¿Qué es el Mossad? La agencia bajo sospecha tras explosiones y muertes en Líbano

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Organismos han acusado a la agencia de inteligencia israelí, de estar detrás de miles de explosiones de dispositivos electrónicos en el Líbano, que causaron la muerte de varios miembros de Hezbolá. Conoce un poco más de ella.

En el Líbano en menos de dos días, miles de beepers y walkie-talkies explotaron simultáneamente por todo el país resultando en al menos 30 muertes y cerca de 3,000 heridos, según informaron las autoridades locales. Los dispositivos, utilizados por miembros de Hezbolá para la comunicación, han desatado una serie de acusaciones que apuntan hacia Israel y su agencia de inteligencia, el Mossad.

Aunque ninguna entidad ha asumido la responsabilidad de estos incidentes, tanto el gobierno libanés como Hezbolá han señalado a Israel como el principal sospechoso. El diario estadounidense The New York Times sugiere que la operación podría haber sido orquestada desde el gobierno israelí, que habría intervenido los dispositivos antes de su llegada al país, colocándoles explosivos.

La historia detrás de la agencia israelí

El Mossad, considerado la agencia de inteligencia exterior de Israel, tiene un historial que ha despertado temor y respeto a nivel internacional. Fundada en 1949 por David Ben-Gurión, su misión es reunir inteligencia y neutralizar amenazas contra el Estado de Israel. Según Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC, el Mossad tiene un mandato más amplio que el de la CIA o el MI6.

La misión del organismo israelí es “reunir inteligencia, frustrar amenazas y garantizar la seguridad del Estado de Israel y el pueblo judío”, se lee en su sitio web.

A lo largo de las décadas, el Mossad ha realizado operaciones notables, incluyendo la captura del exlíder nazi Adolf Eichmann en Argentina, que lo posicionó como una organización líder en espionaje e inteligencia. También tuvo autoría en la cacería de responsables del ataque a la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Con un presupuesto anual de aproximadamente 3,000 millones de dólares, se le considera la segunda agencia de espionaje más grande de Occidente.

Si bien el Mossad es el organismo de inteligencia de Israel más conocido internacionalmente, no es el único. El país también cuenta con el Shin Bet, servicio de seguridad interna; y con el Directorio de Inteligencia Militar (AMAN, por sus siglas en hebreo).

Algo que muestra el gran alcance en la labor del Mossad, es que también estuvo afectada a las relaciones internacionales. “Teníamos que buscar amigos donde fuera”, comentó en 2010 a la BBC Eliah Safriya, quien fue agente del Mossad y en la década de 1970 fue enviado encubiertamente a apoyar a los kurdos en su lucha por la independencia del Irak gobernado por Saddam Hussein.

Por otro lado, la agencia lucha con una imagen controvertida, por las acciones contra “terroristas” de otros países. Respecto a los asesinatos y sabotajes, en 2021 el exdirector del Mossad Yossi Cohen admitió que la agencia estuvo detrás del robo de miles de documentos sobre el programa nuclear iraní en 2018. Afirmando el actuar de la agencia, que muchas veces genera conflictos a Israel.

Cohen, además insinuó que sus agentes participaron en el ataque cibernético contra la planta nuclear de Natanz, en el centro de Irán, y en el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el científico más importante del programa nuclear del país persa, ocurrido en noviembre de 2020.

Por su parte, el gobierno iraní ha acusado a la agencia de estar detrás de la muerte del líder de Hamás Ismail Haniya, ocurrida el pasado 31 de julio al norte de la capital iraní, Teherán. Y aunque Israel no ha asumido la autoría de este hecho, sí reconoció que estaba detrás del atentado que acabó con la vida de Fouad Shukur, un alto comandante de Hezbolá, en Beirut (Líbano).

A pesar del silencio por parte de las autoridades israelíes, la atención se centra en el Mossad como el posible responsable de las explosiones que han sacudido a Líbano, complicando aún más la ya tensa situación en la región.

