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El NEA hacia una agenda de crecimiento: menos impulso público, más competencia real

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El 2025 nos demostró que la desaceleración inflacionaria, producto mayormente del equilibrio fiscal, no es suficiente para asentar las bases para un crecimiento económico homogéneo en el NEA. Dentro de la región, las provincias registraron desempeños dispares: Corrientes en auge (+4,2%), mientras que Chaco y Misiones aún se encuentran en terreno negativo (‑2,9% y ‑1,5%, respectivamente).

Estas distintas dinámicas se explican principalmente por la diferente estructura productiva. Por ello, ordenar el análisis según los motores de la economía (consumo, inversión, gasto público y exportaciones) ayuda a entender por qué provincias vecinas registraron ritmos distintos.

En primer lugar, el consumo privado creció 9,1% a nivel nacional en promedio durante los primeros tres trimestres de 2025, respecto del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el NEA el consumo tradicional en supermercados cayó en términos reales en toda la región, aunque con especial intensidad en Misiones. El factor diferencial fue la recomposición de precios relativos y la menor brecha cambiaria: se redujo el flujo de compradores extranjeros y se incrementaron compras de argentinos en Brasil y Paraguay, al mismo tiempo que ecrecieron nuevos canales de comercialización (que incluyen el fuerte crecimiento del comercio electrónico). De todos modos, hubo segmentos que traccionaron a favor, como la venta de automóviles y motos, que se expandió en toda la región.

En segundo lugar, la inversión registró un crecimiento del 23,6% promedio en 2025 a nivel nacional, pero en el NEA la característica central fue la concentración en Corrientes (con foco en bioenergía, forestoindustria e infraestructura). Esto vuelve a mostrar que, aun en un contexto macroeconómico más estable, las provincias no captan por igual las oportunidades de expansión.

En este marco, el gasto público fue uno de los componentes más débiles como motor económico, ya que el superávit fiscal nacional implicó menos transferencias a las provincias. En Corrientes y Chaco, parte del impacto se compensó con mayor obra pública provincial, pero es claro que en términos generales este sector no volverá a tener el protagonismo de los últimos años, cuando la actividad se explicaba principalmente por el gasto, las compras o subsidios públicos.

Por último, el sector externo nacional mostró en 2025 una balanza comercial con superávit debido a que las exportaciones crecieron 9,5%. En el NEA, Misiones y Corrientes mostraron un desempeño exportador favorable: Misiones con crecimiento en yerba mate, madera aserrada, tabaco y maíz; Corrientes con arroz y productos forestoindustriales, mientras que Chaco quedó rezagado por la sequía (que impactó sobre los cultivos) y por la presión competitiva de importaciones textiles sobre hilados de algodón.

Todo lo anterior deja varias tendencias que probablemente continuarán durante el 2026. La primera es que ninguna provincia puede depender de que el Estado nacional envíe más dinero para sostener su economía, ya que la suspensión de transferencias no automáticas tuvo un impacto negativo, lo cual replantea el rol del estado en las provincias. Al mismo tiempo, diversos factores (cambio de hábitos de consumo, reducción de la brecha cambiaria, plataformas de ventas online a crédito, etc.) afectaron negativamente las compras a comercios locales, sobre todo en zonas fronterizas. Esto pone dos cuestiones en el centro del debate:: atender el costo argentino y adaptarse al avance del comercio electrónico.

La competitividad, además, no sólo es relevante en lo que respecta a consumo privado, sino también en el desempeño del sector externo.Las provincias que cuentan con ventajas comparativas claras (Misiones y Corrientes con la forestoindustria y yerba mate) registraron una dinámica positiva. Otras, en cambio, quedaron expuestas no sólo a shocks climáticos, sino también a la competencia de importaciones (Chaco con la industria textil). En ambos casos el desafío vuelve a ser el mismo: “adaptarse”, tanto desde el sector privado como desde el sector público.

