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Herrera Ahuad recibió a empresarios para analizar la situación económica de Misiones

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La Confederación Económica de Misiones planteó al gobernador Oscar Herrera Ahuad los distintos problemas sectoriales.

En primer término, el presidente de la CEM, Alejandro Haene expuso los reclamos del sector forestal y yerbatero ante decisiones tomadas en los últimos días, “entendiendo que de haber tenido una comunicación directa con los responsables de las áreas involucradas algunas decisiones se podrían haber comprendido mejor”. Fundamentalmente apeló a la institucionalidad de los sectores que integran la entidad madre del gremialismo empresario provincial.  

La situación del sector hotelero, principalmente en Posadas e Iguazú; la situación de la industria yerbatera, tras las últimas decisiones tomadas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, la presión fiscal con sus distintos componentes; la inseguridad y cortes de ruta; la necesidad de dar prioridad al uso de la madera en licitaciones públicas y el pedido de la zona franca como una propuesta mejoradora integral, fueron algunos de los temas planteados al gobernador.

En el encuentro estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Adolfo Safrán, del Agro y Producción Sebastián Oriozabala  y de Turismo, José Arrúa, junto al titular de la Agencia Tributaria Misiones, Rodrigo Vivar. En el Gobierno destacaron que la reunión fue positiva para poder conocer de manera directa las posiciones empresarias, pero defendieron las medidas tomadas para sostener la actividad económica.

En materia de seguridad en zonas rurales, se acordó una reunión específica con el ministro Marcelo Pérez.

En cuanto a la cupificación de plantaciones de yerba, se gestionó una reunión con las autoridades del INYM, que podría concretarse este mismo miércoles.

Asimismo, sobre la tasa forestal, se explicó que la tasa forestal para venta de rollos de madera desde Corrientes hacia Misiones estaba gravada desde 2006.

Los productores correntinos contaban con una bonificación de su pago. Esta situación subsumía a los productores misioneros a un tratamiento distorsivo frente al tributo, por cuanto la madera de Corrientes no tributaba la tasa forestal y la misionera sí. Esa bonificación fue derogada y ahora tanto misioneros como correntinos tributan equitativamente la tasa forestal.

“La decisión del Gobierno provincial fue favorecer a la competitividad del productor de madera misionero y su implementación fue trabajada y consensuada con los contribuyentes responsables de ingresar el tributo, en este caso productores de madera correntinos”, señalaron en la reunión.

En materia impositiva hubo intercambio de miradas, pero el Gobernador ratificó que la buena recaudación es un circulo virtuoso, ya que permite que la Provincia invierta en salud y eso a su vez redunda en las actividades económicas a pleno.

Por dos horas y media, los dirigentes gremiales empresarios expusieron en algunos casos su descontento por algunas medidas recientes y en otros por tratarse de temas que están pendientes de resolución por la falta de un diálogo directo con cada sector.

El objetivo central es trabajar por la vía institucional para evitar inconvenientes y generar soluciones en conjunto. 

El gobernador se comprometió a generar mesas de trabajo por sector con los funcionarios que intervengan en las temáticas y remarcó su compromiso para buscar las soluciones necesarias. En ese sentido quedó establecida una reunión de miembros de la CEM con el INYM a llevarse a cabo si es factible mañana mismo.

Desde la CEM expresaron al gobernador que la reunión “ha sido de las más importantes y productivas de las llevadas a cabo en los últimos años en la sala de situación de Casa de Gobierno, con los verdaderos interlocutores de los sectores privado y público, habiendo expresado todos los problemas con altura y respeto desde ambas partes”.

Participaron por la CEM los empresarios miembros del consejo directivo Gerardo Díaz Beltrán, Víctor Saguier, Luis Steffen, Martín Oria, Guillermo Fachinello, Raul Karabén, Leticia Espinosa, Carlos Mielniczuk, Federico Gartner,  Román Queiroz y Paquita Lowe.

