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Ricardo Arriazu: “El Gobierno hará lo imposible para que no se dispare el dólar”

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Ricardo Arriazu advirtió que el Gobierno “hará lo imposible para que no se dispare el tipo de cambio” y alertó sobre el riesgo político post electoral.

El economista Ricardo Arriazu, una de las voces más influyentes para Javier Milei, anticipó que el Gobierno sostendrá el dólar hasta las elecciones del 26 de octubre, pero cuestionó el esquema de bandas cambiarias. Además, alertó que una derrota oficialista podría dejar al Presidente “sin poder político” para gobernar.

Un diagnóstico crudo sobre la economía y la política

El reconocido economista Ricardo Arriazu, titular de la consultora Macroanalistas y considerado una de las figuras de referencia del pensamiento económico liberal, presentó su análisis sobre la coyuntura argentina en un evento organizado por IEB Banca Privada, una de las principales firmas del sistema financiero local, con operaciones por más de USD 3.000 millones.

Ante un auditorio de más de 100 empresarios reunidos en el Hotel Four Seasons, Arriazu planteó un diagnóstico tan realista como inquietante. En su exposición, advirtió que el país enfrenta “dos cisnes negros”: un riesgo internacional —vinculado a una eventual guerra comercial o la explosión de una burbuja de activos financieros— y un riesgo político interno, que definió como “el principal problema estructural de la Argentina”.

“La economía se sostiene sobre la confianza. Cuando hay confianza, las personas consumen, invierten y generan crecimiento. En escenarios de desconfianza, el gasto se reduce y surge el riesgo de implosiones económicas”, señaló.

El economista anticipó que hasta las elecciones presidenciales del 26 de octubre, el Ejecutivo “hará lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”, aunque rechazó el actual esquema de bandas cambiarias. Según detalló, desde que se flexibilizó el cepo en abril, el sector privado compró USD 17.000 millones, lo que a su entender refleja la fuerte dolarización de portafolios.

“Estoy completamente en contra de las bandas de flotación. Argentina es un país bimonetario. Cada vez que el dólar se mueve, tiembla todo”, afirmó Arriazu.

“El Tesoro se va a quedar sin plata y va a intervenir el Central”

En un mensaje directo al auditorio empresario, el economista advirtió sobre la fragilidad fiscal y la capacidad limitada del Tesoro para sostener intervenciones cambiarias. “El Tesoro se va a quedar sin plata y va a intervenir el Central”, anticipó.

Aunque se declaró “dolarizador desde los años 80”, Arriazu consideró que la dolarización plena no parece factible en el actual contexto. “Yo soy dolarizador desde los 80, pero no me queda claro que se pueda”, reconoció.

Sobre el apoyo financiero estadounidense, diferenció entre el swap de monedas con China —que sólo puede utilizarse para pagar importaciones al país asiático— y el swap en negociación con Estados Unidos, que podría aplicarse con mayor flexibilidad.

“La demora tiene que ver con que se está negociando. El swap con China requiere autorización de ellos, pero el de Estados Unidos podría usarse libremente. Si está la plata de EE.UU., es más que suficiente para parar la corrida y abrir mercados”, explicó.

Arriazu vinculó esa negociación con factores políticos: “Estados Unidos entiende que hay elecciones y que su apoyo tiene sentido porque Argentina es el único país grande de la región alineado estratégicamente”.

Riesgo político y proyección post electoral

El economista dedicó parte de su exposición a analizar el escenario político tras los comicios. Planteó que el futuro del programa económico dependerá de la capacidad legislativa del oficialismo.

“Hay dos alternativas: si Milei logra un tercio en alguna de las cámaras, podrá evitar vetos o juicios políticos. Si no lo consigue, es la Argentina de siempre. Es probable que Milei no pueda hacer nada y se quede sin poder”, advirtió.

Arriazu sostuvo que la confianza política es la variable más determinante para la recuperación económica, al tiempo que advirtió que una derrota electoral podría traducirse en un shock de expectativas y volatilidad cambiaria.

Respecto del electorado libertario, ironizó: “Dicen que el votante de Milei es joven, varón y con poca educación. Yo agrego que además no entiende nada de sus discursos”.

“El único logro de Milei es el equilibrio fiscal”

En relación al Presupuesto 2026, Arriazu lo calificó como “muy bueno” y valoró el esfuerzo por mantener el gasto público en su menor nivel en 30 años. “El único gran logro de Milei es haber alcanzado el equilibrio fiscal”, afirmó.

