equilibrio fiscal

Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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Passalacqua congela su salario hasta fin de 2026 y se excluye de futuros aumentos en la administración pública

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En el marco de las medidas de contención del gasto público, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que no percibirá incrementos salariales hasta el 31 de diciembre de 2026, aun cuando se otorguen aumentos al personal de la Administración Pública Central.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el mandatario provincial y refrendado por el ministro de Coordinación General de Gabinete y el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

Según se detalla en los considerandos del instrumento legal, la medida se fundamenta en la persistencia de la situación económica tanto a nivel nacional como provincial, que -señala el texto- impone la necesidad de adoptar acciones orientadas a reducir el gasto público.

En concreto, el artículo primero del decreto establece que “a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central no serán aplicables para los haberes que perciba el Señor Gobernador”.

La norma se enmarca en los antecedentes de los decretos 453 de marzo de 2024 y 358 de marzo de 2025, en los cuales ya se habían dispuesto medidas vinculadas a la racionalización del gasto.

Desde el Gobierno provincial remarcan que la decisión responde a un criterio de austeridad y coherencia fiscal en un contexto económico complejo, en el que la Provincia busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y priorizar la asignación de recursos.

El decreto instruye además a los organismos competentes -entre ellos el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y proceder conforme a lo dispuesto.

Con esta resolución, el gobernador queda formalmente excluido de cualquier actualización salarial que pudiera otorgarse al resto del personal de la administración central durante lo que resta de 2026.

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Milei avanza con reformas sin financiamiento definido

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Cuando resta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei avanzó con dos proyectos de ley —la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil— que no detallan su impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento. Ambas iniciativas, incluidas en el temario de sesiones extraordinarias, no están contempladas en la “ley de leyes” y reavivan la tensión entre el discurso oficial del “no hay plata”, el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad del superávit fiscal del 1,5% del PBI que el Ejecutivo exhibe como principal ancla del programa económico.

El contraste se vuelve más marcado si se lo compara con la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada e insistida por el Congreso, bajo el argumento de que no especifica su financiamiento. Una justificación que, según surge de la redacción de las propias iniciativas oficiales, no se aplica con el mismo rigor cuando se trata de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Emergencia en Discapacidad: la ley vigente que el Ejecutivo se niega a ejecutar

Pese a pronunciamientos judiciales y a la insistencia del Congreso, el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni reasignó los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, no incluyó partidas para esta norma ni para la ley de Financiamiento Universitario, también reclamada por el Parlamento.

El argumento oficial se apoya en la Ley de Administración Financiera, que establece que los proyectos deben indicar el origen de los fondos. Según la interpretación del Presidente, la Emergencia en Discapacidad incumple ese requisito. Sin embargo, el artículo 19 de la norma es explícito:
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (…) Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

En los hechos, el Congreso dejó en manos del Ejecutivo —entonces bajo la jefatura de Guillermo Francos, hoy de Adorni— la definición de las partidas, siempre que no se afecten los créditos sociales. Un esquema similar al que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años, cuando administró con presupuestos heredados de la gestión de Alberto Fernández, ya desactualizados.

Además, al momento del debate parlamentario, el impacto fiscal de la emergencia sí fue estimado: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), solicitó un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por lo que los legisladores contaban con una referencia sobre costos y financiamiento. Aun así, el oficialismo se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y, hasta hoy, mantiene la ley sin ejecución.

Régimen Penal Juvenil: una redacción idéntica, pero con trato diferente

La doble vara aparece con claridad en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo y sumado al temario de extraordinarias con Patricia Bullrich como principal impulsora política. El proyecto ya había sido promovido en 2024 y vuelve a escena tras el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe.

El artículo 52 del dictamen firmado en mayo del año pasado establece: “Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes (…) el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes”.

La redacción es prácticamente idéntica a la de la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en este caso, el Gobierno no cuestiona la validez del texto ni su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera.

Más aún, durante el debate en comisión, Espert se negó a solicitar a la OPC un análisis del costo fiscal del régimen penal, pese a ser el único con facultad para hacerlo. En su lugar, presentó un cálculo elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad, que estimó el impacto en 0,34% del Presupuesto 2024, o 0,0042% del PBI. Ese número generó fuertes dudas entre los bloques opositores. “Hacen como si todo lo que implica el proyecto no saliera plata”, resumió un diputado que participó del debate. El pedido público de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, para girar el proyecto a la OPC nunca fue atendido.

