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El dólar oficial bajó a $1.356 tras suba de encajes: el BCRA busca anclar expectativas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró frenar la escalada del tipo de cambio oficial tras aplicar un nuevo aumento en los encajes bancarios, medida que absorbió liquidez en pesos y brindó un respiro luego de cuatro ruedas consecutivas de subas en el mercado mayorista. El dólar oficial, que el lunes se había acercado a su récord histórico de $1.374, retrocedió este martes en medio de un clima de tensión financiera y política marcado por las denuncias de corrupción contra funcionarios nacionales y la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En el mercado mayorista, el dólar cayó $5,5 (-0,4%) para cerrar en $1.356,5, luego de haber acumulado un salto de $69,5 en apenas cuatro jornadas. En el segmento minorista, el promedio informado por el BCRA marcó $1.377,12, mientras que en el Banco Nación permaneció estable en $1.370.

La política del BCRA se centró en endurecer la absorción monetaria mediante un incremento de los encajes bancarios, lo que obligó a las entidades financieras a inmovilizar una mayor proporción de sus depósitos. Esta medida, de corte contractivo, apunta a contener la demanda de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y limitar la expansión de la base monetaria.

Pese a la intervención, la demanda privada de dólares se mantiene elevada, con un volumen operado superior a u$s665 millones, reflejo de la dolarización de carteras en un contexto de incertidumbre política y económica.

Los dólares financieros también mostraron leves retrocesos. El MEP bajó 0,4% a $1.356,92, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,3% a $1.358,42. En tanto, el dólar blue cerró sin cambios en $1.365, según relevamientos privados.

En el frente de los contratos de futuros, se operaron más de u$s1.681 millones, con precios mixtos: el mercado proyecta un dólar mayorista en torno a $1.354,5 para agosto y una cotización cercana a $1.552 en diciembre, por encima del techo de la banda cambiaria vigente.

El especialista Rafael Di Giorno, de Proficio Investment, explicó que la reciente volatilidad refleja una dinámica conocida: “Cuando los gobiernos ponen la tasa en niveles altos en pesos y frenan el tipo de cambio, cualquier shock político o financiero dispara al dólar. El lunes lo vimos con claridad”, advirtió.

Estrategia oficial: bonos y absorción monetaria

En paralelo a las medidas del BCRA, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este miércoles se ofrecerán al mercado bonos TAMAR (atados a la tasa mayorista) y títulos dólar linked, con vencimientos a enero y febrero de 2026. El objetivo es secar la plaza de pesos y despejar compromisos inmediatos en un contexto en el que vencen $9 billones en deuda.

El llamado a licitación incluirá Lecaps, dólar linked y bonos TAMAR, en línea con la estrategia de trasladar vencimientos hacia 2026 y evitar presiones cambiarias en el corto plazo. La coordinación entre el BCRA y el Tesoro busca anclar expectativas en torno al tipo de cambio y contener la inflación de cara al tramo final del año.

Fuentes del mercado estiman que, tras el ajuste de encajes y la batería de instrumentos del Tesoro, el dólar mayorista podría estabilizarse en torno a la franja de $1.350 en las próximas ruedas. Sin embargo, persisten riesgos asociados a la firme demanda de divisas, la caída en las importaciones y el desarme de posiciones en pesos.

La clave estará en cómo evolucione la estrategia oficial en materia de tasas y rolleos de deuda. “Si el Gobierno logra estabilizar el frente monetario y dejar de contener artificialmente el dólar con tasas excesivas, el mercado podría ganar previsibilidad”, anticipó Di Giorno.

De cara a las elecciones de octubre, el desenlace de la licitación de deuda y la capacidad del BCRA para sostener el tipo de cambio oficial sin perder reservas serán determinantes para el rumbo económico y político.