Rechazó una posible devaluación como salida, por su impacto regresivo: “Una devaluación es un impuesto; baja el poder de compra de la gente”. También alertó sobre los riesgos de un retroceso legislativo: “El Congreso quiere revertir el superávit fiscal, y eso sí sería un problema grave en la cuenta corriente”.

Finalmente, destacó que la deuda argentina es baja en términos relativos, pero “su historial de incumplimiento convierte cada dólar adeudado en un pasivo riesgoso”.

“Tenemos una de las deudas más bajas del mundo, pero como somos estafadores seriales, un dólar que debamos es mucho”, resumió.

Arriazu cerró su exposición con una reflexión pesimista sobre la cultura económica nacional:

“No hay nada que pueda parar la caída de la economía si no se recupera la confianza. Si no cometemos errores, podríamos crecer al 5,5% anual con energía y agro, pero seguimos siendo el país de las oportunidades perdidas. Somos tan tontos razonando que no tengo esperanza de que vayamos a cambiar.”

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Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

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La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. El Decreto 651/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, fundamenta la decisión en el impacto presupuestario, la falta de definiciones claras y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales.

El proyecto de emergencia sanitaria, impulsado con amplio respaldo parlamentario, buscaba garantizar acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, recomponer salarios de médicos residentes y personal asistencial, y declarar al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

El texto establecía además exenciones de impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud en actividades críticas y facultaba al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.

El Gobierno, sin embargo, consideró que la norma era “inviable, ambigua y fiscalmente irresponsable”, subrayando que la recomposición salarial prevista equivalía a un gasto adicional de $115.030 millones, monto comparable a un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a políticas de cobertura en VIH, tuberculosis y hepatitis.

Contenido técnico: los puntos más controversiales del veto

El decreto, firmado por Milei junto a Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri y otros ministros, detalla las razones del rechazo:

  • Mandatos abiertos e imprecisos: los artículos 2° y 3° no delimitaban con claridad las “funciones críticas” ni los beneficiarios de la recomposición, lo que generaba riesgo de litigiosidad y arbitrariedad en la implementación.
  • Impacto fiscal: la recomposición salarial y la exención de Ganancias suponían un gasto directo millonario y una merma en la coparticipación federal, al comprometer recursos compartidos entre Nación y provincias.
  • Desfinanciamiento de programas vigentes: reasignar recursos del Ministerio de Salud implicaba recortes en vacunas, tratamientos de alto costo, medicamentos esenciales y programas contra enfermedades infecciosas.
  • Distorsiones salariales: se advertía que el beneficio exclusivo a pediatría podía generar inequidades respecto de otros profesionales de la salud.
  • Exceso del Congreso: el Ejecutivo objetó que la ley derogaba la Resolución 2109/25 sobre residencias médicas, algo que —según el decreto— constituye una intromisión en facultades administrativas propias del Poder Ejecutivo.

Fundamentos oficiales: estabilidad macroeconómica versus gasto social

El Gobierno defendió el veto en nombre del equilibrio fiscal y de su meta de emisión monetaria cero, planteando que el Congreso impulsó una medida “bajo la apariencia de defender una causa noble” pero que “aumenta de forma desmedida el gasto público y pone en riesgo la estabilidad económica”.

En un pasaje del decreto, Milei advierte: “Cuando no existen recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los sectores que se proclama amparar”.

El texto también destaca la gestión del Ejecutivo en el Hospital Garrahan, donde se afirma que en un año y medio se logró alcanzar “déficit cero” con ahorros de $40.000 millones y un presupuesto garantizado de $220.000 millones (incluido el aporte de CABA). Por ello, el artículo que lo declaraba hospital de referencia se consideró innecesario.

Choque institucional y debate sanitario

El veto presidencial abre un nuevo frente con el Congreso, que podría intentar insistir con la ley por mayoría especial. El oficialismo buscará que el tema se discuta dentro del Proyecto de Presupuesto 2026, que será remitido al Parlamento el 15 de septiembre, como el ámbito legítimo para definir asignaciones de gasto.

En el plano sanitario, la decisión generará críticas de asociaciones médicas y gremios de residentes, que vienen reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. La Sociedad Argentina de Pediatría, mencionada en el proyecto, podría emitir un pronunciamiento.

En el plano político, el Gobierno busca reforzar su mensaje de austeridad y disciplina fiscal, aún a costa de enfrentar el costo social y simbólico de vetar una ley vinculada a la infancia.

