geopolítica

EE.UU. sanciona una red que fue vinculada al PCC y Lula responde a Trump con un mensaje de soberanía regional

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La relación entre Brasil y Estados Unidos volvió a ingresar en una etapa de fuerte tensión política y diplomática. Mientras la administración de Donald Trump aprovecha su estrategia de combate contra las organizaciones criminales transnacionales para implementar sanciones económicas y financieras, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un contundente mensaje en defensa de la soberanía regional: “Nadie es dueño de América del Sur”.

El cruce se produjo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas radicadas en el estado de San Pablo y una firma portuguesa, acusados de integrar una estructura de lavado de dinero al servicio del Primer Comando Capital (PCC), considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

La decisión profundiza el endurecimiento de Washington frente al crimen organizado regional y, al mismo tiempo, incrementa las diferencias con el gobierno brasileño sobre el alcance de la política estadounidense en Sudamérica.

Estados Unidos apunta al financiamiento internacional del PCC

Las sanciones fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, utilizando las órdenes ejecutivas 14059 —orientada al combate del narcotráfico— y 13224, que habilita medidas económicas contra organizaciones catalogadas como terroristas y quienes las apoyen.

Entre los sancionados figuran el empresario Victor de Oliveira Shimada, señalado como uno de los principales nexos financieros entre operadores del PCC en Florida y estructuras criminales radicadas en Brasil, y Stella Nunes Henrique de Oliveira, identificada como colaboradora directa.

También fueron alcanzadas las empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluciones de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.

Según la investigación estadounidense, la organización habría lavado más de 30 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias internacionales y operaciones con criptomonedas, utilizando empresas de fachada para canalizar recursos obtenidos por actividades ilegales en distintas ciudades de Estados Unidos.

Washington sostiene que estos mecanismos permitían enviar fondos hacia integrantes del PCC en Brasil, fortaleciendo la estructura financiera de una organización dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y homicidios por encargo.

La nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado

Las sanciones forman parte de un cambio más amplio en la política de seguridad estadounidense.

Hace pocas semanas, la administración Trump incluyó formalmente tanto al Primer Comando Capital (PCC) como al Comando Vermelho (CV) dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía significativamente las herramientas jurídicas disponibles para perseguir sus activos financieros alrededor del mundo.

La calificación permite congelar bienes, bloquear operaciones bancarias, prohibir cualquier tipo de asistencia económica y perseguir internacionalmente a personas o empresas vinculadas con estas estructuras criminales.

El objetivo declarado por Washington consiste en desarticular la infraestructura financiera de las organizaciones dedicadas al narcotráfico antes que concentrar exclusivamente los esfuerzos en la persecución policial de sus integrantes.

Lula respondió desde la cumbre del Mercosur

La respuesta política llegó pocas horas después desde Asunción, durante la cumbre del Mercosur.

Sin mencionar directamente a Donald Trump, Lula utilizó un discurso de fuerte contenido geopolítico para reivindicar la autonomía regional.

“Nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de América del Sur”, afirmó el mandatario brasileño, al tiempo que cuestionó los alineamientos automáticos con las grandes potencias y defendió una política exterior basada en la multipolaridad y la diversificación de alianzas comerciales, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos con China.

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa al creciente protagonismo estadounidense en los asuntos de seguridad regional y a la decisión de catalogar como terroristas a organizaciones criminales brasileñas.

Aunque el gobierno brasileño respalda el combate contra el crimen organizado, dentro del Palacio del Planalto existe preocupación por las implicancias jurídicas y geopolíticas que puede tener la nueva doctrina estadounidense.

Sectores del oficialismo consideran que la utilización de la legislación antiterrorista podría abrir la puerta a mayores niveles de intervención internacional sobre cuestiones que Brasil entiende como parte exclusiva de su jurisdicción interna.

El canciller Mauro Vieira ya había advertido meses atrás que este tipo de clasificaciones podrían convertirse en un precedente para justificar acciones unilaterales de Washington bajo el argumento de combatir organizaciones terroristas.

Ese debate adquirió mayor intensidad luego del operativo estadounidense desarrollado este año en Venezuela, donde Estados Unidos ejecutó una operación de captura contra Nicolás Maduro en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Aunque ambos escenarios presentan diferencias jurídicas y políticas significativas, en Brasil algunos funcionarios observan con preocupación la ampliación del concepto de seguridad hemisférica impulsado por la Casa Blanca.

