escándalo político Argentina

AdorniGate: 70% quiere su renuncia y el Gobierno queda en el centro del desgaste

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El escándalo que envuelve a Manuel Adorni dejó de ser un ruido pasajero para convertirse en un problema político de primera magnitud. Los datos no dejan margen para la interpretación: la crisis ya no es mediática ni coyuntural, es estructural y golpea directamente en la credibilidad del Gobierno.

El relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos, expone una fotografía contundente: 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva . La diferencia no es sólo amplia: es políticamente crítica.

Pero el dato más relevante no está en la foto, sino en la película. Hace un año, el vocero presidencial se movía en niveles de rechazo cercanos al 50%. Hoy ese número se disparó hasta el 66%, mientras la imagen positiva se derrumbó desde niveles superiores al 40% a poco más del 21%. No hay zona gris: el desgaste se consolidó y se volvió irreversible en el corto plazo.

A diferencia de otras crisis, el caso logró una penetración social casi total. El 72% de los consultados afirma haber escuchado “bastante” o “algo” sobre las denuncias, mientras que apenas un 5,8% dice no saber nada . Es decir, el tema dejó de ser agenda mediática para transformarse en conversación pública.

En ese contexto, emerge un dato que enciende todas las alarmas: el 77,9% de la sociedad cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. No se trata de un reclamo partidario, sino de un consenso transversal sobre la necesidad de transparencia.

El punto de máxima tensión aparece en la pregunta más directa: la continuidad en el cargo. Allí, el resultado es lapidario: el 70,4% considera que Adorni debería renunciar. No es una mayoría ajustada ni circunstancial, sino un rechazo amplio que erosiona la sustentabilidad política del vocero.

Pero el golpe más profundo no está en la figura individual, sino en la percepción sobre la respuesta oficial. El 70,2% cree que la defensa del Gobierno fue una estrategia para “tapar” o dilatar el tema, mientras que sólo el 15,3% la considera transparente . En términos políticos, esto implica un salto cualitativo: la crisis deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre la credibilidad del Gobierno.

Incluso cuando se consulta qué debería haberse hecho, la sociedad marca un camino claro: mostrar pruebas (31,6%), dar un paso al costado (17,5%) o responder sin confrontar (15,9%) . La lógica social es consistente: explicar o apartarse. Todo lo demás profundiza el daño.

En este escenario, el #AdorniGate se transforma en algo más que un episodio incómodo. Es un test de gobernabilidad comunicacional. Y los datos sugieren que, lejos de cerrarse, la crisis abre una grieta más profunda: la de la confianza.

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Caso $Libra: la oposición reactiva la ofensiva en el Congreso y apunta al rol de Milei y al fiscal Taiano

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La causa conocida como Criptogate volvió a escalar en el escenario político nacional. Tras la aparición de nuevas pruebas sobre comunicaciones entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el operador cripto Mauricio Novelli, diputados de la oposición lanzaron una contraofensiva institucional para reactivar la investigación del caso $LIBRA, el token promocionado por el mandatario el 14 de febrero de 2025.

El movimiento se expresó en una conferencia de prensa de legisladores que integraron la Comisión Investigadora Libra, donde se anunció una batería de medidas: desde denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano por posible “encubrimiento”, hasta pedidos formales de informes al Poder Ejecutivo y solicitudes de interpelación en el Congreso.

El episodio reabre una disputa que había quedado en segundo plano en el debate político. Ahora, con nuevos elementos sobre llamadas telefónicas previas y posteriores al tuit presidencial que promocionó la criptomoneda, la oposición busca reinstalar una pregunta incómoda para el Gobierno: si el presidente estaba efectivamente al margen del proyecto o si tuvo un rol activo en la operatoria.

Las llamadas que vuelven a poner el foco en el Presidente

El eje de la ofensiva política se concentra en los registros telefónicos que vinculan al jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia con Mauricio Novelli, señalado por los legisladores como uno de los articuladores de la operatoria del token.

El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) sostuvo que esos registros contradicen la versión oficial que el Presidente había planteado cuando estalló el escándalo.

Según explicó, las comunicaciones se produjeron en las horas previas y posteriores al mensaje publicado por Milei en la red social X, donde el mandatario promocionó el token como una iniciativa vinculada a inversión para pymes.

Desde la oposición interpretan que esa secuencia abre interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tenía el Presidente sobre el proyecto.

