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El BCRA desacelera compras en el mercado cambiario y las reservas caen casi u$s400 millones

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El Banco Central de la República Argentina registró este martes su menor compra de dólares en un mes y medio, con apenas u$s17 millones adquiridos en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El dato marca un punto de inflexión dentro de una racha de 40 ruedas consecutivas con saldo positivo y expone una tensión creciente: mientras el Gobierno sostiene el programa de acumulación de reservas, las reservas brutas se desplomaron u$s382 millones y quedaron en u$s46.135 millones.

El contraste es evidente. La autoridad monetaria absorbió menos del 5% del volumen operado —el umbral que se había fijado como referencia cuando lanzó el esquema de compras bajo la conducción de Santiago Bausili— y, al mismo tiempo, sufrió un impacto contable por la fuerte caída del oro. ¿Se trata de un tropiezo coyuntural por factores externos o de una señal de menor margen para sostener el ritmo de acumulación?

El programa de reservas frente al shock externo

El BCRA había logrado sostener compras sistemáticas en el MLC, consolidando un mensaje político y financiero: intervenir con constancia para fortalecer reservas y estabilizar expectativas. Sin embargo, el contexto internacional cambió el escenario.

Fuentes oficiales explicaron que la baja en las cotizaciones de activos financieros, en especial el oro, generó una variación negativa cercana a los u$s400 millones. El ajuste por valuación explica la mayor parte de la caída diaria. A eso se sumó el pago de deuda de Bopreales por unos u$s1.000 millones realizado el lunes, lo que también incidió en la dinámica de las reservas.

En términos netos, las arcas de la autoridad monetaria permanecen en terreno negativo, con una estimación de -u$s392 millones según cálculos privados. El dato reabre la discusión sobre la fortaleza real del balance del Central en un momento donde la acumulación se convirtió en uno de los ejes de la estrategia económica.

El frente externo agrega presión. En los mercados globales crece la expectativa de que la Reserva Federal mantenga tasas altas si el conflicto en Medio Oriente impulsa los precios de la energía. Un dólar internacional más firme suele ir acompañado de ventas de oro y fortalecimiento del “billete verde”, combinación que impacta en las reservas argentinas por doble vía.

Demanda privada y presión sobre el tipo de cambio

Mientras tanto, la demanda de dólares no cede. El tipo de cambio volvió a superar los $1.400 y cerró en $1.415, con un avance diario de 1,4%. La señal es política además de financiera: el mercado observa la capacidad del BCRA para sostener compras sin sacrificar reservas.

En enero, las personas humanas compraron en términos netos u$s3.103 millones. La cifra surge de compras brutas por u$s3.678 millones y ventas por u$s575 millones. Si bien el monto quedó por debajo del promedio de u$s4.940 millones registrado entre mayo y octubre, la Formación de Activos Externos (FAE) volvió a ser el principal canal de salida de divisas del sistema.

El comportamiento estacional —vinculado a viajes al exterior— explica parte del incremento. Pero el dato estructural es otro: la dolarización minorista sigue activa aun cuando el BCRA logra encadenar ruedas positivas en el mercado oficial.

FMI, desembolsos y margen político

En paralelo, la misión argentina concluyó la segunda revisión técnica ante el Fondo Monetario Internacional y espera la validación formal para un desembolso de u$s1.000 millones. Ese flujo podría compensar parcialmente el pago reciente de deuda y reforzar reservas en el corto plazo.

La correlación de fuerzas es clara. El Gobierno necesita sostener la narrativa de acumulación y orden monetario para consolidar credibilidad ante inversores y organismos internacionales. Sin embargo, la volatilidad externa y la presión cambiaria interna acotan el margen operativo del Central.

El mercado evaluará en las próximas semanas si la menor compra diaria fue un episodio aislado o el inicio de una etapa de menor capacidad de intervención. También observará cómo impacta la evolución del oro y del dólar global en el balance del BCRA.

Por ahora, el mensaje es ambiguo: 40 ruedas positivas sostienen la estrategia, pero una sola jornada dejó al descubierto la fragilidad de un esquema que depende tanto de la oferta de divisas como de factores internacionales que el Gobierno no controla. El equilibrio sigue en construcción.