Un nuevo foco de tensión regional

Más allá del caso puntual del PCC, el episodio refleja una disputa mucho más amplia sobre el liderazgo político en América Latina.

Mientras Estados Unidos profundiza una estrategia basada en sanciones financieras, persecución internacional del narcotráfico y presión diplomática sobre gobiernos considerados ambiguos frente al crimen organizado, Brasil intenta consolidar un perfil de autonomía regional, fortaleciendo espacios como el Mercosur y ampliando sus relaciones con socios extrarregionales.

En ese contexto, las sanciones contra la red financiera vinculada al PCC trascienden el plano judicial y se convierten también en un nuevo capítulo dentro de la creciente competencia geopolítica entre Washington y Brasilia por la definición de las reglas de seguridad y gobernanza en América del Sur.

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Replanteando el libre comercio

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Por Kim Ruhl / F&D FMI – En lo que respecta al comercio internacional, los países siempre han sopesado la eficiencia económica frente a la seguridad nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, promovieron el libre comercio internacional mediante aranceles bajos, creyendo que era tanto económicamente eficiente como políticamente estabilizador. El comercio mundial se triplicó como cuota del PIB entre 1950 y su máximo en 2008, con aproximadamente la mitad de este comercio en bienes intermedios, reflejando la importancia de las relaciones de producción transfronterizas. Aunque el conflicto continuó, no hubo guerras a escala global como las que caracterizaron la primera mitad del siglo XX. La globalización y la estabilidad habían prevalecido.

El mundo está ahora reevaluando el papel de la interconexión económica en los asuntos globales, consciente de que más interconexión implica más dependencias que las naciones adversarias pueden aprovechar para imponerse con la suya en otras áreas de las relaciones internacionales. Las economías resilientes deben ser la respuesta. Un país debe tener acceso a los recursos que necesita para librar una guerra prolongada. Debe contar con un suministro fiable de medicamentos, microchips, minerales críticos y otros insumos vitales, independientemente de la alineación global cambiante. Y debe ser capaz de aumentar rápidamente la producción ante una emergencia como la COVID-19.

En Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump está trabajando para reducir riesgos en las cadenas de suministro y fortalecer la capacidad nacional en industrias clave para mejorar la resiliencia económica. Esto implica una modificación de la política de apertura casi incondicional que caracterizó el pasado.

Estas políticas, en algunos casos, reducirán la eficiencia económica en comparación con un mundo en el que ignoramos el riesgo geopolítico. Estos son los costes necesarios de la resiliencia. La modelización económica que reconoce el equilibrio puede guiar a los responsables políticos. El reto es minimizar los costes y garantizar que no se aplique un proteccionismo burdo bajo el pretexto de la seguridad nacional.

Décadas de fragilidad

Durante décadas, el comercio y la inversión internacionales avanzaron en gran medida sin control. En busca de eficiencias, las cadenas de suministro —y industrias enteras— se trasladaron al extranjero, a sus ubicaciones de menor coste. La política comercial jugó un papel, al igual que los avances tecnológicos en comunicaciones, transporte y logística que hicieron viables las relaciones de producción a larga distancia. Las diferencias en los estándares medioambientales y laborales incentivaron a las empresas a trasladar la producción a lugares que valoraban menos el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.

El orden internacional liderado por Estados Unidos proporcionó la estabilidad que permitió que estas complejas redes prosperaran. A medida que las cadenas de suministro se estiraban y concentraban, se acumulaban fragilidades. Estas fragilidades siempre estuvieron presentes, pero a menudo se manifestaban de formas limitadas o idiosincráticas.

Una serie de eventos recientes aumentó la conciencia sobre estas vulnerabilidades y renovó el interés en cómo encajan la economía y la seguridad nacional.

Las interrupciones en las cadenas de suministro por COVID-19 dejaron claro a todos que bienes críticos—productos como farmacéuticos, semiconductores y suministros médicos—provenían de un puñado de países y que las grandes interrupciones eran tanto posibles como dolorosas. Las vulnerabilidades de la cadena de suministro sorprendieron a algunas empresas. Una encuesta de Deloitte reveló que solo el 15 por ciento de los directores de compras podía ver los riesgos más allá de sus proveedores directos.