En paralelo, el ex presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), calificó el caso como una “estafa y un hecho de corrupción millonario” que, según su interpretación, implicó una utilización indebida de la investidura presidencial.

Ferraro sostuvo además que el Presidente habría sido “partícipe necesario” de la operatoria, una afirmación que eleva el tono político del conflicto y anticipa un escenario de mayor confrontación parlamentaria.

La ofensiva institucional: denuncias y pedidos de interpelación

El movimiento opositor no se limita al plano discursivo. Los legisladores anunciaron una serie de acciones institucionales que buscan presionar sobre distintos frentes.

La primera apunta al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación judicial del caso. Los diputados resolvieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedir formalmente su apartamiento de la causa.

El argumento central es que habría existido “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento de los hechos denunciados.

La decisión se produce en un momento particularmente sensible para la causa: el fiscal dejó sin efecto la citación como testigo de la abogada y periodista Natalia Volosin, quien había difundido documentos y datos que colocaron bajo presión a la investigación.

En paralelo, los legisladores anunciaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se esclarezca el contenido de las conversaciones entre funcionarios y Mauricio Novelli.

El requerimiento incluye a: Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, y Demian Reidel,

La oposición también anticipó que solicitará la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de Karina Milei en el Congreso.

Se trata de un movimiento con fuerte carga política: la interpelación parlamentaria funciona como uno de los instrumentos institucionales más visibles de control legislativo sobre el Ejecutivo.

El oficialismo se repliega y apuesta al silencio

Mientras la oposición intenta reinstalar el tema en la agenda pública, el Gobierno mantiene una estrategia de silencio político.

En la Casa Rosada no hubo respuestas directas sobre las nuevas revelaciones. Funcionarios consultados se limitaron a reiterar la postura expresada por el jefe de Gabinete: la investigación debe seguir su curso en la Justicia.

Al mismo tiempo, desde el entorno oficialista transmiten una señal de tranquilidad política.

Según esa posición, no aparecerá información que comprometa al Presidente en la causa.

La lógica del Gobierno parece clara: evitar ampliar el conflicto político y dejar que el caso se tramite en el plano judicial. No hubo, sin embargo, señales adicionales de respaldo institucional al mandatario más allá de esa postura.

En paralelo, el oficialismo intenta desplazar el foco del debate hacia la agenda económica. En su reciente disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente volvió a centrarse en el programa económico y reiteró que su plan apunta a erradicar la inflación.

El Congreso vuelve a ser el escenario de la disputa

El movimiento opositor también tiene una dimensión parlamentaria más amplia.

Los legisladores que integraron la comisión investigadora anticiparon que evaluarán una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para continuar delimitando responsabilidades políticas.

Entre las iniciativas en discusión aparece nuevamente la posibilidad de impulsar un juicio político contra el Presidente.

Sin embargo, el propio Juan Marino reconoció que la oposición no cuenta con la mayoría necesaria para iniciar el proceso. El mecanismo exige la mitad más uno de los votos para avanzar en Diputados y una mayoría agravada de dos tercios para prosperar.

Ese dato marca uno de los límites estructurales de la ofensiva política: la oposición puede abrir debates y presionar institucionalmente, pero enfrenta dificultades para transformar esa presión en decisiones formales del Congreso.

Periodismo, investigación y tensión institucional

El caso también reactivó un frente adicional: la relación entre el Gobierno y el periodismo.

Los diputados opositores repudiaron los cuestionamientos del Presidente hacia los periodistas que investigaron el tema y anunciaron que pedirán la convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso.

La intención es que los periodistas que publicaron las investigaciones puedan exponer sus hallazgos en el ámbito parlamentario.

De esta manera, la disputa deja de ser exclusivamente judicial o política y se proyecta también sobre la relación entre el poder político, el sistema institucional y el trabajo periodístico.

Un conflicto que vuelve a abrir interrogantes

El caso $LIBRA vuelve a instalar una tensión que parecía haberse disipado: hasta dónde llega la responsabilidad política del Presidente en una operación que combinó criptomonedas, redes sociales y promoción pública de inversiones.

La oposición intenta reactivar el expediente parlamentario y presionar sobre la investigación judicial.

El Gobierno, en cambio, apuesta a que la causa no avance hacia pruebas que comprometan al jefe de Estado.

