El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá reuniones con los titulares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de su viaje a Washington.
La agenda del titular de la cartera económica continuará este jueves con una reunión a la mañana con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, luego hará lo propio con Sergio Díaz Granado, titular del CAF, y por la tarde tendrá un encuentro con Ilan Goldfajn, quien preside el BID.
Los cónclaves buscarán afianzar el respaldo de los organismos multilaterales a la administración de Javier Milei, mediante el otorgamiento de nuevos fondos que sirvan para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.
Asimismo, el ministro participará en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo. A su vez, estará presente en el encuentro de ministros del G20, que debatirán sobre economía y educación financiera global.
La visita de Caputo a la capital estadounidense se da en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y cuenta con el acompañamiento en la comitiva del viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
En la jornada de ayer, el FMI comunicó la aprobación de la revisión del acuerdo vigente con la Argentina, permitiendo que se active un desembolso de US$1.000 millones. El paso siguiente es que, en un plazo de 15 días, el Directorio del organismo formalice la decisión y gire los fondos.
Por otro lado, el ministro compartió que, en su primera jornada en Estados Unidos, “mantuvimos con el equipo económico encuentros con funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, con André Esteves (BTG Pactual), Arthur Laffer y con representantes del Banco Popular de China, con el objetivo de fortalecer las relaciones financieras y promover nuevas oportunidades de inversión para la Argentina”.
Además, detalló que participó de la Reunión Ministerial del Comité de Desarrollo del Banco Mundial junto a Kristalina Georgieva, Ajay Banga y ministros de otros países miembros.
El Fondo Monetario Internacional revisó sus previsiones para la Argentina y proyectó un crecimiento del 3,5% para 2026 —medio punto menos que en octubre— junto con una suba significativa de la inflación esperada, que pasó del 16,4% al 30,4%. El ajuste fue presentado este martes en el último informe de perspectivas globales, en un contexto internacional atravesado por tensiones en energía, conflictos y volatilidad de precios.
Durante la presentación, Petya Koeva Brooks, vicedirectora del Departamento de Investigación, explicó que la revisión responde principalmente a una pérdida de impulso en la actividad económica local hacia la segunda mitad del año pasado, lo que condiciona el arrastre estadístico para este año.
Un escenario global que condiciona
El recorte en las proyecciones se enmarca en un contexto internacional adverso. El FMI identificó un escenario con encarecimiento de la energía, persistencia de conflictos y presión sobre los precios de insumos clave, factores que afectan especialmente a economías emergentes.
En el caso argentino, el organismo destacó una dinámica ambivalente: si bien el país se beneficia por su perfil exportador —en particular de commodities—, ese efecto positivo se ve contrarrestado por el impacto de la inflación interna y el encarecimiento de bienes básicos.
Según lo informado, la mejora en los términos de intercambio no logra compensar la pérdida de poder adquisitivo, lo que limita el dinamismo de la demanda interna.
Qué cambia en las proyecciones
El nuevo escenario plantea dos correcciones centrales: Crecimiento: baja del 4,0% estimado en octubre al 3,5% en 2026. Inflación: sube de 16,4% a 30,4% para el mismo período.
El FMI vinculó el ajuste en el crecimiento a la desaceleración de la actividad registrada en la segunda mitad del año pasado. Ese menor impulso condiciona la recuperación esperada.
En materia de precios, el organismo reconoció que el proceso de desinflación continúa, pero a un ritmo más lento del previsto. La convergencia hacia niveles de un dígito, que se proyectaba meses atrás, quedó postergada.
Expectativas bajo presión
La revisión del FMI introduce una señal relevante para la agenda económica del Gobierno nacional, en un contexto donde las expectativas de estabilización son un activo central.
El organismo no modifica la dirección del proceso —continúa proyectando crecimiento y desaceleración inflacionaria—, pero sí ajusta los tiempos. Ese corrimiento implica mayor presión sobre la credibilidad del programa económico, especialmente en lo vinculado a la velocidad de la desinflación.