Con un tipo de cambio estable, la competitividad necesariamente debe depender de la productividad, la eficiencia y la reducción de costos estructurales y no del tipo de cambio, esto muestra un cambio respecto al modelo económico anterior, lo cual implica la necesidad de afrontar nuevas reglas de juego.

En consecuencia, los desafíos del 2026 implican que el sector público debe avanzar con la agenda de crecimiento basándose en la reducción del costo argentino. Esto incluye disminuir y simplificar los tributos provinciales y municipales, acelerar la simplificación y digitalización de trámites, facilitar la instalación y funcionamiento de empresas, ampliar la infraestructura logística y modernizar leyes laborales En el NEA esto es especialmente importante por la alta exposición a la competencia de los países vecinos. Al mismo tiempo, la región debe aprovechar las oportunidades de integración logística y productiva (especialmente con los estados del sur de Brasil), además del potencial de la Unión Europea y Estados Unidos en base a las negociaciones comerciales en curso.

Un ejemplo de estos nuevos roles del Estado es lo ocurrido con la desregulación aérea. Este proceso tuvo génesis en el Decreto 70/2023 y se profundizó en 2024 y 2025 con cambios en las regulaciones, en paralelo a una fuerte reducción de subsidios al sector. Según datos de ANAC, a poco más de dos años del cambio normativo, la cantidad pasajeros de cabotaje ha superado los valores de 2023 (+3% en la región del NEA), e incluso de 2018 (+11% a nivel nacional y +23% en la región), lo cual claramente se traduce en mayor consumo de esos turistas y derrame a otras actividades. Esa línea de políticas permite pensar también cómo a escala provincial y municipal sería posible abandonar las políticas de protección y subsidios, generando un aumento de la actividad a partir de reglas que incentiven la competencia e inversión..

En la misma línea, el sector privado también enfrenta los desafíos (y las oportunidades) que plantea el nuevo contexto de estabilidad, por lo que también es necesario adaptar los modelos de negocios a la nueva realidad (canales de comercialización, estructuras de costos, diferenciación de productos, etc.). En este sentido, el Régimen de Incentivos a Medianas Inversiones (RIMI), el cual está inserto en la ley de modernización laboral a discutirse en febrero del corriente año en el Senado, abre una ventana de oportunidad para acompañar estos cambios.

De cara al año nuevo, el panorama macroeconómico muestra señales positivas: cierta recuperación del consumo (de la mano de la recuperación de los salarios reales, aunque muy dependiente también de la creación de empleos); perspectivas buenas para la inversión (de la mano del financiamiento y de las reformas actualmente en discusión); consolidación del sector exportador (además de las enormes posibilidades que abren los acuerdos comerciales en negociación); y un sector de la construcción con leve reactivación (a partir tanto de la apertura de las licitaciones nacionales como de obras provinciales ejecutadas con fondos propios, nacionales y con financiamiento internacional).

En resumen, el desafío para el NEA no reside en sostener indefinidamente actividades que han perdido competitividad. La prioridad es reorientarla intervención pública y las decisiones privadas hacia procesos de reconversión y adaptación, atrayendo inversiones y generando empleo privado, en un contexto marcado tanto por las amenazas asociadas a la competencia externa, el cambio tecnológico y factores climáticos, pero también por oportunidades que surgen con estabilidad macroeconómica y apertura comercial.

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Con tener empleo no alcanza: revelan que 4,5 millones de trabajadores son pobres en Argentina

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La pobreza alcanza a uno de cada cinco trabajadores en Argentina, lo que implica un universo de 4,5 millones de personas, de acuerdo a lo revelado por un informe de la Fundación Mediterránea.

El reporte refleja que la tasa de pobreza por estado ocupacional muestra que, aun teniendo empleo, el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza. En términos absolutos, esto equivale a 4,5 millones de personas sobre un total de sobre un total de 21 millones de trabajadores.