La dependencia de Europa de la energía rusa recordó al mundo la idea largamente entendida de que la integración económica puede unir a los países con una contención mutua, pero también produce influencia. En 2022, Rusia representó el 27 por ciento de las importaciones de petróleo de la UE y el 45 por ciento de las importaciones de gas, según la Comisión Europea. Para 2025, Rusia representaba el 3 por ciento de las importaciones de petróleo y el 13 por ciento de gas. El desacoplamiento de la energía rusa se produjo a costa de precios más altos y un crecimiento económico más lento. Las facturas energéticas más altas redujeron los ingresos en unos 1.000 € por persona en 2021–22, estima la Comisión.

Los controles chinos de licencias de exportación impuestos en abril de 2025 provocaron una escasez de tierras raras y derivados que amenazaron con cerrar las líneas de producción de automoción, defensa, electrónica y otras en Estados Unidos y otros lugares. Seis meses después, China amenazó con ampliar el alcance y la escala de sus controles de exportación, recordando de forma contundente a Estados Unidos su vulnerabilidad.

Estados Unidos debe ahora enfrentarse a los riesgos para la seguridad nacional que acompañan a cadenas de suministro clave dominadas por sus adversarios. Las consideraciones geopolíticas sobre lo que comerciamos y con quién comerciamos se han convertido en una prioridad.

Esto no rechaza la ventaja comparativa ni las ganancias del comercio; Es un reconocimiento de que el libre comercio no siempre es apropiado. El libre comercio en mercados bien funcionales sigue siendo el ideal y debe buscarse siempre que sea posible, especialmente con aliados. Sin embargo, muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos son resultado de fuerzas deliberadas no mercantiles, que distorsionan la producción y el consumo a pesar de los bajos tipos arancelarios predominantes.

Fuerzas peligrosas

La dirección estratégica del Estado, las subvenciones, la represión financiera, el proteccionismo y el arbitraje regulatorio son fuerzas políticas, no fundamentos económicos. Estas políticas son especialmente peligrosas cuando se aplican por grandes países adversarios. El pensamiento económico debe tener en cuenta más de estas fuerzas, y los economistas pueden aumentar su implicación con ellas.

Los responsables políticos necesitan marcos para analizar las consideraciones estratégicas de sus elecciones. ¿Una política genera influencia para Estados Unidos o vulnerabilidad? ¿Cómo podemos identificar qué bienes deben controlarse por razones de seguridad nacional evitando un proteccionismo innecesario? ¿Qué productos deben obtenerse en el país y cuáles pueden importarse de aliados? ¿Cómo reactivamos una industria nacional de la forma más eficiente posible? Quizá lo más importante sea el desarrollo de herramientas que identifiquen claramente los compromisos entre la eficiencia económica y los objetivos estratégicos.

Los economistas ya disponen de muchas de las herramientas analíticas necesarias, y estas pueden informar a los responsables de la toma de decisiones sobre los sacrificios y consecuencias no deseadas de las políticas. Los aranceles y sanciones son quizás las palancas de política más estudiadas, pero los mínimos de precios, los almacenes, las restricciones a la exportación y los acuerdos de inversión son solo algunos de los instrumentos políticos relevantes disponibles. La política fiscal, la política industrial y la infraestructura regulatoria pueden parecer política interna, pero también son instrumentos de la diplomacia económica y deben estudiarse en ese contexto.

Siempre ha habido economistas estudiando geoeconomía, y se está realizando más trabajo. Las conferencias emblemáticas de la Oficina Nacional de Investigación Económica y la Asociación Americana de Economía incluyen regularmente sesiones sobre temas geoeconómicos. Lo mismo está ocurriendo en círculos académicos y de políticas públicas en el extranjero. La investigación económica tiende a ir por detrás de los grandes eventos de rápido desarrollo, pero se pone al día rápidamente.

Un nuevo enfoque

Este es el comienzo de un cambio de enfoque a largo plazo y de gran alcance para responsables políticos y analistas. El campo de la geoeconomía es total, extendiéndose más allá del comercio internacional y la seguridad nacional. Controlar las redes internacionales de pagos y el dólar son fortalezas geopolíticas para Estados Unidos, pero los países no alineados, tras haber aprendido una lección de las sanciones a Rusia, están creando redes alternativas de pago y encontrando formas de aislarse de una posible pérdida de acceso al sistema financiero liderado por Estados Unidos.