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Las Pymes explican el 96% del empleo formal privado de Misiones

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Ésta semana fue el día internacional de las Pymes, y si bien el balance en el país de las pequeñas y medianas empresas estuvo centrado en cómo hacer para sobrevivir en pandemia, en Misiones cada sector coincide que está dentro de una “isla” en el contexto nacional con un mercado interno fortalecido e incorporando empleo.

La pandemia las puso además  a prueba ya que debieron transformarse vertiginosamente al mundo digital para continuar vendiendo y produciendo. Encontrar canales alternativos de contacto con el consumidor y salir a flote sobre todo en los primeros meses del 2020.

En Misiones hay alrededor de 15 mil pymes y representan más del 90% de las empresas funcionando. Generan el  96% del empleo registrado  en el sector privado de la provincia y entre los desafíos mencionan la necesidad de generar políticas que les permitan sostener y aumentar los niveles de competitividad que exhiben.  

“Deseos de invertir siempre existen, pero es importante que las condiciones estén dadas para eso”, asegura Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones.

Ésta semana, las empresas nuecleadas en la CEM  le presentaron al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, los principales puntos de requerimiento a Nación para poder achicar asimetrías internas y aun cuando las fronteras  con Paraguay y Brasil se abran.

Incluyó el listado el pedido por un tratamiento impositivo general se propone en lo que es impuesto a las ganancias a las sociedades: se prevea una reducción del 50% para las Micro Empresas y del 30% para las Pequeñas y Medianas; en cuanto al Impuesto al valor agregado: que las operaciones de compra venta de bienes y servicios queden alcanzadas al 10,5%; sobre los Impuestos internos: que se prevea una reducción del 50% para los impuestos a los consumos específicos consumidos o elaborados en Misiones y finalmente sobre las contribuciones patronales: iguales condiciones que los descuentos conseguidos por las provincias del Norte Grande para las industrias pero extensivo a todos los empleados, es decir que independientemente de si son nuevos empleos o si se encuentran incorporados en las nóminas.

Reducir los costos logísticos, costos de combustibles y de energía, también están en agenda.

Realidad en el resto del país

De acuerdo al informe de CAME, al consultar sobre la situación de las empresas en la pandemia, el 68% la describió como “mala o muy mala”, un 22% refirió “estar sobreviviendo o a la espera del desarrollo de los acontecimientos” y sólo un 9,5% dijo encontrarse en una situación estable.

En tanto, un trabajo del Centro de Comercio Internacional (ITC), la agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio y la ONU, registró que la pandemia de coronavirus afectó al 60% de las microempresas, al 57% de las pequeñas y al 53% de las medianas.

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El 44% de las Pymes cree que la expectativa de crecimiento para lo que resta del año es baja o nula

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Las empresas están repensando su negocio y transitando el camino que va “del miedo” hacia “la previsión”, acomodándose a la nueva realidad, usando la información disponible y tratando de desplegar una comunicación clara ante su personal, clientes y proveedores. Está claro que el panorama difiere según el sector, tamaño y la localización geográfica de cada una de ellas, pero en general todas están tratando de no aferrarse al pasado, enfocándose en el presente y al mismo tiempo rediseñando su futuro.

Las pymes son un importante motor del entramado productivo, producen riqueza y emplean mano de obra, sin embargo, son las que más sufren los vaivenes de la economía. Según reveló la 8va. Encuesta a Pymes de PwC Argentina, realizada entre los meses de marzo, abril y mayo de 2021, sus mayores preocupaciones son la presión tributaria (89 %), inflación ( 84%) y la volatilidad del tipo de cambio ( 64%), exactamente las mismas y en el mismo orden que en la edición anterior del sondeo.

Pablo Boruchowicz, socio de PwC Argentina a cargo del área de Pymes comentó: “El mundo cambió, y con él la economía mundial, y es imposible pensar que las Pymes pueden permanecer ajenas a los acontecimientos. La mayoría de las empresas están viviendo un quiebre cultural y están convencidas que la transformación digital es imprescindible para reactivar sus negocios en esta nueva realidad. Toda crisis genera oportunidades y este sector, que es una fuente indiscutida de empleo de calidad, tiene que ser tenido en cuenta en los planes del Estado para que pueda reimpulsar su crecimiento.”