Al señalar que “la pobreza es, en parte, un reflejo del mercado laboral”, el análisis puntualizó que “entre los desocupados, la incidencia trepa al 58,9%, lo que confirma el impacto directo de la falta de empleo en la vulnerabilidad social”.

Sin embargo, sostuvo que “lo más preocupante es que tener trabajo tampoco exime de la pobreza, especialmente cuando se trata de ocupaciones precarias o de baja productividad”, remarcando que “los datos resumen una realidad preocupante, tener trabajo, en muchos casos, ya no alcanza para garantizar un nivel de vida digno”.

Pobreza e informalidad

En este marco, la entidad aseveró que “la clave, entonces, no es solo tener un empleo, sino la calidad de las inserciones laborales”, precisando que “al observar la pobreza entre los ocupados según tipo de trabajo, la incidencia recae fuertemente sobre los trabajadores informales”.

Entre los trabajadores independientes no registrados, el 40,5% son pobres; entre los asalariados informales, el 37,5%. En contraste, los independientes registrados (monotributistas o autónomos) presentan una tasa de pobreza del 12,3%, y los asalariados formales del 9,7%. Incluso dentro del empleo formal, hay sectores de baja remuneración, como el servicio doméstico, “donde persisten altos niveles de vulnerabilidad”.

El reporte también puntualiza sobre la heterogeneidad sectorial y regional, remarcando que “la pobreza laboral se concentra en ramas de baja productividad, y en provincias donde más de la mitad del empleo es informal, como lo son Tucumán (58%), San Juan (57%), Salta (52%), Santiago del Estero (52%) y Formosa (52%)”.

Sobre este aspecto, la Fundación Mediterránea precisó que “estas brechas de productividad y de acceso a empleos de calidad explican por qué la recuperación económica reciente no se tradujo en mejoras homogéneas del bienestar”.

Crecimiento, empleo y pobreza

En esa línea, manifestó que “estos datos invitan a repensar el vínculo entre crecimiento, empleo y pobreza. Argentina necesita generar más puestos de trabajo, pero sobre todo, empleos formales y productivos”, indicando que “la creación de empleo en sectores de baja productividad puede mejorar las estadísticas de ocupación, pero no resuelve el núcleo del problema que son los ingresos laborales insuficientes”.

En este contexto, señaló que “las políticas activas de empleo, formación técnica y la transición hacia la formalidad cumplen un rol estratégico”, afirmando que “invertir en capacidades y generar incentivos a la contratación formal no solo mejora los ingresos, sino que reduce las brechas de vulnerabilidad” y agregó que “la articulación con el sector privado resulta fundamental para generar empleos en actividades de mayor valor agregado”.

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IERAL advierte que las tasas municipales elevan el costo financiero; Posadas, por debajo del promedio nacional

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La presión tributaria municipal y su impacto en el crédito al sector privado. Un reciente estudio del IERAL determinó que la alícuota “efectiva promedio” de estas tasas, analizadas en 10 provincias, alcanza el 5,9% de los ingresos brutos bancarios.

Un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea reveló que las tasas municipales aplicadas a la actividad financiera generan distorsiones significativas en el sistema de crédito argentino. En promedio, la alícuota efectiva alcanza el 5,9% sobre los ingresos brutos de los bancos, operando en muchos casos como un impuesto encubierto que eleva los costos financieros y limita el acceso al crédito productivo.

Tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos

El informe Presión tributaria municipal y su impacto en el crédito al sector privado, elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, analizó el efecto de las tasas locales sobre la intermediación financiera en 51 municipios de 10 provincias argentinas.

El estudio determinó que la alícuota efectiva promedio de estas tasas alcanza el 5,9% de los ingresos brutos bancarios, y en varias ciudades importantes ese valor supera el 7%, configurando una carga que “excede los límites legales de una tasa” y actúa, en la práctica, como un impuesto encubierto.

