El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes ante empresarios en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y pidió confianza en el programa económico del Gobierno. Allí aseguró que el país “será el que más crecerá en los próximos 30 años” y proyectó que los próximos 18 a 20 meses podrían marcar el mejor desempeño en décadas.
El mensaje se dio en una jornada atravesada por dos variables clave: la difusión del índice de inflación de marzo —que, según lo esperado, rondaría el 3%— y el inminente viaje del equipo económico a Washington para avanzar en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de destrabar un desembolso de US$1000 millones.
Estabilización, FMI y señales al mercado
La exposición de Caputo se inscribe en una estrategia del Gobierno para consolidar expectativas en el sector privado. El ministro defendió que la actual gestión implementó un esquema económico inédito en el país y sostuvo que la estabilidad macroeconómica es el eje central del programa.
En ese marco, destacó la utilización de herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que acumula 35 proyectos por un total de US$85.000 millones, según lo informado. La iniciativa apunta a generar previsibilidad y atraer capital en sectores estratégicos.
La agenda oficial también incluye negociaciones con el FMI, donde el Gobierno busca cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente. Esa instancia resulta clave para sostener el flujo de financiamiento externo.
Nueva lógica económica y reconfiguración del consumo
Uno de los ejes del discurso fue la reinterpretación del comportamiento económico actual. Frente a las señales de caída en algunos indicadores, Caputo rechazó la idea de una contracción generalizada y planteó que existe una “heterogeneidad” en la actividad.
Según explicó, el cambio de modelo —basado en la reducción del déficit, menor presión impositiva y mayor apertura— modificó los incentivos. En ese nuevo escenario, algunas empresas reducen operaciones mientras otras expanden su actividad e incluso exportan.
El ministro vinculó esta dinámica con una transformación del consumo. Afirmó que ya no responde a conductas defensivas frente a la inflación —como el sobrestockeo— sino a decisiones más racionales en un contexto de mayor estabilidad.
Respaldo condicionado del sector privado
El planteo del Gobierno apunta a consolidar apoyo empresarial en una etapa de transición. La presencia de ejecutivos, gobernadores y funcionarios en el evento refleja la centralidad del mensaje político: sostener el rumbo económico pese a señales mixtas en la actividad.
Caputo también dejó una definición implícita sobre el rol del sector privado: la adaptación al nuevo esquema será determinante. En su exposición, diferenció entre empresas que ajustan su estructura y aquellas que invierten para competir en un mercado más abierto.
Inflación, inversión y empleo en transición
El ministro insistió en que la inflación “va a tener certificado de defunción”, vinculando su evolución a la demanda de dinero, la confianza y la baja de tasas de interés. En paralelo, proyectó una recuperación de la actividad impulsada por la inversión, más que por el consumo.
En el plano laboral, reconoció que algunos sectores industriales registran caídas, mientras el empleo total crece con mayor peso de la informalidad. Según explicó, este fenómeno responde a un proceso de reconversión hacia servicios, que ya representan cerca del 60% de la economía local.
Impacto indirecto en Misiones y el NEA
Aunque el discurso tuvo un alcance nacional, las definiciones económicas tienen impacto en las economías regionales. En provincias como Misiones, donde la estructura productiva combina industria, servicios y economías primarias, los cambios en consumo e inversión pueden traducirse en dinámicas dispares.
La evolución del crédito, la obra pública —como los corredores viales anunciados— y la llegada de inversiones bajo el RIGI aparecen como variables a seguir para medir el efecto territorial del modelo.
Inflación, financiamiento y reacción del mercado
El Gobierno enfrenta un escenario donde las expectativas juegan un rol central. La publicación del índice de inflación, el resultado de la negociación con el FMI y la respuesta del sector privado serán determinantes para validar —o tensionar— el diagnóstico oficial.
También quedará bajo observación la evolución del consumo, el empleo industrial y la capacidad del programa para sostener un crecimiento basado en inversión.
El rumbo está definido, pero su consolidación dependerá de variables que todavía no terminan de estabilizarse.
Los directores de la Agencia Internacional de Energía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emitieron este 13 de abril una declaración conjunta desde Washington D.C. en la que advirtieron que la guerra en Oriente Medio ya genera un impacto “sustancial, global y altamente asimétrico” sobre la economía mundial, con efectos directos en precios, empleo y seguridad alimentaria.
El diagnóstico se apoya en un dato central: el aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, en un contexto donde las interrupciones logísticas y energéticas aún no se normalizan, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz.
Coordinación internacional ante una crisis en expansión
La reunión forma parte de un esquema de coordinación creado a comienzos de abril entre los tres organismos, con el objetivo de articular respuestas frente a las consecuencias económicas y energéticas del conflicto.
Según lo informado, el impacto no es homogéneo. Los países importadores de energía —en particular los de bajos ingresos— enfrentan mayores presiones, mientras que incluso algunos productores de hidrocarburos de la región registran caídas en sus ingresos por exportaciones.
La incertidumbre se mantiene como variable dominante. El transporte marítimo en zonas críticas aún no recupera su funcionamiento pleno, lo que condiciona la oferta global de insumos estratégicos.
Precios altos y cadenas de suministro tensionadas
El escenario que describen los organismos combina varios factores: Aumento de precios energéticos y de fertilizantes. Interrupciones en el suministro global. Daños en infraestructura clave. Recuperación lenta de los flujos comerciales
Incluso si se restablece la navegación regular, la normalización de los mercados no será inmediata. Los precios podrían mantenerse elevados durante un período prolongado, según la evaluación oficial.