Los países compiten por cerrar activos minerales críticos en todo el mundo, a veces compitiendo con aliados por los recursos. Tecnologías que definen el futuro como la IA, la computación cuántica y la biotecnología están en juego y seguirán siendo sujetas a políticas, tanto buenas como malas.

El cambio necesario no ocurrirá rápidamente. Redirigir las cadenas de suministro y reubicar la producción entre países llevará décadas. A corto plazo, los cambios en la política pueden hacer que los precios suban, que algunos bienes escaseen y requieran inversiones costosas. Estos costes a corto plazo existen, incluso si el objetivo a largo plazo merece la pena. La estructura de la democracia estadounidense genera complicaciones adicionales. El compromiso con una política a largo plazo es difícil cuando una administración futura puede deshacer la política de sus predecesoras, especialmente cuando se acumulan los costes a corto plazo.

Un mundo cambiante ha devuelto a los compromisos entre eficiencia económica y seguridad nacional al centro del pensamiento político. Una reevaluación clara de la seguridad nacional es bienvenida, pero no debemos abandonar los principios económicos que han hecho grande la economía estadounidense, especialmente los mercados libres y competitivos. Encontrar el equilibrio adecuado requiere un esfuerzo continuo por parte de los responsables políticos y de los investigadores que los apoyan.

KIM RUHL  titular de la Cátedra Curt y Sue Culver de Economía en la Universidad de Wisconsin–Madison y fue miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca desde febrero de 2025 hasta febrero de 2026.

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Cooperación comercial en una era de geopolítica

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Por A. Mattoo, M. Ruta y R. W. Staiger / F&D FMI – Durante décadas, la economía global se basó en la premisa de que el comercio internacional era beneficioso a pesar de las diferencias geopolíticas. Las reglas del sistema multilateral de comercio, establecidas con el Acuerdo General sobre Aranceles Arancelarios y Comercio (GATT) en 1947 e integradas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, fueron diseñadas para un mundo donde los gobiernos rara vez utilizaban el comercio para lograr objetivos geopolíticos. Ese mundo está ahora amenazado.

Estados Unidos y China, cuya creciente integración comercial ha moldeado las últimas tres décadas de globalización, ahora suelen referirse mutuamente como rivales geopolíticos. Cada vez utilizan más la política comercial para avanzar en objetivos estratégicos: limitar las transferencias de tecnología, restringir las exportaciones de productos críticos, perseguir objetivos de seguridad nacional. Muchos observadores temen que el regreso de la geopolítica fragmente la economía global, desmoronando décadas de integración.

Sin embargo, este resultado pesimista no es inevitable. Nuestra investigación muestra que incluso los rivales estratégicos pueden beneficiarse de la cooperación comercial. El problema es que el regreso de la geopolítica está en desacuerdo con el marco institucional existente, que fue diseñado para una época diferente. Si el sistema comercial quiere sobrevivir, debe adaptarse a un mundo donde los países utilicen la política comercial para avanzar en objetivos geopolíticos.

El problema de la energía

Los modelos económicos estándar asumen que los gobiernos se esfuerzan por mejorar el bienestar de sus ciudadanos. En este contexto, un país sube los aranceles para incrementar sus ingresos reales a expensas de sus socios comerciales, mejorando sus términos de intercambio—el precio de sus exportaciones en relación con las importaciones. Dado que todos los países enfrentan los mismos incentivos, la política arancelaria descoordinada los atrapa en una situación de protección ineficiente y bajo bienestar. Existen acuerdos comerciales para escapar de esta trampa mediante reducciones arancelarias coordinadas.

La rivalidad geopolítica cambia el cálculo, planteando dudas sobre la sostenibilidad de la cooperación comercial. Basándonos en la tradición realista en las relaciones internacionales, suponemos que los gobiernos rivales se preocupan no solo por su bienestar absoluto, sino también por su poder relativo—cómo se comparan con sus adversarios. Las decisiones políticas están moldeadas tanto por la ganancia económica como por la ventaja estratégica.