Si bien el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas para reducir el impacto económico negativo para este sector, no resultan suficientes para paliar la crisis económica, agravándose aún más en aquellas pymes industriales relacionadas a productos no esenciales y también las vinculadas a servicios como el turismo, entre otros. Una muestra de ello es que más de la mitad de las pymes (53%), no accedieron a dichos programas ATP y/o REPRO, y las razones manifestadas (si bien algunas de ellas no calificaban), en su mayoría fueron para evitar que el Estado ejerza algún tipo de control sobre la empresa.

Una de las salidas que tomaron los empresarios fueron los préstamos bancarios u otro tipo de financiamiento, a los cuales accedieron el 44% de las empresas encuestadas para mantener su capital de trabajo y en mayor medida optaron por la “autofinanciación” y la reducción de costos.

En lo que respecta a la muestra de empresas encuestadas y más allá del contexto condicionante que venimos describiendo, manifestaron algunos signos de recuperación, teniendo en cuenta que casi la mitad de ellas (51%) opera dentro de las actividades esenciales.

Cuando se les consultó por los resultados comparando el primer trimestre del 2021 respecto del cuarto trimestre del 2020, el 41% respondió que fueron “superiores”, el 30% “iguales” y para el 29% de la muestra fueron “inferiores”. Es importante considerar que sólo el 35% de estas empresas operaron a una tasa de capacidad máxima de entre el 91 y 100%. Cuando se les preguntó qué es lo que más afectó (o continúa afectando) a la empresa desde el comienzo de la pandemia, los resultados fueron categóricos:

Acciones para afrontar la situación actual

El 59% implementó el trabajo remoto, el 36% se volcó a las ventas online y se enfocó en los “protocolos de comunicación ante la crisis (37%)”. También surgió la “creación de espacios virtuales para el encuentro de distintos sectores (28%). Si bien el home office conformó una alternativa viable para este sector en momentos de restricciones de movilidad por el confinamiento, la mayoría de las empresas (53%), sólo trabaja en esta modalidad menos del 30% de su personal y sólo un 24% de ellas lo hace más del 90% de su nómina.

Con respecto al impacto que generan la prohibición de despidos y la doble indemnización impuestas por la Administración actual, para el 75% de los empresarios encuestados hace casi inviable pensar en la contratación de nuevo personal condicionando su normal funcionamiento.

En cuanto a la implementación de nuevas restricciones por parte del Gobierno, por el aumento de la ola de contagios, el 79% de los empresarios considera que afectan negativamente el desarrollo de sus negocios porque llevan a una baja de las ventas y la actividad, disminución de la demanda, reducción de la producción con un consecuente desabastecimiento de mercadería, cortes en la cadena de pagos y problemas de logística y distribución, entre otros.

De cara al futuro:

La encuesta revela que para el 41% de los encuestados la expectativa de crecimiento para lo que resta del año es moderada, mientras que para el 44% es baja o nula. Los empresarios del sector, que ya están analizando los desafíos pospandemia, comienzan a esbozar una serie de acciones que contribuirán, a su entender, en posibles motores que fortalezcan y pongan nuevamente en marcha a sus empresas, entre las que mencionan: desarrollo de nuevos negocios (54%) y canales de comercialización (48%), inversión en marketing digital (50%), reducción de costos y análisis del margen de rentabilidad (46%).