Además, la escasez de insumos impacta en sectores clave como la energía y la producción de alimentos, generando un efecto en cadena sobre la economía global.
Organismos multilaterales alinean respuesta
La declaración conjunta marca una señal de coordinación entre tres actores centrales del sistema económico internacional. La articulación entre la AIE, el FMI y el Banco Mundial apunta a reforzar la capacidad de respuesta ante un shock externo que combina variables geopolíticas y económicas.
El enfoque incluye asistencia técnica y, en el caso de los organismos financieros, apoyo económico a los países más afectados. La estrategia busca contener efectos sistémicos y evitar desbalances mayores en economías vulnerables.
La referencia a “asesoramiento político personalizado” sugiere que las recomendaciones podrían adaptarse a cada país, en función de su exposición a la crisis energética.
Presión sobre alimentos, empleo y crecimiento
El aumento en los precios de la energía y los fertilizantes tiene efectos directos sobre: Costos de producción agrícola. Precios de alimentos. Nivel de empleo. Actividad económica general
A esto se suma la reducción de viajes y turismo, y el desplazamiento de población en zonas afectadas, factores que amplifican el impacto económico.
El cuadro general describe una economía global con menor dinamismo y mayor volatilidad, atravesada por restricciones en la oferta de insumos clave.
Implicancias para Argentina y el NEA
Aunque la declaración no menciona países específicos de América Latina, el diagnóstico permite inferir impactos potenciales. En economías importadoras de energía y con alta dependencia de insumos externos, el encarecimiento de combustibles y fertilizantes puede trasladarse a precios internos.
En regiones como el NEA, donde la actividad productiva tiene fuerte vínculo con el agro, el aumento de costos en insumos clave podría incidir en la estructura de precios y márgenes de producción.
Informes clave y evolución del conflicto
Los organismos anticiparon la publicación de nuevos informes —el Reporte del Mercado Petrolero de la AIE y las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI— que ofrecerán mayor precisión sobre el impacto de la crisis.
La evolución del conflicto en Oriente Medio, la normalización del transporte marítimo y la capacidad de respuesta de los países serán variables determinantes en las próximas semanas.
El escenario sigue abierto y condicionado por factores geopolíticos que exceden el control de los actores económicos, lo que mantiene elevada la incertidumbre sobre la trayectoria de los precios y el crecimiento global.
Escribe Evgenia Pugacheva / FMI – Las guerras dejan un pesado lastre económico y el aumento del gasto en defensa fuerza decisiones difíciles
Una vez más, el panorama mundial se ve determinado por la guerra. Después de varias décadas de calma relativa tras la Guerra Fría, el número de conflictos activos se ha disparado en los últimos años hasta niveles que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas en ascenso y las crecientes preocupaciones en materia de seguridad están llevando a muchos gobiernos a replantearse sus prioridades y aumentar el gasto en defensa.
Más allá de su devastador costo humano, las guerras se cobran una alta factura económica con efectos prolongados y obligan a tomar difíciles decisiones macroeconómicas, especialmente en los países en los que se libran los combates. Aun en ausencia de conflictos activos, el incremento del gasto en defensa puede aumentar las vulnerabilidades económicas a mediano plazo. Cuando termina la guerra, los gobiernos se enfrentan a la urgente tarea de asegurar una paz duradera y una recuperación sostenida.
En estos tiempos de proliferación de conflictos, nuestro estudio, plasmado en dos capítulos analíticos de la edición más reciente de Perspectivas de la economía mundial informe WEO, pone de relieve el profundo y prolongado costo económico de la guerra, que ha afectado especialmente a las regiones de África subsahariana, Europa y Oriente Medio. También mostramos que el aumento del gasto en defensa, si bien puede impulsar la demanda a corto plazo, conlleva difíciles decisiones presupuestarias que hacen que diseñar bien las políticas y lograr una paz duradera sean más importantes que nunca.
Pérdidas económicas
En los países donde se libran las guerras, la actividad económica se desploma. En promedio, la producción en los países donde se producen los combates cae aproximadamente un 3% al inicio del conflicto y sigue contrayéndose durante años hasta acumular pérdidas en torno al 7% en un plazo de cinco años. En general, las pérdidas en la producción causadas por los conflictos superan las relacionadas con crisis financieras o desastres naturales graves. Además, las cicatrices económicas se siguen sintiendo incluso diez años después.
También es frecuente que las guerras tengan importantes repercusiones. Los países implicados en conflictos que se libran en suelo extranjero quizás eviten pérdidas económicas cuantiosas, en parte porque no sufren destrucción física en su propio territorio. Sin embargo, las economías vecinas o los principales socios comerciales del país donde tiene lugar el conflicto acusarán sus efectos. En los primeros años de un conflicto, estos países suelen experimentar caídas moderadas en la producción.
Los conflictos de mayor envergadura —en los que se producen al menos 1.000 fallecimientos en combate— obligan a tomar decisiones difíciles en las economías donde tienen lugar. Los presupuestos públicos se deterioran: el gasto se desplaza hacia la defensa y la deuda crece, al tiempo que caen la producción y la recaudación de impuestos.