El impacto de esta presión local no es menor: según el IERAL, los impuestos municipales pueden incrementar en más de 7 puntos porcentuales el costo del crédito productivo, y en el caso de los créditos personales, combinados con el IVA, el aumento puede alcanzar casi un 50% sobre la tasa final.

El informe destaca que esta carga adicional se traslada directamente al costo de financiamiento que enfrentan las empresas y familias, afectando la rentabilidad del sistema bancario, la competitividad del sector productivo y la capacidad de inversión.

Posadas, con una presión efectiva inferior al promedio nacional

Dentro de la muestra relevada, la ciudad de Posadas registró una alícuota promedio del 4,8% sobre los ingresos brutos bancarios, un valor inferior al promedio nacional del 5,9%.

Si bien la capital misionera muestra un nivel de presión moderado en comparación con otros centros urbanos, el informe del IERAL advierte que las distorsiones persisten debido a la heterogeneidad normativa entre municipios y la escasa correspondencia entre las tasas y los servicios efectivamente prestados.

El documento subraya que más de 2.000 gobiernos locales en todo el país aplican tributos de esta naturaleza, con criterios dispares y, en muchos casos, con débil sustento legal. Esta fragmentación —advierte el IERAL— genera inseguridad jurídica y desincentiva la expansión de entidades bancarias físicas, que enfrentan una carga mayor respecto de las plataformas digitales, exentas de estas obligaciones.

“El crédito es imprescindible para el desarrollo”

El presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, enfatizó en el estudio que la presión tributaria local “conspira contra el desarrollo del crédito”.
“El crédito es imprescindible para el desarrollo, tanto para las empresas como para las familias. El orden macroeconómico es una oportunidad para que éste se expanda, pero si no se resuelve el tema impositivo, y en particular el problema con los impuestos locales, este desarrollo no va a ser posible”, sostuvo.

El informe advierte que la persistencia de este esquema debilita el papel del crédito como motor del crecimiento económico, limitando la capacidad de recuperación del sector privado incluso en escenarios de estabilidad macroeconómica.

Reforma fiscal local: una condición para ampliar el crédito

Como conclusión, el estudio propone una revisión integral del esquema de tasas municipales, orientada a construir un sistema más simple, homogéneo y ajustado a los principios legales de una tasa, con una relación efectiva entre el cobro y la prestación de servicios.

De acuerdo con la Fundación Mediterránea, avanzar en esa dirección mejoraría la competitividad del sistema financiero, ampliaría el crédito al sector privado y fortalecería el desarrollo económico federal.

Impacto de las tasas municipales sobre el costo del crédito by CristianMilciades

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¿Qué tan competitiva es Argentina para producir granos?

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Por Franco Artusso – Tobías Lucero, Fundación Mediterránea. Tras una primera publicación orientada a comparar precios de bienes y servicios de consumo final entre países, el IERAL amplía ahora su análisis hacia un eje clave de la competitividad: el costo de producir granos. Este nuevo estudio compara precios de insumos y equipos agropecuarios en Argentina frente a los de otros países relevantes de la región y del hemisferio norte, bajo una metodología similar.

Se trata de una dimensión poco explorada en los análisis habituales sobre competitividad agropecuaria. Mientras que es frecuente medir la competitividad del sector desde el lado de los ingresos (comparar precios internos de los granos, tipos de cambio efectivos), son pocos los estudios que exploran los costos de producción (insumos, servicios, bienes de capital). Se sabe que el sector agropecuario argentino presenta serias desventajas en la comparación internacional por el lado de los ingresos, puesto que ninguno de sus competidores castiga la exportación de granos y derivados con impuestos a la exportación (“retenciones”), pero poco se conoce acerca de cómo se posiciona en materia de costos. 

