Financiamiento Productivo

CAME advierte por la crisis de las economías regionales y exige respuestas urgentes al Gobierno nacional

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encendió una fuerte señal de alarma sobre la situación que atraviesan las economías regionales y reclamó al Gobierno nacional la implementación de políticas públicas diferenciales para evitar un mayor deterioro productivo, laboral y social en el interior del país.

A través de un memo institucional, la entidad sostuvo que las economías regionales representan un componente crítico del entramado productivo argentino, pero enfrentan una combinación de factores que están erosionando su rentabilidad, competitividad y capacidad de sostener empleo genuino en las provincias.

Según CAME, estas actividades abarcan el 63 por ciento de las explotaciones agropecuarias nacionales, generan alrededor del 70 por ciento de la mano de obra rural y exportan unos 8.700 millones de dólares anuales, consolidado 2024. La entidad remarcó que, a diferencia de los grandes complejos agroexportadores de la Pampa Húmeda, las economías regionales tienen una fuerte base MiPyME, alto uso de mano de obra intensiva y un fuerte impacto territorial en arraigo, empleo y valor agregado.

“Al campo no le está yendo bien”

Desde la entidad empresaria rechazaron la idea generalizada de que “al campo le está yendo bien” y remarcaron que no todas las actividades agropecuarias atraviesan la misma realidad.

“Las economías regionales tenemos más en común con la agricultura familiar que con las grandes agroexportadoras y los grandes acopiadores”, señala el documento, que reclama un marco legal propio y políticas específicas para revertir restricciones estructurales que vienen deteriorando la actividad.

En ese sentido, CAME impulsa el Proyecto de Ley “Régimen de Promoción MiPyME de las Economías Regionales”, que plantea una vigencia de 15 años, presupuesto propio y la creación de un Fondo de Fomento específico para el sector.

Los principales problemas: rentabilidad, impuestos y dólar

El diagnóstico presentado por la entidad enumera una serie de factores que están asfixiando al sector.

Falta de rentabilidad

Muchos productores no logran cubrir los costos de producción porque los precios de venta permanecen estancados o crecen por debajo de la inflación, mientras aumentan otros costos estructurales.

Presión tributaria

CAME calificó al sistema impositivo argentino como “distorsivo” en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal- y sostuvo que se transformó en un obstáculo directo para la competitividad.

Aunque reconocen algunos avances en la Ley de Modernización Laboral, consideran que siguen siendo insuficientes.

Tipo de cambio y competitividad

La entidad advirtió que un tipo de cambio bajo o atrasado desalienta exportaciones, abarata importaciones y encarece los productos argentinos frente a competidores internacionales.

“El costo argentino dificulta competir con productos importados que ingresan a menor costo”, ejemplificaron, mencionando casos como el tomate.

Otro de los ejes centrales del planteo es el alto costo laboral. CAME propone reducir cargas patronales mediante la actualización del Mínimo No Imponible y revisar los Convenios de Corresponsabilidad Gremial para que reflejen mejor la realidad de cada sector productivo.

También pidió extender beneficios energéticos. Si bien valoraron la reducción del IVA para regantes agroindustriales, reclamaron que el mismo tratamiento alcance al gas de uso productivo, clave en numerosas agroindustrias.

En paralelo, advirtieron sobre la dificultad de acceso al financiamiento por altas tasas, falta de períodos de gracia y exigencias bancarias restrictivas.

“Sin rentabilidad no existe capacidad de pago”, resume el documento.

La entidad también apuntó contra el deterioro de rutas, los altos costos logísticos y la necesidad de avanzar en obras estratégicas como la hidrovía, la mejora ferroviaria y la creación de terminales intermodales o puertos secos.

Además, sumó una advertencia sobre riesgos externos vinculados al conflicto en Medio Oriente, que ya impacta en el precio del gasoil, el transporte y los fertilizantes.