También puede ocurrir que estos países experimenten tensiones en su posición externa. Las importaciones se contraen con fuerza debido al descenso de la demanda, y las exportaciones se reducen incluso en mayor medida, lo que da lugar a un aumento temporal del déficit comercial. La creciente incertidumbre desencadena salidas de capitales, y tanto la inversión extranjera directa como los flujos de cartera se reducen. Esto obliga a los gobiernos de los países en guerra a recurrir en mayor medida a la ayuda y, en algunos casos, a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits comerciales.
A pesar de estas medidas, los conflictos contribuyen a una depreciación cambiaria sostenida, a la pérdida de reservas y al aumento de la inflación, lo que pone de manifiesto que el aumento de los desequilibrios externos acentúa las tensiones macroeconómicas en períodos bélicos. Los precios suelen aumentar a un ritmo superior al de las metas de inflación de la mayoría de los bancos centrales, lo que lleva a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés.
En conjunto, nuestro análisis demuestra que los grandes conflictos se cobran un costo económico considerable y conllevan disyuntivas difíciles en las economías que sufren los conflictos dentro de sus fronteras, además de perjudicar a otros países. Estos costos van mucho más allá de los trastornos a corto plazo: tienen consecuencias duraderas en el potencial económico y el bienestar humano.
Disyuntivas de gasto
La mayor frecuencia con la que se producen conflictos y el aumento de las tensiones geopolíticas también han hecho que muchos países hayan vuelto a plantearse sus prioridades en materia de seguridad y aumenten el gasto en defensa. Otros países tienen previsto hacerlo. Esta situación coloca a las autoridades ante ciertas disyuntivas cruciales que acompañan a semejante incremento del gasto.
Hemos analizado varios episodios de escalada del gasto en defensa en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial. Constatamos que estas expansiones, que suelen durar casi tres años, se traducen en un aumento del gasto en defensa de 2,7 puntos porcentuales del producto interno bruto. A grandes rasgos, esta cifra es similar a lo que necesitan los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN para cumplir el objetivo de destinar un 5% del PIB al gasto en defensa de aquí a 2035.
El incremento del gasto en defensa actúa principalmente como un shock positivo de demanda que impulsa el consumo privado y la inversión, especialmente en los sectores relacionados con la defensa. Esto puede generar un crecimiento de la producción y de los precios a corto plazo, que exige una estrecha coordinación con la política monetaria para moderar las presiones inflacionarias.
En general, los efectos agregados del aumento del gasto en defensa para la producción tienden a ser moderados: el aumento de la producción suele ser prácticamente equivalente al incremento del gasto en defensa, que no tiene un efecto multiplicador mayor sobre la actividad económica. Dicho esto, el efecto multiplicador o dominó de este gasto varía considerablemente en función de cómo se sostenga, financie y asigne ese gasto, y de la cantidad de equipamiento que se importe.
Por ejemplo, cuando el estímulo se destina en parte a importar bienes del exterior, como ocurre especialmente en el caso de los países importadores de armas, los incrementos de la producción son menores y se produce un deterioro de la posición externa. En cambio, si el aumento del gasto en defensa da prioridad a la inversión pública en equipo e infraestructura, junto con una contratación pública menos fragmentada y más estándares comunes, se ampliaría el tamaño del mercado, se favorecería las economías de escala, se reforzaría la capacidad industrial, se reducirían las fugas de gasto hacia las importaciones y se generaría crecimiento de la productividad a largo plazo.
Elegir la forma de financiar el gasto en defensa supone una decisión clave. A corto plazo, las escaladas del gasto en defensa suelen financiarse mediante déficit, mientras que, en fases más avanzadas y cuando parece que ese incremento del gasto va a ser permanente, cobra más importancia el aumento de los ingresos.
La dependencia del financiamiento mediante déficit puede estimular la economía a corto plazo, pero, a mediano plazo, puede comprometer la sostenibilidad fiscal, especialmente en los países con poco margen de maniobra presupuestario. En los tres años siguientes al inicio de una escalada del gasto en defensa, los déficits se deterioran en torno a 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública aumenta alrededor de 7 puntos porcentuales 14 puntos porcentuales en períodos bélicos. El consiguiente aumento de la deuda pública puede desplazar la inversión privada y contrarrestar el efecto expansivo inicial del gasto en defensa.
La acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede mitigar mediante mecanismos de financiamiento duraderos, especialmente cuando el aumento del gasto en defensa es permanente. Sin embargo, incrementar los ingresos implica sacrificar consumo y moderar el estímulo de la demanda, mientras que el reajuste de las prioridades presupuestarias suele hacerse a costa del gasto público en protección social, salud y educación.
Políticas para la recuperación
Nuestro análisis también muestra que la recuperación económica después de una guerra suele ser lenta y con altibajos, y depende de manera determinante de que la paz sea duradera. Cuando la paz se sostiene, la producción se recupera, si bien suele mantenerse en niveles reducidos en relación con las pérdidas sufridas durante la guerra. En cambio, en economías frágiles en las que el conflicto se reactiva, la recuperación suele estancarse. Estas modestas recuperaciones se deben sobre todo a la mano de obra: mientras que el acervo de capital y la productividad son todavía reducidos los trabajadores abandonan las actividades militares por las civiles y se produce el regreso paulatino de los refugiados.
La pronta estabilización macroeconómica, una reestructuración decisiva de la deuda y el apoyo internacional —que incluye ayuda y desarrollo de la capacidad— desempeñan un papel fundamental a la hora de restablecer la confianza y promover la recuperación. Las medidas de recuperación son más eficaces cuando se complementan con reformas internas para reconstruir las instituciones y la capacidad del Estado, promover la inclusión y la seguridad, y paliar los profundos costos humanos del conflicto, como son los atrasos educativos, el deterioro de la salud y las menores oportunidades económicas.