Hacia un Presupuesto 2026 con foco en salud y recorte del gasto

La Casa Rosada anticipa que la discusión sobre financiamiento del sistema pediátrico se trasladará al debate del Presupuesto 2026, donde Milei intentará blindar su política de equilibrio fiscal y limitar los márgenes de gasto discrecional del Congreso.

El oficialismo apuesta a que la aprobación del Pacto de Mayo y el nuevo marco de reglas fiscales le den sustento político para sostener vetos como este, frente a una oposición que buscará capitalizar el costo político de la medida en un año de crisis económica.

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El FMI libera u$s10.800 millones pero pide al Gobierno nuevas medidas para lograr equilibrio fiscal

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El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la tercera revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de Argentina, donde aprobó desembolso de USD 10.800 millones pero solicitó nuevas medidas para asegurar el equilibrio fiscal
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la tercera revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades girar el equivalente a DEG 7.800 millones (aproximadamente, USD 10.800 millones), lo cual eleva las compras totales desde junio de 2018 a DEG 28.013,71 millones (aproximadamente, USD 38.900 millones).
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre el plan económico de Argentina, Christine Lagarde, Directora Gerente y Presidenta del Directorio Ejecutivo, realizó la siguiente declaración:
“Las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto. El elevado déficit fiscal y en cuenta corriente —dos grandes vulnerabilidades que condujeron a la crisis financiera el año pasado— están disminuyendo. La actividad económica se contrajo en 2018, pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar.
El gobierno argentino dio muestra de su determinación de asegurar que la relación deuda pública/PIB se encuentre en una trayectoria sostenible, reduciendo el déficit primario de 2018 por debajo de la meta fijada en el programa. No obstante, a la luz de un nivel inferior al esperado del ingreso tributario en el primer semestre del año, será crítico actuar continuamente con prudencia en la ejecución de los planes de gasto y tomar otras medidas para incrementar los ingresos fiscales a fin que la posición fiscal de 2019 llegue al balance primario. Es necesario redoblar los esfuerzos por mejorar el marco fiscal a mediano plazo y la gestión de deuda.
Tras unos meses de relativa estabilidad, la volatilidad financiera ha repuntado en las últimas semanas, dado que las condiciones financieras mundiales se han tornado menos favorables y los resultados en términos de la inflación han decepcionado. El BCRA reaccionó frente a esta situación recalibrando la política monetaria, manteniendo el crecimiento cero de la base monetaria hasta finales del año. Se ha elevado al Congreso una nueva carta orgánica del banco central que, de ser aprobada como ley, afianzará la credibilidad de la política monetaria.
Proteger a los más vulnerables del impacto de la recesión y de la elevada inflación sigue siendo una prioridad crítica. Las autoridades han tomado una serie de medidas para mejorar la cobertura de la red de protección social y proporcionar más recursos a los pobres. Se necesitará un trabajo continuo para abordar las brechas restantes en la cobertura de la red de protección social y para mejorar la eficacia de los programas sociales en la lucha contra la pobreza.
Las condiciones de mercado favorables le han permitido al gobierno refinanciar integralmente la deuda que vencerá durante los próximos meses. La tasa de interés pagada por esa deuda ha disminuido y las autoridades están redoblando los esfuerzos por prorrogar los vencimientos de la deuda recién emitida. Las autoridades también están implementando políticas para desarrollar los mercados de deuda en moneda nacional.
Las reformas del lado de la oferta son esenciales para lograr un crecimiento vigoroso, sostenible y equitativo y para mejorar los niveles de vida de la población argentina. Las prioridades incluyen esfuerzos adicionales por crear un sistema tributario menos distorsionador, promover una mayor competencia en los mercados internos de productos, eliminar las barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera, afianzar la gobernabilidad, hacer frente a la corrupción y promover la equidad de género.
El éxito de los planes de políticas de las autoridades depende de una implementación continua y resuelta. Esto requerirá la construcción de un apoyo amplio a favor de políticas que mitiguen las vulnerabilidades económicas, incrementen el potencial de crecimiento de Argentina y promuevan la confianza del mercado.”

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Equilibrio fiscal de las provincias, o el unicornio azul

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Por Félix Piacentini. Aunque cuando se miran las cuentas fiscales de las provincias, uno se da con que hasta septiembre venían mostrando una situación bastante buena, la estimación oficial incorporada por el ministerio de hacienda en el presupuesto 2017 para el consolidado de las 24 provincias es tan pesimista que proyecta un déficit de $ 105 mil millones en 2016, duplicando por ende el rojo consolidado de $ 52 mil millones que se presentaba en 2015. De aquí se desprenden dos reflexiones. O el último trimestre del año pasado fue una catástrofe en las provincias en el plano fiscal, o los técnicos de hacienda erraron sus estimaciones. Como hay un delay importante en la publicación de la ejecución de algunas provincias, como por ejemplo de la más grande y la que más influye en el resultado final como es Buenos Aires, tendremos que confiar en la proyección oficial hasta que se demuestre lo contrario.