Imaginemos a un gobierno que busca dominar la industria de los semiconductores. Diseñará políticas comerciales no solo para expandir su sector nacional de chips, sino también para reducir el de su rival. Un arancel resulta atractivo porque perjudica a los competidores extranjeros, transformando la política comercial de una herramienta de gestión económica en un instrumento de competencia estratégica. La manipulación de los términos de intercambio ya no es la única razón para usar la política comercial en un mundo donde los países tienen objetivos geopolíticos.

El académico de relaciones internacionales John Mearsheimer capturó esta lógica en su libro clásico La tragedia de la política de grandes potencias. Escribe que los estados motivados por preocupaciones relativas de poder probablemente renuncien a grandes ganancias en su propio poder si tales ganancias otorgan a los estados rivales aún más poder. Esta lógica tiene implicaciones significativas para la política comercial: un país podría rechazar un acuerdo comercial altamente beneficioso si fortalecería a su adversario, o podría implementar una medida comercial perjudicial porque sería aún más perjudicial para su adversario.

Cooperación en medio de la rivalidad

¿Significa esto que la cooperación comercial está condenada? No necesariamente. Incluso en un modelo en el que los gobiernos se preocupan por su poder geopolítico relativo, los resultados de la cooperación comercial son más esperanzadores de lo que muchos “realistas” esperarían.

Es cierto que la aparición de la rivalidad geopolítica impulsa los aranceles en un entorno no cooperativo. Si dañar a tu rival forma parte de tu objetivo, las medidas proteccionistas se vuelven más atractivas, aunque reduzcan los ingresos. Esto da lugar a un equilibrio no cooperativo (o equilibrio de Nash, en teoría de juegos), que presenta aranceles más altos y menos comercio que en un mundo sin rivalidad, porque ambos gobiernos utilizan la política comercial para perjudicar al otro país.

No obstante, la rivalidad geopolítica no cambia el hecho de que la eficiencia económica sigue siendo importante. Mientras se preocupen al menos en parte por el bienestar de sus ciudadanos, los gobiernos que partan de una posición de no cooperación podrían adoptar políticas que beneficien a ambos países. A menos que la rivalidad se volva tan extrema que los gobiernos solo se preocupen por dominar a su adversario, seguirían negociando entre sí para aumentar la eficiencia económica y, por tanto, la de sus ciudadanos Asistencia social. El interés propio ilustrado—la misma fuerza que impulsó la liberalización comercial de posguerra—sigue siendo una base viable para la cooperación, incluso entre adversarios estratégicos.

El problema de adaptación

Sin embargo, incluso si la cooperación sigue siendo posible, la transición de un equilibrio a otro plantea serias dificultades. Fueron necesarias décadas de negociaciones bajo las normas del GATT/OMC para pasar del mundo de aranceles altos que surgió durante la Segunda Guerra Mundial a una nueva era de aranceles bajos. Sus dos pilares clave, reciprocidad y no discriminación, sirvieron bien al sistema comercial al ayudar a los gobiernos a pasar de un equilibrio no cooperativo a uno cooperativo.

¿Cuáles son las consecuencias para el sistema comercial del estallido de la rivalidad geopolítica actual? Los gobiernos que se preocupan por el poder relativo amenazan con imponer aranceles más altos para perjudicar a sus rivales. El antiguo acuerdo ya no refleja la nueva realidad. Se necesita un nuevo equilibrio cooperativo. La cuestión es cómo puede el gobierno llegar allí.

Dos caminos son posibles. La primera es lo que llamamos “guerra y redención”. Los países permiten que el antiguo acuerdo colapse, desencadenando una guerra comercial que eleva los aranceles. Finalmente, los gobiernos negocian un nuevo acuerdo mediante reducciones tradicionales de aranceles recíprocos. Este camino es económicamente costoso y probablemente requeriría largas negociaciones, pero encaja dentro del marco existente de las normas multilaterales de comercio.

El segundo camino es más eficiente pero requiere innovación institucional. Los países negocian una transición inmediata, evitando la disrupción económica. Pero este ajuste implica avanzar a lo largo de la frontera de posibles resultados eficientes (véase el cuadro). Para sostener la cooperación, el país para el que el choque geopolítico es menos severo debe hacer concesiones que reduzcan su bienestar respecto al statu quo. Esto no es ni recíproco ni mutuamente ventajoso en el sentido tradicional, y el principio fundamental de reciprocidad de la OMC no puede acomodarlo.