Cabe destacar que, para que la recuperación después de la guerra sea efectiva, es esencial contar con paquetes de medidas integrales y bien coordinados. Este planteamiento es mucho más eficaz que la aplicación de medidas dispersas. Las políticas que reducen la incertidumbre y, simultáneamente, reconstruyen el acervo de capital, pueden reforzar las expectativas, fomentar la afluencia de capitales y facilitar el regreso de las personas desplazadas. En último término, la recuperación con éxito después de una guerra sienta las bases para la estabilidad, una esperanza renovada y mejores medios de vida para las comunidades afectadas por el conflicto.
—Este blog se basa en los capítulos 2 y 3 de la edición de abril de 2026 de Perspectivas de la economía mundial, titulados “El gasto en defensa y sus consecuencias macroeconómicas” y “La macroeconomía de los conflictos y la recuperación”. Más información sobre los Estados frágiles y afectados por conflictos: How Fragile States Can Gain by Strengthening Institutions and Core Capacities.
Evgenia Pugacheva, es Asistente de Investigación en la División de Estudios Económicos Internacionales del FMI
EscribenZsolt Darvas y Jeromin Zettelmeyer / F&D FMI – Muchas economías avanzadas muy endeudadas se enfrentan a un sombrío panorama fiscal. Con las políticas actuales, los coeficientes de deuda pública de países como Bélgica, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido se deteriorarán en las próximas dos décadas. Aún tienen margen para endeudarse, pero con límites.
Hasta ahora, los mercados financieros han sido piadosos, pero las sacudidas recientes hacen pensar que podrían tornarse más susceptibles a noticias negativas acerca de las perspectivas fiscales o económicas. Es posible que impongan tasas de interés más altas incluso a países con mercados de bonos públicos muy líquidos, haciendo mucho más difícil la tarea de reducir la deuda.
El aumento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial quizá frene un poco el avance de los coeficientes de deuda y reduzca la escala del ajuste necesario. Pero no se sabe a ciencia cierta cuál sería la magnitud de este efecto ni el momento en que se produciría. El envejecimiento de la población y las mermas del crecimiento debidas a la fragmentación del comercio y la incertidumbre política son factores que tiran en sentido opuesto.
¿Qué se necesita para estabilizar los coeficientes de deuda? En un estudio reciente con Gonzalo Huertas y Lennard Welslau, evaluamos el ajuste fiscal necesario en las economías de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido. Recurrimos a pronósticos de crecimiento oficiales y proyecciones de mercado de tasas de interés, tipos de cambio e inflación, y combinándolos con shocks simulados generamos distribuciones de probabilidad para futuros coeficientes de deuda en distintos escenarios del saldo primario, que excluye los pagos de intereses por la deuda.
Consideramos un horizonte de 20 años a partir de 2024 y lo dividimos en dos períodos. En el primero, de siete años, los gobiernos elevan el saldo primario hasta un nivel que garantiza la sostenibilidad de la deuda. En el siguiente período, de 13 años, los gobiernos mantienen el saldo primario constante, excluyendo las variaciones del gasto provocadas por el envejecimiento de la población. El objetivo era garantizar una probabilidad del 70% de que la magnitud del ajuste fiscal en el primer período fuera suficiente para estabilizar el coeficiente de deuda en los últimos cinco años del horizonte de 20 años.
Hallazgos dispares
Por el lado positivo, el saldo primario a largo plazo necesario no es exageradamente elevado en muchos de los casos. Por ejemplo, es del 1,3% del PIB en los casos de Estados Unidos y Francia, del 1,8% en los casos de Bélgica y el Reino Unido, y del 2,5% en el caso de Italia. Pero por el lado negativo, los cuantiosos déficits registrados en 2024 acarrean la probabilidad de que se precisen ajustes importantes. Alrededor de una docena de países necesitan ajustes de más del 3% del PIB; cinco de ellos —Estados Unidos, Francia, Polonia, la República Eslovaca y Rumanía— necesitan ajustes del 5% con respecto a 2024.
En teoría, casi todos los países de la UE tienen previsto realizar ajustes para estabilizar el coeficiente de deuda. Pero varios de ellos emplean supuestos macroeconómicos más optimistas que los de la metodología común de la UE. El plan de Alemania, por ejemplo, contempla una inflación y un crecimiento mayores que los de los pronósticos de los expertos. Si el crecimiento y la inflación efectivos resultan ser menores, el déficit y la deuda de Alemania se situarán muy por encima de lo que proyecta el país.
Además, los pronósticos de la Comisión Europea y el FMI hacen pensar que los países con las mayores necesidades de ajuste probablemente no adopten las medidas requeridas para estabilizar sus niveles de endeudamiento. Esto acrecienta las dudas acerca de la probabilidad de que se realicen estos ajustes.
Antecedentes históricos
Es poco probable que Estados Unidos y varias otras economías avanzadas realicen los ajustes fiscales necesarios para estabilizar la deuda en el mediano plazo, pero quizá lo hagan más adelante. Para determinar cuán probable es que esto suceda, analizamos antecedentes históricos: con qué frecuencia alcanzaron los países el saldo primario necesario, cuál fue el período más largo en que se mantuvo ese saldo, y con qué frecuencia efectuaron el ajuste necesario dentro de un período de siete años.