Fuente: BBC

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Echan a la jefa de la inteligencia de España por el espionaje contra Sánchez y líderes catalanes

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La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, Paz Esteban, fue destituida hoy tras el escándalo desatado en el país por un espionaje a los teléfonos celulares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios líderes independentistas catalanes, entre otros.

Esteban era la principal señalada tras destaparse el informe de un grupo de investigadores canadienses sobre el espionaje a más de 60 políticos independentistas, por el que la funcionaria debió comparecer ante el Congreso, en una reunión que se celebró a puerta cerrada y en la que reconoció la participación del CNI en el hecho.

Por este caso, el independentismo catalán, clave para la estabilidad parlamentaria del Gobierno socialista de Sánchez, había exigido que se deslindaran responsabilidades, y Esteban se convierte en la primera víctima del escándalo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de la decisión en una rueda de prensa en la que también defendió “el gran prestigio internacional” de la inteligencia española por su lucha contra el extremismo y reivindicó la trayectoria de Esteban, sin explicar los motivos de su destitución.

“Puede haber fallos, en España y en todos los países del mundo. Por eso es tan importante que no bajemos nunca la guardia” dijo, e impulsó el reforzamiento del CNI y su modernización, informó la agencia de noticias AFP.

El CNI depende del ministerio de Robles, por lo que su intervención constituye un mensaje político claro para los que pedían también su dimisión, ya que la ministra sigue en su puesto con todo el apoyo de Sánchez, mientras el reemplazo de Esteban cae en una persona de su confianza, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.

La denuncia de espionaje a los líderes independentistas y el hallazgo posterior de los ataques a los teléfonos celulares de los miembros del Gobierno tensó como pocas veces en el actual parlamento la relación entre el Ejecutivo y sus socios catalanes, en especial Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), que exigió dimisiones al más alto nivel.

El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos celulares infectados entre 2017 y 2020 con un software israelí llamado Pegasus.

El escándalo también abrió una nueva grieta en la coalición de Gobierno.

El lunes de la semana pasada, el Gobierno presentó una denuncia por escuchas “ilegales” y “externas” contra el presidente y la ministra de Defensa a través del programa informático israelí, intromisión que permitió el robo de “gran cantidad de información”.

De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno ante la Justicia, las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono celular de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.

Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabites en la segunda, mientras en el aparato de la titular de Defensa el robo fue menor, unos 9 megas.

El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.

La intención del Ejecutivo de que la salida de Esteban ponga fin a la crisis del caso Pegasus y funcione como cortafuegos de un incendio que sacudió la política española en las últimas semanas .

Sin embargo, la destitución de Esteban no aplacó a los independentistas catalanes.

“No es suficiente”, dijo a la prensa Patricia Plaja, portavoz del Gobierno catalán, que reclamó en días pasados la dimisión de Robles.

“Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia”, aseguró en Twitter Alberto Núñez Feijóo, líder del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP).

En paralelo, el presidente del ERC, Oriol Junqueras, dijo en una entrevista a la prensa española hoy: “Estamos aquí para ayudar si se asumen responsabilidades y no vuelve a ocurrir”.

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Otro escándalo de espionaje en Cambiemos: en CABA hubo uso ilegal de datos biométricos

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La Justicia porteña suspendió hoy el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

El sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.

Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño.

Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como ‘request’ que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico: cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.

En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).

También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.

La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).

Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).

La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).

En su resolución el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos “siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia”.

Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022”, aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.

En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente “surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos”, y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.

“A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial”, puntualizó Pomar.

Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera “no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial”.

“Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad”, manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D’Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, “devuelve la foto y los datos del DNI” pero no “ubicaciones ni nada de eso”. Además, señalaron que “el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020”.

La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2000, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.

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El Gobierno le pidió a Facebook datos sobre más de 2.500 usuarios en el primer semestre

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El Ejecutivo le requirió información sobre 2.595 usuarios durante los primeros seis meses de 2019, informó la red social, que observó un aumento generalizado de este tipo de solicitudes de datos personales a nivel mundial.