Reforma laboral y Presupuesto 2026: el interrogante sobre el superávit

Un esquema similar se repite con la reforma laboral, cuyo dictamen fue firmado en el Senado a fines de diciembre. El texto tampoco especifica su financiamiento, a pesar de incluir bajas y derogaciones impositivas que impactan incluso en impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), tampoco envió el proyecto a la OPC. El resultado es el mismo: se desconoce el costo fiscal y la fuente de recursos.

El punto crítico es el calendario. Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil se impulsan a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, por lo que sus eventuales costos no están contemplados en la “ley de leyes”. De aprobarse, el financiamiento quedará nuevamente en manos del jefe de Gabinete mediante reasignaciones presupuestarias.

El propio Milei celebró que el Presupuesto 2026 refleje un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La pregunta que empieza a ganar espacio en el Congreso y en los mercados es cuánto de ese margen quedará en pie si ambas iniciativas avanzan sin una estimación clara de costos y sin partidas específicas. En ese interrogante se juega no solo la coherencia del discurso fiscal del Gobierno, sino también la credibilidad institucional del programa económico.

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el aval político de Chaco

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En una señal política clave para la agenda legislativa del Gobierno, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, quien expresó su apoyo explícito a la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) y que comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero. El encuentro se inscribe en la estrategia oficial para asegurar votos provinciales y avanzar con un proyecto que el Ejecutivo considera central para bajar el Riesgo País, sostener el equilibrio fiscal y modernizar el mercado de trabajo.

Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, afirmó Zdero tras la reunión, al tiempo que remarcó que “aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

Reforma laboral y alineamientos políticos: el respaldo chaqueño

La reunión se desarrolló en la sede del Ejecutivo provincial y forma parte de la ronda de encuentros federales que Santilli activó para consolidar respaldos entre los gobernadores, con el objetivo de que los legisladores que les responden acompañen el proyecto en el Congreso. La iniciativa, definida por el oficialismo como de “modernización laboral”, enfrenta resistencias del sindicalismo y del peronismo, pero suma adhesiones entre mandatarios provinciales aliados.

Desde el entorno oficial se informó que ambos funcionarios “conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”. En esa línea, Santilli sostuvo que “no creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina” y subrayó que el cambio normativo “va a dinamizar sectores claves” como energía, minería, agro e industria del conocimiento, con impacto directo en la generación de empleo.

Zdero, por su parte, definió a la reforma como una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, al considerar que permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva. “Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”, completó.

Estrategia legislativa y agenda federal del Gobierno

El desembarco de Santilli en Chaco fue la segunda parada del rally federal que el ministro del Interior inició tras la aprobación del Presupuesto 2026, con la intención de replicar el método de negociación política que le permitió al Gobierno reunir los votos necesarios en el plano legislativo. La semana pasada, la gira había comenzado en Chubut, con una visita al gobernador Ignacio Torres.

La agenda oficial continuará esta semana con nuevas escalas: el miércoles, Santilli volverá a Chubut para monitorear la lucha contra los incendios forestales; el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo. Además, este martes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un mandatario de perfil opositor que mantiene diálogo con la administración nacional.

En el plano chaqueño, el respaldo de Zdero tiene un valor político adicional. El gobernador radical selló un acuerdo electoral con LLA, con el que lograron imponerse tanto en comicios nacionales como provinciales. En ese contexto, el oficialismo espera contar con el acompañamiento de los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, representantes de Chaco en la Cámara alta.

Durante la reunión también participaron el secretario de Interior, Gustavo Coria; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

Repercusiones económicas y reclamos provinciales

Además del debate laboral, Zdero aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa reclamos estructurales de la provincia. Habló de un “cambio de matriz para dinamizar la economía de Chaco”, pidió la reprogramación de la deuda heredada para encaminar un trabajo conjunto con Nación y agradeció la obra del acueducto del norte, financiada por el Gobierno nacional por $80.000 millones. También planteó la situación de las rutas y la necesidad de avanzar en un segundo puente Resistencia–Corrientes.

Desde la Casa Rosada, Santilli enfatizó las “profundas coincidencias” con Zdero para promover empleo privado genuino, al que definió como un factor clave para ordenar las cuentas públicas, y aseguró que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia.