“Hace ocho años, como conclusión de la primera edición de esta encuesta 1 , se le pedía a las Pymes
que salieran a buscar oportunidades, más allá de las preocupaciones basadas en los obstáculos propios de ese momento, como los crecientes niveles de inflación, las restricciones aduaneras y cambiarias y el acceso al crédito. Hoy, y entendiendo el contexto donde va situando la pandemia a este tipo de empresas, la sustentabilidad y supervivencia no sólo dependerá de su voluntad para innovar y sus ganas de seguir siendo productivas, sino de las decisiones gubernamentales, reglas previsibles y consensos básicos económicos y sociales que incluyan a este sector entre los prioritarios al momento de tomar decisiones” finaliza el socio de PwC Argentina.

Para ingresar al informe completo: Expectativas 2021 – Pymes en Argentina

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Los siete mitos sobre la automatización de procesos

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– Existen falsas premisas que los tomadores de decisiones y personas que lideran la transformación en las compañías deben conocer, para hacer eficientes sus procesos y estar en línea con los objetivos del negocio.

– Según el Foro Económico Mundial, para el 2025 los avances tecnológicos permitirán la creación de 97 millones de nuevos puestos de trabajo.

La falta de información junto con la difusión de conceptos erróneos sobre la automatización de procesos, puede crear incertidumbre que desemboque en mitos perjudiciales al ecosistema de negocios y tecnología. La transformación digital genuina libera tiempo y ahorra dinero. Con el objetivo de romper con falsas creencias, desde TheEye, empresa argentina y la única plataforma de Automatización de Procesos con Inteligencia Artificial y metodología propia y mediante la cual garantiza un repago en menos de 6 mesesse comparten los 7 mitos sobre la automatización de procesos y tenerlos en cuenta permite entender el verdadero y real sentido y valor que tiene para los negocios:

1- “La automatización de procesos elimina los puestos de trabajo”

Falso. Los robots de software no toman decisiones de negocio, eso lo hacen los humanos. Por lo tanto nunca reemplazarán a los colaboradores. Es fundamental y necesario que el talento humano se dedique a tareas de análisis que agreguen valor al negocio y que requieran de habilidades blandas como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. A medida que se automatiza una posición en un área, en otra están necesitando a esa persona.

2- “Para automatizar los procesos tendré que sumar un robot físico”

Falso. Los robots de software no son andantes ni se parecen a Wall-E, sino que trabajan vía sistemas informáticos. Pueden automatizar cualquier operación que sucede frente a un computador, ya sea imitando el comportamiento humano (moviendo el mouse y utilizando el teclado) o trabajando de forma “invisible”, es decir, conectándose con bases de datos, APIs, según las necesidades del proceso y las tecnologías que intervienen. 

3- “Me olvido completamente del proceso una vez automatizado”

Los usuarios de la automatización necesitan tener presente qué labor desempeña el robot, ya que si falla tienen que tener un plan de contingencia manual. Además suelen utilizar sus resultados y en muchos casos necesitan intervenir en los procesos tomando decisiones (valor humano). El robot como herramienta solo podrá resolver entre el 50% y el 80% del proceso y el usuario deberá estar presente para el resto. La parte con mayor valor o complejidad siempre quedará en manos del humano. Por ende, deben de trabajar juntos. Asimismo, deben involucrarse en el proceso desde el comienzo del proyecto para que el usuario comprenda la sinergia con la fuerza digital y así, fomentar la cultura de la automatización.

4- “La automatización de procesos es solo para grandes corporaciones”

A diferencia de las grandes empresas, las medianas y pequeñas deben adaptar sus procesos a los recomendados por estas herramientas y aprovecharlas sin incurrir en grandes costos. Es ideal enfocarse sobre tareas de gran volumen, repetitivas y de poco valor agregado al negocio. Una de las soluciones más útiles es la de conciliaciones, que atraviesa verticales y áreas, donde se puede automatizar hasta un 93% de registros y liberar en promedio 80 horas mensuales para otras tareas de valor. 

5- “Vamos a tener que modificar todos mis sistemas existentes en la compañía”

Falso. La automatización de procesos justamente permite operar sobre todo tipo de sistemas ya sean legacy (heredado) o modernos de forma ágil y sin tener que desarrollar nada más que el propio robot de software.

