El ajuste fiscal que caracterizó a las provincias durante 2024 y gran parte de 2025 comenzó a mostrar señales de agotamiento. El primer trimestre de 2026 cerró con un consolidado provincial todavía superavitario, aunque con un margen significativamente menor al del año pasado. Detrás de ese resultado aparece un escenario más complejo: los recursos crecieron por debajo de las necesidades de gasto, mientras las diferencias estructurales entre provincias se profundizan.

Según el último informe de la Fundación Encuentro sobre federalismo fiscal, el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un superávit primario equivalente al 4,9% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, frente al 9,3% alcanzado en igual período de 2025. El resultado financiero también permaneció en terreno positivo, con un saldo del 2,4%, aunque igualmente inferior al observado un año atrás.

La explicación principal reside en el comportamiento dispar entre ingresos y gastos. Mientras los recursos totales retrocedieron un 3,1% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado, el gasto primario aumentó un 1,6%. Esa combinación redujo el margen fiscal de las administraciones provinciales, aunque sin comprometer, por el momento, el equilibrio general de las cuentas públicas.

El informe advierte que el fenómeno no responde únicamente a una cuestión coyuntural. La estructura financiera de las provincias continúa exhibiendo una fuerte dependencia de los recursos nacionales, principalmente de la coparticipación y de las transferencias automáticas. Dentro de los ingresos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo la principal fuente de financiamiento, lo que hace que la recaudación provincial permanezca estrechamente vinculada al nivel de actividad económica.

Del lado del gasto, la capacidad de ajuste continúa siendo limitada. Más del 84% del gasto primario provincial se concentra en tres grandes rubros: salarios del sector público, transferencias corrientes y prestaciones de seguridad social. Se trata de componentes de elevada rigidez presupuestaria, cuya reducción resulta compleja tanto desde el punto de vista político como operativo.

Esta configuración explica por qué una desaceleración económica o una caída de la recaudación impactan rápidamente sobre las finanzas provinciales. Cuando los ingresos disminuyen, el margen para compensar ese efecto mediante una reducción del gasto resulta acotado.

Aun así, el informe destaca que la situación patrimonial del conjunto de las provincias continúa siendo relativamente sólida. El stock consolidado de deuda representa el 91% de los ingresos trimestrales, por encima del 83% registrado un año antes, aunque todavía en niveles considerados manejables en términos históricos.

Sin embargo, esa lectura general esconde profundas diferencias entre jurisdicciones. Mientras algunas provincias prácticamente no registran endeudamiento relevante, otras presentan niveles considerablemente elevados. Buenos Aires lidera el ranking con una deuda equivalente al 172% de sus ingresos trimestrales, seguida por La Rioja, con un 149%. Esta heterogeneidad condiciona de manera muy distinta la capacidad financiera de cada administración para afrontar inversiones o responder ante eventuales shocks económicos.

Otro elemento de atención es la composición del pasivo. Cerca del 80% de la deuda provincial permanece denominada en moneda extranjera, lo que incrementa la exposición frente a eventuales movimientos del tipo de cambio o restricciones en el acceso a divisas.

El calendario financiero también comienza a cobrar relevancia. Durante el resto de 2026 las provincias deberán afrontar vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera por aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras que en 2027 los compromisos ascenderán hasta los 2.800 millones. Este escenario obliga a monitorear tanto la evolución del riesgo país como las condiciones de acceso al financiamiento internacional, especialmente para aquellas jurisdicciones con mayores necesidades de refinanciación.

El informe deja una enseñanza central para el debate federal argentino. La sostenibilidad fiscal ya no depende únicamente del equilibrio presupuestario. También exige avanzar en una mayor diversificación de las fuentes de ingresos provinciales, fortalecer la capacidad de generación de recursos propios, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las fuertes asimetrías entre jurisdicciones.

La consolidación de reglas fiscales previsibles, junto con una estrategia que permita disminuir la dependencia de la coparticipación y administrar prudentemente el endeudamiento en moneda extranjera, aparece como uno de los principales desafíos para fortalecer el federalismo fiscal y dotar a las provincias de mayor autonomía frente a los cambios del ciclo económico.

Informe Fiscal y Financiero Provincias y CABA by CristianMilciades