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Caputo busca secar la plaza de pesos con Lecaps y títulos dólar linked en licitación clave

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El Tesoro lanza una licitación clave con Lecaps, bonos dólar linked y TAMAR para enfrentar vencimientos por $9 billones

El Ministerio de Economía anunció un nuevo llamado a licitación de deuda para el miércoles 27 de agosto, con un menú diversificado de instrumentos que incluye Lecaps, bonos dólar linked y títulos atados a la tasa mayorista (TAMAR). La medida se produce en una semana crítica, marcada por vencimientos que superan los $9 billones, alta volatilidad en las tasas de interés y un contexto político tensionado de cara a las elecciones de octubre.

El Gobierno enfrenta un cronograma de vencimientos abultado, que sumaba $13,7 billones hasta el 29 de agosto, incluyendo las tenencias del Banco Central. Para despejar el panorama, el lunes el Ministerio de Economía realizó un canje con la autoridad monetaria por $5 billones, lo que permitió anticipar renovaciones y reducir la presión inmediata.

La estrategia busca absorber pesos de la plaza, contener expectativas de devaluación y estabilizar la curva de tasas. Sin embargo, la operación se da en medio de fuertes cuestionamientos del mercado sobre el nivel de las tasas de interés y la sostenibilidad de la deuda en pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas asegurando que las tasas “son endógenas” y que la actual suba “es transitoria”. Señaló que tras las elecciones “esa variable va a bajar”, descartando un impacto duradero sobre la actividad.

Los instrumentos ofrecidos

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Pablo Quirno, detalló el menú de instrumentos que se ofrecerán en la licitación:

  • Lecaps (Letras Capitalizables en Pesos):
    • S30S5: vencimiento 30/09/2025 (reapertura).
    • S16E6: vencimiento 16/01/2026 (reapertura).
    • S27F6: vencimiento 27/02/2026 (nueva).
  • Bonos TAMAR (atados a la tasa de plazo fijo mayorista):
    • M16E6: vencimiento 16/01/2026 (reapertura).
    • M27F6: vencimiento 27/02/2026 (nueva).
  • Bonos dólar linked (atados a la evolución del tipo de cambio oficial):
    • D30S5: vencimiento 30/09/2025 (nueva).
    • D16E6: vencimiento 16/01/2026 (reapertura).

La recepción de ofertas será el miércoles 27 de agosto de 10 a 15 horas, con liquidación prevista para el viernes 29 de agosto (T+2).

Según la resolución, habrá dos tramos: no competitivo (para inversores minoristas hasta $50 millones en pesos o USD 50.000) y competitivo (para montos superiores, con precios, tasas o márgenes a definir por el mercado).

La licitación se regirá bajo los procedimientos de la Resolución Conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y Hacienda, que establece criterios de transparencia y segmentación de la demanda.

El Gobierno busca extender plazos y trasladar buena parte de los vencimientos hacia 2026, reduciendo la carga inmediata y evitando mayores presiones en el período electoral. Con ese objetivo, se limitó la oferta de vencimientos cortos a septiembre 2025, empujando el resto de las colocaciones hacia enero y febrero de 2026.

La inclusión de bonos TAMAR responde a la necesidad de captar demanda de bancos, que podrían integrar estos títulos como parte de sus encajes. En tanto, los bonos dólar linked apuntan a inversores que buscan cobertura ante una eventual devaluación tras las elecciones.

El secretario Quirno destacó en redes sociales que el esquema “apunta a ordenar la curva y dar previsibilidad al mercado”, mientras que analistas financieros advierten que la estrategia depende de la capacidad del Tesoro para seguir rolando deuda en un contexto de alta incertidumbre política.

Repercusiones e impactos esperados

La licitación será una prueba de confianza para el mercado. Una buena adhesión permitirá al Tesoro renovar compromisos y sostener su política de financiamiento en pesos. En caso contrario, podría aumentar la presión sobre el tipo de cambio paralelo y las expectativas de inflación.

Desde el sector financiero, algunos bancos anticipan que habrá demanda por los TAMAR y dólar linked, mientras que las Lecaps enfrentarán mayor selectividad. Inversores minoristas, en tanto, podrían optar por el tramo no competitivo como forma de acceder a instrumentos de cobertura en un contexto volátil.