6- “Es una tecnología muy cara para implementar”

Muchos proveedores mundiales de automatización de procesos solicitan además de licencias para sus productos, emplear un ecosistema con otras licencias (sistema operativo, bases de datos, etc). Sin embargo se pueden utilizar ecosistemas open source, que disminuyen en gran escala el valor implementativo. Es importante siempre evaluar el costo de no automatizar para entender realmente qué es lo caro.

7- “Hay que automatizar el proceso al 100% y que no quede nada para hacer manual”

Se recomienda no comenzar con una visión ‘end-to-end’ (punta a punta) ya que podría trabar el proyecto y ralentizarlo. El 68% de los que se encararon end-to-end pueden demorar más de un año para la implementación y al menos el 52% tardan año y medio en mostrar resultados. 

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Una propuesta para ampliar el sistema mundial de tarificación del carbono

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Escriben Vitor Gaspar e Ian Parry – Entre una cuarta parte y la mitad. Esto es lo que deben disminuir el dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la próxima década para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 oC. La manera más rápida y práctica de lograr este objetivo es crear un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono.

Esto es importante para el FMI porque el cambio climático presenta grandes riesgos para el funcionamiento de las economías de todo el mundo. Las políticas climáticas adecuadas pueden hacer frente a estos riesgos y, también, generar enormes oportunidades de inversiones transformadoras, crecimiento económico y empleos verdes; tanto es así que nuestro Directorio Ejecutivo ha aprobado recientemente propuestas para incluir el cambio climático en nuestra habitual supervisión económica de los países y en nuestro programa de evaluación de la estabilidad financiera.

En el centro de los debates sobre política económica con los países miembros se encuentra la tarificación del carbono, ampliamente aceptada ahora como el instrumento de política más importante para lograr los recortes drásticos de emisiones que necesitamos. Al encarecer las fuentes de energías contaminantes frente a las fuentes limpias, la tarificación del carbono ofrece incentivos a la mejora de la eficiencia energética y a la reorientación de los esfuerzos de innovación hacia tecnologías verdes. La tarificación del carbono debe respaldarse mediante un programa de medidas más amplio que mejore su eficacia y aceptación e incluya inversiones públicas en redes de energía limpia (como actualizaciones de la red para dar cabida a las energías renovables) y medidas para ayudar a los hogares vulnerables, los trabajadores y las regiones. No obstante, a escala mundial, se necesitan medidas adicionales equivalentes a un precio del carbono de USD 75 por tonelada, o más, de aquí a 2030.

Con antelación a la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de noviembre —la conferencia climática más importante desde París 2015— estamos viendo señales prometedoras de aumento de la ambición climática. Muchos países han fijado nuevos objetivos climáticos; 60 países ya se han comprometido a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a mediados del siglo y, algunos, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, han ofrecido compromisos mayores a corto plazo. Es importante que estén proliferando los mecanismos de tarificación del carbono; son más de 60 los que se han implementado a nivel mundial, incluyendo las importantes iniciativas este año de China y Alemania.

Aun así, en la próxima década será crucial una actuación más coordinada y más firme.

Si bien algunos países están avanzando de forma enérgica, la ambición varía según el país, de forma que cuatro quintas partes de las emisiones mundiales no tienen precio y el precio promedio mundial de las emisiones es de solo USD 3 por tonelada. Como reacción, algunos países y regiones con precios del carbono elevados o en aumento están considerando imponer cargas sobre el contenido de carbono de las importaciones procedentes de lugares sin mecanismos similares. Sin embargo, desde una perspectiva climática mundial, estos ajustes fronterizos del carbono no son instrumentos suficientes, ya que el carbono contenido en los flujos comerciales suele ser inferior al 10% de las emisiones totales de los países. 

En parte, el avance más lento refleja lo difícil que puede ser para los países aumentar de forma unilateral las políticas de mitigación para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, entre otras cosas, debido a la preocupación sobre cómo podría afectar a su competitividad y al temor a que los demás no igualen sus medidas de política. La práctica participación universal de los países en el Acuerdo de París, tan crucial por su legitimidad, no conduce a una negociación sencilla.

