Finanzas Públicas

Presupuesto 2027: Misiones proyecta un gasto de $5,2 billones y blinda la inversión social

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El gobernador Hugo Passalacqua remitió este viernes a la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2027, que asciende a $5.206.134.722.000, consolidando una estrategia que prioriza el gasto social y busca sostener la inversión pública en un contexto de fuerte retracción de los recursos nacionales.

La iniciativa representa un incremento nominal del 28,7% respecto del presupuesto vigente para 2026, que fue fijado en $4.045.600.921.000. En términos absolutos, la Provincia proyecta administrar $1,16 billones adicionales durante el próximo ejercicio.

El proyecto mantiene como eje central la inversión social. Según anunció Passalacqua, el 63% del presupuesto estará destinado a educación, salud y políticas de contención social, mientras que el 14% se orientará al desarrollo económico, con especial énfasis en la reactivación de obras de infraestructura.

“Cumpliendo con el mandato del artículo 116 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial he presentado a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2027, por un monto de $5.206.134.722.000. Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los misioneros destina el 63% a la inversión social, y 14% para el desarrollo de la economía motivado en la reactivación de obras”, expresó el mandatario.

Un presupuesto atravesado por el ajuste nacional

En la nota elevada a la Legislatura, el Gobernador deja en claro que el presupuesto fue elaborado en un escenario marcado por el retiro del Estado nacional del financiamiento de programas y obras, situación que obligó a la Provincia a reorganizar prioridades y absorber con recursos propios funciones que antes eran compartidas.

El mensaje recuerda que durante 2024 comenzaron los recortes de partidas y fondos nacionales y que esa política se profundizó durante 2025 y 2026. Entre los principales impactos menciona la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); el desfinanciamiento del programa Remediar; la reducción del transporte subsidiado; el abandono del mantenimiento de la red vial nacional; la disminución de los envíos a las cajas previsionales provinciales; y una menor asistencia de organismos nacionales.

Según el texto oficial, esta situación obligó a la Provincia a sostener con recursos propios servicios esenciales para la población.

PRESUPUESTO 2027

Misiones proyecta administrar
$5,2 billones

El gasto provincial crecerá 28,7% respecto del presupuesto vigente de 2026.

Presupuesto 2026 $4,046 billones
Proyecto 2027 $5,206 billones
Aumento nominal +28,7%
Incremento absoluto +$1,16 billones

Destino de los recursos

Inversión social 63%
Educación, salud y políticas de contención social.
Desarrollo económico 14%
Reactivación de obras e impulso a la actividad económica.
Dato clave: casi dos de cada tres pesos del Presupuesto 2027 estarán destinados a la inversión social. Fuente: Gobierno de Misiones | Elaboración: Economis

Prioridad: educación, salud y contención social

Al igual que en los últimos ejercicios, el proyecto ratifica la decisión política de mantener a la inversión social como el principal destino de los recursos públicos.

El 63% del presupuesto estará concentrado en áreas sociales, consolidando la política provincial de preservar el funcionamiento del sistema educativo, la salud pública y los programas de asistencia, aun en un escenario de menores transferencias nacionales.

En paralelo, el Gobierno provincial reserva el 14% para el desarrollo económico, porcentaje vinculado principalmente a la reactivación de la obra pública, uno de los sectores más golpeados por la paralización de las inversiones nacionales.

Crecimiento moderado frente a una economía en rojo

El aumento del 28,7% respecto del presupuesto 2026 refleja una pauta de crecimiento nominal prudente, consistente con un escenario de desaceleración inflacionaria, aunque todavía atravesado por fuertes incertidumbres macroeconómicas.

En su mensaje, Passalacqua advierte además sobre los efectos de la apertura comercial, la desregulación de mercados y la caída de la demanda, factores que impactan especialmente sobre las economías regionales y las provincias fronterizas como Misiones.

