Inversión real directa en Misiones: en un contexto donde el capital no es prioridad, la caída misionera es la más baja de todo el NEA
Desde la asunción del Presidente Alberto Fernández quedó claro que la agenda económica del gobierno, en una primera instancia, no iba a tener al gasto de capital como una prioridad de gestión.
La necesidad de reactivar la economía a partir de programas de fomento al consumo directo (principalmente, el de alimentos) dominó la primera parte de la gestión Fernández. La aparición y expansión del coronavirus, luego, obligó a volver a afinar la lapicera para contener la cuestión sanitaria y la asistencia estatal a personas y empresas.
En este marco, era de esperar que el gasto de capital (a partir de la inversión real directa y las transferencias de capital) del Estado nacional a las provincias argentinas acumule una considerable caída en el inicio del año: a marzo incluido, el total nacional muestra un descenso del 15,1% en el gasto de capital devengado, que totalizó en el período $21.033 millones.
Visto por provincias, hay que destacar en este punto que Misiones acumuló en el primer trimestre del año un gasto devengado de $629 millones: un 4,4% menos que en el mismo período de 2019, siendo de esa manera la provincia de la región del NEA con la menor caída (Corrientes cayó -26,4%; Chaco -19,1% y Formosa -12,2%).
A su vez, Misiones es la provincia con el segundo mayor nivel nominal de ejecución (sus $629 millones solo son superados por los $744 millones de Chaco); y segunda en términos per cápita con $504 por misiones, también segunda en la región detrás de los $623 de Chaco.
¿En que se basan esas diferencias? Principalmente, en la velocidad del gasto (medida según el gran de ejecución mencionado para cada provincia): en ese marco, la provincia de Misiones lleva un gasto de capital devengado equivalente al 23,6% de su crédito presupuestario vigente, siendo el más alto de la región y el tercero más alto de todo el país.
La porción mayoritaria del gasto tiene que ver con pagos directos de certificación de obras (algunas con varios meses de atraso), así como la emisión de ordenes de pago para nuevas certificaciones y adquisición de maquinarias.
¿Perspectivas?
El gasto de capital computado en abril tendrá dos características: el enfocado exclusivamente en la cuestión sanitaria (remodelaciones y/o construcciones de establecimientos sanitarios) y continuación de pagos de certificados de obra atrasados (y actuales, en los pocos casos que continuaron las obras).
Hasta tanto no se dé por superado la cuestión del COVID19, la obra pública seguirá caminando a un ritmo lento, pero con cierta constancia, algo que las provincias reclaman por su peso en la generación del empleo.