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Caputo ratifica el esquema cambiario: apuesta a sostener el dólar sin sobresaltos y a bajar la inflación

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que el Gobierno continuará comprando dólares mientras no comprometa la estabilidad del tipo de cambio, sostuvo que la inflación de febrero perforará el 2,9% registrado en enero y descartó el envío de una ley integral de reforma tributaria al Congreso. En cambio, anticipó ajustes impositivos graduales, atados a la consolidación del superávit fiscal. El mensaje no fue técnico: buscó fijar expectativas en un momento donde el mercado mira reservas, el Congreso discute reformas estructurales y el frente externo suma incertidumbre. La pregunta es si la estrategia alcanza para sostener la calma cambiaria sin abrir nuevos frentes políticos.

Dólar bajo control y reservas en acumulación “inteligente”

Caputo defendió el esquema de bandas cambiarias y rechazó la idea de fijar un piso al dólar. “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso”, sostuvo. La señal apunta a evitar arbitrajes especulativos: si el mercado percibe un umbral garantizado, los exportadores retienen y la dinámica se tensa.

El ministro afirmó que hoy el equipo económico compra reservas entre cinco y seis veces lo comprometido con el FMI y que el objetivo es acumular “de manera inteligente”, considerando la demanda de dinero y la profundidad del mercado. En paralelo, remarcó que el cepo está levantado en un “90%” y que el Banco Central mantiene cautela para no desarmar de golpe los controles luego del “demasiado esfuerzo” realizado.

La arquitectura es clara: flotación administrada dentro de bandas, intervención prudente y acumulación sin fijar precios. Es una estrategia de equilibrio fino. Demasiada intervención puede erosionar credibilidad; demasiada libertad, disparar volatilidad.

Inflación y ancla fiscal: la promesa del “cero”

En materia de precios, Caputo anticipó que febrero cerrará por debajo del 2,9% de enero. No dio una cifra concreta, pero reforzó la idea de continuidad en el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés como anclas del proceso.

El horizonte político lo fijó el presidente Javier Milei, quien prometió que la inflación podría empezar con cero en agosto. Caputo relativizó el plazo —podría demorarse “algún mes”—, aunque sostuvo que el equipo trabaja para que ocurra. Más que un dato estadístico, la referencia a un dígito mensual inicial en cero funciona como meta simbólica: consolidar el giro macro y blindar capital político.

Sin ley de reforma tributaria: gradualismo por superávit

El ministro descartó el envío de una reforma tributaria integral al Congreso. La decisión no es menor. Implica evitar una negociación legislativa amplia y potencialmente conflictiva con la oposición. En su lugar, el Ejecutivo avanzará con reducciones impositivas selectivas, condicionadas a la consolidación del superávit fiscal.

La lectura es táctica: mantener la iniciativa sin abrir un frente parlamentario que pueda trabar la agenda. Al mismo tiempo, se preserva el discurso pro-empresa y se incentiva la inversión. Caputo estimó que existen cerca de US$170.000 millones “en los colchones” que podrían canalizarse hacia crédito productivo. Vinculó esa posibilidad con la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocuidad Fiscal, orientadas —según dijo— a formalizar empleo y fortalecer el financiamiento interno.

Deuda, mercado y shock externo

Caputo también descartó un canje de los bonos con vencimientos en 2029 y 2030 emitidos en la reestructuración liderada por Martín Guzmán. Argumentó que, con una participación del 60%, el ahorro de flujos sería de apenas US$1.000 millones, insuficiente para justificar la operación. La decisión busca evitar ruido en el mercado de deuda y preservar previsibilidad.

En el frente externo, el ministro admitió que la situación en Medio Oriente constituye un “shock externo fuerte” que afecta la apertura de los mercados y tendrá consecuencias. Allí introdujo una clave conceptual: el “mejor escudo” frente a esos shocks es tener los fundamentos ordenados. El alineamiento internacional definido por Milei también fue respaldado explícitamente.

Correlación de fuerzas y agenda

La estrategia económica fortalece al Ejecutivo en tanto logre sostener la desaceleración inflacionaria y evitar sobresaltos cambiarios. Pero condiciona su margen político: sin reforma tributaria integral, el Gobierno dependerá de avances fragmentados y de la aprobación de reformas estructurales en el Congreso para consolidar el relato de normalización.

La oposición, por su parte, pierde terreno si la inflación continúa bajando, aunque conserva capacidad de presión en el plano legislativo. El mercado, mientras tanto, seguirá testeando la consistencia entre acumulación de reservas, flexibilización del cepo y estabilidad del tipo de cambio.

El Gobierno apuesta a que la disciplina fiscal y la prudencia cambiaria alcancen para atravesar la volatilidad global sin resignar la hoja de ruta. El desafío no es técnico sino político: sostener expectativas en un año donde cada dato macro impacta directamente en la arquitectura de poder.

