“Hay que hablar de responsabilidad empresaria y no de complicidad con la Dictadura”
“Hay que cambiar el concepto de complicidad. La complicidad implica que uno ejecuta una acción y el otro la consiente o acompaña. En relación con las empresas y la última dictadura militar, hablar de complicidad es insuficiente. Hay que hablar de responsabilidad”. La afirmación es de Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda, integrantes del equipo de Investigación que publicó dos vastos volúmenes sobre la responsabilidad empresarial en los años de plomo, con un capítulo dedicado a Las Marías, la yerbatera correntina donde hubo trece secuestros y dos desaparecidos, sin que hasta ahora hayan sido juzgados los responsables.
El trabajo abarca la situación de 25 empresas en todo el país, que tuvieron una abierta participación en la represión militar y se beneficiaron con el rumbo económico. Algunas aportaron sus cuadros económicos a la administración militar o aportaron logística, vehículos o terrenos para sus operaciones. En los casos más extremos, montaron Centros Clandestinos de Detención en las propias fábricas, como los casos de Ford, Mercedes Benz, donde los grupos de tareas torturaron a sus propios empleados. No fueron hechos aislados. Se documentaron secuestros y torturas en 22 de los 25 casos estudiados.
Las investigadoras hacen una distinción entre el poder económico y las Fuerzas Armadas como herramienta represiva. Las empresas integraron sus cuadros directivos a la administración política. Por ejemplo, José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de Acindar a ser el ministro de Economía de los primeros cinco años de la Dictadura. Muchas empresas se beneficiaron directamente con las políticas económicas, como la promoción industrial, la estatización de la deuda o los planes de obra pública. Sin embargo, a otras, pese al entusiasmo colaborativo, les fue mal, por sus propios planes de desarrollo y por perder capacidad productiva con sus obreros presos.
Las investigadoras coinciden en que militares y corporaciones compartían un objetivo común: frenar el activismo sindical y controlar la creciente organización de los trabajadores.
Los grandes grupos se consolidaron, como el complejo siderúrgico, con Acindar y Techint a la cabeza. Tuvieron saltos en los procesos productivos que le permitieron expandir sus rangos de acción y ganancias. Acindar se benefició después con la estatización de la deuda. Las automotrices como Fiat, Ford y Mercedes Benz lograron mejorar sus costos controlando los reclamos sindicales. En esas fábricas se montaron centros clandestinos de detención.
La empresa de la familia presidencial, Socma, también tuvo enormes beneficios durante la dictadura. Pero para el caso específico de investigación, no hubo elementos que la asimilen a otras. “Socma no está ausente, pero no fue igual que otros grandes grupos. Lo mismo que Papel Prensa, como empresa, más allá de lo que signifique dentro del proceso económico político que perdura hasta hoy”, indican en una entrevista con Economis.
En cambio, Taller Gráfico, la imprenta del diario La Nueva Provincia, que reivindicaba desde sus editoriales a la Dictadura, sí fue partícipe directo en la colaboración con la dictadura en la persecución y asesinato de al menos dos trabajadores.
La investigación pudo llevarse a cabo tras un acuerdo entre el Flacso, el Cels, el ministerio de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo de la Memoria, el archivo de la Conadep. Además de las tres investigadoras que vinieron a presentar el libro a Misiones, durante dos años más de 20 personas trabajaron en la edición del libro, que es la recopilación más precisa hasta ahora del rol de las empresas durante la represión. Ya no como cómplices, sino como responsables directos, una conclusión a la que se arriba después de estudiar patrones de conducta casi idénticos entre los principales grupos. Las investigadoras insisten en que la colaboración empresaria constituye un hecho económico que muta el concepto de represión enfocada en el activismo político, que, obviamente va de la mano. Pero más allá del “pensamiento político”, entre los torturados, desaparecidos o asesinados, había trabajadores que defendían derechos dentro de las empresas, que fueron arrasados.
