El Gobierno de Misiones llevó adelante una serie de medidas para endurecer su lucha contra la evasión y elusión de las cargas de soja que llegan en camiones, provenientes de otras provincias, y tienen como destino el contrabando hacia Brasil, donde se ahorran de pagar el 33% del valor en dólares que son las retenciones.
En los últimos años, empresarios de varias provincias como Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, han montado un mega negocio ilícito con algunos empresarios misioneros para usar nombres de terceros como supuestos compradores, hacer llegar el producto hasta Misiones y desde ahí hasta la costa del río Uruguay donde la cruzan en barcazas hacia el Brasil.
Llama la atención que ninguna provincia detecte o frene los cargamentos, que transitan miles de kilómetros antes de llegar a la tierra colorada, y sea sola Misiones la única que lleva adelante medidas para detener este delito.
Actualmente la tonelada tiene un precio internacional cercano a los 600 dólares, con lo cual, los contrabandistas, se ahorran nada menos que 200 dólares de retenciones por cada tonelada vendida en Brasil.
Cada camión puede transportar 30 toneladas, pero algunos traen 40 o hasta 50 toneladas, con lo cual, una sola carga a 600 dólares significa una ganancia de entre 18.000 y 30.000 dólares. Si lo vendieran en formal legal por los puertos deberían pagar 33% de retenciones.
Los controles de la Agencia Tributaria de Misiones en las rutas 12 y 14 han hecho un gran esfuerzo, detectando miles de cargas en los últimos años, pero los evasores han ido encontrando vías alternativas, falsificando documentación usando nombre de terceros, armando empresas fantasmas como fachadas para “legalizar” la compra de granos, pero siempre con el mismo objetivo de cruzarla al vecino país.
También han encontrado ingresos alternativos, por caminos de tierra y en horas de la madrugada. La Policía de Misiones también ha frenado otros cientos de cargas.
La evasión, la elusión y el contrabando son delitos que abren rutas y vías de ingreso para otros delincuentes y otro tipo de sustancias como la droga.
Los especialistas en el crimen mundial han comprobado que muchos sujetos que inician en el delito evadiendo o contrabandeando luego son tentados por el mundo del narcotráfico para usar sus técnicas y sus rutas, apropiándose luego de las mismas, para la droga, introduciendo riesgos y las consecuencias mucho más elevados en cuanto a la paz social, la salud y la seguridad de los habitantes de la región.
Esa es la principal preocupación del Gobierno de Misiones y es el motivo por el cual ha iniciado una profunda investigación para detectar quiénes son los empresarios de Misiones y de otras provincias que se han unido para llevar adelante estas maniobras.
Ya se cuenta con nombres y direcciones de varios de ellos y el cuerpo legal del Estado se encuentra preparando las pruebas para realizar una contundente denuncia civil y penal por el daño y las pérdidas que este delito ocasiona, entre las que se pueden mencionar: evasión y elusión de impuestos, asociación ilícita, sobornos, daños materiales al romper las rutas misioneras con camiones cargados por encima de la capacidad de toneladas, los riesgos que representan para la seguridad de la Policía y los vecinos de la costa del río Uruguay, entre otros.
Vialidad, Rentas y la Policía han colocado, en los últimos días, nuevos puestos de control con cámaras de seguridad y personal presente las 24 horas en las rutas internas de la Provincia de Misiones para captar los camiones que hayan cruzado los controles en el ingreso a la provincia.
También hay cuerpos de vigilancia en la costa del Río Uruguay, donde se trabaja con la Prefectura que opera bajo indicaciones de la justicia federal.
En el aspecto administrativo se han llevado adelante dos medidas concretas en las últimas semanas por parte de la ATM: la exigencia del formulario F150 que con el cual se busca tener una trazabilidad de la carga con datos del origen, transporte, propietario y finalidad; y la aplicación de un tratamiento impositivo diferencial sobre el producto.
Dicha medida no afecta a las demás oleaginosas, cuyo tratamiento tributario continuará siendo el vigente ni tendrá impacto económico en la canasta básica alimentaria de los ciudadanos ni en los insumos necesarios para la producción local ya que no implica una suba de la carga impositiva de ninguna actividad comercial, productiva y turística.
Se llegó a esta decisión luego corroborar permanentes irregularidades, tanto en la documentación vinculada al transporte de la mercadería como en la registración y demás deberes tributarios de los que se declaran propietarios, haciendo engorrosa la determinación de las obligaciones fiscales y el control de la regularidad de la actividad. Esta circunstancia atenta contra toda la actividad económica de la Provincia y somete a una competencia desleal a los contribuyentes misioneros que se inscriben debidamente y tributan en tiempo y forma cumpliendo con las normativas vigentes.
Por eso la Provincia anticipó que continuará concentrando esfuerzos para profundizar el contralor y encarar modificaciones a la normativa reglamentaria que posibiliten controlar con más eficiencia la evasión y elusión fiscal existente en el sector, brindando mayor seguridad y garantizando la competencia leal en los intercambios comerciales que se realicen en el territorio.