El gobierno argentino le requirió a Facebook información sobre 2.595 usuarios (cuentas) durante los primeros seis meses de 2019, informó la red social, que observó un aumento generalizado de este tipo de solicitudes de datos personales -en su gran mayoría por procesos legales- a nivel mundial.

Estas solicitudes -agrupadas en 1.750 pedidos- fueron respondidos en el 79 por ciento de los casos y significaron un leve aumento respecto del semestre anterior, cuando las autoridades locales habían pedido datos sobre 2.415 usuarios o cuentas.

Los datos surgen del Informe de Transparencia semestral publicado en la tarde del miércoles, en el que la empresa estadounidense dio a conocer información sobre lo actuado en distintos rubros.

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¿El Gobierno nacional espiaba desde Misiones al ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti?

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A la lista de 21 jueces y juezas federales “espiados” a través del sistema de registros de entradas y salidas del país de la Dirección Nacional de Migraciones se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. Sus movimientos habrían sido monitoreados de manera ilegal en dos ocasiones cuando era presidente de la Corte Suprema, según detectó el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que está a cargo de la investigación sobre presunto espionaje ilegal desde varios organismos del Estado. Ahora el juez también envió oficios para establecer si el mismo tipo de rastreo de información personal se hizo respecto de jueces y juezas del resto del país, ministros del Poder Ejecutivo, gobernadores y ministros provinciales, y figuras de la oposición al gobierno. Se trata de determinar los alcances de posibles operaciones de inteligencia ilegal , respecto de las cuales no está claro si existe una centralización o son maniobras variadas con conexiones sueltas con el Gobierno actual, durante el cual proliferaron los aprietes y carpetazos (o intentos de) a miembros del Poder Judicial.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJA) expresa su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces, y que se encuentra en plena etapa de investigación en el fuero federal. En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita incluso con algún grado de sistematicidad”, dice un comunicado que difundió la entidad que representa a buena parte del Poder Judicial. La AMJA advirtió que todas son conductas que violan el derecho a la intimidad y expresó solidaridad con quien serían víctimas de las maniobras.

Acerca de Lorenzetti, lo que el juzgado obtuvo es la confirmación de que con un usuario de la propia Dirección de Migraciones, pero en su terminal de Misiones, se realizaron consultas sobre entradas y salidas el 18 de febrero y el 14 de abril de 2017. Todavía Lorenzetti era presidente de la Corte, y paradójicamente alentaba a los jueces de Comodoro Py a avanzar contra los ex funcionarios del kirchnerismo en causas de corrupción. Tuvo a su cargo la oficina de escuchas que le dio por decreto al tribunal el gobierno de Mauricio Macri, y que encabezó otro de los posibles espiados por sus viajes, Martín Irurzun. La información sobre otro supremo, Juan Carlos Maqueda, vía Migraciones, fue gestionada por la misma época, el 2 de marzo de ese año. Una versión señalaba ayer también que sobre los hijos de Lorenzetti existió el mismo tipo de consulta. Siempre cerca del supremo que lideró la Corte por once años –hasta que un golpe interno lo destituyó el año pasado—suelen relacionar este tipo de episodios con el ala de Elisa Carrió, su eterna detractora, quien le formuló varios pedidos de juicio político que no avanzaron.

La reacción de la Asociación de Magistrados es novedosa y peculiar. Si se la compara con su postura en los años del macrismo, la institución no había hecho frente a causas armadas contra algunos de los jueces que incluso ahora aparecen en la lista de posibles afectados, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Ana María Figueroa. En el caso de Casanello, fue un expediente trucho basado en testigos falsos con el fin de quitarle la causa por lavado contra Lázaro Báez, donde el gobierno pretendía que imputara a Cristina Fernández de Kirchner mientras él decía que no había motivos. Los casos de Rafecas y Figueroa fueron intentos de acusación en el Consejo de la Magistratura ligados a lo mismo: el primero decía que no había delito en la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum, y la jueza se opuso a su reapertura.