El desafío se profundiza en el mundo multilateral. Junto con la reciprocidad, el principio de no discriminación podría no facilitar el ajuste, ya que exige que cualquier beneficio comercial otorgado a un miembro se extienda a todos. Pero cuando dos rivales necesitan transferir beneficios económicos entre sí, se excluyen terceros países y afrontan consecuencias.

El acuerdo de Fase Uno de 2020 entre Estados Unidos y China ilustra el problema. El acuerdo, destinado a aliviar las tensiones comerciales, incluía compromisos chinos de comprar cantidades específicas de productos estadounidenses. Investigaciones del Banco Mundial en el momento del acuerdo predijeron que, aunque ambos países habrían ganado en relación con la continua escalada, los exportadores de Europa, América Latina y otros lugares se habrían visto perjudicados si China hubiera redirigido las importaciones de esas regiones a Estados Unidos. El hecho de que el acuerdo se haya alcanzado fuera de las normas multilaterales de comercio señala un problema más profundo: el sistema actual no puede acomodar los ajustes que exige la rivalidad geopolítica.

Una exención geopolítica

Si el sistema multilateral de comercio quiere seguir siendo relevante, debe crear espacio para el ajuste geopolítico mientras protege a terceros países. En nuestra investigación, proponemos una exención geopolítica a los principios fundamentales de reciprocidad y no discriminación que permitiría a los rivales estratégicos realizar ajustes arancelarios discriminatorios bajo condiciones estrictas.

Existe un precedente para tal exención. El sistema comercial ya admite ciertas formas de discriminación—por ejemplo, permitir a los miembros formar acuerdos comerciales preferenciales, como a través de zonas de libre comercio. Estos acuerdos avanzan el objetivo de liberalizar el comercio siempre que cumplan condiciones estrictas: cubren “sustancialmente todo el comercio” entre miembros y no establecen barreras contra los no miembros. Una exención geopolítica tendría un propósito diferente: acomodar la rivalidad entre competidores estratégicos minimizando el daño al sistema multilateral más amplio.

La exención exigiría que cualquier ajuste discriminatorio entre rivales mantenga los precios mundiales entre los rivales y los terceros países sin cambios, limitando así la desviación comercial. Implementar tal regla sería técnicamente complejo. Pero la alternativa es peor: el ajuste geopolítico ocurre fuera del marco multilateral, socavando las normas comerciales existentes e imponiendo costes a países neutrales, o no ocurre en absoluto, dejando al mundo atrapado en conflictos comerciales destructivos.

Preservación de la cooperación

Sostenemos que el retorno de la geopolítica no elimina el argumento económico a favor de la cooperación. Incluso los países que mantienen rivalidades estratégicas pueden beneficiarse de acuerdos negociados. La lógica fundamental que sostuvo décadas de apertura comercial sigue intacta. Pero se necesitan nuevos mecanismos si los rivales geopolíticos quieren ajustar sus relaciones comerciales sin involucrarse en guerras comerciales disruptivas ni imponer costes indebidos a terceros países.

El sistema comercial se ha adaptado antes cuando las circunstancias cambiaron, añadiendo nuevos acuerdos a medida que la economía global evolucionaba durante múltiples rondas de negociaciones. El reto actual es emprender una adaptación similar a las realidades geopolíticas, preservando las funciones centrales del sistema mientras actualizan sus reglas para un mundo cambiado. La exención geopolítica que proponemos proporcionaría tal mecanismo, estableciendo salvaguardas que mantengan la integridad del sistema multilateral reconociendo la realidad de la competencia estratégica.

AADITYA MATTOO, director del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial

MICHELE RUTA, jefe de división en el Departamento de Estrategia, Política y Revisión del FMI

ROBERT W. STAIGER, economista jefe de la Organización Mundial del Comercio

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Caputo acelera vínculos con Silicon Valley y Chevron mientras el Gobierno busca consolidar inversiones bajo el RIGI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una serie de reuniones con actores clave del ecosistema financiero y energético internacional, en un movimiento que el Gobierno busca capitalizar como señal de confianza externa hacia la Argentina de Javier Milei.

En el Palacio de Hacienda, