Finanzas Públicas

El Tesoro reordena vencimientos con una conversión de deuda clave junto al Banco Central

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El Ministerio de Economía, a través de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, autorizó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que implica la ampliación de emisiones de bonos en dólares y letras en pesos por montos significativos. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 64/2025, busca reordenar el perfil de vencimientos y la composición de la deuda pública, en el marco de las facultades otorgadas por el Presupuesto vigente y la normativa de crédito público.

La norma, dictada el 26 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre, habilita la ampliación de los Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses Step Up 2035 (AL35) por hasta USD 6.000 millones y de los Bonos Step Up 2038 (AE38) por hasta USD 3.000 millones, junto con la expansión de letras capitalizables en pesos por hasta $ 8 billones, exclusivamente para ejecutar una conversión de títulos en poder del BCRA.

Marco legal y fundamentos de la operación

La resolución se apoya en el Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que toda operación de endeudamiento debe estar prevista en la ley de Presupuesto. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley 27.701, que rige para el ejercicio 2025, autoriza al órgano coordinador de la administración financiera a realizar operaciones de crédito público dentro de los límites fijados en su planilla anexa, con sucesivas modificaciones introducidas por decretos de necesidad y urgencia entre 2023 y 2024.

Además, el texto remite al artículo 11 del Decreto 331/2022, incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que habilita las conversiones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, fijando los precios según valores de mercado y excluyendo estas operaciones de las restricciones del artículo 65 de la Ley 24.156.

En este marco, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, que ejercen en forma conjunta la coordinación de los sistemas de administración financiera, consideraron conveniente ofrecer al BCRA la conversión de sus tenencias en títulos en pesos ajustados por CER y letras capitalizables por nuevos instrumentos, tanto en dólares como en pesos, con plazos más largos.

Detalle de los instrumentos y montos involucrados

La Resolución Conjunta 64/2025 dispone, en primer lugar, la ampliación de los montos emitidos de los siguientes instrumentos:

  • AL35 (Bonos Step Up 2035): hasta el monto necesario para la conversión, con un tope de USD 6.000 millones de valor nominal original.
  • AE38 (Bonos Step Up 2038): hasta el monto necesario para la conversión, con un tope de USD 3.000 millones de valor nominal original.
  • LECAP S30A6, con vencimiento el 30 de abril de 2026: ampliación por hasta $ 4 billones.
  • LECAP S29Y6, con vencimiento el 29 de mayo de 2026: ampliación por hasta $ 4 billones.

Estas ampliaciones se destinan exclusivamente a ejecutar las operaciones de conversión con el BCRA, aprobadas en el artículo 5° de la norma.

En concreto, el Banco Central suscribirá:

  • AL35 a cambio de sus tenencias del BONCER TZX28, con vencimiento el 30 de junio de 2028.
  • AE38 a cambio de sus tenencias del BONCER TZXD7, con vencimiento el 15 de diciembre de 2027.
  • Una canasta compuesta en un 50% por LECAP S30A6 y 50% por LECAP S29Y6, a cambio de sus tenencias de la LECAP S16E6, con vencimiento el 16 de enero de 2026.

La operación se realizó el 26 de diciembre de 2025, con liquidación el 29 de diciembre, y los precios de todos los instrumentos se determinaron según los valores de mercado en BYMA, inmediatamente antes de las 13:30 horas, con liquidación a 24 horas.

Impacto financiero e implicancias institucionales

Desde el punto de vista financiero, la operación apunta a ordenar el perfil de vencimientos del sector público, extendiendo plazos y modificando la composición de la deuda en manos del BCRA. La conversión de títulos en pesos ajustados por inflación y letras de corto plazo por bonos en dólares de largo vencimiento y nuevas letras capitalizables permite al Tesoro administrar de manera más previsible sus compromisos futuros.

En términos institucionales, la resolución refuerza el uso de las herramientas previstas en el marco presupuestario y de crédito público, subrayando el rol conjunto de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda en la gestión activa de la deuda. Asimismo, la autorización a múltiples áreas técnicas del Ministerio de Economía para suscribir la documentación necesaria muestra la magnitud operativa de la medida.

La norma establece que entra en vigencia a partir del día de su dictado, consolidando una de las últimas decisiones de política financiera del año 2025.

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El Presupuesto habilita al Gobierno a renegociar deuda sin las exigencias de la ley de Administración Financiera

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Por Silvia Rajcher / NA – El Presupuesto aprobado el viernes pasado introduce una reforma clave en la ley de Administración Financiera que amplía de manera sustancial el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para canjear y administrar la deuda pública en 2026. A partir de los cambios incluidos en los artículos 55 y 56, el Gobierno podrá encarar operaciones de renegociación y administración de pasivos sin la obligación legal de obtener mejoras en los plazos, las tasas de interés o el capital, una condición que regía hasta ahora para cualquier reestructuración de deuda.

La modificación, que será promulgada en los próximos días, pasa relativamente desapercibida en el debate parlamentario, pero tiene un impacto económico e institucional significativo, en un contexto en el que la Argentina deberá afrontar fuertes vencimientos de deuda durante el próximo año y buscará mayor flexibilidad para gestionar sus compromisos financieros.

Cambios en la ley de Administración Financiera: más flexibilidad para Economía

El núcleo de la reforma se encuentra en el artículo 56 del Presupuesto, que modifica el artículo 55 de la ley complementaria de Presupuesto, ampliando las facultades del Ministerio de Economía para realizar operaciones de administración de pasivos.

Según el nuevo texto, la cartera económica queda habilitada a ejecutar “operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”, lo que incluye: compra, venta y canje de instrumentos financieros, como bonos o acciones; pases de monedas, tasas de interés o títulos; compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros; y “cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”.

Además, el articulado autoriza que estas operaciones se realicen a través de entidades creadas ad hoc, ampliando aún más el abanico de herramientas disponibles para la gestión de la deuda.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) subrayó en un informe que la diferencia central con el régimen anterior es que ya no se incluye expresamente la reestructuración de la deuda pública bajo los términos del artículo 65 de la Ley 24.156, que imponía condiciones estrictas para cualquier renegociación.

Qué se elimina: el requisito de “mejoramiento” de la deuda

Hasta ahora, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera establecía que el Gobierno solo podía reestructurar deuda pública “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Es decir, cualquier canje o renegociación debía traducirse necesariamente en un alivio financiero explícito.

Ese requisito desaparece con la reforma aprobada. Según detalló la OPC, el nuevo esquema autoriza operaciones financieras, pero sin exigir que impliquen una mejora en las condiciones originales de la deuda. En palabras del informe legislativo, ahora se permite “la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros” y otras operaciones habituales de mercado, así como la “cesión y/o disposición de créditos contra particulares provenientes de créditos devengados o facilidades de pago de deudas fiscales”.

En términos prácticos, esto significa que el Gobierno podrá reperfilar vencimientos o canjear deuda aun cuando no haya una mejora directa en tasas, plazos o capital, algo que hasta ahora estaba legalmente vedado.

Un debate legislativo de bajo perfil y un impacto de alto alcance

A diferencia de otros capítulos del Presupuesto, los cambios vinculados a la deuda no ocuparon un lugar central en la discusión parlamentaria. En la Cámara de Diputados, el debate estuvo dominado por la polémica en torno a la derogación de leyes de Discapacidad y Universidades, finalmente eliminadas del texto. En el Senado, la atención se concentró en el artículo 30, que suprimió los pisos de financiamiento para educación y ciencia y que sí quedó incorporado en la ley.

El nuevo régimen de deuda solo recibió cuestionamientos puntuales del jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans, y de la senadora kirchnerista Juliano Di Tullio, sin generar un debate amplio sobre sus implicancias de mediano plazo.

Un 2026 con vencimientos exigentes y mayor margen de negociación

Con esta reforma, el Gobierno —y en particular el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo— contará con mayor flexibilidad para encarar la gestión de la deuda en un año fiscal exigente, marcado por importantes pagos que deberá afrontar la Argentina.

Desde el punto de vista económico, la modificación apunta a evitar restricciones legales que puedan obstaculizar negociaciones financieras en escenarios de estrés. Desde el plano institucional, en cambio, abre un debate sobre el menor nivel de exigencias legales para la administración del endeudamiento público.

En un contexto de ajuste fiscal, búsqueda de estabilidad macroeconómica y necesidad de sostener el acceso a los mercados, la reforma del Presupuesto redefine las reglas de juego para la política de deuda en 2026 y le otorga al Ejecutivo una herramienta clave para administrar pasivos con mayor discrecionalidad.

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Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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Recaudación tributaria: IVA y Ganancias sostienen el mes, mientras exportaciones caen 59%

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La recaudación tributaria de noviembre creció 19,7% interanual, afectada por la alta base de comparación del año pasado

La recaudación tributaria nacional alcanzó en noviembre $15,598.232 millones, lo que representa una variación interanual de 19,7%, según el informe oficial elaborado por ARCA. Sin embargo, ese aumento quedó condicionado por la extraordinaria base de comparación de noviembre de 2024, cuando ingresaron montos excepcionales vinculados a la moratoria de la Ley 27.743, anticipos de Ganancias y Bienes Personales y el Impuesto PAIS —que ya no se encuentra vigente—. Sin esos efectos, el crecimiento real habría rondado el 29%, lo que cambia la lectura macrofiscal y el pulso de la recaudación en pleno cierre del año.

Un noviembre condicionado: impacto de la moratoria 27.743 y de los ingresos excepcionales de 2024

La dinámica de noviembre volvió a estar atravesada por los ingresos extraordinarios registrados un año atrás. Según ARCA, en noviembre de 2024 ingresaron. Pagos de la moratoria de la Ley 27.743, tanto el pago a cuenta del régimen amplio con condonación del 20% de intereses como cuotas de adhesiones realizadas entre agosto y octubre de ese año. Anticipos de Ganancias y Bienes Personales – Personas Humanas correspondientes al período fiscal 2024, afectados por el corrimiento del calendario de vencimientos. Recaudación del Impuesto PAIS, hoy sin vigencia. Ingresos por el Impuesto de Regularización de Activos, correspondientes al pago adelantado del 75% del Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1). Aportes del Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP), por el vencimiento del pago inicial del 75% para bienes exteriorizados en la Etapa I.

Estas particularidades explican por qué la comparación interanual se ve distorsionada y por qué la variación real —sin ingresos no recurrentes— superaría el 29%.

En el acumulado enero–noviembre, la recaudación llegó a $166.581.948 millones, con un incremento de 440,8% interanual.

Desempeño por impuestos: IVA y Ganancias impulsan, mientras Exportaciones continúa en caída

IVA: crecimiento sostenido, aunque moderado por factores técnicos

El IVA neto recaudó $5.461.513 millones, con una suba del 27,9% interanual. El IVA Impositivo avanzó 24,4%, mientras que el IVA Aduanero creció 19,6%.

Entre los factores que limitaron el crecimiento del IVA Impositivo se destacan la moratoria vigente en 2024 y un mayor acogimiento a planes de pago. En el caso del IVA Aduanero, los ingresos crecieron por el aumento del tipo de cambio y de las importaciones, aunque fueron moderados por la derogación de la suspensión de certificados de exclusión y la menor cantidad de días hábiles.

Ganancias: aumento del 27,7%, sostenido por cambios normativos

El impuesto a las Ganancias alcanzó $3.355.886 millones, con un crecimiento interanual del 27,7%. Impactó de manera positiva. La modificación del Régimen de Anticipos (RG 5.685/2025), que elevó la alícuota del sexto anticipo de 8,33% a 11,11%. Mayores retenciones y un mejor cumplimiento por parte de sociedades con cierre junio, el segundo vencimiento de mayor peso anual.

Créditos y Débitos: avance del 24,4%

El tributo registró $1.249.678 millones, con una suba del 24,4%, moderada por la menor cantidad de días hábiles.

Seguridad Social: suba del 29,8%, impulsada por salarios

Los ingresos del sistema previsional crecieron 29,8%, hasta $3.825.861 millones, motorizados por el aumento de la remuneración bruta promedio.

Exportaciones: caída del 59,3% por baja de alícuotas y anticipos

Los Derechos de Exportación registraron uno de los desempeños más débiles del mes: $240.207 millones, lo que implica una contracción del 59,3% interanual.

Entre los factores que explican este desplome: Baja de aranceles del Decreto 526/2025. Adelantamiento de pagos durante la baja temporal de alícuotas del Decreto 38/2025 (vigente hasta el 30 de junio). Suspensión de alícuotas por Decreto 682/2025, que llevó a que operaciones habituales de noviembre se liquidaran alícuota cero en septiembre. Menos días hábiles.

Importaciones: fuerte crecimiento del 59,6%

Los Derechos de Importación y otros alcanzaron $598.429 millones, con un salto del 59,6%, explicado por el aumento del tipo de cambio y de las importaciones respecto al año previo.

Bienes Personales: reducción del 52,6%

Con apenas $58.174 millones, Bienes Personales volvió a mostrar una caída pronunciada, explicada por los ingresos excepcionales de 2024 vinculados al REIBP y a la moratoria.

Impuesto a los combustibles: crecimiento del 53,7%

En Impuesto a los Combustibles ingresaron$ 446.536 millones con una variación interanual de 53,7%. El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto.

Señales mixtas para el cierre del año fiscal

La foto de noviembre muestra un sistema recaudatorio que crece en términos reales pero aún condicionado por distorsiones del año anterior. Las áreas más dinámicas estuvieron vinculadas al mercado interno (IVA, Ganancias, Seguridad Social), mientras que los recursos asociados al sector externo mostraron un desempeño dispar: fuerte caída en Exportaciones y fuerte alza en Importaciones.

En términos políticos, el Gobierno nacional busca exhibir estos números como evidencia de un sendero de estabilización fiscal progresivo, en un contexto en el que la recaudación es clave para cumplir con las metas de equilibrio. Sin embargo, la fuerte dependencia de factores normativos excepcionales, ajustes técnicos y volatilidad cambiaria muestra que la consolidación no está exenta de riesgos.

En paralelo, la recuperación del consumo —reflejada en el IVA— y del empleo formal —visible en Seguridad Social— aparece como un dato relevante para las provincias, ya que una parte significativa de esos tributos se coparticipa. Para los gobernadores, la señal es positiva, aunque persiste la preocupación por la contracción en los impuestos asociados al comercio exterior.

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Expansión industrial y ajuste fiscal: cómo cierra el año el municipio de Apóstoles

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La intendenta de Apóstoles, María Eugenia Safrán, confirmó a Economis que el municipio avanza en la puesta en marcha de nuevas empresas en el Parque Industrial —incluida la firma china próxima a iniciar operaciones—, mientras aplica ajustes presupuestarios para sostener el equilibrio fiscal ante una coparticipación que creció por debajo de la inflación. El desafío para 2026 será administrar la expansión productiva sin desbordes financieros.

Avance industrial: nuevas naves, ampliación de infraestructura y empresas en espera

Pese al contexto de transición económica, Safrán reafirmó que el Parque Industrial de Apóstoles sigue siendo el eje estratégico del modelo de desarrollo local.

La jefa comunal precisó que: La empresa Wenphoenix S.A. ya construyó sus dos naves y se encuentra instalando maquinaria. El municipio trabaja en la incorporación de un transformador de mayor capacidad para habilitar el inicio de operaciones. Tres empresas adicionales ya recibieron terrenos y se realiza la nivelación según sus necesidades fabriles. Dos compañías más manifestaron interés en radicarse en el predio.

“Creo que en tres o cuatro meses tendremos cerca de cuatro empresas más trabajando en esos lugares”, anticipó Safrán.

La intendenta destacó que la llegada de la empresa china, que está “a punto de comenzar sus operaciones”, marca un salto cualitativo para el distrito, consolidando la internacionalización del polo productivo.

Ajuste fiscal y administración de la crisis: obras ejecutadas y freno obligado

El municipio transitó un 2025 de fuerte dinamismo en obra pública, pero atravesado por un “coletazo económico” que obligó a revisar partidas y realizar ajustes para sostener el equilibrio financiero.

Entre las obras realizadas, Safrán mencionó: Nuevo polideportivo en el predio de la expoyerba. Repavimentación y puesta en valor de la calle La Rioja, antes “totalmente rota e intransitable”. Restauración de un museo histórico, destinado a concentrar la memoria de la ciudad.

Sin embargo, la intendenta advirtió que los municipios enfrentan un escenario complejo porque los ingresos no acompañan la evolución de los precios. “La coparticipación y otros recursos no han tenido el crecimiento que tuvo la inflación. Los recursos quedaron planchados y los gastos aumentan por efecto inflacionario, que ronda el 30% en lo que va del año”.

El municipio debió así “mirar números finos, hacer ajustes y replantear cómo comenzar 2026” para evitar desajustes significativos y cumplir con todas sus obligaciones.

Salarios municipales, aguinaldo y política salarial para 2026

Consultada sobre el cierre del año en materia laboral, Safrán señaló que la política salarial buscó acompañar los incrementos otorgados a nivel provincial. “Tomé el compromiso de dar los aumentos que da la provincia. Los sueldos estaban un poquito rezagados y fuimos dando aumentos del 2% o 3% para ir compensándolos”.

Respecto del aguinaldo, la intendenta confirmó que: La intención es pagarlo en una sola cuota, como es tradición en Apóstoles. La definición final dependerá del flujo de recursos hacia mediados de diciembre.

Safrán enfatizó que la prioridad es evitar compromisos que luego no puedan sostenerse. “Trabajamos con criterio, sin hacer aumentos desorbitados que después nos obliguen a no cumplir con las obligaciones mensuales”.

María Eugenia Safrán, intendenta de Apóstoles

Expansión productiva en un contexto de restricción financiera

La combinación de crecimiento industrial y ajuste financiero describe un modelo de administración equilibrada: dinamismo en inversión pública y atracción de empresas, acompañado de prudencia fiscal frente a ingresos que no se actualizan al ritmo de los costos.

Para 2026, los desafíos principales serán: Sostener la llegada de nuevas empresas. Acelerar la provisión de infraestructura energética y vial en el Parque Industrial. Defender el poder adquisitivo del salario municipal sin comprometer las cuentas públicas.

En un contexto nacional de incertidumbre, Apóstoles apuesta a consolidarse como un nodo industrial del sur misionero, combinando planificación, inversión y disciplina fiscal.

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