantes cerca de mí” recibirá listados con mapas y horarios, mientras que alguien que busca “historia de la gastronomía argentina” verá artículos informativos. Las empresas que optimizan sus sitios sin considerar esta diferencia suelen desperdiciar esfuerzos en contenido que no coincide con lo que realmente buscan sus clientes potenciales.

El Papel De La Estructura Técnica Del Sitio Web

Antes de que un buscador pueda evaluar el contenido de una página, necesita poder acceder a ella y procesarla correctamente. La velocidad de carga, la compatibilidad con dispositivos móviles y la organización interna de enlaces determinan si un sitio se indexa de manera eficiente. Un sitio lento o desordenado puede contener información valiosa, pero si los buscadores tienen dificultades para rastrearlo, esa información difícilmente llegará a los usuarios.

La arquitectura del sitio también influye en cómo se distribuye la relevancia entre sus páginas. Cuando las páginas más importantes están bien enlazadas desde el menú principal o desde otras secciones relevantes, los buscadores entienden que merecen mayor prioridad. Por el contrario, páginas aisladas, sin enlaces internos que las conecten con el resto del contenido, suelen quedar rezagadas en los resultados aunque su contenido sea de calidad.

Contenido Que Responde Preguntas Reales De Los Usuarios

El contenido sigue siendo un elemento central del SEO, pero su función cambió con el tiempo. Ya no se trata de producir textos extensos cargados de términos repetidos, sino de responder con claridad las preguntas que realmente se hacen los usuarios en cada etapa de su proceso de decisión. Un contenido útil resuelve dudas concretas y genera confianza en quien lo lee.

Las empresas que investigan qué preguntas hacen sus clientes antes de comprar un producto o contratar un servicio tienen una ventaja considerable. Por ejemplo, un negocio que vende maquinaria industrial puede beneficiarse más de un artículo que explique cómo elegir el equipo adecuado según el tipo de operación, que de una página genérica centrada solo en características técnicas del producto.

La Influencia De La Reputación Digital En El Posicionamiento

Los buscadores también evalúan qué tan confiable parece un sitio a partir de señales externas, como enlaces provenientes de otras páginas relevantes o menciones en medios especializados. Este factor, conocido como autoridad de dominio, funciona de manera similar a una recomendación: cuando sitios reconocidos enlazan hacia una página, transmiten parte de su credibilidad hacia ella.

Construir esta reputación toma tiempo y no depende únicamente de acciones dentro del propio sitio. Colaboraciones con otras empresas del sector, publicaciones en medios locales o menciones en directorios especializados pueden contribuir a fortalecer esta percepción de confianza, algo especialmente relevante para negocios que compiten en mercados con muchos participantes.

El Camino Hacia Una Estrategia De SEO Sostenible

El SEO deja de ser efectivo cuando se trata como una acción puntual en lugar de un proceso continuo. Los algoritmos cambian, la competencia lanza nuevo contenido y los intereses de los usuarios evolucionan, por lo que una estrategia que funcionó hace un año puede necesitar ajustes hoy. Las empresas que revisan sus resultados periódicamente pueden detectar a tiempo qué páginas perdieron relevancia y corregir el rumbo antes de perder posiciones importantes.

Entender el SEO como algo que abarca aspectos técnicos, contenido relevante y reputación externa permite a las empresas tomar mejores decisiones sobre dónde enfocar sus recursos. Las palabras clave siguen siendo un punto de partida útil, pero el verdadero posicionamiento surge de la combinación equilibrada de todos estos factores trabajando juntos de forma constante.

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Salario mínimo garantizado: una mala idea

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Por Juan Luis Bour / FIEL – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo, se apresta a impulsar una medida que “cierra el cerco” para las negociaciones salariales en paritarias. Hasta ahora, las negociaciones enfrentaron —y seguirán enfrentando— un techo porcentual para los ajustes de convenio que, dependiendo de la evolución de la inflación, permite que el convenio sea homologado y, con ello, que el aumento salarial tenga fuerza de ley aplicable a toda la actividad en cuestión. Esta restricción para los aumentos tiene el objetivo de evitar que, a través de acuerdos de actividad que negocian cúpulas (líderes sindicales y cámaras), se impongan condiciones incumplibles a muchas empresas —normalmente pequeñas y medianas— que enfrentan un contexto competitivo (producción local o importada) y eventualmente menor productividad que las empresas mejor representadas en la negociación.