El aumento del precio internacional del gas impulsó una fuerte suba de la urea -que llegó hasta el 50 por ciento-, agravando aún más los costos de producción agropecuaria

Para CAME, la salida no pasa por medidas generales sino por una estrategia específica para las economías regionales, que permita sostener producción, empleo y arraigo en el interior del país.

El mensaje al Gobierno nacional es claro: sin rentabilidad, sin competitividad y sin financiamiento, el motor productivo de muchas provincias comienza a apagarse.

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Yerba: rige línea de descuento de cheques a tasa cero en Banco Macro para mejorar el precio de la hoja verde

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Desde este miércoles comenzó a regir la nueva línea de descuento de cheques sin interés en Banco Macro destinada al sector yerbatero, una herramienta impulsada por el Gobierno de Misiones para dar liquidez a productores, secaderos y molinos, en medio de la crisis que atraviesa la actividad tras la desregulación del mercado.

El esquema permitirá descontar cheques a 60 y 90 días a tasa cero, siempre que se respete un precio mínimo de 301 pesos por kilo de hoja verde y de 1.160 pesos por kilo de yerba mate canchada.

La medida apunta a sostener el valor de la materia prima y, al mismo tiempo, generar un incentivo financiero para que la industria y los secaderos paguen mejores precios a los productores, en un contexto marcado por fuertes reclamos del sector primario por la pérdida de rentabilidad.

Con esta herramienta, quienes cumplan con las condiciones establecidas podrán cobrar de contado valores emitidos a 60 y 90 días sin resignar parte del valor nominal del cheque, mejorando así su flujo de caja y evitando costos financieros en una etapa de fuerte tensión económica para la cadena yerbatera.

El gobernador Hugo Passalacqua había anticipado la implementación de esta línea de financiamiento como parte de un paquete de asistencia para el sector. La operatoria se financia con aportes del Gobierno provincial y forma parte de la estrategia oficial para amortiguar el impacto de la desregulación que dejó sin capacidad de fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Passalacqua también recordó que durante 2025 se inyectaron 13.128 millones de pesos al sector a través de casi 2.000 operaciones de descuento de cheques, una cifra que refleja la magnitud de la asistencia financiera destinada a sostener la actividad.

Además, adelantó que en los próximos días se pondrán en marcha nuevas herramientas financieras similares, que también exigirán como condición el cumplimiento de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

La iniciativa se suma a la estrategia provincial para recomponer ingresos en una actividad clave para la economía misionera, donde más de 11 mil productores dependen de la cadena yerbatera y donde la caída del precio de la materia prima impacta de manera directa sobre el consumo, el comercio local y la circulación de dinero en el interior de la provincia.

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La CNV reordena la información financiera y baja cargas regulatorias para emisoras

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó en una reforma estructural de su régimen informativo al modernizar el Título IV de las Normas (N.T. 2013 y modificatorias), con el objetivo de reducir costos, eliminar exigencias obsoletas y mejorar la calidad de la información disponible para los inversores. La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 1115/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta directamente al corazón operativo del mercado de capitales: la relación entre emisoras, regulador e inversores.

El cambio clave es concreto y operativo: menos carga informativa redundante, criterios unificados y plazos más previsibles para la presentación de estados contables y reportes financieros. En un contexto donde el acceso al financiamiento depende cada vez más del “timing”, la CNV busca acortar distancias entre la norma y la dinámica real del mercado.

Un nuevo equilibrio entre transparencia y eficiencia

La resolución introduce una modernización integral del régimen informativo aplicable a las emisoras, con un enfoque explícito en la simplificación regulatoria. Entre los ajustes más relevantes, se reduce a tres ejercicios la serie máxima de la Reseña Informativa, recortando exigencias históricas que ya no aportaban valor incremental a la toma de decisiones de inversión.

Además, se elimina el régimen específico de información sobre fianzas y avales que recaía sobre entidades financieras, al considerar que esa obligación duplicaba reportes ya cubiertos por el sistema de hechos relevantes. En términos prácticos, esto implica menos reportes formales, menor carga administrativa y una señal clara de racionalización normativa.

