El balance cambiario de mayo dejó una fotografía con claroscuros para la economía argentina. Mientras el fuerte desempeño de las exportaciones, impulsadas principalmente por el complejo agroexportador y el sector energético, permitió revertir el déficit de la cuenta corriente cambiaria y sostener un importante superávit comercial, la salida de divisas por turismo, pago de intereses, utilidades y formación de activos externos continúa erosionando buena parte de esos dólares.
Así lo sostiene el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de los datos oficiales del Banco Central, que pone el foco en la composición del resultado cambiario más allá del saldo positivo de la balanza comercial.
En mayo de 2026, la balanza de bienes registró un superávit de USD 4.322 millones, explicado por un aumento interanual de las exportaciones y una fuerte caída de las importaciones. El 67% de ese saldo provino del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó USD 2.892 millones, mientras que el sector petrolero sumó otros USD 1.599 millones gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas.
No obstante, el propio estudio advierte que el aporte del sector energético podría enfrentar mayores desafíos durante los próximos meses ante la caída del precio internacional del petróleo, un factor que podría moderar el ingreso de divisas por exportaciones.
El mayor ingreso de dólares por comercio exterior permitió que la cuenta corriente cambiaria volviera a terreno positivo por segundo mes consecutivo. En mayo alcanzó un superávit de USD 1.877 millones, impulsado casi exclusivamente por el desempeño de la balanza comercial. Desde enero de 2024, el superávit acumulado de bienes asciende a USD 50.917 millones, aunque la cuenta corriente apenas acumula USD 802 millones positivos, reflejando el peso que tienen otros componentes de la salida de divisas.
Precisamente allí aparece uno de los principales ejes del informe. Según el CEPA, durante mayo los pagos por intereses, el déficit turístico y la remisión de utilidades consumieron el equivalente al 58% del superávit comercial del mes.
La balanza turística volvió a mostrar un rojo significativo. Solo en mayo registró un déficit de USD 855 millones considerando consumos con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, mientras que en los primeros cinco meses del año acumula un saldo negativo de USD 4.131 millones, aunque inferior al registrado durante igual período de 2025.
A ello se suma la creciente demanda de divisas por utilidades y dividendos. Durante mayo las empresas remitieron al exterior USD 484 millones por este concepto, elevando el acumulado de los primeros cinco meses del año a USD 1.841 millones. Desde diciembre de 2023, la salida neta por utilidades ya supera los USD 2.480 millones.
El estudio también pone la lupa sobre una tendencia estructural. Desde diciembre de 2023, la balanza comercial acumuló USD 54.298 millones de superávit. Sin embargo, una vez descontados los pagos de intereses de deuda y el déficit turístico, ese resultado se reduce a apenas USD 5.547 millones. En otras palabras, intereses y turismo absorbieron cerca del 90% del saldo comercial generado durante el período.
En paralelo, el Banco Central logró incrementar sus reservas durante mayo gracias a una combinación de endeudamiento privado, mayores exportaciones y un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. La cuenta financiera cambiaria registró un superávit de USD 1.763 millones, permitiendo un aumento mensual de las reservas internacionales de USD 3.646 millones.
Sin embargo, el informe advierte que buena parte de esos ingresos financieros terminaron financiando la creciente formación de activos externos (FAE), es decir, la compra de divisas por parte del sector privado. Entre enero y mayo de 2026 la dolarización de activos alcanzó USD 10.893 millones, mientras que desde la unificación cambiaria acumula USD 43.764 millones.
Para el CEPA existe una correlación prácticamente directa entre el incremento del endeudamiento y la salida de capitales. Desde diciembre de 2023 el endeudamiento neto aumentó USD 42.595 millones —entre deuda pública y privada—, una cifra muy similar a los USD 40.591 millones acumulados por la formación de activos externos durante el mismo período.