El documento sostiene que ese contexto afecta la actividad económica, el empleo y la recaudación provincial, razón por la cual el Gobierno apuesta a un Estado “eficiente” que continúe trabajando junto al sector privado para amortiguar los efectos de esas asimetrías.

Con este proyecto, Misiones vuelve a poner el acento en la protección del gasto social y en el sostenimiento de la inversión pública, mientras busca compensar con recursos provinciales el repliegue financiero de la Nación. La discusión parlamentaria comenzará en las próximas semanas y definirá el esquema de funcionamiento del Estado provincial durante 2027.

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Posadas lanza un plan de pagos con quita de intereses para regularizar tasas municipales y fortalecer los servicios públicos

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La Municipalidad de Posadas pondrá en marcha un Régimen Especial de Facilidades de Pago destinado a los contribuyentes que mantengan deudas de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y de la Tasa de Barrido y Limpieza (TBL). La medida, que estará vigente entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, busca ofrecer una alternativa para que familias y propietarios puedan regularizar sus obligaciones tributarias mediante condiciones más favorables, en un contexto económico que continúa afectando la capacidad de pago de muchos hogares.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo, en conjunto con la Dirección General de Rentas, luego de analizar la evolución de la recaudación municipal y el impacto que la coyuntura económica tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El objetivo es generar un mecanismo que permita recuperar deuda tributaria sin recurrir exclusivamente a procesos administrativos o judiciales, promoviendo una mayor adhesión voluntaria de los contribuyentes.

El régimen contempla distintas modalidades de pago, adaptadas a las posibilidades económicas de cada vecino. Quienes opten por cancelar la deuda al contado accederán a una reducción del 60% sobre los intereses resarcitorios. En tanto, quienes necesiten financiar el pago podrán hacerlo en hasta tres cuotas, con una quita del 40% de los intereses, o en hasta seis cuotas, con una reducción del 20%.

La estructura del programa refleja una estrategia utilizada por numerosos gobiernos locales para equilibrar dos objetivos que, en apariencia, pueden resultar contrapuestos: aliviar la carga financiera de los contribuyentes y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación necesaria para sostener el funcionamiento del Estado municipal. En lugar de incrementar la presión tributaria, el esquema incentiva la regularización mediante beneficios concretos para quienes decidan ponerse al día.

El secretario de Hacienda, Desarrollo Económico y Turismo, Martín Leiva Varela, explicó que la medida responde a la realidad que atraviesan numerosas familias posadeñas. “Sabemos que muchas familias hacen un gran esfuerzo para cumplir con sus obligaciones, pero el contexto económico muchas veces dificulta ese objetivo. Por eso diseñamos una herramienta que les permita regularizar su situación con mejores condiciones, acompañando a los contribuyentes y, al mismo tiempo, fortaleciendo los recursos que hacen posible sostener los servicios públicos y continuar realizando obras e inversiones que mejoran la calidad de vida de los posadeños”, señaló.

Desde la administración municipal destacan que la recuperación de recursos tributarios resulta fundamental para garantizar la continuidad de servicios esenciales como la recolección de residuos, el barrido, el mantenimiento de espacios públicos, el alumbrado, la infraestructura urbana y las obras que demanda el crecimiento de la ciudad. En ese sentido, la regularización de deudas no solo beneficia al contribuyente mediante la reducción de intereses, sino que también contribuye a consolidar la capacidad financiera del municipio para responder a las necesidades de la comunidad.

Desde una perspectiva de políticas públicas, este tipo de regímenes especiales representa una herramienta de gestión que busca transformar situaciones de morosidad en oportunidades de cumplimiento. La reducción de intereses funciona como un incentivo para recuperar contribuyentes al sistema formal, evitando que el incremento de la deuda termine convirtiéndose en un obstáculo imposible de afrontar.

En un escenario donde los gobiernos locales enfrentan crecientes demandas de infraestructura y servicios, el desafío consiste en mantener el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el acompañamiento a los vecinos. La decisión adoptada por Posadas apunta precisamente a ese objetivo: facilitar la regularización tributaria mediante condiciones más accesibles, preservando al mismo tiempo los recursos que permiten financiar obras, sostener prestaciones municipales y continuar mejorando la calidad de vida urbana.

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Junio cerró con déficit fiscal, pero el Gobierno sostuvo el superávit acumulado en el primer semestre

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Las cuentas públicas registraron un traspié en junio, aunque el Gobierno nacional logró preservar el equilibrio fiscal acumulado durante la primera mitad del año. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes de 2026 con un déficit financiero de $1,02 billones, explicado por una combinación de menores ingresos tributarios y un incremento estacional del gasto asociado al pago del medio aguinaldo a jubilados y pensionados.

Pese al resultado mensual negativo, el balance del primer semestre continúa mostrando números positivos. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 0,6% del PBI, manteniendo vigente el principal ancla del programa económico que impulsa el Gobierno nacional.

Durante junio, el resultado financiero arrojó un rojo de $1.024.891 millones, compuesto por un déficit primario de $696.843 millones y pagos de intereses de la deuda pública —netos de operaciones intra sector público— por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el deterioro mensual respondió principalmente al traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hacia julio, lo que redujo la recaudación del período, mientras que el gasto aumentó por el impacto del pago del aguinaldo a beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,16 billones, con una expansión interanual superior al 22%. En tanto, los recursos tributarios crecieron 21,7% respecto de junio de 2025, aunque ese desempeño quedó condicionado por la postergación del calendario impositivo.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $14,86 billones, con un incremento interanual del 37,7%. El principal componente continuó siendo el gasto previsional: las prestaciones sociales totalizaron $11,06 billones, un 38,1% más que un año atrás, impulsadas por la incorporación del medio aguinaldo.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,61 billones, con una suba interanual del 20,2%, mientras que las transferencias corrientes crecieron 48,6% hasta los $3,54 billones. Dentro de ese rubro, Economía destacó el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios, el Estado destinó $1,06 billones, de los cuales $714.381 millones correspondieron al sector energético y $348.916 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, mostrando una recuperación respecto del mes anterior.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el resultado acumulado confirma la continuidad de la política de disciplina fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico. En esa línea, el ministro Luis Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y aseguró que la consolidación fiscal permitió avanzar con una reducción de impuestos nacionales equivalente a casi 3% del PBI desde 2024.

Si bien el déficit de junio refleja el impacto de factores estacionales y del calendario tributario, el dato que sigue observando el mercado es el comportamiento del resultado acumulado. Con un superávit primario del 0,6% del PBI en la primera mitad del año, el Gobierno mantiene margen para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que establece una meta anual de 1,4% del PBI.

Imig Junio 2026 by CristianMilciades

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El ajuste del gasto público se profundizó en el semestre: mientras crecen los subsidios energéticos

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El proceso de consolidación fiscal del Gobierno nacional mantuvo su intensidad durante el primer semestre de 2026, aunque con una composición del gasto que comienza a mostrar cambios. Mientras las transferencias a las provincias y la inversión en infraestructura continúan siendo las principales variables de ajuste, los subsidios energéticos registraron un fuerte crecimiento, reflejando las tensiones que aún persisten en el sistema eléctrico pese al proceso de recomposición tarifaria.

De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado de la Administración Nacional acumuló una caída real del 2,3% interanual entre enero y junio. Si bien en junio el gasto mostró una recuperación puntual del 3,7% respecto del mismo mes de 2025, el balance semestral continúa reflejando una política fiscal contractiva.

El ajuste volvió a concentrarse sobre las transferencias discrecionales a las provincias, que registraron una baja acumulada del 62,1% en términos reales. Incluso descontando el cambio metodológico derivado de la reclasificación de los aportes a hospitales SAMIC, la reducción alcanza el 52,3%, consolidando uno de los recortes más profundos del presupuesto nacional.

La inversión en infraestructura también continúa entre las partidas más afectadas. La obra pública acumuló una caída real del 32,4% durante el semestre y en junio sufrió un desplome del 74,9%, explicado tanto por la reducción en construcciones como por la disminución de las transferencias de capital.

El comportamiento de los subsidios económicos mostró, en cambio, una dinámica completamente distinta. El informe señala que crecieron 29,6% en términos reales durante el semestre, impulsados exclusivamente por el segmento energético, donde las erogaciones aumentaron 73,7%. Solo en junio, los subsidios destinados a energía se incrementaron 160,8% respecto del mismo mes del año anterior.

Buena parte de ese incremento estuvo vinculado a las transferencias realizadas a CAMMESA, que concentraron el 79,5% de los subsidios energéticos otorgados durante el semestre y crecieron 71,4% en términos reales. Paralelamente, el informe destaca que la cobertura tarifaria sobre el costo de generación disminuyó desde el 70,1% registrado en mayo de 2025 al 65,5% en mayo de este año, lo que explica parte del mayor esfuerzo fiscal destinado al sistema eléctrico.

En contraste, los subsidios al transporte continuaron ajustándose. Durante el primer semestre retrocedieron 24% en términos reales, principalmente por menores transferencias al Operador Ferroviario y al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte. Dentro de ese esquema también se observa una reducción del 21,6% en los recursos destinados a Belgrano Cargas, empresa que el Gobierno incluyó entre las futuras privatizaciones previstas en su programa financiero.

Las prestaciones previsionales permanecieron prácticamente estables. El gasto destinado a jubilaciones y pensiones registró una leve mejora real de 1,3%, mientras que las partidas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares crecieron apenas 0,3% en el acumulado semestral.

Otro dato que sigue de cerca el mercado es la evolución de la deuda flotante, es decir, las obligaciones de pago ya comprometidas pero aún no canceladas por el Estado. Analytica estimó que al cierre del primer semestre alcanzó los 3,9 billones de pesos, equivalentes al 0,3% del Producto Bruto Interno. El incremento respecto de mayo responde principalmente a factores estacionales vinculados al pago de aguinaldos y mantiene un nivel similar al observado en junio de 2025.

Desde una perspectiva macroeconómica, la composición del ajuste muestra que el Gobierno continúa privilegiando el objetivo de sostener el superávit fiscal, aunque con una reasignación parcial de recursos hacia el sostenimiento del sistema energético. La reducción de la obra pública y de las transferencias a las provincias continúa siendo el principal instrumento de consolidación fiscal, mientras que la evolución de los subsidios energéticos refleja que la normalización del mercado eléctrico todavía demanda un importante esfuerzo presupuestario.

Monitor de Gasto – Junio 2026 Analytica by CristianMilciades

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El FMI advierte a Paraguay por la transparencia fiscal y pone el foco en un activo clave: la credibilidad del grado de inversión

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó un mensaje que trasciende la discusión sobre el déficit fiscal de Paraguay y apunta a uno de los principales activos construidos por el país durante las últimas décadas: la credibilidad de su política económica. En la declaración preliminar de la misión del Artículo IV correspondiente a 2026, el organismo valoró la fortaleza macroeconómica paraguaya, pero advirtió que la transparencia en las cuentas públicas será determinante para sostener la confianza de los mercados y preservar el reciente doble grado de inversión.

El informe reconoce que Paraguay mantiene una de las economías más estables de América Latina. El FMI proyecta un crecimiento del 4,4% para este año, destaca la fortaleza del régimen de metas de inflación, el tipo de cambio flexible, el elevado nivel de reservas internacionales y el avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad, la inversión privada y la productividad. Sin embargo, identifica un punto de vulnerabilidad que considera prioritario: la forma en que el Estado registra sus compromisos fiscales.

Actualmente, el Gobierno informa un déficit equivalente al 2,2% del Producto Interno Bruto, alrededor de US$1.300 millones sobre una economía cercana a los US$59.000 millones. No obstante, el FMI sostiene que esa cifra no refleja completamente la posición fiscal porque existen obligaciones acumuladas con proveedores —principalmente de Salud y Obras Públicas— que todavía no están plenamente incorporadas a las estadísticas oficiales. Esas deudas rondan los US$1.100 millones.

Si esos compromisos fueran registrados íntegramente bajo criterios contables más estrictos, el desequilibrio fiscal se acercaría al 4,1% del PIB, muy por encima del límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal paraguaya. La observación del organismo no cuestiona únicamente el tamaño del déficit, sino la necesidad de que las cuentas públicas representen fielmente todas las obligaciones asumidas por el Estado.

En ese sentido, el FMI recomendó avanzar hacia un sistema de contabilidad basado en el principio de devengado, mediante el cual el gasto se registra cuando nace la obligación de pago y no cuando efectivamente se desembolsa el dinero. Para el organismo, este cambio mejoraría significativamente la transparencia fiscal y reduciría las diferencias entre la ejecución presupuestaria y la realidad financiera del sector público.

La misión también instó al Ministerio de Economía y Finanzas a fortalecer la coordinación entre el presupuesto, la planificación financiera y el flujo de caja, además de profundizar los controles sobre la ejecución del gasto. Entre las recomendaciones figura completar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), garantizar su interoperabilidad con los sistemas de planificación de los distintos organismos públicos y evitar que las instituciones asuman compromisos sin respaldo presupuestario.

El propio Gobierno de Santiago Peña había identificado este problema al asumir la administración, cuando denunció el elevado volumen de obligaciones impagas heredadas y recurrió a emisiones de bonos soberanos para cancelar parte de esos compromisos. Durante los últimos meses se abonaron alrededor de US$330 millones a proveedores de Salud y Obras Públicas. Sin embargo, el FMI considera que aún persiste un importante stock de obligaciones que debe incorporarse plenamente a las estadísticas fiscales para fortalecer la credibilidad del esquema presupuestario.

El organismo incluso ofreció asistencia técnica para acompañar la implementación de estas mejoras, mediante capacitación a los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y apoyo en la transición hacia estándares internacionales de administración financiera.

Más allá del aspecto técnico, la advertencia tiene una dimensión estratégica. Paraguay consiguió durante años posicionarse como una de las economías más previsibles de la región gracias a una combinación de disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reglas macroeconómicas consistentes. Ese recorrido permitió alcanzar el doble grado de inversión otorgado por dos de las principales agencias calificadoras internacionales, un hito que redujo el costo del financiamiento soberano y amplió el interés de los inversores extranjeros.

Precisamente por ese motivo, el FMI subraya que la consolidación fiscal no debe medirse únicamente por el cumplimiento de una meta numérica, sino también por la calidad institucional de la información que presentan las cuentas públicas. La confianza de los mercados depende tanto de la solvencia financiera como de la transparencia con la que los gobiernos informan sus obligaciones.

El informe también plantea que Paraguay deberá continuar el proceso de consolidación fiscal hasta converger nuevamente al límite de 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028, aunque aclara que el reconocimiento de los atrasos acumulados implicará un incremento transitorio del déficit durante este año.

Al mismo tiempo, el Fondo recomendó ampliar la base tributaria mediante una mayor formalización de la economía, fortalecer la administración impositiva, revisar beneficios fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público para generar espacio fiscal destinado a infraestructura y desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

El mensaje del organismo llega en un momento especialmente sensible para Paraguay. Con el grado de inversión recientemente consolidado y una creciente llegada de capitales atraídos por sectores como energía renovable, agronegocios, infraestructura e inteligencia artificial, cualquier señal que afecte la percepción sobre la transparencia fiscal podría ser observada con atención por las agencias calificadoras y los mercados internacionales.

En ese contexto, la advertencia del FMI funciona más como un llamado preventivo que como una señal de alarma inmediata. El desafío para la administración de Santiago Peña será demostrar que puede preservar el principal activo económico construido durante más de una década: una reputación internacional basada en disciplina fiscal, previsibilidad institucional y credibilidad frente a los inversores.

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