Observamos que los saldos primarios en los niveles necesarios para estabilizar la deuda en varias economías avanzadas fuertemente endeudadas son poco frecuentes, como también lo son los considerables ajustes que se necesitan para alcanzar esos niveles desde las posiciones fiscales corrientes. Francia, por ejemplo, necesitaría un superávit primario del 1,3% del PIB para estabilizar su deuda, algo que ha sucedido apenas seis veces en cinco decenios. Eso no quiere decir que los ajustes sean imposibles, pero sí hace pensar que serán difíciles y que probablemente lleven más tiempo que los siete años que contemplan las reglas fiscales de la UE.
Algo que puede alentar a las autoridades de estas economías es la transformación que han experimentado los que otrora se consideraban los eslabones débiles de la zona del euro. En 2024, Grecia registró un saldo primario del 4,0%, teniendo en cuenta los altibajos del ciclo económico, es decir, muy por encima de lo necesario para estabilizar la deuda. Portugal necesita un ajuste leve de tan solo el 0,5% del PIB. El ajuste del 1,9% del PIB que precisa Irlanda es moderado, y el coeficiente de endeudamiento del país, del 39% del PIB, es excepcionalmente bajo, y se sitúa muy por debajo del 122% de Estados Unidos y el 101% del Reino Unido.
¿Cómo es que países que atravesaron graves crisis fiscales hace 15 años hoy han pasado a ser ejemplos de disciplina? Después de la crisis financiera mundial de 2008, los mercados financieros llevaron a esos países al borde del colapso, obligándolos a aceptar programas de préstamo de la UE y el FMI. Pese a las fallas en su diseño, el ajuste fiscal y las reformas estructurales esenciales de estos programas ponen a las economías en la senda hacia el crecimiento sostenible una vez más. El ajuste fue duro y, en el caso de Grecia, muy prolongado, pero terminó por surtir efecto.
Los resultados hablan por sí mismos. Con un crecimiento medio anual de entre el 3,1% y el 4,2% en 2022–25, los tres países superaron el ritmo del 2,6% de Estados Unidos.
La moraleja es que la disciplina fiscal y las reformas estructurales —junto con la reestructuración de la deuda pública y privada cuando sea insostenible— a la larga rinden fruto. No debe llamar la atención entonces que estas reformas y reestructuraciones no hayan sido impelidas por fuerzas políticas internas sino que más bien hayan sido impuestas por la presión del mercado.
Reconocer los riesgos
La pregunta es cómo realizarán el ajuste los países esta vez. Hay varias posibilidades.
Lo óptimo sería combinar la reforma a favor del crecimiento —lo que incluye poner en marcha el programa de mercado único en la UE descrito en el informe Draghi— con profundas reformas de la seguridad social y el sistema de pensiones. Por añadidura, se podrían reorganizar los sistemas tributarios a fin de captar ingresos sin desincentivar el crecimiento. Esto último es especialmente pertinente para Estados Unidos, el único país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que no tiene un impuesto al valor agregado.
Desafortunadamente, esta opción es la más complicada desde el punto de vista político. Una ruta más realista hacia la consolidación fiscal consiste en lograr un nuevo liderazgo político que ponga por delante la disciplina fiscal pero no necesariamente una reforma de gran calado. Italia es un ejemplo. Aleccionados por el desastre que se logró esquivar a comienzos de la década de 2010, los gobiernos italianos de diferentes vertientes políticas han mantenido los presupuestos en general bajo control. El coeficiente de endeudamiento de Italia, de alrededor del 135% del PIB, no deja de ser elevado, pero el saldo primario ajustado en función del ciclo es del 0,3% del PIB, es decir, mucho más saludable que los de Bélgica, Francia o el Reino Unido.
Una escalada repentina de los costos de endeudamiento que provoque tensiones por sobreendeudamiento podría desembocar en un aterrizaje brusco. Al aumentar la deuda, las tasas de interés también podrían subir, y los mercados podrían tornarse más susceptibles a noticias que pongan en entredicho la sostenibilidad fiscal. Los gobiernos podrían recurrir a estrategias de represión financiera —por ejemplo, alentar a los bancos o instituciones nacionales a absorber más deuda pública—, pero tales medidas tienen límites. Una inflación sorpresiva podría aliviar temporalmente las presiones fiscales, pero una inflación persistentemente más alta podría a la larga elevar las tasas de interés nominales.
Esperemos que las autoridades reconozcan estos riesgos y reaccionen a tiempo para evitar tal situación.
ZSOLT DARVAS, es investigador principal en el centro de estudios económicos Bruegel.
Escriben Era Dabla-Norris y Rodrigo Vadés – La política fiscal siempre ha implicado compensaciones. ¿De quién se financiarán las prioridades? ¿De quién se apondrán las cargas? ¿Bajo qué condiciones? Hasta hace poco, los gobiernos podían posponer estas decisiones pidiendo prestado en condiciones convenientes. Pero ahora, niveles de deuda sin precedentes y mayores costes de endeudamiento han elevado la apuesta. Al mismo tiempo, la demanda de fondos públicos sigue creciendo incluso cuando los recursos están muy limitados. Las sociedades solo pueden reconciliar con éxito prioridades en competencia si dependen de algo que a menudo se pasa por alto y actualmente escasea: la confianza pública.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública seguía aumentando de forma constante. En muchas democracias, las plataformas políticas favorecían un mayor gasto y déficits, mientras posponían las reformas estructurales (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio 2024). El crecimiento económico modesto, el gasto para atender a una población mayor en crecimiento y la reticencia a subir los impuestos solo empeoraron las cosas. Se pospusieron decisiones difíciles y se acumuló deuda, sostenida por los tipos de interés inusualmente bajos de las dos últimas décadas.