El tope en convenios tiene sentido en el plano económico, porque cualquier empresa a partir de dicho mínimo convencional puede acordar mejores condiciones salariales y/o de trabajo. Esto último es precisamente lo que ha venido ocurriendo: a pesar de una economía que avanza anémicamente en los sectores que no son líderes, los salarios efectivos por sector han evolucionado por arriba de los salarios convencionales. La Secretaría de Trabajo informa, en efecto, que, con base en diciembre de 2024, el promedio salarial de convenio cayó al mes de mayo de 2026 casi 8 puntos en términos reales, mientras que los salarios efectivos cayeron en términos reales 3 puntos. Es decir, que en 17 meses los salarios medios crecieron 5 puntos por sobre lo establecido en convenios.

¿Debe mantenerse indefinidamente ese mecanismo de techo? Seguramente, a nadie se le ocurriría mantener un techo si los convenios fueran por empresa en una economía abierta y competitiva. No se establecen techos en la mayoría de los casos de la experiencia internacional comparada. Pero la mayoría de los salarios se negocian en Argentina -un país de alta inflación- por convenios colectivos de actividad, abarcando empresas que enfrentan mercados muy diversos de bienes y servicios, con establecimientos con diversidad tecnológica y de tamaño, en distintas regiones y con una carga de historia laboral muy diferente. La homologación fue hasta 2023 un trámite de aprobación que se descontaba, salvo raras excepciones. El mecanismo se vuelve —en cambio— un elemento importante en un proceso de transición hacia una economía de baja inflación, abierta, desregulada y competitiva. En este periodo, el techo es un sustituto —parcial, imperfecto, pero útil— de las señales que deben darse para aproximar precios y salarios a los niveles que son consistentes con las distintas productividades relativas. En 10 o 15 años, probablemente, el “techo” se volverá inútil porque los salarios se determinarán en cada establecimiento o empresa, por negociaciones directas entre las asociaciones de trabajadores y cada firma.

Existiendo un “techo”, seguramente a alguien se le ocurrió que debería existir también un “piso”, y que tendría también un papel importante que jugar en el camino hacia una economía más estable. Mala idea.

El piso, a diferencia del techo, no tiene flexibilidad (como lo tiene el techo) a nivel de empresa. El techo se puede superar, el piso no se puede perforar. Por lo tanto, en cuanto el convenio colectivo de trabajo (CCT) establece un piso homologado, se convierte en un salario mínimo sectorial que debe ser acatado por toda empresa de la actividad (a menos que logre firmar un convenio colectivo de establecimiento o de empresa que defina algo diferente). Al ser un piso mandatorio, las preguntas que cabe formular son quién determina ese piso y si es efectivo (es decir, si obliga a subir salarios que están por debajo del nivel fijado).

Si el piso lo define la autoridad oficial (como actualmente se determina para el salario mínimo), pero para cada convenio colectivo, entonces se requiere de un Estado omnisciente que sepa perfectamente cuál es el nivel del piso que todos pueden pagar y que no genere efectos indeseados. Entre estos efectos cabe prever la posible pérdida de empleos no calificados, la traslación del incremento otorgado a todas las escalas del convenio, o el achatamiento de las escalas salariales, con impacto negativo en los incentivos. Si el piso —supuesto que es más alto que el vigente— se acuerda entre las partes del convenio, es decir, en convenios que mayoritariamente son de actividad, la pregunta es: ¿Por qué no lo habrían establecido antes las mismas partes? ¿Qué tiene de novedoso “sugerir” desde el Estado con un número arbitrario (un millón setenta mil, o un millón, o dos millones, ¿por qué no?) que suban los salarios de algún grupo? ¿Se trata de revivir la idea de salarios mínimos sectoriales en una oleada de correcciones de convenios colectivos, al tiempo que la política fiscal y monetaria se mantienen fuertemente contractivas? Probablemente nadie pensó que subir salarios mínimos en medio de una revolución tecnológica (IA) que reemplaza las tareas más simples no haría más que acelerar el proceso de adopción tecnológica, desplazando aún más rápidamente a trabajadores de baja calificación.

La introducción de pisos garantizados/conformados/sectoriales, o como se quiera llamar, es una típica medida impulsada desde la política sin argumentos sólidos en el plano económico, a diferencia de la discusión tradicional sobre un salario mínimo general que puede jugar un rol estabilizador en contextos de profundos desequilibrios. En términos vulgares, es una medida de corte populista que tarde o temprano pierde efectividad, como los precios máximos. Esperemos que alguien perciba que por esta vía se reintroducen prácticas regulatorias que harán más lenta y difícil la transición de la economía argentina.

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La inversión todavía no despega

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Las Cuentas Nacionales del primer trimestre de 2026 exponen una marcada disparidad en la velocidad de las variables macroeconómicas. Tres lograron superar el techo del promedio de 2023: las exportaciones lideraron el avance con un salto del 36%, seguidas por el consumo privado (+8%) y el Producto Bruto Interno (+5%). La contracara de este escenario fue la inversión, que se ubicó un 11% por debajo de aquel año.

