El gas subsidiado para zonas frías y los costos indirectos a los más pobres y cortes a la industria
El kirchnerismo se prepara para festejar otro hito en su épica de recuperación de derechos: el Senado está por transformar en ley el subsidio de gas para las “provincias frías” que ya tenía la media sanción de la cámara de Diputados.
iProfesional – La ley, impulsada por Máximo Kirchner, implica subsidios de entre 30% y 50% para los habitantes de zonas consideradas frías. El régimen ya existía, pero el nuevo marco legal llevará el número de beneficiados desde los 849.000 actuales hasta un estimado de cuatro millones.
Una iniciativa que ha generado debate incluso en la propia interna del Gobierno, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, se ha quejado de que detrás del loable propósito de asistir a los más pobres, muchos de estos esquemas de subsidio energético terminan teniendo un perfil “pro-rico”.
Es una polémica que ha regresado con el debate de la nueva ley, ya que los expertos anticipan que el beneficio para los patagónicos implicará un incremento en el costo eléctrico para aquella población de menor recursos que no tiene conexión a una red de gas.
“Bajo este esquema de subsidios cruzados, en definitiva el conurbano va a tener que pagar un recargo en el cargo del fondo fiduciario por todo su consumo de gas para que en la costa, Pinamar y Cariló por ejemplo, tengan el gas más barato”, denunció el economista Nicolás Gadano.
Mientras otros expertos, como Fernando Navajas de FIEL, recuerda que en los esquemas de subsidio utilizados durante la gestión de Cristina Kirchner, la norma era que el beneficio recayera en la población que no lo necesitaba.
“Estas filtraciones han llegado a ser en 2015, en el caso del gas y la electricidad, cercanas al 85% de los subsidios que superaban el 3% del PBI, o sea que había un 2,5% del PBI en filtraciones hacia grupos no pobres”, afirma el economista. Y advierte que el nuevo esquema corre el riesgo de repetir esos efectos contrarios al buscado.
En tanto, con su estilo contundente, el influyente economista Carlos Melconian, no dudó en calificar la nueva ley: “Votaron una barbaridad”, afirmó.
Lo cierto es que, mientras la discusión política acapara la atención de la opinión pública, los costos reales de estas políticas se dan de manera silenciosa pero contundente. Con los fríos del invierno está regresando un fantasma que ya había campeado durante la gestión de Cristina Kirchner: el corte de gas a las industrias, porque no alcanza la oferta para abastecer a todo en un momento en el que la demanda del sector residencial alcanza su pico de consumo.
Ya hace un mes se vieron los primeros casos, precisamente en la zona patagónica, cuando estaciones de servicio de GNC tuvieron interrumpido el suministro por una disminución en la capacidad del sistema. También industrias que no tenían el servicio contratado “en firme” sufrieron cortes. La situación se precipitó como consecuencia de los conflictos sindicales en el área productora de Neuquén, a lo cual se sumó una demora en la operatoria de buques regasificadores en el polo de Bahía Blanca.
Pero, más allá de los cuellos de botella circunstanciales, los expertos del área ven un problema más de fondo: una debilidad en la oferta de gas, que se ve agravada por las decisiones políticas que exacerban la demanda. De hecho, los empresarios del sector dejaron ver su preocupación por el hecho de que los cortes, que habitualmente se producen en julio, este año ya arrancaron en mayo.
El Gobierno se muestra confiado en que, gracias a la inversión del “Plan Gas” -que permitió conectar nuevos pozos en Vaca Muerta-, se podrá revertir la situación. El secretario de Energía, Darío Martínez, destacó que en las últimas semanas la producción había aumentado 20% y que para agosto se subirá ese nivel hasta un 32%.
El optimismo oficial, sin embargo, contrasta con la visión cautelosa del sector privado, demasiado acostumbrado a ser la variable de ajuste ante cada situación imprevista en la política energética.
Un beneficio con costos ocultos
Lo cierto es que abundan las advertencias sobre las consecuencias de la ley que está a punto de votarse en el Senado. La Unión Industrial Argentina calificó la iniciativa como “un peso más que nos ponen en la mochila” y recordó que la suba del costo fijo de 1% se suma a la duplicación del costo que ya se sufrió durante el año.
Lo cierto es que, para los expertos del área señalaron que habrá costos reales superiores al esfuerzo fiscal de $29.000 millones que se estima costará la iniciativa.
Por caso, el economista Nicolás Gadano afirmó en un evento de Energy Forum: “Hay un tercio del consumo de gas total de la Argentina que se usa para la generación térmica y lo paga Cammesa, y a Cammesa le van a subir los costos por pagar este cargo y tiene los precios mayoristas de la electricidad congelados, entonces será el Tesoro quien pondrá la diferencia con mayores subsidios a Cammesa”.
Y agregó el efecto social colateral de esta situación: “Los hogares pobres que están conectados a la red de electricidad, que son casi todos, van a tener que pagar un cargo adicional en el costo eléctrico por todo el gas que se usa para la generación térmica para financiar algunas localidades que van a ser beneficiadas con esta extensión del subsidio patagónico”.
En tanto, desde el debate parlamentario, las críticas de la oposición se centraron en los costos fiscales. La diputada Jimena Latorre, de la UCR, calificó la iniciativa como “subsidio pre elecciones” y afirmó: “Nos quieren hacer creer que los van a solventar con el mismo costo fiduciario, algo insostenible”. Anticipó que la ley implicará un costo fiscal con impacto inflacionario.
Y puso el dedo en una llaga sensible para el kirchnerismo: “Los eternos excluidos son quienes consumen gas en garrafa”.