La operación también tendrá un impacto político: en plena campaña electoral, el oficialismo necesita mostrar capacidad de gestión de la deuda sin recurrir a la emisión monetaria, lo que le permitiría reforzar su mensaje de estabilidad ante el electorado y los mercados.

Con la mirada puesta en octubre, el mercado seguirá atento a la evolución de las tasas, la dinámica del dólar y la capacidad del Tesoro para seguir absorbiendo pesos. La apuesta oficial es que, tras las elecciones, se reduzca la volatilidad y los costos de financiamiento.

El resultado de la licitación del miércoles será clave para definir los próximos pasos: si el Gobierno logra renovar con éxito los vencimientos y captar fondos frescos, podría llegar con mayor margen a fin de año; en caso contrario, la presión cambiaria y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda podrían intensificarse.

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El dólar mayorista cerró en $1.362 y el Gobierno enfrenta presión cambiaria y crisis de liquidez

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El salto cambiario enciende alarmas en la previa electoral

El mercado cambiario argentino volvió a encender las alarmas: el dólar mayorista subió $41 y cerró en $1.362, mientras que el minorista promedió $1.367,91, apenas por debajo de su récord nominal histórico de $1.374. En paralelo, el dólar blue trepó $20 hasta $1.365, alcanzando su valor más alto desde abril.

La escalada se dio en una rueda atravesada por la doble presión de los ruidos políticos —potenciados por el escándalo de presuntas coimas que involucra a la Secretaría General de la Presidencia— y los desequilibrios monetarios vinculados a la falta de liquidez y las tasas de corto plazo.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s472,2 millones, mientras que en futuros se negociaron más de u$s2.038 millones, reflejo de la búsqueda de cobertura en plena incertidumbre preelectoral.

Ruido político y fragilidad monetaria: el cóctel detrás de la suba

La jornada reflejó una dinámica que combina desconfianza política y vulnerabilidad financiera. El economista Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments, explicó que la escalada responde a “dos factores centrales: el ruido político y la falta de liquidez monetaria”.

En materia financiera, destacó que la caución bursátil operó al 54% y las Lecaps superaron el 60%, lo que evidencia “un problema de liquidez que ni el BCRA logró resolver con su ventanilla de liquidez, ni con el rollover de deuda negativo”.

La volatilidad se profundizó con las tasas de caución a un día, que llegaron al 82%, marcando la presión sobre el sistema financiero. “El Gobierno está corriendo detrás de la curva y no logra controlar la base monetaria”, advirtió Gardey.

En el plano político, el escándalo que salpica a la funcionaria Karina Milei intensificó la desconfianza. “Los agentes económicos aprovechan la caída de activos para rearmar posiciones, pero la inestabilidad política exacerba la dolarización de carteras en un contexto de elecciones cercanas”, añadió.

Expectativas del mercado y riesgos preelectorales

El mercado de futuros ya “pricea” un dólar mayorista en $1.360 para fines de agosto y en $1.553 para diciembre, lo que refleja la percepción de que el tipo de cambio seguirá presionado más allá del calendario electoral.

El economista Federico Machado, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), subrayó que “a 15 días de las elecciones, la curva de pesos está muy dañada por la política monetaria errática del Gobierno”. Además, advirtió que el margen de maniobra para seguir drenando liquidez es cada vez menor “sin generar costos mayores en otros frentes de la economía real”.

Por su parte, el analista Gustavo Ber enfatizó que los inversores muestran mayor cautela “a la espera del mapa de poder pos-octubre”, en un escenario de polarización política extrema. En ese marco, las encuestas privadas empiezan a ganar centralidad como termómetro de expectativas económicas.

Desde el Palacio de Hacienda, el ministro Luis Caputo intentó descomprimir las críticas al afirmar que las tasas de interés “son endógenas” y que la volatilidad responde al “contexto preelectoral”. No obstante, admitió que la política monetaria podría tener “impacto negativo en el nivel de actividad en el corto plazo”.

Brechas, cotizaciones y la foto del mercado

  • Dólar mayorista: $1.362 (+$41).
  • Dólar minorista (promedio BCRA): $1.367,91.
  • Banco Nación: $1.370.
  • Dólar blue: $1.365 (récord desde abril, debajo del oficial BNA).
  • Dólar MEP: $1.362,22 (+2,3%).
  • Dólar CCL: $1.365,65 (+2,2%).
  • Dólar tarjeta/solidario: $1.781.
  • Dólar cripto: $1.358,95.

La brecha entre el oficial mayorista y el blue se redujo al 0,2%, una rareza que refleja la distorsión actual. Incluso, el dólar paralelo cerró por debajo de la cotización en el Banco Nación, algo que no ocurría desde el 8 de agosto.

La escalada cambiaria expone la fragilidad del esquema económico en la previa electoral. El desafío para el Gobierno será contener la presión sobre el dólar sin paralizar la actividad, en un contexto de tasas altísimas, caída de activos y desconfianza política.

Si bien los analistas no prevén un salto brusco inmediato, la expectativa devaluatoria hacia fin de año ya está instalada en precios y contratos. La combinación de ruido político, desequilibrio monetario y calendario electoral anticipa semanas de extrema volatilidad en la city.

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El FMI advierte riesgos fiscales y destaca resiliencia del sector servicios en Panamá

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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó la revisión anual de la economía panameña en el marco del Artículo IV de su Convenio Constitutivo. El organismo proyecta un repunte del PIB al 4,5% en 2025 tras el fuerte impacto por el cierre de la mina Cobre Panamá, aunque advierte sobre riesgos fiscales y de sostenibilidad a largo plazo.

El cierre de la mina Cobre Panamá, responsable de cerca del 5% del PIB y el 2% del empleo en el país, provocó una fuerte desaceleración económica en 2024, con un crecimiento de apenas 2,9%, frente al 7,3% de 2023. El desempleo escaló al 9,5% en octubre de 2024, desde el 7,4% del año anterior.

Sin embargo, el sector no minero mostró resiliencia, especialmente los servicios, que mantuvieron el dinamismo post-pandemia. La formación de capital y la recuperación del Canal de Panamá, que volvió a plena capacidad en septiembre de 2024 tras las restricciones por El Niño, también contribuyeron a contener el deterioro.

El FMI prevé que el crecimiento repunte al 4,5% en 2025, para luego estabilizarse en torno al 4% anual en el mediano plazo, aunque por debajo de los niveles de auge previos a la pandemia, cuando la construcción y la inversión extranjera directa impulsaban cifras superiores.

Ajuste fiscal, inflación negativa y reforma previsional

Uno de los principales desafíos identificados por el FMI es el desequilibrio fiscal. El déficit del sector público no financiero alcanzó el 7,4% del PIB en 2024, frente al 3,9% en 2023. El organismo destacó la aprobación de un plan de reducción del gasto por el Consejo de Gabinete, cuya plena ejecución permitiría cumplir con la meta de 2025 y encaminar la reducción gradual del déficit hasta el 2% del PIB en 2029, en línea con la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal revisada.

En materia de precios, Panamá ingresó en deflación: la inflación interanual pasó a -0,2% en diciembre de 2024 y a -0,7% en mayo de 2025, tras haber tocado picos elevados en 2022.

El Directorio Ejecutivo consideró “adecuada” la reforma de las pensiones en el sistema de prestaciones definidas, aunque advirtió que serán necesarios nuevos ajustes para garantizar la sostenibilidad de largo plazo.

Recomendaciones del FMI: sostenibilidad, banca y gobernanza

El Directorio Ejecutivo del FMI elogió la fortaleza del sistema bancario, aunque insistió en seguir perfeccionando el régimen de resolución bancaria y en avanzar en la red de seguridad financiera. Asimismo, resaltó los avances en la aplicación de las normas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT), a la vez que pidió profundizar los esfuerzos en gobernanza y educación para reducir la desigualdad, en especial en áreas rurales.

Los directores también hicieron énfasis en la importancia de la transparencia macrofinanciera y alentaron a Panamá a adoptar las Normas Especiales de Divulgación de Datos (NEDD) del FMI.