Al mismo tiempo, la Argentina se mantiene por encima del promedio regional de crecimiento (2,3% para América Latina), lo que atenúa parcialmente el impacto de la corrección.
Precios persistentes y consumo condicionado
El nuevo cuadro proyectado tiene implicancias directas: Inflación más alta: erosiona ingresos reales y condiciona el consumo. Menor crecimiento: limita la recuperación de la actividad. Costos globales elevados: impactan en insumos, energía y transporte.
El FMI advirtió que el encarecimiento de commodities y factores externos genera un “shock de oferta negativo” que presiona sobre los precios internos.
Señales para economías dependientes del consumo
Aunque el informe no desagrega impactos por provincias, el nuevo escenario macroeconómico tiene efectos indirectos sobre economías regionales como Misiones.
Una inflación más persistente y menor dinamismo económico podrían traducirse en: Menor capacidad de consumo interno. Presión sobre costos productivos. Y mayor dependencia de mercados externos
En provincias con fuerte base agroindustrial, el comportamiento de los precios internacionales y los costos logísticos seguirá siendo una variable clave.
Escenario abierto
El FMI remarcó que la evolución de la economía argentina estará condicionada por factores externos, como los precios de la energía y la dinámica de los conflictos internacionales.
A nivel local, las variables a observar pasan por: La recuperación de la actividad en los próximos meses. La evolución de la inflación y su velocidad de desaceleración. Y el impacto de los precios internacionales sobre la economía doméstica
El nuevo cuadro no altera la dirección general del proceso, pero sí introduce mayor incertidumbre sobre los plazos de estabilización.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes ante empresarios en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y pidió confianza en el programa económico del Gobierno. Allí aseguró que el país “será el que más crecerá en los próximos 30 años” y proyectó que los próximos 18 a 20 meses podrían marcar el mejor desempeño en décadas.
El mensaje se dio en una jornada atravesada por dos variables clave: la difusión del índice de inflación de marzo —que, según lo esperado, rondaría el 3%— y el inminente viaje del equipo económico a Washington para avanzar en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de destrabar un desembolso de US$1000 millones.
Estabilización, FMI y señales al mercado
La exposición de Caputo se inscribe en una estrategia del Gobierno para consolidar expectativas en el sector privado. El ministro defendió que la actual gestión implementó un esquema económico inédito en el país y sostuvo que la estabilidad macroeconómica es el eje central del programa.
En ese marco, destacó la utilización de herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que acumula 35 proyectos por un total de US$85.000 millones, según lo informado. La iniciativa apunta a generar previsibilidad y atraer capital en sectores estratégicos.
La agenda oficial también incluye negociaciones con el FMI, donde el Gobierno busca cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente. Esa instancia resulta clave para sostener el flujo de financiamiento externo.
Nueva lógica económica y reconfiguración del consumo
Uno de los ejes del discurso fue la reinterpretación del comportamiento económico actual. Frente a las señales de caída en algunos indicadores, Caputo rechazó la idea de una contracción generalizada y planteó que existe una “heterogeneidad” en la actividad.
Según explicó, el cambio de modelo —basado en la reducción del déficit, menor presión impositiva y mayor apertura— modificó los incentivos. En ese nuevo escenario, algunas empresas reducen operaciones mientras otras expanden su actividad e incluso exportan.
El ministro vinculó esta dinámica con una transformación del consumo. Afirmó que ya no responde a conductas defensivas frente a la inflación —como el sobrestockeo— sino a decisiones más racionales en un contexto de mayor estabilidad.
Respaldo condicionado del sector privado
El planteo del Gobierno apunta a consolidar apoyo empresarial en una etapa de transición. La presencia de ejecutivos, gobernadores y funcionarios en el evento refleja la centralidad del mensaje político: sostener el rumbo económico pese a señales mixtas en la actividad.