Luego, en 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse extensamente. La deuda de la economía avanzada aumentó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunos países superó el 120 por ciento (véase el Gráfico 1). Los países de mercados emergentes y de bajos ingresos, aunque más limitados, también se endeudaron en exceso. La respuesta evitó una catástrofe más profunda y, aunque los niveles de deuda se han estabilizado en muchos casos, los países ahora se enfrentan a un mundo en el que endeudarse ya no es barato.
Hoy en día, los responsables políticos se enfrentan a la versión fiscal del COVID prolongado: tipos de interés más altos y aumento del coste de la deuda. La deuda pública global subió al 93,9 por ciento del PIB en 2025 y está en camino de superar el 100 por ciento para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz, marcando un punto de inflexión para la política económica y la política (Gráfico 2). Mientras tanto, las fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las demandas sociales y, en el caso de los países de bajos ingresos, la disminución de los flujos de ayuda y los persistentes altos costes de endeudamiento— siguen afectando los presupuestos incluso cuando las tensiones geopolíticas emergentes ejercen presión para gastar en política de defensa e industrial.
Carga de la deuda
La era de los tipos de interés ultra bajos ha terminado, pero las tendencias de crecimiento económico no han cambiado de forma apreciable. En poco tiempo, los costes de préstamo se han duplicado o triplicado. Las facturas de intereses ahora afectan más los presupuestos, desplazando otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos de intereses subieron de aproximadamente el 2 por ciento del PIB antes de la pandemia al 4,2 por ciento en 2025, superando el gasto en defensa, y se espera que siga aumentando. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses consumen de media el 21 por ciento de los ingresos fiscales.
La deuda alta implica menos margen para responder a los shocks, interfiere en la economía en general al aumentar el coste del capital y complica la elaboración de la política monetaria mientras motiva la represión financiera. También puede amenazar la estabilidad financiera, especialmente en los mercados emergentes, si los rendimientos suben a medida que los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. A medida que las condiciones de financiación se endurecen, los ajustes pueden volverse más bruscos y repentinos—recordando la idea del economista alemán del siglo XX Rudi Dornbusch, que dice que “las crisis tardan mucho más en ocurrir de lo que crees, y luego ocurren más rápido de lo que pensabas.” Y una deuda elevada traslada la renta nacional hacia los acreedores a costa de otras necesidades.
En un mundo de baja deuda y tipos de interés bajos, los gobiernos podrían eludir decisiones difíciles pidiendo más préstamos y esperando que el crecimiento económico genere suficientes ingresos fiscales adicionales para cubrir y, eventualmente, reembolsar la deuda. Pero hoy, la era de las decisiones fáciles ha terminado. Cada dólar que un gobierno pide prestado sin ingresos equivalentes implica impuestos más altos o un gasto menor en el futuro, al menos para cubrir los intereses adicionales que genera la nueva deuda. A partir de cierto punto, más endeudamiento obliga a tomar decisiones dolorosas—mediante austeridad, inflación, represión financiera o incluso impago. La pregunta se vuelve inevitable: con un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y quién asumirá el coste?
Situación fiscal
Un compromiso duradero se centra en el tamaño del gobierno. El aumento del nivel de vida ha llevado a los ciudadanos a esperar redes de seguridad social fiables, educación y sanidad asequibles, una inversión pública sólida y protección frente a una gama creciente de riesgos, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y pandemias. Las economías avanzadas expandieron considerablemente sus estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial; muchos lo hicieron de nuevo tras la crisis financiera global de 2008 y en respuesta al COVID-19. Las economías de mercados emergentes enfrentan una fuerte presión para reforzar sus redes de seguridad más modestas, ya que los ciudadanos exigen crecimiento con equidad. El problema es que el apetito por beneficios suele superar la disposición de las sociedades a movilizar ingresos. Y las decisiones para reducir los impuestos no siempre van acompañadas de contención del gasto. Los gobiernos no pueden proporcionar beneficios a nivel nórdico sin una tributación a nivel nórdico, y aun con tales impuestos, el envejecimiento y otras presiones desafían la aritmética.
Equilibrar credibilidad y flexibilidad plantea otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para responder a los shocks, pero también deben tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos de que la deuda seguirá bajo control. Normas fiscales rígidas —como un techo de deuda excesivamente vinculante— o recortar gastos y subir impuestos demasiado rápido pueden profundizar las recesiones, y ignorar los déficits puede desencadenar una reacción en el mercado, como ocurrió durante la crisis de la deuda de la zona euro. El reto es un compromiso sólido con la sostenibilidad sin una política de camisas de fuerza. Esto requiere anclas fiscales creíbles a medio plazo con cláusulas de escape para sorpresas raras; planes transparentes que prioricen la inversión mientras protegen a los vulnerables; y marcos institucionales que generen confianza sin socavar la capacidad del gobierno para responder a recesiones severas. Conseguir este equilibrio adecuado nunca ha sido tan importante—ni tan difícil.