La norma también avanza en la unificación de criterios respecto de plazos y terminología para la presentación de estados contables, una demanda recurrente del sector privado. La traducción económica es directa: menor incertidumbre regulatoria, menos riesgo de incumplimientos formales y mayor previsibilidad operativa para las empresas que buscan financiarse en el mercado.

Antecedentes y marco institucional

La reforma no surge en el vacío. Se inscribe en un proceso más amplio de revisión normativa impulsado desde el Estado nacional, que incluye la obligación de identificar y derogar regulaciones obsoletas o innecesarias. En ese marco, la CNV alineó su agenda con los principios de simplificación administrativa y eficiencia regulatoria ya establecidos en normas previas.

Desde el punto de vista institucional, la resolución también dialoga con el espíritu de la Ley de Financiamiento Productivo, que buscó ampliar el acceso al mercado de capitales y modernizar sus instrumentos. La lectura política es clara: el regulador intenta actualizar su andamiaje normativo sin resignar estándares de transparencia, pero evitando que la regulación se convierta en una barrera de entrada.

Impacto económico: menos costos, más ventanas de financiamiento

El efecto económico más inmediato es la reducción de costos regulatorios para las emisoras, especialmente para aquellas de menor escala, que suelen enfrentar mayores dificultades para cumplir con esquemas informativos extensos y fragmentados. Al simplificar reportes y acotar exigencias redundantes, la CNV apunta a mejorar la relación costo-beneficio de cotizar o emitir valores negociables.

En términos de inversión, la medida busca mejorar la eficiencia de la información que llega al mercado: menos volumen irrelevante y mayor foco en datos realmente útiles para evaluar riesgos y oportunidades. Esto puede traducirse, en el mediano plazo, en una mejor asignación del ahorro y en mayor profundidad del mercado.

No se trata de una desregulación lisa y llana, sino de un ajuste fino: mantener estándares de transparencia, pero con procesos más ágiles que permitan a las empresas aprovechar oportunidades de financiamiento en contextos macroeconómicos volátiles.

Señales al mercado y al sistema financiero

La Resolución 1115/2026 envía una señal clara al mercado: la CNV busca armonizar regulación y competitividad, en línea con prácticas internacionales y con un enfoque más pragmático sobre la carga regulatoria. También refuerza una lógica de centralización técnica de criterios, al unificar interpretaciones y plazos que antes podían variar entre regímenes.

Desde una lectura política-institucional, la norma se ubica más cerca de la continuidad que del giro abrupto: profundiza una agenda de modernización ya iniciada, pero con un énfasis mayor en eficiencia y simplificación. Para el sistema financiero y las emisoras, el mensaje es de previsibilidad y reducción de fricciones, más que de cambios disruptivos.

Qué mirar hacia adelante

El impacto real de la reforma dependerá de su implementación práctica y de cómo las emisoras internalicen los nuevos criterios. En los próximos meses, el termómetro estará en la velocidad de los procesos de autorización, en la reducción efectiva de costos administrativos y en la capacidad del mercado para absorber información más clara y relevante. Allí se jugará si esta actualización normativa logra convertirse en una herramienta concreta para dinamizar el financiamiento productivo o queda limitada a un ajuste técnico.

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Misiones activó créditos a tasa 0% para 50 productores tras la tormenta en San Ignacio

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El Gobierno de Misiones puso en marcha una línea de créditos a tasa 0% para asistir a 50 productores afectados por la reciente tormenta en el departamento San Ignacio. La medida, ejecutada por el Ministerio del Agro y la Producción, financia la compra de plásticos para reconstruir invernaderos con tres meses de gracia y devolución en tres cuotas de $82.000. En un contexto de eventos climáticos cada vez más frecuentes, la decisión busca sostener la producción hortícola y evitar un quiebre en el abastecimiento local.