Entre ambas estrategias se mueve un escenario todavía abierto. En las próximas semanas habrá que observar si el Congreso logra reactivar su capacidad investigativa, si la Justicia modifica el rumbo de la causa y, sobre todo, si aparecen nuevos elementos que alteren el equilibrio político que hasta ahora mantiene contenido el conflicto.

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Costo marginal

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“El ajuste lo paga la política, jaja”. El posteo en redes sociales de Victoria Villarruel, la titular del Senado, se burla del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el paseo con su esposa en Nueva York en medio de una gira oficial. 

La ironía del comentario no pasó inadvertida: en pocas palabras, la Vicepresidenta condensó una crítica implícita al relato de austeridad del Gobierno y dejó expuestas, una vez más, las fisuras internas que atraviesan al oficialismo mientras se discute hasta dónde llega -y a quién alcanza realmente- el ajuste.

Argentina Week no será recordada por la lluvia de inversiones generada, sino por el affaire Adorni, que fue a “deslomarse” a Nueva York en compañía de su esposa, a quien subió al avión presidencial contradiciendo el decreto que él mismo anunció hace unas pocas semanas, que limitaba el número de funcionarios en los viajes y excluía a familiares y amigos.

El paseo puede costarle caro al jefe de Gabinete y hombre de confianza de Karina y Javier Milei. No por los reproches que los hermanos puedan hacerle -salieron a “bancarlo” en forma instantánea-, sino porque el desliz daña el contrato tácito con la sociedad: los libertarios prometían “ser mejores” y el paseo por la Gran Manzana, pagado “con la del contribuyente” es una réplica del deterioro de la casta a la que se vino a combatir. 

El Presidente ensayó una suerte de defensa de Adorni y su esposa con un argumento economicista que no alcanza a cubrir -ni a entender- la magnitud del problema: “Costo marginal”, dijo Milei y sus acólitos salieron a repetirlo como un mantra. ¿Qué es el costo marginal? Como el avión debía volar a Estados Unidos y sobraba un asiento, la esposa de Adorni no significó un gasto extra. Mismo argumento podrían ahora utilizar kirchneristas residuales y futuros inquilinos de la Casa Rosada. Incluso, si el avión de todos modos iba a ir a Río Gallegos, no había nada de malo en llevar los diarios a Cristina. Era un costo marginal irreprochable según la lógica presidencial. 

Sin embargo, lo está en discusión no es una fórmula matemática, sino la ética de un funcionario que hace lo contrario a lo que pregona desde el atril. La estatura moral se derrumba por eso, no por un puñado de dólares extra. 

La fractura expone a Adorni con gustos que no condicen con su nivel de ingresos. Viajes en avión privado pagados por el Estado, como confesó su amigo a quien visitó en Punta del Este y gastos de tarjeta de crédito que no coinciden con su sueldo. Un repaso de movimientos de consumo de acceso público muestra un dato difícil de pasar por alto: tras la victoria legislativa de fines de octubre de 2025, los gastos con tarjetas atribuidas a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, se dispararon.

Solo con una tarjeta del Banco Galicia, Adorni habría registrado consumos cercanos a los 30 millones de pesos frente a ingresos por unos 10,5 millones. En paralelo, la tarjeta a nombre de Angeletti suma gastos por más de 65 millones en los últimos meses, sin ingresos conocidos en ese período. En total, entre ambos plásticos, los consumos entre agosto y enero rondarían los 115 millones de pesos contra ingresos declarados cercanos a los 21 millones. Un contraste que, al menos, merece explicaciones que no sean ecuaciones matemáticas ni evasivas. Fin. 

En definitiva, el affaire Adorni rompe la conexión que le quedaba intacta al Gobierno: la promesa de borrar a la casta del poder. Sin ese acuerdo electoral, la alianza libertaria no tiene muchos más éxitos que mostrar, por más que el relato se esmere en contar éxitos donde no los hay. Incluso, el presidente tiene más problemas para explicar su vínculo con el escándalo $Libra y aparecen contactos fluidos entre él y los promotores, junto a su hermana, quien tiene su propio escándalo con la Andis. Manchas que quitan lo impoluto. 