Un tercer dilema es si invertir ahora o conservar potencia de fuego para más adelante. Las necesidades urgentes —seguridad nacional, resiliencia ante los choques, transición climática, inclusión social y desarrollo— demandan recursos. Pero cada dólar gastado hoy significa un colchón más delgado para la próxima crisis. En un mundo de descargas frecuentes, el equilibrio es duro. Los países que agoten la capacidad de endeudamiento en tiempos favorables se verán peligrosamente expuestos cuando llegue la próxima recesión o desastre. No se trata de planificar en torno a los mejores escenarios, sino de diseñar estrategias fiscales viables cuando surjan sorpresas: conviene guardar algo cuando la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina.
Cada decisión presupuestaria ahora tiene ganadores, perdedores y momentos explícitos, y la economía política de esas decisiones se ha vuelto más complicada. ¿Quién o qué tiene prioridad? ¿Qué impuestos la financiarán y qué programas deben ceder? Estas preguntas ya no pueden taparse con nuevas deudas. Deben responderse claramente, y eso está resultando ser un desafío formidable.
Desafíos intergeneracionales
Una deuda pública elevada es más que una preocupación macroeconómica; también es una cuestión de equidad entre generaciones. En palabras del estadista del siglo XVIII Edmund Burke, “La sociedad es una sociedad… entre los que están vivos, los que están muertos y los que están por nacer.” La deuda permite financiar proyectos que impulsan el crecimiento, amortiguar un choque o repartir los costes de forma más equitativa a lo largo del tiempo. Pero los déficits persistentes se financian con deuda que los trabajadores y contribuyentes del mañana deben cubrir. Cuando la deuda es grande y los tipos de interés suben, más recursos públicos fluyen hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos. Esa transferencia continúa mientras la deuda permanezca—y crece si continúa el endeudecimiento.
La demografía intensifica el desafío de dos maneras. A medida que las sociedades envejecen, el coste de proporcionar pensiones y atención sanitaria comienza a crecer más rápido que los ingresos fiscales. Y donde las tasas de natalidad se desploman, estos costes los asume una plantilla en declive. Las economías avanzadas ahora cuentan con unos tres trabajadores por jubilado, frente a unos cuatro en 2000, y la cifra se acerca a dos trabajadores para 2050 (OCDE 2025). Además, muchas obligaciones de pensiones y sanidad permanecen fuera del balance del gobierno y, a medida que la población envejece, estas obligaciones implícitas aparecen en los presupuestos, a menudo con fuerza desestabilizadora. Eso plantea decisiones difíciles: subir los impuestos, reducir las prestaciones o seguir pidiendo prestado y simplemente retrasar el ajuste de cuentas.
Cuanto más se pospongan las decisiones difíciles, más abrupto y gravoso será el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obliguen a actuar. Y peor aún, la factura recae en menos personas. Mientras tanto, las transferencias y otros gastos y servicios de la deuda actuales pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructuras, erosionando la prosperidad de la próxima generación. La economía política magnifica el desafío. Los votantes actuales se resisten a los recortes a los beneficios ganados o prometidos, y los votantes mayores pueden formar un bloque electoral especialmente poderoso.
Los políticos, tentados a evitar medidas impopulares como subir la edad de jubilación, recortar prestaciones o ampliar la base impositiva, dejan que la deuda asuma la presión. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven que los gobiernos acumulan deuda y sospechan que recibirán el cheque a través de impuestos más altos y servicios públicos más ajustados cuando se jubilen. La confianza se erosiona y el contrato social entre generaciones se deshilacha. Los mercados financieros también toman nota, exigiendo primas de riesgo más altas o retrocediendo cuando perciben que el ajuste fiscal se está posponiendo indefinidamente.
Pero pedir prestado no es inherentemente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si impulsa el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones financiadas por deuda en infraestructuras, educación y resiliencia climática pueden aportar beneficios a los futuros ciudadanos. Lo preocupante es que demasiada deuda reciente ha financiado el consumo actual o la evitación de decisiones difíciles, transfiriendo efectivamente más carga a los futuros contribuyentes en lugar de a quienes se benefician hoy. La cuestión clave es si estamos dejando un mundo mejor y más próspero para la próxima generación, o simplemente dejándoles el proyecto de ley.
Si la política fiscal consiste en distribuir los costes a lo largo del tiempo y los grupos sociales, entonces la confianza es la moneda que hace que esta distribución sea políticamente viable. Sin confianza, incluso las reformas más sensatas y bien diseñadas pueden flaquear cuando los ciudadanos dudan de sus motivos y resultados. Con la confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar sacrificios difíciles y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Miedos de los ciudadanos
La confianza es la creencia de que algo es seguro y fiable, o que una persona es buena y honesta. Cada uno de estos elementos tiene un equivalente fiscal: los acuerdos deben ser comprendidos, justos, transparentes y competentes; de lo contrario, no se les confiará.
Muchas sociedades sufren un déficit de confianza (Gráfico 3). Investigaciones recientes, basadas en una encuesta realizada a 27.000 personas en 13 países en 2024, arrojan luz sobre las lagunas de percepción que alimentan esta desconfianza (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid 2025). Muchas personas —tanto de economías avanzadas como emergentes— no entienden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, solo alrededor del 42 por ciento de los encuestados entendía que subir impuestos o recortar el gasto reduciría el déficit público. De manera similar, más del 60 por ciento subestimó el nivel deuda-PIB de su país, especialmente en países con alta deuda. Si la gente cree que la deuda no es tan alta o dañina, naturalmente verá las llamadas a la reforma fiscal como exageradas o políticamente motivadas. Estas percepciones erróneas atenuan la sensación de urgencia y dificultan la formación de apoyo para una acción correctiva oportuna.