La información sobre este frente es escasa, en parte por los desafíos que implica su relevamiento:

En primer lugar, porque no existen bases de datos secundarias estandarizadas que permitan acceder de forma directa y sistemática a los precios de similares productos en distintos países, lo que obliga a recurrir a fuentes de información primarias y estrategias de relevamiento específicas, de tipo caso por caso. 

En segundo lugar, porque a diferencia de los bienes de consumo masivo —para los cuales es relativamente más sencillo identificar productos similares en distintos países— los insumos agrícolas dependen de una cantidad diversa de factores (calidad y composición de los suelos, clima y tipos de cultivos predominantes, tecnología aplicada en los establecimientos, presencia de plagas específicas, regulaciones sobre el uso de determinados productos -ej. agroquímicos-, infraestructura y logística disponible para la distribución, etc.), que pueden ser significativamente distintos en cada país, lo que dificulta la elección de productos homogéneos para incluir en la comparación.

En tercer lugar, por ciertas limitaciones en las conclusiones a las que se puede arribar a partir de los resultados obtenidos. En efecto, aun cuando se logren salvar los dos puntos anteriormente mencionados, es decir, se pueda recolectar información confiable sobre precios de insumos comparables en distintos países, a menos que se conozcan las tecnologías específicas de cada país (dosis de cada insumo por unidad de medida, eficiencia con que se utilizan, etc.), la información obtenida puede ser insuficiente como para inferir linealmente el nivel de los costos a los que producen cada uno de ellos. Para que se entienda este punto, un fertilizante puede ser utilizado y costar lo mismo en dos mercados (Brasil y Argentina), pero ello no implica necesariamente que costará lo mismo fertilizar los cultivos en estos dos países, dado que factores como la composición de los suelos y el clima de cada país influirán en las dosis efectivas de fertilizante (cantidad de litros o de kilos por hectárea) que son necesarias para lograr rendimientos similares en un determinado cultivo (toneladas de grano por hectárea). Estas diferencias y distintos parámetros de eficiencia determinarán en definitiva el costo final de fertilizar en cada país, aun cuando el insumo cueste lo mismo. 

Para ver la comparación completa por productos ingresar acá.

A pesar de estas complejidades, IERAL logró relevar precios en mayo para cinco países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. El estudio abarca un total de trece bienes y servicios, clasificados en seis grupos: fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinaria (ver Tabla 1, precios expresados en dólares). 

En términos generales, los resultados muestran que Argentina es más cara en dólares que los otros países en la mayoría de los 13 productos relevados, en concreto: es más cara en el 85% de los casos con respecto a Brasil (en 11 de los 13 productos); en el 69% de los casos con respecto a Paraguay (9 productos); en el 77% de los casos con respecto a Uruguay (10 productos); y en el 62% de los casos con respecto a Estados Unidos (8 productos). 

Sin embargo, salvo excepciones, no se observan grandes brechas entre los precios que se pagan en Argentina con relación al promedio de los otros cuatro países: los fertilizantes resultan entre 3,3% promedio más caros en Argentina; herbicidas un 7,8%; fungicidas un 1,4% y los combustibles (gasoil grado 2) un 11% más caros. Las excepciones que se encontraron fueron: 1) transporte de cargas (flete granario por camión de 400 kilómetros), donde Argentina resulta un 23% en promedio más cara que el resto de los países, con una tarifa de USD 35,7 por tonelada kilometro (un nivel muy similar, levemente inferior al de Uruguay USD 37,1 tonelada kilometro); y 2) maquinaria agrícola, particularmente en tractores, donde Argentina se ubica 27% más cara que el promedio de los otros países, y en menor medida en cosechadoras, donde la brecha no llega al 10%.