El comportamiento de las personas físicas ocupa un lugar central en esta dinámica. Solo durante mayo, las denominadas “Personas Humanas” compraron divisas por USD 2.212 millones, prácticamente la totalidad de la formación de activos externos del mes. Desde diciembre de 2023 acumulan compras netas por USD 47.804 millones, mientras que el resto del sector privado no financiero registró un desatesoramiento debido a las restricciones que aún mantienen las empresas para acceder plenamente al mercado cambiario.
Otro aspecto que destaca el informe es la persistente debilidad de la inversión extranjera directa. En mayo volvió a registrar un saldo negativo de USD 798 millones, explicado principalmente por la salida de capitales del sector petrolero. De esta manera, desde el inicio de la actual administración el flujo acumulado de inversión extranjera permanece en terreno negativo, con una desinversión neta superior a los USD 1.180 millones.
Respecto del financiamiento internacional, el CEPA señala que desde la unificación cambiaria el ingreso neto proveniente de organismos multilaterales alcanzó USD 21.327 millones, de los cuales cerca del 73% corresponde a desembolsos del Fondo Monetario Internacional.
En ese contexto, el informe concluye con un dato que sintetiza la tensión cambiaria del actual esquema económico. Durante los primeros cinco meses de 2026, las compras de divisas realizadas por personas humanas alcanzaron USD 14.033 millones, un monto 26% superior al ingreso neto generado por el complejo oleaginoso y cerealero en igual período. Además, la formación de activos externos acumulada desde abril de 2025 equivale al 282% de todos los desembolsos efectuados por el FMI bajo el programa vigente.
El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y dejó un mensaje que el equipo económico interpreta como una validación de la hoja de ruta que viene ejecutando desde diciembre de 2023. Durante su conferencia de prensa habitual desde Washington, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó los avances logrados por Argentina en materia de estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, recomposición de reservas y mejora de las condiciones financieras, aunque aclaró que la decisión de regresar a los mercados internacionales de crédito dependerá exclusivamente de las autoridades nacionales.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Mientras el Gobierno busca consolidar la recuperación de la actividad y profundizar el proceso de desinflación, también necesita fortalecer el acceso al financiamiento voluntario para reducir la dependencia de organismos multilaterales y consolidar el esquema financiero de mediano plazo.
En ese contexto, Kozack sostuvo que Argentina continúa registrando “grandes avances” en la reconstrucción de sus principales variables macroeconómicas y valoró el esfuerzo orientado a fortalecer la resiliencia económica del país. Para el organismo, el programa vigente está permitiendo avanzar hacia una economía más abierta, eficiente y competitiva, un concepto que coincide con la narrativa oficial impulsada por el Ministerio de Economía.
El FMI también destacó que la actividad económica continúa expandiéndose mientras la inflación mantiene una trayectoria descendente. La combinación de crecimiento con desaceleración de precios es considerada por el organismo como una de las señales más relevantes del proceso de estabilización, especialmente luego de años marcados por desequilibrios fiscales, alta emisión monetaria y restricciones cambiarias.
Uno de los puntos más observados por los mercados es la evolución de las reservas internacionales. Sobre este aspecto, Kozack remarcó que la acumulación de activos externos sigue avanzando y que ello contribuye a mejorar las condiciones de financiamiento para el país. La recuperación de reservas es uno de los pilares del acuerdo vigente con el Fondo y aparece como una condición indispensable para sostener la credibilidad del nuevo esquema cambiario y monetario.
La funcionaria también hizo referencia a la mejora en la percepción de riesgo de Argentina por parte de los inversores internacionales. Según explicó, los spreads soberanos se redujeron significativamente y actualmente se ubican por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una visión más favorable sobre las perspectivas económicas del país. A ello se suma la mejora de las calificaciones crediticias otorgadas por distintas agencias internacionales, un factor que fortalece las posibilidades de acceso al financiamiento privado.