En efecto, un de las críticas irrefutables de cada plan de subisidio es que sólo termina beneficiando a quienes están conectados a redes de gas por cañería, en general poblaciones de ingresos medios y altos, mientras que en las zonas carenciadas se continúa pagando un precio de mercado.
Conciente de esa crítica, el Gobierno quiere complementar el subsidio a las “zonas frías” con una ley que declare a la garrafa de gas como “servicio público”. El objetivo es que el Estado cuente con mayores herramientas para unificar un precio y hacerlo cumplir, algo que hasta ahora resultó imposible en las iniciativas anteriores, cuando la tónica era la escasez de la garrafa al precio oficial y la provisión de un mercado paralelo a precios de mercado.
El año pasado, por la recesión que disminuyó el ritmo de producción industrial, sumado a condiciones climáticas no tan desfavorables, prácticamente no se habían producido cortes. Sin embargo, ahora la situación se muestra más crítica y hace recordar a los peores momentos de la gestión K, cuando el corte a las industrias era un clásico de cada invierno, y las plantas debían sustituir el gas por fuel oil, una opción más cara e ineficiente.
En aquellos años, la producción había caído a tal extremo que el país se tornó completamente dependiente de las importaciones. En el peor momento, las compras de combustibles al exterior llegaron a u$s12.000 millones, el cuádruple de lo que se compró en 2019, el último año pre-pandemia.
En el peor momento de la producción energética, se registraba un saldo neto negativo de u$s6.300 millones, casi cuatro puntos del PBI. Y los economistas apuntaban a que ese era uno de los motivos fundamentales por los cuales el kirchnerismo se aferraba al retraso del tipo de cambio: por cada punto de suba del dólar, el impacto en el costo fiscal de los subsidios sería de 1,3%, calculaban los economistas en aquel momento.
Ahora, la situación no llega a esos niveles de gravedad, pero ciertas similitudes empiezan a generar nerviosismo, tanto entre los empresarios como entre los propios funcionarios. El primero en estar preocupado es Guzmán, que ha visto esfumarse su objetivo de mantener los subsidios topeados en 1,7% del PBI para este año. Los economistas están recalculando al alza el costo de los subsidios, y algunos, como el Estudio Broda, ya estiman en $1,5 billón, un 50% encima de lo presupuestado, y cuyo peso fiscal se acercará a un 3% del PBI. Pronósticos inquietantes, si se toma en cuenta que en 2015, hacia el final de la gestión kirchnerista, el costo del subsidio energético había llegado a una marca de 4% del PBI.
Si bien la situación económica de hoy dista mucho de parecerse a la de 2015, también es diferente a la del recesivo 2020. Ahora, con las industrias en franca recuperación y ya utilizando 63% de la capacidad instalada -el mínimo histórico fue hace un año, con un 42%-, la demanda energética también está en ascenso.
Por ejemplo, se estima que el consumo de GNC, que en el peor momento de la crisis había caído a 2 millones de metros cúbicos por día, ya está triplicando esa cifra.
Si a lo que requiere el sector productivo se le suma el consumo hogareño, entonces es cuando la situación empieza a mostrar visos preocupantes. Una primera consecuencia fue el aumento del costo del gas para las industrias que quisieron garantizarse el suministro, y en algunos casos tuvieron que renovar contratos con una duplicación del costo.
Pero, además, está la previsión clásica de las épocas de alto subsidio: un incremento en la demanda hogareña, dado que hay una percepción de abaratamiento que hace que las familias hagan un uso mayor al de una situación normal.
Al respecto, un estudio de Salvador Gil y Roberto Prieto llegó a la conclusión de que en la Patagonia, a igual temperatura, los usuarios usan el doble de gas que en otras regiones. Y agregan que eso incide en la forma en que se acondicionan los hogares: no se invierte lo suficiente en aislamiento ni otras formas de ahorro de energía.
Según Gadano, el esquema de subsidio patagónico implica un triple subsidio. El primero es el que reciben todos los consumidores del país, al pagar un precio menor al costo del gas, una diferencia que se cubre con el Plan Gas. El segundo es por un descuento de ese gas para la zona patagónica, dado que el Estado le vende a las distribuidoras a mitad de precio respecto del resto del país, una diferencia que termina pagando el Tesoro. Y el tercero es el descuento en el costo de transporte y distribución, de un 50%, que se paga con un fondo fiduciario creado en 2002.
El resultado de este esquema, que ahora se hará extensivo a cuatro millones de beneficiarios, es que el precio real que paga el patagónico es un 75% inferior al del resto del país. Con el detalle, naturalmente, de que el resto del país tampoco paga un precio real, sino que, de acuerdo a un ranking de la International Energy Agency, se abona un precio 77% inferior a la media.
El debate político sobre la justicia de estos esquemas es un clásico argentino. Y se mezclan los atendibles argumentos sobre la necesidad de cubrir a los más necesitados con otros motivos de neto corte electoral, como promover el consumo gracias al “ahorro” en energía.
Pero, como siempre, hay efectos boomerang. El más notable es que, una vez más, surge el fantasma de que se beneficie a sectores de clase media que no necesitaban el subsidio, y que ese costo caiga indirectamente sobre la franja más pobre, que debe pagar la garrafa a precio de mercado o consumir más electricidad.
Y, en cuanto a las advertencias de más largo plazo, los expertos reiteran las clásicas: que llegará el momento de la inevitable corrección tarifaria, ante el riesgo de un nuevo colapso en la producción o una explosión fiscal del costo de los subsidios. Pero claro, todos son conscientes de que, en plena campaña electoral, son argumentos que no pueden competir contra la contundencia de una tarifa subsidiada.