La inflación lejos está de ser contenida y ya lleva diez meses consecutivos en alza, con un acumulado de 280 por ciento desde que asumió en diciembre de 2023. En febrero marcó 2,9 por ciento, muy lejos de las promesas optimistas de llegar a cero en el segundo semestre. Pese a la nula emisión y el inédito ajuste, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la ausencia de éxitos en la contención de los precios, en que la economía atraviesa “un proceso de corrección de precios relativos” tras “dos décadas de acumular distorsiones”. Para agosto, septiembre u octubre, insistió, la inflación será cero. 

El impacto de los precios se visualiza en la caída del consumo.En febrero, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas pymes cayeron 5,6% interanual, con un acumulado del 5,2% en lo que va del año.
El informe de la Came es contundente: “El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares. La demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El relato se agranda en la voz del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien rechazó que el modelo destruya empleo y, por el contrario, aseguró que en dos años se crearon 400 mil empleos. Los propios números oficiales lo desmienten, pero para el siempre presente funcionario, el dato no mata relato. Sin embargo, hay 200.941 empleos registrados menos desde que asumió Javier Milei. En paralelo, hay un fuerte incremento de la informalidad y el empleo asalariado representa apenas el 71,9 por ciento de los ocupados totales, cuando hace un año eran de 74,8%. El boom del Delivery o chofer de App. Los únicos sectores que están generando empleo son los vinculados a Vaca Muerta y las finanzas. 

Sturzenegger tiene a la yerba como un fetiche. En Argentina Week aseguró que la eliminación de la autoridad regulatoria del sector y de su capacidad para fijar precios redujo a la mitad el valor del producto para el consumidor -en realidad, aumentó por debajo de la inflación-, al tiempo que impulsó un aumento del 29% en la producción durante 2024 y llevó a casi 58 millones de kilos las exportaciones en 2025, un récord histórico.

En esa mezcolanza, Sturzenegger omite que la producción está hundida en la miseria y que la propia industria atraviesa momentos delicados.

El semáforo de Coninagro revela un mapa muy distinto a lo que exhibe Sturzenegger. Son ocho las economías que están en rojo, dos más que el mes pasado y apenas cuatro en verde y siete en amarillo. La yerba mate está en rojo desde la desregulación del mercado en diciembre de 2023. Se desplomaron los precios de la materia prima y, aunque la industria recuperó presencia en el mercado interno y bate récord de exportaciones, también atraviesa una crisis por encarecimiento de costos operativos, como energía y combustible y una menor rentabilidad. El argumento tiene números concretos: en conjunto, las principales industrias yerbateras deben a los bancos 230 mil millones de pesos, el equivalente al 83 por ciento de la canchada en stock.

Las consecuencias del “éxito” de Sturzenegger se sienten en la provincia. No sólo en la yerba mate, sino en el té y el sector forestal, con caída de exportaciones y rentabilidad por el suelo. La Provincia intenta contener a los distintos sectores con las pocas herramientas que tiene. La yerba es la mayor preocupación por el volumen de productores afectados, aunque son pocas las alternativas para mejorar su situación. El precio de referencia, que sugirió Misiones al Instituto Nacional de la Yerba Mate, tuvo una recepción negativa en la industria. El principal argumento fue que se trata de un mercado privado en el que cada empresa tiene estructuras de costos diferentes, por lo que consideran difícil establecer un valor único.

En la reunión con la industria que se hizo esta semana, el Gobierno insistió en que contar con un valor orientativo podría ayudar a ordenar el mercado y a sostener el sistema productivo frente a las distorsiones actuales.

Además, los funcionarios señalaron que un precio de referencia permitiría mejorar las condiciones de financiamiento del sector, ya que hoy las empresas enfrentan dificultades para obtener crédito mediante warrants debido a la ausencia de valores de mercado claros para la yerba mate.

En ese marco también se mencionó la implementación de herramientas de monitoreo y trazabilidad como el CeTYM, impulsado tras la desregulación del sector, con el objetivo de seguir la evolución de la cadena yerbatera.

La Provincia sabe que las herramientas con las que cuenta son pocas. Pero el gobernador Hugo Passalacqua se muestra decidido a utilizarlas a fondo para sostener el equilibrio interno. Promoción para el turismo en Perú, obras públicas en la medida que se pueda y austeridad al máximo, como la prohibición de compras de nuevos vehículos para el Estado, forman parte de la misma preocupación: sostener el empleo.

