El proyecto de crear un Instituto Misionero de la Yerba Mate presentado por Carlos Rovira constituye un acto de inmenso contenido político, con dimensiones económicas, sociales e institucionales. Trasunta una firme voluntad de ejercer autonomía en la toma de decisiones para recuperar la potestad sobre el desarrollo del cultivo tradicional que, en nuestra provincia, está en las bases estructurales de la economía agraria con agricultores y de la profunda convicción democrática de los misioneros.
Si el proyecto es Ley, Misiones recuperará a corto plazo la potestad sobre la economía yerbatera que la ley del INYM había enajenado con la norma, tan autoritaria como tramposa, de definir los precios por unanimidad. Todos sabemos que en estas dos décadas la estrategia de la industria fue delegar en la Nación la decisión final, con el famoso laudo.
Se reconoce que Rovira es un “tiempista”, es decir que sabe ajustar las necesidades con las condiciones objetivas, medir los objetivos con lo posible, lo que no es fácil en política. Y no se puede negar que presentó el proyecto en el momento político justo, cuando los grupos concentrados del sector lograron incluir en el inconstitucional DNU de Javier Milei la desregulación de la economía yerbatera.
Vale aquí una digresión para hacer una observación. El DNU que firmó el presidente Milei, como lo afirman los constitucionalistas reconocidos, incluso los doctrinariamente liberales, avasalla normas constitucionales y destruye las bases del funcionamiento republicano. Es una cuestión que no tiene aristas para un debate porque no hay dos opiniones sobre el alcance institucional del decreto. El debate entonces, si no tiene sentido en el mundo de las ideas, debe darse en el barro de la política, donde se mide la relación de fuerzas. En una guerra no gana el más justo sino el más poderoso.
En síntesis, Milei firma el DNU porque se siente respaldado por las urnas, pero fundamentalmente por el poder económico, cada vez más concentrado en la Argentina.
Entonces, Milei firma el DNU y trata de imponerlo por la fuerza. Misiones, le responde con las armas que le dan las instituciones.
No se puede permitir no hacer nada. La desregulación destruirá los ingresos de los más de 10 mil pequeños productores de yerba que viven con sus familias en las chacras y pueblan de norte a sur el territorio misionero.
Recapitulando, hablamos de una observación: Milei justifica las medidas que contiene el DNU en la destrucción de las capacidades del Estado para liberar al individuo de las restricciones y las regulaciones. Pero, como vienen señalando intelectuales, la épica de la competencia que promueve termina cercenando la autodeterminación de las personas, con la argucia de su libertad.
El Estado nunca es neutro. Siempre defiende intereses y siempre está determinado por la lucha de clases. El débil Estado benefactor de los últimos cuarenta años, se transforma en un Estado gendarme para dar toda la libertad a los más poderosos. Las dionisíacas escenas propias del Gran Hermano de Orwell que nos mostraron a la Ministra de Seguridad y al Presidente siguiendo por las pantallas de la Policía Federal la marcha del 20 de diciembre, es la manifestación del Estado “presente”, presente como custodio de los ricos. Pero siempre hay Estado.
Volviendo a la yerba, en este contexto, creemos firmemente en la existencia de un organismo regulador de la economía de la yerba mate. Es la impronta de las luchas de nuestros productores a lo largo del siglo XX.
La creación de un Instituto Provincial de la Yerba Mate ya hubo de considerarse en Misiones, desde el cierre de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, CRYM, en 1991.
En los años en que tuve la responsabilidad de representar en la Cámara de Diputados a un extendido sector de la sociedad misionera, el tema fue de recurrente debate en las Comisiones.
Así como se constituyó el Instituto Forestal, también se puso sobre la superficie las debilidades del Inym que, como señalamos, con el famoso laudo, quedaba impotente para definir el precio en función de los costos de producción de los pequeños productores.
Recuerdo que, por un lado, el PAYS proponía la creación de un Fondo parecido en su funcionamiento al FET y por el otro ya, en esos años, desde el radicalismo doctrinario la creación del Instituto Provincial. Pero había muchos obstáculos a superar. Desafiliar a todos los actores de la cadena del Inym era el principal ya que, su creación a principios de siglo fue el resultado de un firme resistencia y movilización de los productores para poner un límite a la “libertad” que tenían los grandes molinos para fijar el precio antojadizamente.
Admitíamos entonces que abandonar el Inym podría haber sido una medida drástica para Misiones, pero lo que era cierto y sigue siendo cierto es que Misiones perdió la potestad de regular el precio de la yerba y que en la provincia no podemos solucionar este problema; cada que aparece este tema, le decimos al sector que no lo podemos resolver porque le delegamos esa potestad a la Nación.
Hoy esa potestad, entonces delegada por Ley a un ministro de la Nación, la tendrán las marcas concentradas.
Pero lo que hay recordar siempre es que la yerba es un recurso natural provincial y que este recurso es de la Provincia y no de la Nación y no de pocos molinos.
El proyecto de crear un Instituto Provincial de la Yerba Mate despierta una esperanza concreta.
El Instituto Forestal como espejo
Estamos convencidos de que un Instituto Misionero de la Yerba Mate será una buena herramienta para cumplir con los fundamentos de la creación del Inym. Es posible porque Misiones tiene todavía el 90 porciento de la producción.
Vale como espejo lo que venimos haciendo en el Instituto Forestal Provincial, desde su génesis legislativa y su puesta en funcionamiento hace ya tres años, el objetivo fue crear las condiciones para que el desarrollo económico y social de pequeños y medianos productores e industriales de nuestra provincia. Enfrentando la acción monopólica que condicionaban el mercado en favor de pocos, contenidos en la consigna de dejar todo librado al mercado que oferta y demanda se equilibren. La mano invisible no equilibró y tampoco produjo el derrame anunciado.
En ese contexto la conformación del Infopro se consolidó como un logro para el sector, ya que sentó en su Directorio a todos los representantes de la cadena. Productores, trabajadores, cooperativas, industrias y el Estado juntos para debatir y definir las políticas forestales. Cara a cara, con diálogo y poniendo números sobre la mesa.
El debate con base técnica propuesto desde el Instituto produjo un sismo en un sector que utilizaba el sistema “cacho decimal” (un cachito más, un cachito menos) para definir muchas de sus prácticas. Los inicios fuimos muy resistidos, hasta que se entendió la lógica y la necesidad de que los debates sean con datos que respalden posiciones. Siempre buscando la sustentabilidad de toda la cadena, comenzando por el eslabón más débil. El tiempo transcurrió y la gimnasia del debate con argumentos propició que todas las definiciones de precios salgan por unanimidad, con acuerdo de todos los integrantes del Directorio. Condición que a diferencia del Inym no es necesaria, las votaciones del Infopro se definen por mayoría simple. La conjunción del trabajo entre los sectores público y privado es posible, el diálogo es la herramienta.
El Infopro, como así también el futuro Imym, es la respuesta misionera en la misma línea que vienen implementando las grandes potencias, las que disponen mecanismos que resguardan su producción local y sus mercados internos. La desregulación económica y la apertura indiscriminada es una acción que va a contra mano de lo que experimenta la económica a nivel internacional. En un mundo convulsionado, la respuesta siempre es local.