Sin embargo, el organismo evitó fijar plazos o recomendaciones concretas respecto de una eventual emisión de deuda en los mercados internacionales. “Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados son decisiones que toman las autoridades”, señaló Kozack, dejando en claro que la estrategia financiera seguirá siendo definida por el equipo económico liderado por Luis Caputo.
Detrás de esa definición existe una señal política relevante. El FMI reconoce que las condiciones financieras mejoraron de manera significativa respecto de los niveles observados al inicio de la gestión Milei, pero considera que la consolidación del proceso dependerá de mantener el equilibrio fiscal, fortalecer las reservas y profundizar las reformas estructurales que impulsen la productividad de la economía.
En ese marco, la portavoz destacó el papel que cumplen organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que continúan trabajando junto al FMI para facilitar una transición ordenada hacia un financiamiento más amplio y sostenible. Para el organismo, el respaldo de estas instituciones actúa como un puente que fortalece la confianza de los mercados internacionales.
Otro de los temas abordados fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Consultada sobre los resultados de las modificaciones normativas recientemente reglamentadas, Kozack evitó realizar evaluaciones concluyentes y señaló que se trata de cambios demasiado recientes para medir su impacto. No obstante, sostuvo que el objetivo de estas reformas es promover la formalización laboral y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, uno de los desafíos estructurales más importantes de la economía argentina.
La prudencia del FMI en este punto refleja que, pese a los avances macroeconómicos, persisten interrogantes sobre la capacidad de la economía para generar empleo formal de calidad y reducir los elevados niveles de informalidad que caracterizan al mercado laboral argentino.
Finalmente, el organismo ratificó que Argentina mantiene una relación financiera normalizada con el Fondo. Kozack confirmó que el país se encuentra al día con todos sus compromisos y aseguró que la institución no tiene preocupaciones respecto del cumplimiento de los próximos vencimientos.
Las declaraciones del FMI llegan apenas horas después de que el ministro Luis Caputo defendiera públicamente el rumbo económico ante empresarios de la construcción y asegurara que “Argentina ya cambió y no va a volver al pasado”. Desde Washington, el organismo pareció reforzar ese mensaje al reconocer avances concretos en estabilidad y financiamiento. Sin embargo, también dejó planteado el desafío central que enfrenta la administración Milei: transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido, inversión privada y generación de empleo formal.
El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, una herramienta financiera que busca reducir el costo del endeudamiento externo y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital. La decisión constituye un respaldo explícito a la estrategia económica del Gobierno y llega en un momento en que el riesgo país perforó los 430 puntos básicos, abriendo una ventana para retomar el financiamiento voluntario.
La operación permitirá respaldar el 95% del servicio de un nuevo préstamo comercial que el Estado argentino negociará con bancos internacionales. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito mediante una disminución del riesgo percibido por los inversores, al tiempo que fortalece la administración de los vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y 2027.
El anuncio se produjo horas antes de la reunión que mantendrá en Buenos Aires la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, con el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentro en el que ambas partes oficializarán el nuevo esquema de cooperación financiera.
Un respaldo para volver a emitir deuda en los mercados
El paquete aprobado combina una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con otra de MIGA, organismo especializado en la mitigación de riesgos para inversiones internacionales.
Gracias a esta estructura, Argentina podrá acceder a un préstamo comercial con un plazo de seis años y tres años de gracia, mientras que las garantías cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de esa deuda.
Desde el Banco Mundial explicaron que el mecanismo apunta a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios, además de facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
Pero el alcance político y financiero de la decisión va más allá del préstamo en sí. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que uno de los principales objetivos es contribuir al regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital, un mensaje que el mercado interpreta como una señal de respaldo institucional a la estrategia económica del Gobierno.
La aprobación de las garantías coincide con una mejora sustancial de los indicadores financieros argentinos.
Luego de la reciente mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota de la deuda argentina desde CCC+ hasta B-, y del contexto internacional más favorable tras la distensión geopolítica en Medio Oriente, el riesgo país descendió hasta los 425 puntos básicos, su menor nivel en aproximadamente ocho años.