En suma, Argentina exhibe precios un poco más altos en dólares para la mayoría de los insumos relevados, incluso tratándose de bienes comercializables internacionalmente. Esto revela la existencia de distorsiones que encarecen la producción agropecuaria. Entre los factores explicativos pueden encontrarse: los resabios de las restricciones cambiarias, cargas impositivas acumulativas, regulaciones laborales muy rígidas, elevados costos logísticos internos, menor escala operativa y un contexto de mayor incertidumbre y volatilidad. Estos elementos, en conjunto, limitan el funcionamiento pleno de los mecanismos de arbitraje de precios y restan competitividad. 

Teniendo en cuenta que el gobierno ha logrado avances importantes en materia de estabilización macroeconómica y cambiaria, los desafíos de mediano plazo en términos de competitividad se trasladan al terreno microeconómico. Allí, el foco debe estar en mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y factores, reduciendo las distorsiones generadas por una trama de regulaciones, impuestos y regímenes laborales centralizados, diseñada en su momento para un tipo de organización económica —colectivista, burocrática e intervencionista— que no arrojó buenos resultados en términos de crecimiento y desarrollo. Ese esquema debe dar paso a otro, que otorgue mayor libertad a los agentes privados para adaptar sus decisiones y organizar sus actividades productivas, de cualquier tamaño, en cualquier sector y región del país, en función de los recursos disponibles y las demandas locales e internacionales.

Para ver la comparación completa por productos ingresar acá.

Por caso, no hay dudas que los costos de insumos y equipos agropecuarios locales están exacerbados por impuestos sobre ventas como Ingresos Brutos o tasas municipales sobre facturación de empresas, que otros países no aplican, y que al no reconocer como crédito el impuesto que las empresas pagan en sus compras, van generando el pago de impuesto sobre impuesto, y un sobrecosto que se traslada a los precios de los bienes a medida que estos recorren la cadena de valor. Avanzar en la sustitución de este tipo de tributación por impuestos más neutrales (caso del IVA) y en reformas en las otras áreas antes mencionadas, puede ser muy importante para acortar brechas de precios con los países con los que compite la producción local. 

Dicho esto, no debe perderse de vista que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se encuentra por el lado de los ingresos y no de los costos, debido a que en Argentina los productores enfrentan derechos de exportación que reducen de forma directa el precio efectivo que reciben por sus productos, lo que tampoco ocurre en los demás países analizados. 

Así, el agro argentino compite en el mercado internacional con una ecuación que está desequilibrada: insumos más caros y precios de venta más bajos. Superar este “doble castigo” resulta fundamental para recuperar competitividad y aprovechar plenamente el potencial productivo del sector.

¹ Lamentablemente no se ha logrado conseguir información comparable para el caso de los insecticidas, productos cuya composición química se encuentra en general sujeta a diversas regulaciones locales que dificultan la armonización de los precios. 

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Claves en las disparidades económicas entre provincias

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Si al país le va bien, a las provincias también, pero unas mejor que otras. Considerando a las que fue mejor durante este año, un interrogante es si repetirán una mejor performance en el siguiente. Estos son los planteos de esta sección.

Balance 2024

Este año ha sido uno atípico, comenzando con una fuerte caída de ventas, debido a la merma en el poder de compra luego de la devaluación, continuando posteriormente con una gradual recuperación económica, que se puede observar utilizando datos desestacionalizados. 

Algo similar ha ocurrido en la mayoría de las provincias, con sus diferencias. Teniendo en cuenta sus estructuras productivas y su localización, al menos hay tres factores claves que determinan esas diferencias regionales. Dos están vinculados a fondos que son externos a cada jurisdicción.

El primer factor son las exportaciones, las cuales se han incrementado durante este año, principalmente por una mayor cosecha de granos (luego de la sequía en 2023) y por petróleo. En este sentido, favoreció más a provincias como Neuquén y las provincias de la región pampeana.

El segundo factor son los fondos nacionales que reciben los gobiernos provinciales. En general, las jurisdicciones que menos exportan (cuentan con menos recursos naturales valiosos), son las que más fondos nacionales perciben, incluyendo las transferencias discrecionales. En 2024, esas transferencias se redujeron a un mínimo, por lo cual, varias provincias dependientes de esos recursos se vieron muy afectadas, como las norteñas.