En 1976, 30 años después del decreto de Juan Domingo Perón que establecía las vacaciones pagas, en Virasoro, Corrientes, los trabajadores rurales que cosechaban yerba mate y té, no tenían idea de lo que eso significaba, cuenta Andrea Copani. Pertenecían, en vida, a Las Marías, relata. Trabajaban de sol a sol y de su capacidad de corte y carga, dependía lo que recibían como jornal.
Las Marías, hoy convertida en una enorme empresa agroforestoindustrial, era manejada por entonces por Adolfo Navajas Artaza. El caso es emblemático por el tamaño de la empresa y la cantidad de operarios que manejaba. Sin embargo, fue difícil reconstruir la historia, ya que no hay documentación y hubo que entrevistar a sobrevivientes o sus familiares para reconstruir el entramado.
“Había dos sectores de trabajadores. Los rurales y los industriales, ambos sometidos a condiciones brutales de pobreza y explotación. No tenían derechos laborales, como vacaciones y aguinaldo y trabajaban en suma precariedad, casi como esclavos, con salarios que dependían del volumen de la cosecha”, cuenta Copani. En la industria de Gobernador Virasoro, no se pagaban horas extra.
Recién en 1973, durante el fugaz gobierno de Héctor Cámpora, los trabajadores comienzan a organizarse, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. A través de estas organizaciones, canalizaron numerosos reclamos por mejoras en los salarios y las precarias condiciones de trabajo. En 1974 realizaron una huelga de 48 horas, que tuvo eco nacional y forzó a la empresa a considerar algunas de las reivindicaciones de sus trabajadores.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cortó en seco la incipiente organización gremial con el secuestro de más de una docena de trabajadores. La empresa familiar manejada por Adolfo Navajas Artaza, quien había sido interventor de Corrientes durante la dictadura de Lanusse, aportó logística e información. El empresario después se convirtió en ministro de Desarrollo Social de Reinaldo Bignone.
Las primeras detenciones se produjeron pocas semanas después del golpe, en abril de 1976, cuando fueron secuestrados tres dirigentes sindicales del establecimiento. En agosto de ese año, otros dos empleados fueron detenidos, y se intentó hacerlos declarar en perjuicio de los miembros del sindicato secuestrados en abril. Luego, entre febrero y julio de 1977, otros ocho trabajadores fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales dos permanecen desaparecidos. Los trabajadores fueron secuestrados en las casas proveídas por la empresa e incluso dentro de la misma fábrica. Por eso, hay dos causas abiertas, aunque solo una está para ir a juicio, con un solo imputado. Militar. Navajas Artaza, quien estuvo imputado, fue sobreseído sin siquiera prestar declaración. Doce jueces se excusaron de tomar la causa.
Adolfo no ocultaba su desprecio por los derechos laborales adquiridos y especialmente por Perón. Él mismo contó su participación en el derrocamiento, a nivel local, del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en 1955: “Cuando en el año 55 me tocó actuar bastante en la Revolución Libertadora, nosotros éramos muy amigos del general Aramburu; estuvo aquí en Las Marías una vez, y después estuvo como presidente. Volábamos juntos en avión haciendo campaña política. Me tocó a mí ser el nexo para sublevar acá a las tropas contra el general Perón. No fue una cosa de un día para otro, costó. Mis contactos indujeron a que algunos jefes amigos participaran, yo hice de nexo. Se sublevó Apóstoles y después yo fui el correo secreto entre Apóstoles y Santo Tomé que después se sublevó. De manera que esta zona fue también revolucionaria. Hasta que Perón se rindió”.
Según la investigación, Las Marías cedió sus tierras para campamentos militares que operaban en la zona. Apuntó a los empleados más radicalizados que fueron luego secuestrados. Uno de los operarios contó que su torturador le dijo que Pablo –uno de los hermanos Navaja- le había pagado 600 pesos para que lo atrapen.
“Los delitos siguen impunes y aunque sea condenado un militar, seguirán así si no se investiga la participación empresarial”, advierten las investigadoras. “En Las Marías no solamente denunciaron a los trabajadores en causas penales armadas, provocando su secuestro y tortura, sino que a su vez proveyeron recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos”.