Este escenario reavivó el debate entre analistas e inversores sobre la conveniencia de que el Ministerio de Economía aproveche las actuales condiciones para volver a emitir deuda en el mercado internacional antes de que cambie el ciclo financiero global.
Hasta ahora, Luis Caputo optó por postergar esa posibilidad, privilegiando una reducción adicional del costo de financiamiento antes de concretar una colocación externa.
Banco Mundial: “Facilitar el regreso de Argentina a los mercados”
La vicepresidenta regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que la institución mantiene su respaldo al proceso de estabilización macroeconómica y a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno argentino.
Según afirmó, la estructura de garantías constituye una herramienta innovadora para facilitar el retorno del país a los mercados internacionales de capital, al tiempo que promueve inversiones privadas, incrementa la productividad y fortalece la resiliencia económica de largo plazo.
En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, destacó que la operación demuestra la capacidad del Grupo Banco Mundial para adaptar sus instrumentos financieros a las necesidades específicas de los países miembros, movilizando inversiones privadas mediante mecanismos de reducción del riesgo.
Las garantías internacionales forman parte del esquema de financiamiento que el equipo económico presentó durante la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El viceministro de Economía, José Luis Daza, había anticipado que el programa financiero correspondiente a 2026 ya cuenta con las principales fuentes de financiamiento identificadas y que las garantías de organismos multilaterales constituyen uno de sus pilares.
Además del respaldo del Banco Mundial y MIGA, el Gobierno espera concretar en los próximos días un nuevo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y avanzar hacia fines de julio con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estimado entre USD 250 y USD 500 millones.
Más financiamiento y menor costo de la deuda
La estrategia oficial busca reemplazar gradualmente el financiamiento de corto plazo por instrumentos con mejores condiciones de plazo y tasa, aprovechando el respaldo de los organismos multilaterales para reducir el costo del endeudamiento.
En ese sentido, las garantías aprobadas por el Banco Mundial no representan un desembolso directo de USD 2.000 millones, sino un aval que mejora la calidad crediticia de la futura operación financiera y facilita el acceso del país a préstamos comerciales en condiciones más favorables.
El esquema se inscribe dentro de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, creada en 2024 con el objetivo de ampliar el uso de estos instrumentos en economías emergentes y elevar la emisión anual de garantías hasta USD 20.000 millones hacia 2030.
Para la Argentina, el respaldo llega en un momento decisivo: mientras el Gobierno intenta consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar el acceso al crédito voluntario, el acompañamiento de los organismos multilaterales se convierte en un factor determinante para reconstruir la confianza de los mercados internacionales.
La estabilidad política no solo es una condición institucional deseable: también constituye un factor determinante para el crecimiento económico. Un nuevo estudio elaborado por los economistas Luc Tucker e Idrissa Aladji Aya para el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporta evidencia contundente sobre los costos económicos de las rupturas institucionales y concluye que los golpes de Estado generan efectos significativamente más profundos y duraderos de lo que se estimaba hasta ahora.
La investigación señala que un golpe de Estado puede reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en aproximadamente 2,3 puntos porcentuales durante el mismo año en que ocurre el evento. Sin embargo, el impacto no se limita al corto plazo. Según el análisis, las consecuencias económicas persisten durante varios años, provocando una pérdida acumulada cercana a cinco puntos porcentuales del PIB en los cinco años posteriores.
Los resultados surgen de la aplicación de un modelo de equilibrio de entropía, una metodología estadística diseñada para aislar con mayor precisión los efectos causales de eventos políticos disruptivos sobre variables económicas. El estudio sostiene que el deterioro observado tras un golpe de Estado supera las estimaciones realizadas en trabajos previos y ofrece nuevas explicaciones sobre los mecanismos que amplifican el daño económico.