Así pues, ¿cómo logramos que la tarificación del carbono esté donde debe estar en diez años? Un nuevo estudio del personal técnico del FMI, que todavía se está debatiendo con el Directorio Ejecutivo y los países miembros del FMI, propone la creación de un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono que complemente el Acuerdo de París y:

  1. Sea introducido por los principales emisores. El gráfico muestra que China, India, Estados Unidos y la UE serán responsables de casi dos terceras partes de las emisiones mundiales de CO2 que se estiman en 2030 (si no se adoptan nuevas medidas de mitigación). Si se incluye a todo el G-20, esta cifra alcanza el 85%. Una vez introducido, el mecanismo podría ampliarse de forma gradual para incluir a otros países.
  2. Esté anclado en un precio del carbono mínimo. Se trata de un instrumento de política eficiente, concreto y de fácil comprensión. La actuación simultánea de los principales emisores para aumentar el precio del carbono generaría una acción colectiva frente al cambio climático y abordaría de forma decisiva la preocupación relativa a la competitividad. El interés por un precio mínimo del carbono discurre en paralelo al debate actual sobre una tasa impositiva mínima para la tributación internacional de sociedades. De forma más general, la armonización internacional a través de tasas impositivas mínimas tiene una larga tradición en Europa.
  3. Esté diseñado con pragmatismo. El mecanismo debe ser equitativo, flexible y tener en cuenta las distintas responsabilidades de los países, entre otros factores, las emisiones históricas y los niveles de desarrollo. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, que el mecanismo tenga dos o tres niveles de precios distintos que varíen según las medidas aceptadas para el desarrollo de un país. El mecanismo también podría acomodar a países en los que la tarificación del carbono no es posible en la actualidad por razones políticas internas, siempre que logren reducciones de emisiones equivalentes con otros instrumentos de política.

Un ejemplo ilustrativo muestra que, junto con las políticas actuales, fortalecer los compromisos del Acuerdo de París con un precio mínimo de tres niveles entre solo seis participantes (Canadá, China, Unión Europea, India, Reino Unido, Estados Unidos), con precios de USD 75, USD 50 y USD 25 para, respectivamente, las economías avanzadas, las economías de alto ingreso y los mercados emergentes de bajo ingreso, podría contribuir a lograr una reducción del 23% en las emisiones mundiales por debajo del nivel de referencia de aquí a 2030. Esto es suficiente para alinear las emisiones con el objetivo de mantener el calentamiento mundial por debajo de 2°C.

La aplicación de un sistema de tarificación del carbono en las provincias de Canadá ofrece un buen modelo sobre cómo traducir un precio mínimo al nivel internacional. El gobierno federal exige a las provincias y territorios que apliquen un precio mínimo del carbono, en aumento progresivo, desde CAD 10 por tonelada en 2018 a CAD 50 en 2022 y CAD 170 en 2030. Las jurisdicciones tienen libertad para cumplir este requisito mediante impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de emisión.

A nivel internacional, un acuerdo de precio mínimo del carbono diseñado adecuadamente generaría beneficios para los países de forma individual así como de manera colectiva. Todos los participantes se beneficiarían de la estabilización del sistema climático mundial, y la reducción de la combustión de combustibles fósiles generaría beneficios medioambientales nacionales para los países, lo más importante, menos muertes por contaminación local del aire.

No tenemos tiempo que perder para poner en marcha este tipo de mecanismo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos atrás, al 2021, para lamentarnos de la oportunidad perdida de tomar medidas eficaces. En su lugar, miremos hacia atrás con orgullo por el avance mundial hacia el mantenimiento del calentamiento global por debajo del umbral de 2 oC. Necesitamos una actuación coordinada ahora, que debe centrarse en el establecimiento de un precio mínimo internacional del carbono.

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