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El FMI advierte sobre desequilibrios en EE.UU. y anticipa impacto global

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la revisión del Artículo IV de Estados Unidos correspondiente a 2026 con un mensaje dual: destacó el dinamismo de la mayor economía del mundo —crecimiento de 2,2% en 2025 y proyección de 2,4% para 2026— pero advirtió que el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente son “demasiado grandes” y que la deuda pública podría alcanzar el 140% del PBI en 2030.

Aunque la conferencia se centró en la economía estadounidense, el diagnóstico tiene implicancias directas para países como la Argentina. No solo por el rol del dólar y de la Reserva Federal en el sistema financiero global, sino porque el eventual ajuste fiscal, la trayectoria de tasas de interés —entre 3,25% y 3,5% hacia fines de 2026— y la política comercial de EE.UU. condicionan flujos de capital, precios de exportación y acceso al financiamiento externo.

En un contexto en el que el FMI subraya la necesidad de “acciones decididas” para encauzar la deuda norteamericana, el escenario global que enfrenta la Argentina combina crecimiento sólido en EE.UU. con un entorno de vigilancia fiscal y monetaria que seguirá marcando la liquidez internacional.

Déficit externo y deuda: el mensaje estructural del Fondo

La directora gerente, Kristalina Georgieva, fue explícita: bajo la metodología del organismo, el déficit de cuenta corriente de EE.UU. es excesivo y debe corregirse en el mediano plazo. A la par, el déficit fiscal y el aumento sostenido de la deuda pública continúan como “una preocupación”.

El Fondo proyecta que tanto la deuda federal como la deuda general del gobierno seguirán en ascenso hasta alcanzar el 140% del PBI en 2030. Si bien no ve una crisis inmediata, recomienda reducir el rojo fiscal hacia el 3% del PBI mediante una combinación de mayores ingresos y control del gasto.

Para la Argentina, este punto es clave. Un proceso de consolidación fiscal en EE.UU. podría implicar menor estímulo global en los próximos años, mientras que cualquier tensión en el mercado de deuda norteamericano impactaría en el costo de financiamiento para economías emergentes. El vínculo es estructural: la deuda estadounidense funciona como referencia para el precio del riesgo global.

Tasas, inflación y liquidez: el marco financiero que enfrenta el mercado emergente

El FMI avaló la decisión de la Reserva Federal de recortar tasas en 2025 y anticipó un sendero de política monetaria que llevaría el rango de referencia a entre 3,25% y 3,5% hacia fines de 2026, con inflación convergiendo al 2% a comienzos de 2027.

Este escenario combina crecimiento, baja gradual de tasas e inflación controlada. Para la Argentina, significa un entorno potencialmente más favorable para la búsqueda de financiamiento externo y para el apetito por activos emergentes, siempre que el riesgo global no se altere por tensiones comerciales o fiscales.

Sin embargo, el propio Fondo advirtió que la incertidumbre es elevada y que los movimientos en materia de aranceles y política comercial aún no están plenamente cuantificados. Los aranceles aplicados —que habrían pasado de anuncios cercanos al 23% a una recaudación efectiva en torno al 10%— tienen efectos negativos sobre la oferta y distorsionan la asignación de recursos.

Para una economía como la argentina, que depende de exportaciones agroindustriales y de la estabilidad del comercio global, la evolución de estas tensiones no es un dato menor.

Instituciones, déficit y señales sistémicas

El organismo también puso el foco en la importancia de mantener instituciones sólidas, desde la administración tributaria hasta los organismos estadísticos y de supervisión financiera. Destacó la relevancia de la independencia de la Reserva Federal y advirtió que la reducción del empleo federal —cercana al 15% en el último año— no debería afectar funciones críticas.

Este mensaje tiene una lectura más amplia. El FMI vincula crecimiento sostenido con calidad institucional. Para la Argentina, que mantiene una relación financiera activa con el organismo, el énfasis en marcos regulatorios sólidos y en disciplina fiscal funciona como señal indirecta sobre las condiciones de estabilidad necesarias para sostener programas económicos.

Un contexto externo más estable, pero con condicionantes

El diagnóstico final del Fondo es que la economía estadounidense muestra dinamismo, productividad elevada y resiliencia. No ve una crisis inminente, pero sí desequilibrios que deben corregirse de manera ordenada.