Uno de los hallazgos más relevantes es el papel que desempeñan las sanciones económicas internacionales. Los investigadores concluyen que gran parte de la desaceleración posterior a los golpes se encuentra asociada a medidas restrictivas impuestas por organismos multilaterales o países socios, que limitan el acceso al financiamiento, reducen los flujos comerciales y deterioran las condiciones para la inversión.
No obstante, el trabajo también identifica factores internos de gran peso. La incertidumbre política que generan estos episodios afecta directamente las decisiones de hogares y empresas, provocando una contracción del consumo privado y una fuerte caída de la inversión. Ambos componentes son señalados por el FMI como los principales canales de transmisión del impacto económico negativo.
La evidencia resulta particularmente relevante en un contexto global donde distintos países enfrentan crecientes tensiones institucionales, conflictos internos y crisis de gobernabilidad. Para economías emergentes y en desarrollo, donde la confianza de los inversores suele ser más sensible a los riesgos políticos, los efectos pueden amplificarse aún más.
El informe también aporta una lectura estratégica para los responsables de política económica. Más allá de las reformas fiscales, monetarias o productivas, la estabilidad institucional aparece como un activo económico de primer orden. La previsibilidad política, la vigencia del Estado de derecho y el respeto por las reglas democráticas no solo fortalecen la calidad institucional, sino que también constituyen condiciones esenciales para sostener la inversión, el empleo y el crecimiento de largo plazo.
La conclusión del FMI es clara: los golpes de Estado no solo alteran el orden político, sino que generan costos económicos persistentes que pueden comprometer durante años las posibilidades de desarrollo de un país. En un escenario global cada vez más competitivo, la estabilidad institucional emerge como uno de los recursos más valiosos para preservar el crecimiento y atraer inversiones.
Por Nicholas Mulder / F&D FMI – Los gobiernos están tomando el control de empresas y recursos privados al ritmo más rápido en 50 años. Basándose en las múltiples oleadas de nacionalizaciones del siglo pasado, este cambio alterará el panorama económico mundial.
Desde 2020, los gobiernos de todos los continentes han nacionalizado propiedades en manos de sus propios ciudadanos y de inversores extranjeros. Francia y Alemania se hicieron cargo de las compañías eléctricas y de servicios públicos. Francia puso el mayor astillero de Europa bajo control gubernamental. El Reino Unido nacionalizó los ferrocarriles y la fabricación de acero.
Rusia ha incautado más de 48.000 millones de dólares en puertos, fábricas y empresas de consumo desde que invadió Ucrania en 2022. Estados Unidos adquirió una participación dominante en el único productor nacional de tierras raras del país. Y una lista creciente de países confiscó recursos de propiedad extranjera como litio, oro, uranio, níquel e incluso aceite de palma. Aunque las valoraciones son disputadas, entre 2016 y 2026 se nacionalizaron activos por valor de entre 239.000 y 544.000 millones de dólares.
La inestabilidad geopolítica, las disrupciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de energías renovables están impulsando estas adquisiciones. Y a medida que más gobiernos adoptan políticas económicas intervencionistas, la actual ola de nacionalizaciones no muestra señales de aflojarse. Estas adquisiciones cambiarán, pero no frenarán, la integración económica y financiera global. En cambio, podrían reorganizar los patrones a largo plazo del comercio y la inversión internacional.
Esta es la cuarta gran ola de nacionalizaciones en los últimos 100 años. El ritmo y el momento de las nacionalizaciones reflejan generalmente una combinación de urgencia política, condiciones monetarias y movilidad de capital (véase la Tabla 1).
La primera ola llegó en los años 30, durante la Gran Depresión. La segunda comenzó a finales de los años 40, cuando muchos países construyeron economías mixtas tras la Segunda Guerra Mundial. En los años 70, la descolonización, el fin del sistema de tipos de cambio de Bretton Woods, los choques energéticos y las presiones inflacionarias impulsaron una tercera ola.