Lo que hasta ahora detectó el juzgado de Canicoba Corral es que sobre 22 jueces, a través de diferentes usuarios, y dentro de los últimos dos años, se hicieron consultas sobre movimientos migratorios que no estarían motivadas por ninguna causa judicial, actuación administrativa, protocolo ni expediente de ninguna índole. Por lo tanto, sería una modalidad de espionaje para obtener información sobre determinados jueces y juezas. Los organismos desde donde se tramitaron esos datos privados son AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el propio Poder Judicial. Hasta ahora, como informó este diario, ninguno de ellos justificó esas filtraciones . Desde algunos de los organismos, como el Ministerio de Seguridad, se comunicaron con los espiados desde sus dependencias y argumentaron que el usuario fue utilizado por alguien que no es su titular.

En el caso del camarista Mariano Llorens, por ejemplo, se rastrearon sus datos con la clave de Carlos Manfroni, quien habría alegado estar de licencia en el momento de la solicitud, en agosto de 2018. Lo mismo le dijeron al juzgado. Respecto de Figueroa, la cartera de Patricia Bullrich dice que es un homónimo, pero el juzgado cree que igual pudieron estar espiándola a ella. La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó un comunicado, análogo a lo que presentó ante el juez, donde alegó que pueden investigar como parte de sus reportes de operaciones o informes de inteligencias y que es información reservada, que tampoco piensan darle a Canicoba Corral porque es uno de sus investigados. El juez se excusó en ese tramo de la causa, que quedó a cargo de Servini. “La UIF tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las misma”, dice el texto. Y advierte que la información sobre la causa por posible espionaje es parte de “operaciones montadas en su contar precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados”.

La Procuradoría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación sobre si se cometieron irregularidades dentro de las reparticiones que obtuvieron estos datos de Migraciones. Un tema es que si, como ya se afirmó, alguien hizo un uso indebido de una clave de acceso, o la clave fue usada por alguien que no es el titular, se debía abrir un sumario administrativo. El titular de esta Procuradoría, Sergio Rodríguez, pidió copia del expediente para avanzar en la investigación.

Surge la coincidencia de que muchos de los jueces de la lista que tiene el Canicoba Corral forman parte del club de los cuestionados o mirados con desconfianza por el gobierno de Mauricio Macri. Los viajes son datos que pueden dar cuenta de si un juez o jueza viaja mucho, si sus viajes son acordes a sus ingresos, si pidió licencia para irse, entre otras cosas. La jueza Figueroa, por ejemplo, señala lo llamativo de que sus datos de Migraciones habrían sido rastreados el 12 de enero de 2018, poco antes de que la citara el Consejo de la Magistratura y que La Nación publicara que era la jueza más cuestionada por el Gobierno. “Han utilizado técnicas para disciplinar a la judicatura, que es un poder independiente; es inconstitucional lo que están haciendo. Intentaron mantenernos a algunos en vilo durante tres años. En mi caso el Presidente me cuestionó públicamente con nombre y apellido porque no le agradó mi voto sobre la denuncia de Nisman y felicitó a los dos jueces que votaron por reabrir su denuncia. Todo es gravísimo, y el espionaje ilegal es la máxima expresión. Si se confirma que quisieron espiarme seguramente me constituiré en querellante”, le dijo a Página/12.

En Comodoro Py, donde aparecieron varias de las y los jueces/zas víctimas, no todo el mundo le da la misma entidad a estos hallazgos. Algunos creen que es un escándalo plagado de violaciones a la intimidad encuadrado en una persecución de los últimos años; otros ven los rastros de una gran interna en la Agencia Federal de Inteligencia; otros creen que cierto sector judicial también intenta aprovechar la ola para caer bien parado, anche victimizado, después de una larga temporada de tropelías judiciales.  



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