El esquema no sólo atiende una emergencia puntual. También funciona como señal política hacia el sector productivo: la provincia prioriza instrumentos financieros ágiles para proteger infraestructura crítica y sostener empleo rural.

Microcrédito inmediato y condiciones financieras blandas

La entrega se concretó el viernes 27 de febrero en el salón municipal de Corpus. Alcanzó a productores y productoras de Corpus, Gobernador Roca, Loreto, San Ignacio y Garuhapé. Cada beneficiario accedió a un plástico financiado bajo la línea “Créditos para Plásticos 2026”, diseñada para responder con rapidez ante contingencias climáticas.

Las condiciones establecen un período de gracia de tres meses, tasa de interés 0% y devolución en tres cuotas de $82.000. Para acceder, los productores debieron presentar DNI, RENSPA actualizado y no registrar deudas. El diseño combina requisitos administrativos básicos con acceso simplificado, lo que permite reducir tiempos en situaciones donde la reconstrucción inmediata resulta determinante.

El ministro Facundo López Sartori señaló que, frente a eventos climáticos que afectan a las chacras, el tiempo define la capacidad de recuperación. Por eso, explicó, se activaron herramientas financieras ágiles para restablecer infraestructura y permitir que cada familia vuelva a producir en el menor plazo posible.

Impacto en la horticultura bajo cubierta y en la economía regional

El plástico es un insumo estratégico en la horticultura bajo cubierta. Protege cultivos, estabiliza condiciones de producción y resguarda inversiones realizadas por familias rurales. Cuando una tormenta destruye esa cobertura, el riesgo no se limita a la estructura: se interrumpe la cadena productiva y se comprometen ingresos futuros.

En términos económicos, la línea de microcrédito apunta a evitar un efecto dominó sobre precios, oferta de alimentos frescos y empleo en economías locales. La subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, sostuvo que el financiamiento permite recuperar invernaderos sin comprometer la economía familiar y mantener el abastecimiento regional.

La asistencia no se circunscribe a un solo organismo. Durante la misma semana, otros municipios damnificados recibieron apoyo a través del Instituto de Macroeconomía Circular. La coordinación institucional amplía el alcance y refuerza la estrategia provincial de acompañamiento territorial ante emergencias productivas.

Señal política y gestión del riesgo climático

La intervención revela una lógica de gestión que combina crédito blando y presencia territorial. No se trata de subsidios directos, sino de financiamiento accesible con devolución, lo que preserva disciplina fiscal y compromiso productivo.

En un escenario donde los fenómenos climáticos intensifican su frecuencia, la política pública enfrenta un desafío estructural: diseñar instrumentos que permitan absorber shocks sin desarticular el entramado productivo. El caso de San Ignacio muestra una respuesta rápida y focalizada. La evolución de la campaña hortícola y la recurrencia de eventos extremos marcarán la profundidad de esa estrategia en los próximos meses.

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La CNV flexibiliza los fideicomisos inmobiliarios para impulsar el crédito hipotecario

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General 1105/2026, que modifica el marco regulatorio de los fideicomisos financieros vinculados al sector inmobiliario, con el objetivo de dotarlos de mayor flexibilidad operativa, reducir costos y acelerar el acceso al mercado de capitales. La norma, que entra en vigencia desde el 22 de enero de 2026, apunta a facilitar la estructuración de programas globales y a ampliar las herramientas para la transferencia de créditos hipotecarios, sin relajar los estándares de transparencia y protección al inversor.

Un ajuste regulatorio para dinamizar el financiamiento inmobiliario

La medida, publicada en el Boletín Oficial y dictada en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, introduce cambios clave en las Normas (N.T. 2013 y mod.) aplicables a los fideicomisos financieros inmobiliarios. En particular, la CNV incorpora el artículo 8° BIS en la Sección II del Capítulo VIII del Título V, habilitando la dispensa del requisito de identificación de los fiduciantes al momento de constituir Programas Globales de fideicomisos financieros, siempre que estos se destinen exclusivamente a fideicomisos inmobiliarios o tengan como activo subyacente hipotecas, hipotecas divisibles, letras hipotecarias, créditos hipotecarios y/o instrumentos asimilables.