Existe una considerable variedad en la forma y el contenido de las nacionalizaciones. No todas son afirmaciones de propiedad gubernamental. En algunos casos, el papel del Estado ha sido facilitar la transferencia de bienes de un propietario privado a otro en una venta forzosa. Algunas adquisiciones son confiscaciones directas, mientras que otras son expropiaciones compensadas. Todos utilizan instrumentos políticos y legales para someter la propiedad privada al control nacional y renegociar la relación entre el Estado y el capital.
¿Qué es lo distintivo en la creciente ola de nacionalización en la década de 2020? Consideremos la historia de las tres oleadas anteriores, cada una más grande que la anterior.
Primera oleada: años 30
La economía mundial integrada de las décadas de 1870 y 1930 se apoyaba en dos pilares: el libre comercio relativamente y el patrón oro internacional. Estas políticas facilitaron el camino para grandes flujos de inversión extranjera. Economías ricas como Francia, Alemania y Reino Unido acumularon grandes reservas de capital extranjero que ascendían entre el 50 y el 160 por ciento de su propio PIB.
Aunque la Primera Guerra Mundial erosionó gran parte de esta inversión de capital transfronteriza, el conflicto no destruyó la integración global del mercado. En cambio, reorientó la economía mundial en torno al crecimiento estadounidense en los años 20, cuando la inversión y el comercio internacionales se expandieron nuevamente bajo un patrón oro revivido.
La Gran Depresión puso fin al libre comercio y a los flujos de capital, y desencadenó la primera ola global de nacionalizaciones. A partir de 1928–29, se produjo una serie en cascada de crisis en los precios de las materias primas, luego en los mercados bursátiles y el comercio mundial, y finalmente en el orden monetario internacional.
Para evitar el colapso del sistema financiero, varios países tomaron control total o parcial de sus sistemas bancarios. Entre 1931 y 1935, Estados Unidos nacionalizó aproximadamente un tercio del capital financiero, y en Alemania más de la mitad del capital bancario pasó a ser propiedad estatal. Italia nacionalizó el 20 por ciento de los activos privados, industriales y financieros entre 1931 y 1933. La propiedad estatal se expandió en Francia, que nacionalizó su industria aeronáutica y ferrocarriles; el Reino Unido, que nacionalizó los yacimientos de minas de carbón; y Bolivia y México, que se hicieron con compañías petroleras extranjeras.
Estas medidas a menudo respondían a una crisis urgente, y algunas fueron posteriormente revertidas. Pero como ocurrieron en las economías más avanzadas de la época, tuvieron un efecto significativo en las economías en desarrollo. Además, el comercio global y los préstamos transfronterizos se redujeron drásticamente, y muchos gobiernos impusieron controles de capital. Estos desarrollos permitieron nacionalizaciones a un coste relativamente bajo, sin temor a una fuga de capitales ni una reacción negativa de los mercados internacionales.
La oleada de nacionalizaciones de los años 30 fue un síntoma de la desintegración económica y financiera global. A corto plazo, evitó bancarrotas, pero también segmentó los mercados nacionales y redujo el comercio y la inversión internacionales. Con el tiempo, una mayor propiedad estatal otorgó a los gobiernos mayor autonomía para la formulación de políticas y les permitió contribuir a un nuevo orden económico internacional al final de la Segunda Guerra Mundial.
Segunda oleada: finales de los años 40
Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una nueva oleada de nacionalizaciones en las economías europea, latinoamericana y asiática.
Surgió un modelo económico mixto en el que la inversión pública a gran escala coexistía con mecanismos de mercado privado. El sistema de tipo de cambio fijo establecido en Bretton Woods en 1944 aportó estabilidad financiera internacional, lo que ayudó a las nacionalizaciones al reducir el riesgo de fuga de capitales. En muchos países, la alta inflación permitió a los gobiernos elegir el momento más propicio para comprar las participaciones de los accionistas privados. Y dado que los gobiernos financiaron las nacionalizaciones emitiendo bonos, la inflación también ayudó a reducir el coste real de pagar la deuda.