Las variables que han tenido un comportamiento positivo responden a factores heterogéneos. En el frente externo, la expansión en parte se explica por la base de comparación afectada por la sequía de 2023, combinado con el despegue exportador del sector de hidrocarburos y minería, y una paulatina recuperación de las manufacturas de origen industrial (MOI). Por su parte, la mejora del consumo privado en algún grado obedece a un aumento en el consumo de bienes importados, pero probablemente en mayor medida por una recomposición del empleo y de los ingresos reales del sector informal y cuentapropista que lograron ganarle a la inflación.

Un programa económico pro mercado debería impulsar una recuperación de la inversión. Sin embargo, ello no ha ocurrido hasta ahora. El gráfico adjunto muestra la evolución de la tasa de inversión medida en porcentaje del PIB (a precios constantes) en cuatro períodos históricos, definiendo como “trimestre t” al primero de 2016 y 2024 en las gestiones de los presidentes Macri y Milei, y al segundo trimestre de 1991 y de 2003 en las presidencias de Menem y Néstor Kirchner. En las experiencias más lejanas se parte de niveles de inversión bajísimos que aumentan fuertemente por las transformaciones estructurales de los 90 y la bonanza de precios de exportación y de la economía de Brasil observada en los 2000.

Gráfico 1

La inversión en la gestión actual parte de un nivel más alto y parece seguir un patrón similar al observado en los dos primeros años de la presidencia de Macri, pero en los últimos dos trimestres tiene un desempeño visiblemente peor.

Esto puede obedecer a varios factores. Por un lado, hay una diferencia importante en la construcción (más de 2 puntos del PIB menos en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre de 2018), pero más recientemente esa diferencia también se ha registrado en el otro componente de la inversión, que es las compras de maquinaria y equipo.

La capacidad ociosa elevada que registran algunos sectores transables puede ser una explicación. A su vez, el RIGI empieza a hacer su aporte, pero lentamente. Por ejemplo, el Ministerio de Economía estima que las inversiones comprometidas para este año serán US$ 5.600 millones, alrededor de US$ 2.000 millones más altas que las concretadas durante 2025. Los proyectos tienen demoras habituales desde que se aprueban hasta que se van concretando. Pero, de hecho, la proyección oficial para 2027 es similar a la del año actual. Nótese además que la inversión bruta de un año normal en la Argentina es del orden de US$ 100.000 millones.

Si se analiza la evolución de la inversión extranjera directa en base a los datos del informe cambiario del BCRA (nuevos aportes que pasan por el mercado cambiario de Buenos Aires y, por lo tanto, no incluye reinversión de utilidades), el promedio mensual de 2025 y siete meses de 2026 es negativo (del orden de US$ 70 millones de salida promedio por mes), lo que revela que hubo compras netas de empresas internacionales por parte de argentinos. En cambio, sí se observa una entrada neta de financiamiento vía deuda (US$ 1.700 millones promedio por mes en esos 19 meses), sobre todo en el sector de hidrocarburos y minería.

Estos datos sugieren que ya existía una actitud cautelosa de los que deciden inversiones, mucho antes de que se observara un rebote en el riesgo país en parte explicado por el deterioro de la popularidad del presidente que registran algunas encuestas. Esto puede obedecer a una falta de horizonte. Hasta finales de 2025, el gobierno no tenía siquiera los votos mínimos para frenar un juicio político. Y cuando lo logró con creces en la elección de octubre de ese año, el avance en algunas reformas estructurales parece haberse frenado por la percepción algo más elevada de un riesgo de una vuelta al populismo a finales de 2027.  

En resumen, la evidencia empírica de las Cuentas Nacionales sugiere que el salto cualitativo en la formación de capital —indispensable para consolidar tasas de crecimiento elevadas y sostenibles— difícilmente se materialice antes del punto de inflexión electoral. La inversión real parece haber condicionado su regreso a un resultado en las urnas que sea capaz de despejar la incertidumbre y garantizar un horizonte de políticas promercado por, al menos, un período de cuatro años más.

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ARCA activa el sistema para gestionar los beneficios del RIMI

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó de manera general el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital que busca concentrar en un único circuito el registro, seguimiento y administración de proyectos de inversión productiva y de los beneficios tributarios asociados. La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5889/2026 y tiene como primera aplicación el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El cambio apunta a reemplazar progresivamente los mecanismos utilizados hasta ahora para tramitar beneficios vinculados con inversiones productivas por un sistema digital que permita cargar información, vincular comprobantes, seleccionar incentivos y realizar el seguimiento de los proyectos. Según ARCA, la herramienta busca reducir la utilización de papel, simplificar la interacción con el organismo y anticipar los controles sobre la información declarada, con el objetivo de disminuir los costos administrativos y de cumplimiento.