Sin confianza, el pesimismo sobre las políticas gubernamentales aumenta. Los encuestados que reportan mayor confianza en su gobierno tienen un 20 por ciento más de probabilidades de creer que sus políticas ayudarán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general tienden a dudar de que las políticas actuales para reducir la deuda les vayan a beneficiar, quienes confían más en el gobierno tienen un 17 % más de probabilidades de esperar un impacto positivo en su propio bienestar.
La encuesta también reveló preocupaciones que atraviesan líneas de ingresos y demografías. Muchas personas temen perder pensiones o servicios esenciales de los que dependen. Y dudan de que la carga de resolver los problemas fiscales se reparta de forma justa. Estas ansiedades influyen en cómo votan y protestan los ciudadanos. Las personas que esperan verse perjudicadas por las reformas fiscales son mucho menos propensas a apoyarlas, independientemente de la razón económica. Por ejemplo, si los trabajadores de clase media asumen que la reducción del déficit significa una edad de jubilación más alta o una pensión más baja, se opondrán a ello. Si los contribuyentes ricos sospechan que la reforma significa un impuesto sobre la riqueza dirigido a ellos, ellos también se opondrán. Y si el público piensa que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verá pocas razones para pagarlos.
La experiencia también moldea la confianza. En países que han soportado repetidas rondas de austeridad sin mucho resultado, la gente se vuelve cínica respecto a cualquier nuevo plan fiscal. Si los recortes severos no logran reducir la deuda, los ciudadanos se preguntan comprensiblemente: “¿Por qué creer que esta próxima ronda de recortes de gasto o impuestos más altos solucionará algo?” De manera similar, la corrupción o el mal uso de fondos de estímulo socava la confianza pública en la competencia gubernamental. En este entorno, incluso las propuestas de reforma leves pueden provocar indignación, porque la gente asume motivos ocultos o efectos injustos. Si mencionas la reforma de las pensiones, estallan protestas cuando la gente teme que su seguridad ganada con esfuerzo desaparezca. Hablar de reforma fiscal hace que muchos sospechen inmediatamente que sus ingresos ganados con esfuerzo serán mal aprovechados. La experiencia con las reformas de las subvenciones al combustible es reveladora: los costes fiscales, la mala segmentación y las distorsiones económicas están bien comprendidos, pero la implementación ha demostrado repetidamente complejidad política y social.
La desconfianza puede desencadenar un círculo vicioso. Los líderes, temiendo represalias, posponen medidas duras; Los problemas de deuda empeoran, erosionando aún más la confianza. Pero cuando los ciudadanos creen que los sacrificios se comparten de forma justa y conducirán a un futuro mejor, han demostrado estar dispuestos a aceptar incluso reformas dolorosas, como ajustes en los sistemas de pensiones (FMI 2024, 2025). Solo la confianza convencerá a los votantes de aceptar sacrificios a corto plazo por una estabilidad a largo plazo.
Construyendo confianza
La alta deuda pública actual está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades de formas sin precedentes, y la urgente necesidad de actuar es evidente. Cada año de deriva deja a los países más expuestos a choques en los tipos de interés y cambios en la confianza del mercado. Pero arreglar las finanzas públicas no se trata de austeridad indiscriminada. Se trata de dar pasos graduales y bien calibrados para poner la deuda en un camino sostenible mientras continúan invirtiendo en el futuro. Esto exige honestidad sobre los sacrificios y disposición a ceder: los responsables políticos deben ser sinceros con la gente sobre las decisiones difíciles, y la gente debe reconocer que algunos programas muy apreciados no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.
La confianza es central en esta ecuación. La gente debe creer que los sacrificios se compartirán con justicia y que las reformas conducirán a beneficios tangibles. La gente es más propensa a apoyar medidas difíciles si percibe la política fiscal como competente, transparente y justa. Pero la confianza no se invoca de la noche a la mañana. Debe ganarse y mantenerse.
No existe un único plan para construir confianza, pero ciertas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión financiera pública bien estructurada sentan las bases. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, autonomía real y sólida experiencia técnica, como en los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y exigen responsabilidades a los gobiernos por sus planes fiscales. Las evaluaciones de gastos, los informes de gasto fiscal y las evaluaciones de impacto, elaboradas por gobiernos o organismos independientes, ayudan tanto a los responsables políticos como al público a entender hacia dónde va el dinero y qué aporta. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación eficiente pueden reducir la percepción de desperdicio. Reducir regímenes fiscales especiales y privilegios de pensiones mejora la equidad, mientras que una estricta supervisión de las empresas estatales señala responsabilidad y competencia. Estas medidas no son una solución para todo, pero ayudan a cerrar la brecha entre lo técnicamente posible y lo políticamente factible. Crean espacio para la reforma reforzando la credibilidad de la política fiscal y demostrando que los gobiernos se toman en serio ofrecer una relación calidad-precio.
Equilibrar el realismo sobre las limitaciones con las ambiciones de cambio es esencial. Si gestionamos sabiamente el desafío de la deuda, podemos asegurar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. Si fracasamos o esperamos demasiado, corremos el riesgo de una crisis económica y una mayor erosión de la fe en las instituciones. El camino fiscal que elijamos hoy definirá la prosperidad y la justicia mañana.
ERA DABLA-NORRIS, es subdirector en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
RODRIGO VALDES, es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