De este modo, el Reino Unido nacionalizó el Banco de Inglaterra y las industrias de aviación, carbón, teléfono, transporte, electricidad, gas y hierro y acero. Francia tomó el control del Banque de France; instituciones financieras privadas que poseen el 80 por ciento de los depósitos bancarios; los sectores del carbón, la electricidad y la telefonía; y varias industrias importantes. Nacionalizaciones similares ocurrieron en Argentina, Austria, Brasil, Checoslovaquia, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón y en estados socialistas de Europa del Este.
Esta segunda oleada de nacionalizaciones fue más amplia en su enfoque sectorial, más sistemática en su desarrollo y se implementó de forma más gradual que las acciones apresuradas de los años 30. Esto permitió a los inversores privados ajustar las expectativas, redujo la volatilidad económica y evitó que las nacionalizaciones interrumpieran el rápido crecimiento de las tres primeras décadas de posguerra.
Un elemento que marcó una gran diferencia fue que las economías europeas se hicieron principalmente con las propiedades de sus propios ciudadanos. Esto significaba que podían gestionar el proceso a través de instituciones políticas, asegurando una mayor estabilidad y legitimidad democrática. En cambio, cuando las economías en desarrollo adquirieron propiedades de inversores occidentales, los riesgos eran mayores y las disputas diplomáticas e incluso los conflictos directos eran posibilidades reales.
La oleada de nacionalizaciones de posguerra desempeñó un papel catalizador importante para la economía mundial. Las empresas estatales lideraron la movilización de grandes sumas para inversión y ayudaron a impulsar un rápido crecimiento económico en las economías avanzadas. Aunque existían inevitables ineficiencias en la asignación de recursos, hubo un aumento proporcional en el control político sobre las prioridades de inversión. Los países con altos niveles de propiedad nacionalizada no tuvieron un rendimiento inferior a las economías con mayor inversión del sector privado hasta la década de 1970.
Tercera ola: años 70
La primera y segunda oleada de nacionalización tuvieron lugar cuando las naciones del Atlántico Occidental y Norte dominaban la economía mundial. El posterior desmantelamiento de los imperios europeos aumentó el número de estados soberanos: la membresía de la ONU pasó de 51 naciones en 1945 a 127 en 1970. Estas nuevas economías nacionales buscaron labrarse un hueco en la división global del trabajo. Pero muchas naciones exportadoras de materias primas de América Latina, África y Asia seguían dependiendo del capital extranjero.
Dos sacudidas provocaron un aumento de nacionalizaciones. La primera fue el fin del sistema de Bretton Woods. La devaluación de la moneda estadounidense por parte del presidente Richard Nixon en agosto de 1971 provocó un shock para los productores de materias primas, que obtenían ingresos por exportación en dólares. Los productores de petróleo aumentaron su propiedad de compañías petroleras extranjeras para captar una mayor parte de los ingresos en una moneda debilitada.
La crisis del petróleo de 1973 provocó un aumento masivo en el precio de la energía y los minerales, lo que hizo que los países con recursos naturales estuvieran ansiosos por aprovechar el auge de las materias primas. Investigaciones de Stephen Kobrin muestran que el ritmo de las adquisiciones de propiedades se aceleró; Alcanzó su punto máximo en 1975, cuando 28 países llevaron a cabo 83 expropiaciones—una cada cuatro días, de media. Entre 1971 y 1980, las economías en desarrollo nacionalizaron al menos 26.000 millones de dólares en propiedades extranjeras, o el 11 por ciento de la inversión extranjera directa total en el mundo en desarrollo en 1980.