En cuanto a riesgos, advirtieron sobre la posibilidad de una pérdida del grado de inversión, la incertidumbre internacional y la eventual demora en las negociaciones sobre la mina. En el escenario positivo, una implementación eficaz del programa de reformas estructurales podría consolidar la recuperación.

El FMI espera que la economía panameña crezca un 4% anual hacia 2026-2030, con una inflación controlada en torno al 2%, pero con el reto de reducir la deuda pública, que alcanzaría el 59,5% del PIB en 2025, y de fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional.

Panamá enfrenta el desafío de mantener su atractivo como hub financiero y logístico en un contexto de menor dinamismo en inversión extranjera y mayor presión social por el empleo y las pensiones. La próxima Consulta del Artículo IV se realizará en agosto de 2026.

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Importadores tendrán más tiempo para reclamar la devolución del PAIS no computado

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso, mediante la Resolución General 5749/2025, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial, la prórroga del plazo para que los importadores soliciten la devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS no computados en operaciones de comercio exterior. La nueva fecha límite será el 4 de septiembre de 2025, en reemplazo del vencimiento original del 22 de agosto. La medida busca atender reclamos de operadores y garantizar que más empresas puedan registrar sus operaciones en el sistema.

El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), creado en 2019 y luego ampliado a diversas operaciones por los decretos 433/2023, 14/2024 y 777/2024, impacta de manera directa en la importación de bienes. Para aliviar su efecto en el sector productivo, la Resolución General 5720/2025 había implementado un procedimiento especial de devolución para los pagos a cuenta que los importadores no pudieran computar dentro de sus operaciones.

Ese régimen incluyó la creación del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, en el cual los operadores deben inscribir las destinaciones de importación correspondientes, mediante la presentación de la Declaración Jurada de Devolución (DJIP).

La fecha tope para presentar esa declaración vencía el 22 de agosto de 2025, lo que generó planteos de cámaras empresarias y despachantes de aduana respecto a la complejidad de reunir la documentación en tiempo y forma.

Más tiempo para cumplir con el trámite

Con la Resolución General 5749/2025 (RESOG-2025-5749-E-ARCA-ARCA), firmada por el subdirector general institucional de ARCA, Agustín Rojo, se resuelve modificar el artículo 3° de la Resolución 5720. En concreto, la norma sustituye la expresión “22 de agosto de 2025” por “4 de septiembre de 2025”, ampliando el plazo en 13 días corridos.

La medida entró en vigencia desde el mismo día de su dictado, y fue publicada en el Boletín Oficial con difusión adicional en el Boletín de la Dirección General de Aduanas.

La prórroga representa un alivio temporal para empresas importadoras que reclaman un esquema más flexible de devolución de saldos del Impuesto PAIS, en un contexto de fuerte presión tributaria y de financiamiento externo limitado.

Según explicaron desde el sector privado, la extensión permitirá evitar la pérdida de créditos fiscales que, en muchos casos, resultan significativos para firmas industriales y comerciales que dependen de insumos importados.

A nivel institucional, la decisión de ARCA muestra la disposición a ajustar plazos administrativos frente a las demandas del comercio exterior, sin modificar el esquema de fondo. De hecho, la devolución de pagos a cuenta del PAIS seguirá sujeta a la presentación de la DJIP y al cruce de datos con la Aduana, garantizando trazabilidad y control fiscal.

Si bien la prórroga otorga un respiro administrativo, persisten las críticas de sectores productivos respecto al impacto del Impuesto PAIS en costos de importación, especialmente para pymes industriales. En el Congreso, algunos proyectos plantean la eliminación gradual del tributo, aunque la necesidad fiscal lo mantiene como una de las principales fuentes de recaudación.

En el corto plazo, los operadores se enfocarán en cumplir con la nueva fecha límite del 4 de septiembre, mientras crece el debate sobre la continuidad del régimen de percepción y devolución en un escenario de elevada presión inflacionaria y cambiaria.

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