Según los considerandos de la resolución, la experiencia recogida en el Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva para el Desarrollo Inmobiliario evidenció la necesidad de contar con esquemas normativos más dúctiles, capaces de adaptarse a la naturaleza de estos activos y a estructuras de emisión seriadas y recurrentes, donde la identidad de los fiduciantes puede variar en función de cada cartera incorporada al mercado.

La CNV subraya que esta flexibilización no implica una merma en los estándares de información y protección del público inversor, que continúan rigiéndose por las disposiciones generales vigentes, sino que busca un equilibrio entre la tutela del interés público y la promoción de instrumentos que fortalezcan tanto el mercado inmobiliario como el mercado de capitales.

Programas globales, créditos hipotecarios y menor costo de estructuración

Uno de los ejes centrales de la Resolución General 1105/2026 es la promoción de esquemas que faciliten la transferencia de créditos hipotecarios al mercado de capitales, ampliando las alternativas disponibles para su originación. La normativa vigente ya contemplaba dos vías específicas: el Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva para el Desarrollo Inmobiliario y los Fideicomisos Financieros Hipotecarios. Con la modificación aprobada, la CNV busca potenciar estos instrumentos permitiendo una operatoria más ágil.

En los casos alcanzados por la dispensa, el Prospecto deberá delimitar expresamente el objeto de los fideicomisos y la naturaleza del activo subyacente, y la identificación de los fiduciantes se realizará al momento de la constitución de cada fideicomiso individual. Este esquema apunta a reducir plazos y costos de estructuración, otorgar mayor fluidez a las emisiones y favorecer un acceso más continuo al financiamiento a través del mercado de capitales.

Desde una perspectiva económica e institucional, la resolución refuerza la estrategia de utilizar el mercado de capitales como canal complementario al sistema bancario tradicional para el desarrollo inmobiliario y la expansión del crédito hipotecario, en un contexto donde la originación de estos créditos requiere instrumentos flexibles y escalables.

Actualización de la definición PyME CNV y coherencia normativa

La resolución también introduce una modificación relevante en la definición de “PyME CNV”, sustituyendo el texto del artículo 2° de la Sección II del Capítulo II del Título I de las Normas. La nueva definición contempla, por un lado, a las emisoras que califican como PyME y acceden al mercado mediante la emisión de acciones u obligaciones negociables bajo los regímenes específicos vigentes; y, por otro, a las entidades vinculadas a Productos de Inversión Colectiva (PIC) que cuenten con Certificado MiPyME vigente, siempre que no se encuentren alcanzadas por las restricciones normativas existentes.

Según la CNV, esta adecuación busca mayor claridad y coherencia regulatoria, sin alterar los requisitos ni las limitaciones aplicables, y refleja de manera más precisa los distintos supuestos bajo los cuales una entidad puede ser considerada PyME dentro del ecosistema del mercado de capitales.

Impacto esperado y señales al mercado

La Resolución General 1105/2026 envía una señal clara al sector financiero e inmobiliario: la CNV apuesta por instrumentos más flexibles y eficientes para canalizar ahorro privado hacia proyectos inmobiliarios y créditos hipotecarios, manteniendo un marco de control y transparencia. Los principales beneficiarios potenciales son los estructuradores de fideicomisos, desarrolladores inmobiliarios y emisores que operan con esquemas recurrentes, así como inversores que buscan alternativas de inversión vinculadas a activos reales.

Al mismo tiempo, la norma refuerza el rol del mercado de capitales como herramienta de financiamiento productivo, en línea con los objetivos de la Ley de Financiamiento Productivo y con una lectura regulatoria que prioriza la adaptación normativa a la evolución del mercado, sin resignar protección al inversor.

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