Para la Argentina, el escenario combina oportunidades y restricciones. Un EE.UU. creciendo al 2,4% en 2026 sostiene la demanda global. Una inflación convergiendo al 2% y tasas en torno al 3,5% mejora el clima financiero. Pero la advertencia sobre déficit y deuda introduce un elemento de vigilancia estructural que puede limitar márgenes de expansión fiscal o monetaria global.

En otras palabras, el contexto externo no luce adverso en el corto plazo. Sin embargo, el Fondo dejó claro que el equilibrio global sigue siendo frágil. Y en ese tablero, las economías emergentes —entre ellas la argentina— dependen de decisiones que se toman en Washington pero repercuten en sus propias variables domésticas.

El próximo Staff Report y el World Economic Outlook de abril aportarán mayor precisión. Hasta entonces, la señal es clara: el ciclo internacional acompaña, pero exige disciplina.

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Deuda con el FMI: el verdadero riesgo para América Latina en 2026 pasa por la caja

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País Deuda con el FMI (USD aprox.)
Argentina ≈ 57.300.000.000
Ecuador ≈ 9.889.000.000
Costa Rica ≈ 2.432.000.000
Jamaica ≈ 1.220.000.000
Honduras ≈ 644.000.000
Surinam ≈ 589.000.000
Barbados ≈ 551.000.000
Paraguay ≈ 318.000.000
El Salvador ≈ 236.000.000
Haití ≈ 222.000.000

Estimación en dólares estadounidenses a partir de una tasa aproximada de conversión de 1 DEG ≈ 1,37 USD (principios de febrero de 2026). Montos originales en derechos especiales de giro (DEG/SDR), saldo al 06/02/2026. Fuente: FMI, “Total IMF Credit Outstanding”.

América Latina llegará a 2026 con un desafío menos visible, pero más exigente: el problema no es el tamaño del stock de deuda, sino la capacidad de pagar intereses y amortizaciones sin perder acceso al financiamiento ni desestabilizar la macroeconomía. Esa es la principal conclusión del análisis publicado por Bloomberg Línea a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y de entrevistas con economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

El contexto es adverso: tasas internacionales altas en términos reales, crecimiento regional moderado y una menor tolerancia de los mercados a desvíos fiscales. En ese escenario, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente de los ingresos públicos y vuelve más frágil el equilibrio financiero, incluso en países sin problemas inmediatos de solvencia.

Argentina, el caso más desafiante

Dentro del ranking regional, Argentina se mantiene como el país más endeudado con el FMI en todo el mundo. El desafío, según los analistas citados por Bloomberg Línea, no pasa solo por el volumen de la deuda, sino por la gestión de flujos en un contexto de acceso limitado al mercado y necesidad de acumular reservas.

Un dato que ilustra esa tensión operativa: a comienzos de febrero, el Gobierno argentino pagó intereses al FMI utilizando Derechos Especiales de Giro (DEG) adquiridos al Tesoro de los Estados Unidos. La operación fue reportada por Forbes, que detalló que el pago rondó los US$808 millones, en el marco de un calendario de vencimientos exigente para 2026.

Actualmente, Argentina mantiene un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo por US$20.000 millones, con un programa que pone el foco en el ancla fiscal, la transición monetaria y cambiaria y una agenda de reformas estructurales orientadas a mejorar productividad y competitividad.

Ecuador y las economías dolarizadas

Detrás de Argentina aparece Ecuador, segundo mayor deudor regional con el FMI. Si bien su exposición es menor en términos absolutos, resulta elevada en relación con el tamaño de su economía. Además, el país opera bajo un régimen de dolarización, lo que elimina amortiguadores monetarios y concentra todo el ajuste en la caja fiscal, el crecimiento y el acceso al financiamiento.

Según el análisis, esta característica vuelve especialmente sensibles a Ecuador y también a El Salvador, donde cualquier deterioro en la confianza se traduce rápidamente en mayores costos financieros.

El foco se desplaza del stock al flujo

El consenso entre los analistas es claro: lo que separará a las economías más resilientes de las más expuestas en 2026 no será el nivel heredado de deuda, sino la capacidad de absorber pagos de intereses y amortizaciones. En un escenario de tasas altas y crecimiento insuficiente, incluso déficits primarios moderados pueden volverse problemáticos.

Por eso, el riesgo ya no se mide solo en ratios de deuda sobre PIB, sino en cuánta “caja” requiere el servicio de la deuda y cuán creíble resulta el mix de políticas fiscales, monetarias y financieras ante los mercados.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

primera-seccion_05-02-2026_suplemento-1 by CristianMilciades

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