Caputo también dejó una definición implícita sobre el rol del sector privado: la adaptación al nuevo esquema será determinante. En su exposición, diferenció entre empresas que ajustan su estructura y aquellas que invierten para competir en un mercado más abierto.
Inflación, inversión y empleo en transición
El ministro insistió en que la inflación “va a tener certificado de defunción”, vinculando su evolución a la demanda de dinero, la confianza y la baja de tasas de interés. En paralelo, proyectó una recuperación de la actividad impulsada por la inversión, más que por el consumo.
En el plano laboral, reconoció que algunos sectores industriales registran caídas, mientras el empleo total crece con mayor peso de la informalidad. Según explicó, este fenómeno responde a un proceso de reconversión hacia servicios, que ya representan cerca del 60% de la economía local.
Impacto indirecto en Misiones y el NEA
Aunque el discurso tuvo un alcance nacional, las definiciones económicas tienen impacto en las economías regionales. En provincias como Misiones, donde la estructura productiva combina industria, servicios y economías primarias, los cambios en consumo e inversión pueden traducirse en dinámicas dispares.
La evolución del crédito, la obra pública —como los corredores viales anunciados— y la llegada de inversiones bajo el RIGI aparecen como variables a seguir para medir el efecto territorial del modelo.
Inflación, financiamiento y reacción del mercado
El Gobierno enfrenta un escenario donde las expectativas juegan un rol central. La publicación del índice de inflación, el resultado de la negociación con el FMI y la respuesta del sector privado serán determinantes para validar —o tensionar— el diagnóstico oficial.
También quedará bajo observación la evolución del consumo, el empleo industrial y la capacidad del programa para sostener un crecimiento basado en inversión.
El rumbo está definido, pero su consolidación dependerá de variables que todavía no terminan de estabilizarse.
Los directores de la Agencia Internacional de Energía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emitieron este 13 de abril una declaración conjunta desde Washington D.C. en la que advirtieron que la guerra en Oriente Medio ya genera un impacto “sustancial, global y altamente asimétrico” sobre la economía mundial, con efectos directos en precios, empleo y seguridad alimentaria.
El diagnóstico se apoya en un dato central: el aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, en un contexto donde las interrupciones logísticas y energéticas aún no se normalizan, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz.
Coordinación internacional ante una crisis en expansión
La reunión forma parte de un esquema de coordinación creado a comienzos de abril entre los tres organismos, con el objetivo de articular respuestas frente a las consecuencias económicas y energéticas del conflicto.
Según lo informado, el impacto no es homogéneo. Los países importadores de energía —en particular los de bajos ingresos— enfrentan mayores presiones, mientras que incluso algunos productores de hidrocarburos de la región registran caídas en sus ingresos por exportaciones.
La incertidumbre se mantiene como variable dominante. El transporte marítimo en zonas críticas aún no recupera su funcionamiento pleno, lo que condiciona la oferta global de insumos estratégicos.
Precios altos y cadenas de suministro tensionadas
El escenario que describen los organismos combina varios factores: Aumento de precios energéticos y de fertilizantes. Interrupciones en el suministro global. Daños en infraestructura clave. Recuperación lenta de los flujos comerciales
Incluso si se restablece la navegación regular, la normalización de los mercados no será inmediata. Los precios podrían mantenerse elevados durante un período prolongado, según la evaluación oficial.
Además, la escasez de insumos impacta en sectores clave como la energía y la producción de alimentos, generando un efecto en cadena sobre la economía global.
Organismos multilaterales alinean respuesta
La declaración conjunta marca una señal de coordinación entre tres actores centrales del sistema económico internacional. La articulación entre la AIE, el FMI y el Banco Mundial apunta a reforzar la capacidad de respuesta ante un shock externo que combina variables geopolíticas y económicas.