De esta forma el año pasado se habría alcanzado el mayor déficit de al menos los 12 últimos años, llegando a representar el 1,3% del PBI y superando el ahora viejo máximo del 0,9% presenciado en 2015. Este pésimo resultado se registró en un año no electoral, y cuando las provincias comenzaron a recibir 3 puntos de una devolución gradual de 15 puntos de coparticipación (en el caso de Córdoba, Santa Fe y San Luis por el fallo de la Corte la devolución fue completa), más 6 puntos extra en préstamos de Nación a tasa subsidiada. También ocurrió cuando las jurisdicciones pudieron volver a financiarse en el mercado de crédito internacional, emitiendo unos US$7.050 millones en colocaciones locales.

Es decir, un año en el que las provincias contaron con ingresos inéditos del 7,2% del PBI en concepto de coparticipación, no lograron contener el gasto y llegaron a este penoso récord. En cuanto al nivel de endeudamiento, las obligaciones en moneda extranjera mencionadas implican que el stock de deuda en pesos se expandió un 41% en 2016 sólo por ese concepto. Aunque este ritmo de endeudamiento asusta, el nivel total todavía no es preocupante y no hay riesgos en el corto plazo. Pero ciertamente hay provincias como Buenos Aires en donde el cociente Ingresos Totales sobre stock de deuda ya estaría en un 52% y otras como Jujuy, CABA y Mendoza donde se encontrarían en torno al 40%. Más que nada para éstas sería aconsejable moderar la trayectoria futura de financiamiento para evitar que el nivel de endeudamiento se convierta en un problema.

En la búsqueda de causas se encuentra que el deterioro fiscal de las provincias sigue siendo consecuencia de la práctica todavía vigente de nombrar personal muy por encima del crecimiento poblacional, lo que ha llevado a un exceso de personal del 34% superior al nivel óptimo y que tiene un sobrecosto fiscal de 2 puntos del PBI por año. En el año 2005 los Gastos Totales del agregado de las 24 provincias representaban 13 puntos del PBI y hoy se llevan 18 puntos. Esos 5 puntos de ampliación del gasto público se destinaron casi completamente a gastos de personal, que pasaron de 5 a 9 puntos del PBI. Mientras tanto la inversión pública permaneció estancada en 2 puntos del PBI, casualmente lo que gastan en exceso por empleo público. Es decir que si no se hubieran nombrado en demasía a unas 500 mil personas, las provincias podrían agregar el doble de infraestructura cada año. Desde el plano fiscal podrían haber tenido superávits ininterrumpidos desde 2004, en lugar de la mayoría de déficits.

¿Y para el 2017, año eleccionario, qué podemos esperar? La historia nos dice que en años eleccionarios es muy difícil contener el gasto, siendo usual que la obra pública explote y que los aumentos salariales a los 2,2 millones de empleados públicos provinciales superen la inflación. Por el lado de los ingresos las jurisdicciones subnacionales contarán con mayores recursos, ya que la devolución adicional de coparticipación ya será de 6 puntos porcentuales de los 15 detraídos para financiar al ANSES, lo que llevará a que si lo expresamos en porcentaje del PBI las transferencias automáticas lleguen a casi 8 puntos, otro pico histórico de las últimas décadas.

Pero claro, la cuestión es cuán capaces pueden ser de evitar un desborde electoral del gasto. Si aumentara en el mismo porcentaje que el gasto nacional previsto para este año, un 22%, el déficit consolidado de los 24 distritos podría rondar los $ 97 mil millones o el 1% del PBI. En esta hipótesis de “prudencia” fiscal el déficit sería menor al 1,3% del PBI que se habría registrado en 2016. Si por otro lado somos desconfiados, la experiencia nos avala, y el gasto se expandiera al 25% el déficit total ya redondearía $ 140 mil millones y sería mayor al de 2016, representando 1,4% del producto. El lector se preguntará porqué ni siquiera mencioné la posibilidad de un equilibrio presupuestario de las provincias en 2017. Para llegar a ese “unicornio azul” el gasto debería crecer a tan sólo el 15%. Físicamente imposible.

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