El SGI será, en esta primera etapa, la vía de gestión del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley 27.802. El esquema contempla incentivos para inversiones productivas realizadas en el país y permite acceder a beneficios vinculados con el Impuesto a las Ganancias y el IVA. El anexo de la resolución precisa que los beneficios pueden seleccionarse de manera no excluyente: se trata de la amortización acelerada en Ganancias y la devolución de créditos fiscales en el IVA.

La plataforma permitirá que las empresas gestionen sus proyectos, seleccionen los beneficios que pretendan utilizar y realicen el seguimiento de las inversiones informadas. Para ello deberán registrar las inversiones productivas, asociarlas a uno o más proyectos y vincular los comprobantes que respalden cada operación. ARCA pondrá a disposición los comprobantes electrónicos que ya figuren en sus bases de datos para su validación, aunque los contribuyentes podrán efectuar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones mediante carga manual o importación de información.

El nuevo esquema también incorpora una lógica de trazabilidad física de las inversiones. Cada proyecto deberá identificar su ubicación geográfica y los bienes, obras o explotaciones deberán clasificarse según categorías que incluyen bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, obras, equipos de riego agrícola, equipos de alta eficiencia energética, bienes semovientes, malla antigranizo y minas, canteras y bosques. Cada activo incorporado al sistema recibirá además un código único para su identificación y seguimiento.

Para el RIMI, el anexo establece que la fecha de inicio de la primera inversión productiva no podrá ser anterior al 6 de marzo de 2026. También fija como referencia documental el 19 de mayo de 2028: el sistema permitirá incorporar comprobantes cuya fecha de emisión sea anterior o igual a ese día. Esto genera un horizonte temporal concreto para que los proyectos registren y respalden las inversiones alcanzadas por el régimen.

Uno de los puntos centrales del nuevo mecanismo es que el SGI no se limitará a recibir información, sino que realizará un seguimiento de la inversión. A partir de los datos y documentos registrados, determinará el valor de la inversión productiva que cuente con fecha de puesta en marcha y verificará si corresponde alcanzar el monto mínimo de inversión previsto por la Ley 27.802 según la categoría del contribuyente.

En el caso del beneficio de devolución de créditos fiscales de IVA, el sistema habilitará una presolicitud para iniciar el proceso de asignación del cupo fiscal. El mecanismo tendrá ventanas específicas durante el año: estará disponible en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, entre los días 1 y 10. La asignación del cupo podrá consultarse entre los días 11 y 15 de esos meses.

El diseño introduce además reglas de trazabilidad sobre ese cupo fiscal. El contribuyente podrá renunciar al cupo asignado a determinados comprobantes, pero no podrá trasladarlo de un comprobante a otro ni eliminar comprobantes sin renunciar previamente al cupo correspondiente. Tampoco podrá editar posteriormente el período de la declaración jurada ni el monto del IVA computable asignado a cada comprobante.

Una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que haya correspondido computar el crédito fiscal en la declaración jurada de IVA, los comprobantes con cupo asignado quedarán disponibles en el Sistema Integral de Recupero (SIR), donde el contribuyente deberá formalizar la solicitud de recupero conforme al procedimiento vigente.

Para acceder al SGI, los contribuyentes deberán contar con CUIT activa, estar dados de alta en los impuestos correspondientes, mantener actualizado y sin inconsistencias el domicilio fiscal, tener actualizada la actividad económica declarada y contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido. En términos operativos, el nuevo sistema traslada buena parte de la gestión hacia un circuito digital en el que la consistencia de la información fiscal y documental pasa a ser una condición previa para avanzar.

La implementación tiene una lectura relevante para las empresas que evalúan inversiones productivas: el acceso a los incentivos deja de depender exclusivamente de una tramitación posterior y pasa a estructurarse alrededor de un registro digital del proyecto, sus activos, comprobantes, ubicación, puesta en marcha y beneficios pretendidos. En la práctica, esto puede favorecer una mayor previsibilidad para quienes planifiquen inversiones, pero también exige que la documentación y los datos del proyecto sean consistentes desde el comienzo.

El objetivo declarado por ARCA es extender gradualmente este modelo a otros regímenes de inversión y beneficios tributarios. El RIMI funciona así como la primera etapa de una transformación más amplia: convertir la gestión de incentivos fiscales en un proceso digital, trazable y articulado con las bases de información del organismo.

Anexo 1 Resolución General 5889/2026 ARCA by CristianMilciades

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