El enfoque incluye asistencia técnica y, en el caso de los organismos financieros, apoyo económico a los países más afectados. La estrategia busca contener efectos sistémicos y evitar desbalances mayores en economías vulnerables.
La referencia a “asesoramiento político personalizado” sugiere que las recomendaciones podrían adaptarse a cada país, en función de su exposición a la crisis energética.
Presión sobre alimentos, empleo y crecimiento
El aumento en los precios de la energía y los fertilizantes tiene efectos directos sobre: Costos de producción agrícola. Precios de alimentos. Nivel de empleo. Actividad económica general
A esto se suma la reducción de viajes y turismo, y el desplazamiento de población en zonas afectadas, factores que amplifican el impacto económico.
El cuadro general describe una economía global con menor dinamismo y mayor volatilidad, atravesada por restricciones en la oferta de insumos clave.
Implicancias para Argentina y el NEA
Aunque la declaración no menciona países específicos de América Latina, el diagnóstico permite inferir impactos potenciales. En economías importadoras de energía y con alta dependencia de insumos externos, el encarecimiento de combustibles y fertilizantes puede trasladarse a precios internos.
En regiones como el NEA, donde la actividad productiva tiene fuerte vínculo con el agro, el aumento de costos en insumos clave podría incidir en la estructura de precios y márgenes de producción.
Informes clave y evolución del conflicto
Los organismos anticiparon la publicación de nuevos informes —el Reporte del Mercado Petrolero de la AIE y las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI— que ofrecerán mayor precisión sobre el impacto de la crisis.
La evolución del conflicto en Oriente Medio, la normalización del transporte marítimo y la capacidad de respuesta de los países serán variables determinantes en las próximas semanas.
El escenario sigue abierto y condicionado por factores geopolíticos que exceden el control de los actores económicos, lo que mantiene elevada la incertidumbre sobre la trayectoria de los precios y el crecimiento global.
Escribe Evgenia Pugacheva / FMI – Las guerras dejan un pesado lastre económico y el aumento del gasto en defensa fuerza decisiones difíciles
Una vez más, el panorama mundial se ve determinado por la guerra. Después de varias décadas de calma relativa tras la Guerra Fría, el número de conflictos activos se ha disparado en los últimos años hasta niveles que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas en ascenso y las crecientes preocupaciones en materia de seguridad están llevando a muchos gobiernos a replantearse sus prioridades y aumentar el gasto en defensa.
Más allá de su devastador costo humano, las guerras se cobran una alta factura económica con efectos prolongados y obligan a tomar difíciles decisiones macroeconómicas, especialmente en los países en los que se libran los combates. Aun en ausencia de conflictos activos, el incremento del gasto en defensa puede aumentar las vulnerabilidades económicas a mediano plazo. Cuando termina la guerra, los gobiernos se enfrentan a la urgente tarea de asegurar una paz duradera y una recuperación sostenida.
En estos tiempos de proliferación de conflictos, nuestro estudio, plasmado en dos capítulos analíticos de la edición más reciente de Perspectivas de la economía mundial informe WEO, pone de relieve el profundo y prolongado costo económico de la guerra, que ha afectado especialmente a las regiones de África subsahariana, Europa y Oriente Medio. También mostramos que el aumento del gasto en defensa, si bien puede impulsar la demanda a corto plazo, conlleva difíciles decisiones presupuestarias que hacen que diseñar bien las políticas y lograr una paz duradera sean más importantes que nunca.
Pérdidas económicas
En los países donde se libran las guerras, la actividad económica se desploma. En promedio, la producción en los países donde se producen los combates cae aproximadamente un 3% al inicio del conflicto y sigue contrayéndose durante años hasta acumular pérdidas en torno al 7% en un plazo de cinco años. En general, las pérdidas en la producción causadas por los conflictos superan las relacionadas con crisis financieras o desastres naturales graves. Además, las cicatrices económicas se siguen sintiendo incluso diez años después.