El tercer factor está vinculado con el anterior, y es la capacidad que tiene las provincias para hacer política fiscal, aunque con menor peso que la nacional. En 2024, con menos fondos nacionales y la recesión en la primera parte del año, motivó a los gobiernos locales a realizar un ajuste, vía licuación, lo cual fue posible por la alta inflación. Es conocido que la nómina salarial representa un alto porcentaje (más de la mitad) del gasto en las distintas provincias, por lo cual la licuación fue más efectiva. En general, las finanzas públicas mejoraron en la mayoría de las provincias, señal de que el impulso fiscal fue menor.

Sobre la base de estos determinantes diferenciadores, en un mal año 2024, se puede mencionar que Neuquén junto con Río Negro presentaron mejores indicadores de actividad. Mientras,  no fue un tan mal año para las provincias grandes, y sí le fue peor a la mayoría de las norteñas. 

Perspectivas 2025

El año 2024 fue un año que inició con un importante shock. Cambió la dirección de la política económica, con ajustes dado el notorio desequilibrio en las cuentas fiscales nacionales. En cambio, 2025 sería la continuación de la actual política económica y, si no hay shocks negativos (ni internos ni externos), es esperable que la recuperación económica continúe, en forma heterogénea. Más complicados estarían aquellos sectores con desventajas con respecto al mundo (los sustitutos de importación).

Dada la continuación de la recuperación, un interrogante está en la evolución de los factores recién considerados a la hora de conocer las diferencias regionales.

Exportaciones: para 2025 se espera un leve incremento a nivel global, y se debe considerar dos puntos clave. Por un lado, continuaría el impulso en ciertos sectores con mucho potencial (petróleo en Vaca Muerta, energía, minería), que además contarán con los beneficios del RIGI. En el caso de la región pampeana, la cosecha no volvería a aumentar, lo esperable que sea similar, aunque con menor rentabilidad, dados los menores precios y un dólar más barato.

Por otro lado, está el planteo de si el país está caro en los productos exportables. La devaluación de fin de 2023 redujo los costos laborales en dólares, lo cual favoreció inicialmente a las economías regionales, intensivas en trabajo. Luego, con el dólar retrasándose con respecto a la inflación, ha cambiado la ecuación. Algunos sectores exportadores regionales comienzan a tener problemas de competitividad, y posiblemente esto impacte en sus exportaciones para 2025. 

Fondos nacionales: será un punto político para el actual gobierno. Usualmente, al ser un año electoral, se tiende a incrementar el gasto público, parte del cual se destina a las provincias. Es posible que el gobierno nacional no siga ese comportamiento, pero las presiones serán mayores.

Política fiscal: es posible que sea diferente a 2024. Hay dos fuerzas que van en sentido contrario. Por un lado, es posible esperar una recuperación en ingresos, al menos en impuestos provinciales, y por el otro lado, con menor inflación (y menor licuación) y con elecciones legislativas, estará la presión para mayores gastos. La impresión es que este último punto tendrá más peso en las decisiones, que se traducirá en una reducción de los superávits fiscales provinciales, pero un impulso a la actividad económica regional.

Con todo eso, la mejoría en la economía nacional se trasladará a las provincias, y posiblemente tendrán un impulso fiscal. La principal diferencia vendría por el lado de las exportaciones. Se verían más favorecidas las provincias con recursos como petróleo, minería y energía. 

Por otra parte, aunque no se espera un incremento en las transferencias discrecionales, éstas no pueden volver a disminuir (han llegado a un mínimo), por lo cual no habrá otro golpe negativo para las jurisdicciones más dependientes de los fondos nacionales.

En pocas palabras, se espera un mejor 2025, quizá no tan heterogéneo regionalmente como el año que se va despidiendo. 

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