La tercera ola de nacionalización fue más amplia, más larga y los recursos involucrados fueron más valiosos que cualquiera que la precediera (véase el Gráfico 1). El éxito de las nacionalizaciones tempranas animó a otras economías a participar en intervenciones similares. Y la inflación causada por los choques monetarios y energéticos facilitó las nacionalizaciones porque los pagos a los propietarios eran más baratos en términos reales.
Las economías de América Latina, África y Oriente Medio pudieron nacionalizar grandes porciones de sus bases de recursos durante los años setenta. Pero la mayor ola de nacionalización de la historia terminó con las políticas monetarias restrictivas adoptadas por la Reserva Federal a partir de 1979, que redujeron la inflación y ralentizaron el crecimiento global.
El efecto económico internacional más significativo de la ola de nacionalización de los años setenta fue el sobrepeso de deuda soberana que creó. Como la mayoría de las economías en desarrollo pagaban compensación a los inversores, sus obligaciones externas crecieron. Cuando los tipos de interés se dispararon a principios de los años 80, esto les expuso a grandes riesgos de refinanciación y desencadenó crisis de deuda desde Jamaica hasta Zaire. En los años siguientes, muchos activos nacionalizados fueron privatizados a medida que los mercados de capitales se integraron más y los gobiernos buscaron formas de reducir la deuda pública.
Cuarta ola: Década de 2020
La actual ola de nacionalizaciones se originó tras la crisis financiera global de 2008 y las adquisiciones de emergencia de varias instituciones financieras importantes. Estos movimientos en la mayoría de los casos se revirtieron cuando las empresas se vendieron de nuevo al sector privado, pero ha habido nacionalizaciones más permanentes desde finales de la década de 2010. Algunas fueron respuestas a grandes choques globales de oferta y demanda, como la pandemia de COVID-19 en 2020 y el aumento de precios de los productos básicos en 2022 provocado por la invasión rusa de Ucrania.
Otras adquisiciones buscan abordar desafíos más amplios, como el cambio climático. La nacionalización de minerales para tecnologías renovables, por ejemplo, puede permitir que las naciones exportadoras obtengan beneficios en precios. Otra corriente de adquisiciones refleja consideraciones de seguridad nacional y el deseo de los gobiernos de controlar recursos considerados vitales para la competencia estratégica.
Las nacionalizaciones geopolíticas harán que la inversión extranjera directa entre adversarios estratégicos sea más arriesgada. Sin embargo, esto no reducirá necesariamente la integración económica y financiera global global. Más comercio, préstamos e inversiones podrían fluir dentro de bloques geopolíticamente alineados, y los estados neutrales pueden atraer capital extranjero posicionándose como intermediarios fiables y destinos seguros para la inversión.
Las nacionalizaciones ocurren frecuentemente en oleadas porque responden a factores externos e internos de amplia duración. Cuando los precios de las materias primas están subiendo, la perspectiva de captar una mayor parte de los ingresos por exportación resulta atractiva. Las nacionalizaciones exitosas señalan la facilidad y conveniencia de tales políticas para otros. Este “efecto demostrativo” ayuda a explicar por qué las nacionalizaciones históricamente se agrupan en movimientos ondeantes y procíclicos.
Los gobiernos pueden nacionalizar más fácilmente en tiempos de inflación, cuando los costes reales de las adquisiciones compensadas son menores. Sin embargo, una mayor movilidad de capital suele mantener a raya las nacionalizaciones al ofrecer a los inversores más opciones de salida y acelerar las reacciones del mercado que limitan a los gobiernos. El auge de las nacionalizaciones hoy en día, a pesar de la histórica alta integración en los mercados de capitales, señala fuertes fuerzas macroeconómicas y geopolíticas que favorecen las adquisiciones y una creciente convicción política de que las nacionalizaciones son un instrumento vital de la política económica en una era de fragmentación geoeconómica.
NICHOLAS MULDER, profesor adjunto de historia moderna en la Universidad de Cornell y autor de La era de la confiscación: Crear y tomar la propiedad en la creación del mundo moderno.
