Un proyecto de ley para declarar público, esencial, estratégico y en competencia al servicio de internet en todo el país fue presentado hoy en la Cámara de Senadores, en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que firmó el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado y que se encuentra objetado en la Justicia.
La iniciativa lleva la firma del presidente de la Comisión de Medios del Senado, el peronista chubutense Alfredo Luenzo, quien durante una audiencia que se realizó esta mañana había anticipado la intención de “tener un marco de acceso digital firme, robusto, con un concepto estrictamente federal”.
Desde el artículo primero de la norma se declara “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.
“Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, se afirma.
En sus fundamentos, Luenzo menciona que “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital”.
Por otro lado, el proyecto establece que “los licenciatarios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
“Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del servicio universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta”, continúa la iniciativa.
Asimismo, deja en manos de la autoridad de aplicación la “reglamentación” de “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.
Luenzo había adelantado su intención de presentar la iniciativa, que finalmente formalizó por la tarde, durante una audiencia de la comisión que preside en la que miembros de la Asociación por los Derechos Civiles presentaron un informe durante un debate en el que se expresó la importancia de lograr una regulación pública de contenidos en internet.
En una videoconferencia, Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), expuso sobre el documento referido a “la protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet”.
Ferreyra advirtió que “la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y es necesario una regulación pública que colabore con la privada para abordar estos temas”.
El dirigente señaló que “se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas para la modelación de contenido” y que “cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado, si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente”.
“Una regulación pública también tiene que apuntar a que la ciudadanía sea incorporada de manera significativa en la toma de decisiones”, agregó.
El especialista instó a pensar en “un modelo que ponga límites, restricciones, y sobre todo establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, y en “cómo los delitos de intimidación pública se aplican a las redes sociales”.
“Cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión”, aclaró, no obstante.
Damián Loreti, profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exvicedecano de esa casa de estudios, subrayó, por su parte, la “necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador porque no alcanza solo con la transparencia”.
“Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en término de ciertos tipos de discurso para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos”, reflexionó.
También consideró que “hay un déficit en el análisis de qué pasa con las fake news, más pensada en términos de responsabilidades, de pluralismo”, y entendió que “no alcanza con la trasparencia” sino que “hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa”.
“No alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco a mi criterio con los resultados de la aplicación de logaritmos no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y reparación porque estas plataformas deberían regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas”, agregó.