En paralelo, el próximo encuentro con Sergio Ziliotto tendrá un eje distinto. En La Pampa aclararon que no prestarán respaldo a la reforma laboral, al considerarla “una reforma impositiva encubierta” que impacta sobre el Impuesto a las Ganancias y podría restarle a la provincia entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales. El diálogo con Nación, en ese caso, se concentra en la deuda previsional, estimada en $62.500 millones en el acuerdo inicial —con un primer pago de $2.500 millones y 12 cuotas mensuales de $5.000 millones desde enero de 2026—, mediado por la Corte Suprema.

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El IMaC reduce 40% de su personal por el recorte de fondos nacionales

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El presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, informó la reducción de aproximadamente el 40% del personal contratado con relación de dependencia en el organismo. La decisión, comunicada a través de redes sociales, se enmarca en un contexto de fuerte restricción fiscal que, según explicó, afecta de manera directa a las provincias por la caída de transferencias nacionales, la merma de la recaudación y el desplome de la coparticipación. El ajuste refleja el impacto concreto del equilibrio fiscal nacional sobre la estructura del Estado provincial y sus organismos.

La medida alcanza exclusivamente a la planta de contratos con relación de dependencia, mientras que los recortes al personal sin relación contractual “quedaron sin efecto”, según aclaró el propio titular del instituto. Gervasoni vinculó la decisión con un escenario económico adverso que definió como “cada vez más duro”, y remarcó que no se trata de una decisión deseada sino forzada por la coyuntura.

Recortes nacionales y presión sobre las finanzas provinciales

En su mensaje, Gervasoni atribuyó el ajuste a las políticas fiscales del Gobierno nacional, al señalar que “el equilibrio fiscal de Nación lo logran con recortes durísimos a las provincias”. En ese sentido, detalló un recorte del 90% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), junto con “una merma que llega a más del 40% en la recaudación y una fuerte caída en la coparticipación”, factores que, combinados, conforman “un cóctel totalmente destructivo en las economías provinciales”.

Según explicó, ese escenario dejó al IMaC sin margen financiero para sostener su estructura actual, lo que derivó en la decisión de avanzar con la reducción del personal contratado. “Hoy el ajuste también golpea las puertas de mi oficina”, expresó, al tiempo que reconoció que la situación genera un fuerte costo humano e institucional.

El impacto del ajuste y el mensaje político

Gervasoni fue explícito al referirse al alcance social de la medida: “No quisiera dejar a nadie sin trabajo”, afirmó, y reconoció que “un recorte del 40% aproximadamente en la planta de contratos con relación de dependencia está en marcha”. En un tono crítico, sostuvo que “gran parte de ellos inclusive votó este modelo libertario que asfixia”, aunque aclaró que eso no vuelve menos dolorosa la decisión.

El titular del IMaC señaló que recibe “felicitaciones en varios idiomas” en referencia a las reacciones que generó el anuncio, y agregó: “Con el dolor a flor de piel, no tengo respuestas para dar, solo pedir perdón a quienes afecta la medida”. En ese marco, extendió el pedido de disculpas “en nombre mío y de los trabajadores del IMaC que continúan, en nombre de cada referente que tuvo que tomar la medida con su gente”.

También remarcó que, de existir otra alternativa, “seguramente el señor Gobernador la hubiera utilizado”, y anticipó que el proceso de ajuste podría extenderse a otras áreas del Estado provincial: “Creería que los demás ministerios también tendrán ajustes, no solo el IMaC”.

Sin nuevas altas y advertencia institucional

En su mensaje, Gervasoni subrayó que el contexto obliga a extremar los controles internos y advirtió que no deberían producirse nuevas incorporaciones: “Quiero creer que no habrá más altas nuevas hasta nuevo aviso, caso contrario yo mismo denunciaré si existe alguna maniobra”.

Finalmente, aclaró que, en un intento por amortiguar el impacto social, “los recortes sin relación quedaron sin efecto”, y agradeció “al Sr. Gobernador por el enorme esfuerzo” para sostener el funcionamiento del organismo en un escenario de restricción extrema.

La reducción del 40% del personal contratado en el IMaC se convierte así en una señal concreta del traslado del ajuste fiscal nacional a las estructuras provinciales, con consecuencias directas sobre el empleo público y la capacidad operativa de los institutos descentralizados.

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