También es frecuente que las guerras tengan importantes repercusiones. Los países implicados en conflictos que se libran en suelo extranjero quizás eviten pérdidas económicas cuantiosas, en parte porque no sufren destrucción física en su propio territorio. Sin embargo, las economías vecinas o los principales socios comerciales del país donde tiene lugar el conflicto acusarán sus efectos. En los primeros años de un conflicto, estos países suelen experimentar caídas moderadas en la producción.
Los conflictos de mayor envergadura —en los que se producen al menos 1.000 fallecimientos en combate— obligan a tomar decisiones difíciles en las economías donde tienen lugar. Los presupuestos públicos se deterioran: el gasto se desplaza hacia la defensa y la deuda crece, al tiempo que caen la producción y la recaudación de impuestos.
También puede ocurrir que estos países experimenten tensiones en su posición externa. Las importaciones se contraen con fuerza debido al descenso de la demanda, y las exportaciones se reducen incluso en mayor medida, lo que da lugar a un aumento temporal del déficit comercial. La creciente incertidumbre desencadena salidas de capitales, y tanto la inversión extranjera directa como los flujos de cartera se reducen. Esto obliga a los gobiernos de los países en guerra a recurrir en mayor medida a la ayuda y, en algunos casos, a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits comerciales.
A pesar de estas medidas, los conflictos contribuyen a una depreciación cambiaria sostenida, a la pérdida de reservas y al aumento de la inflación, lo que pone de manifiesto que el aumento de los desequilibrios externos acentúa las tensiones macroeconómicas en períodos bélicos. Los precios suelen aumentar a un ritmo superior al de las metas de inflación de la mayoría de los bancos centrales, lo que lleva a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés.
En conjunto, nuestro análisis demuestra que los grandes conflictos se cobran un costo económico considerable y conllevan disyuntivas difíciles en las economías que sufren los conflictos dentro de sus fronteras, además de perjudicar a otros países. Estos costos van mucho más allá de los trastornos a corto plazo: tienen consecuencias duraderas en el potencial económico y el bienestar humano.
Disyuntivas de gasto
La mayor frecuencia con la que se producen conflictos y el aumento de las tensiones geopolíticas también han hecho que muchos países hayan vuelto a plantearse sus prioridades en materia de seguridad y aumenten el gasto en defensa. Otros países tienen previsto hacerlo. Esta situación coloca a las autoridades ante ciertas disyuntivas cruciales que acompañan a semejante incremento del gasto.
Hemos analizado varios episodios de escalada del gasto en defensa en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial. Constatamos que estas expansiones, que suelen durar casi tres años, se traducen en un aumento del gasto en defensa de 2,7 puntos porcentuales del producto interno bruto. A grandes rasgos, esta cifra es similar a lo que necesitan los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN para cumplir el objetivo de destinar un 5% del PIB al gasto en defensa de aquí a 2035.
El incremento del gasto en defensa actúa principalmente como un shock positivo de demanda que impulsa el consumo privado y la inversión, especialmente en los sectores relacionados con la defensa. Esto puede generar un crecimiento de la producción y de los precios a corto plazo, que exige una estrecha coordinación con la política monetaria para moderar las presiones inflacionarias.
En general, los efectos agregados del aumento del gasto en defensa para la producción tienden a ser moderados: el aumento de la producción suele ser prácticamente equivalente al incremento del gasto en defensa, que no tiene un efecto multiplicador mayor sobre la actividad económica. Dicho esto, el efecto multiplicador o dominó de este gasto varía considerablemente en función de cómo se sostenga, financie y asigne ese gasto, y de la cantidad de equipamiento que se importe.