La realidad, esa que en Buenos Aires se esmeran en combatir, marca que Misiones registró en diciembre de 2025 unos 98.721 trabajadores en el sector privado formal, con un descenso del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de unos 403 empleos.

De este modo, se observa una profundización en el deterioro del mercado de trabajo misionero en este segmento, ya que de los doce meses del año solo creció en tres (enero con +0,2%, abril con +0,5% y mayo con +0,2%), en tanto que cayó en los otros nueve meses, con descensos consecutivos entre junio y  diciembre. El saldo del año en Misiones fue negativo en 4.675 empleos.

Desde que asumió Milei, en tanto, la caída es de 10.152 empleos (-9,3% vs. noviembre de 2023). En este caso, la provincia  presenta la sexta caída más fuerte del país. A la par, otro agravante de suma a la situación: el volumen actual de empleo es el más bajo desde enero de 2021, momento donde el trabajo estaba transitando una recuperación  luego de los impactos de la pandemia. 

Empleo privado registrado en el NEA – Diciembre

Provincia 2024 2025 Variación
Misiones 99,6 95 -4,7%
Corrientes 80,1 78,1 -4,3%
Chaco 73,7 70,5 -4,3%
Formosa 22,5 22,1 -1,8%

Misiones: el empleo privado registrado cerró diciembre con 95 mil puestos, lo que implica una caída de 4,7% interanual. El nivel representa 10.152 empleos menos (-9,3%) respecto de noviembre de 2023.

En el ámbito nacional el empleo privado formal cayó 0,2% mensual  en diciembre, perdiendo 12.399 asalariados privados en todo el país respecto al mes  anterior. Este descenso se explica principalmente por las caídas en sectores como la Minería (-1,0%), Hoteles y Restaurantes (-0,6%) e Industria Manufacturera (-0,5%), entre otros. 

A nivel acumulado de la era Milei (diciembre 2025 vs. noviembre de 2023,  desestacionalizado) son 200.941 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,2%).

Raro el contraste. Sturzenegger jura que se crearon 200 mil empleos por año desde que llegó Milei. La realidad, esa que se empecina en decir otra cosa, marca que son pocos los sectores con saldo positivo. La industria manufacturera argentina comenzó el año con una señal clara de enfriamiento. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en enero en apenas 53,6%, un nivel inferior al registrado en el mismo mes de 2025, cuando había alcanzado el 55%. El dato no solo confirma una caída interanual, sino que además representa el peor inicio de año para la actividad industrial desde la crisis económica de 2002.

El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva instalada en las fábricas está efectivamente en uso. Cuando ese porcentaje desciende, significa que las plantas industriales trabajan por debajo de su potencial, ya sea por caída de la demanda, aumento de importaciones o dificultades macroeconómicas que afectan la producción.

Los sectores más golpeados por la caída de la demanda y el cambio en el escenario comercial son la industria automotriz, que operó en enero con apenas el 24% de su capacidad instalada, mientras que los productos textiles utilizaron solo el 23,7%. La metalmecánica -excluyendo automotores- registró un nivel del 31,4%, el sector de caucho y plástico 36,1% y los productos minerales no metálicos 45,5%.

La caída más marcada se observa en la metalmecánica, donde el uso de capacidad instalada descendió desde el 38,1% de enero de 2025 hasta el 31,4% en el inicio de 2026. El informe vincula este retroceso principalmente con la fuerte reducción en la fabricación de maquinaria agrícola y de electrodomésticos, dos segmentos que experimentaron una contracción significativa de la producción.

La industria automotriz también refleja un deterioro considerable. Con apenas el 24% de su capacidad en uso, el sector registra una caída significativa frente al 34,8% del mismo mes del año pasado. La producción de vehículos retrocedió más de 30% interanual, lo que explica buena parte del menor dinamismo industrial.

Algo similar ocurre con el sector textil, que en enero utilizó apenas el 23,7% de su capacidad instalada. La caída responde principalmente a la disminución en la producción de tejidos y de hilados de algodón, que registraron retrocesos superiores al 30% interanual.

El 53,6% de utilización de capacidad instalada registrado en enero refleja que casi la mitad de la capacidad productiva del sector industrial permanece ociosa. Para encontrar un inicio de año con un nivel inferior hay que remontarse a enero de 2002, en pleno colapso económico de la Argentina, cuando la industria utilizaba apenas el 48,2% de su capacidad productiva.

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