Por ejemplo, cuando el estímulo se destina en parte a importar bienes del exterior, como ocurre especialmente en el caso de los países importadores de armas, los incrementos de la producción son menores y se produce un deterioro de la posición externa. En cambio, si el aumento del gasto en defensa da prioridad a la inversión pública en equipo e infraestructura, junto con una contratación pública menos fragmentada y más estándares comunes, se ampliaría el tamaño del mercado, se favorecería las economías de escala, se reforzaría la capacidad industrial, se reducirían las fugas de gasto hacia las importaciones y se generaría crecimiento de la productividad a largo plazo.
Elegir la forma de financiar el gasto en defensa supone una decisión clave. A corto plazo, las escaladas del gasto en defensa suelen financiarse mediante déficit, mientras que, en fases más avanzadas y cuando parece que ese incremento del gasto va a ser permanente, cobra más importancia el aumento de los ingresos.
La dependencia del financiamiento mediante déficit puede estimular la economía a corto plazo, pero, a mediano plazo, puede comprometer la sostenibilidad fiscal, especialmente en los países con poco margen de maniobra presupuestario. En los tres años siguientes al inicio de una escalada del gasto en defensa, los déficits se deterioran en torno a 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública aumenta alrededor de 7 puntos porcentuales 14 puntos porcentuales en períodos bélicos. El consiguiente aumento de la deuda pública puede desplazar la inversión privada y contrarrestar el efecto expansivo inicial del gasto en defensa.
La acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede mitigar mediante mecanismos de financiamiento duraderos, especialmente cuando el aumento del gasto en defensa es permanente. Sin embargo, incrementar los ingresos implica sacrificar consumo y moderar el estímulo de la demanda, mientras que el reajuste de las prioridades presupuestarias suele hacerse a costa del gasto público en protección social, salud y educación.
Políticas para la recuperación
Nuestro análisis también muestra que la recuperación económica después de una guerra suele ser lenta y con altibajos, y depende de manera determinante de que la paz sea duradera. Cuando la paz se sostiene, la producción se recupera, si bien suele mantenerse en niveles reducidos en relación con las pérdidas sufridas durante la guerra. En cambio, en economías frágiles en las que el conflicto se reactiva, la recuperación suele estancarse. Estas modestas recuperaciones se deben sobre todo a la mano de obra: mientras que el acervo de capital y la productividad son todavía reducidos los trabajadores abandonan las actividades militares por las civiles y se produce el regreso paulatino de los refugiados.
La pronta estabilización macroeconómica, una reestructuración decisiva de la deuda y el apoyo internacional —que incluye ayuda y desarrollo de la capacidad— desempeñan un papel fundamental a la hora de restablecer la confianza y promover la recuperación. Las medidas de recuperación son más eficaces cuando se complementan con reformas internas para reconstruir las instituciones y la capacidad del Estado, promover la inclusión y la seguridad, y paliar los profundos costos humanos del conflicto, como son los atrasos educativos, el deterioro de la salud y las menores oportunidades económicas.
Cabe destacar que, para que la recuperación después de la guerra sea efectiva, es esencial contar con paquetes de medidas integrales y bien coordinados. Este planteamiento es mucho más eficaz que la aplicación de medidas dispersas. Las políticas que reducen la incertidumbre y, simultáneamente, reconstruyen el acervo de capital, pueden reforzar las expectativas, fomentar la afluencia de capitales y facilitar el regreso de las personas desplazadas. En último término, la recuperación con éxito después de una guerra sienta las bases para la estabilidad, una esperanza renovada y mejores medios de vida para las comunidades afectadas por el conflicto.
—Este blog se basa en los capítulos 2 y 3 de la edición de abril de 2026 de Perspectivas de la economía mundial, titulados “El gasto en defensa y sus consecuencias macroeconómicas” y “La macroeconomía de los conflictos y la recuperación”. Más información sobre los Estados frágiles y afectados por conflictos: How Fragile States Can Gain by Strengthening Institutions and Core Capacities.
Evgenia Pugacheva, es Asistente de Investigación en la División de Estudios Económicos Internacionales del FMI
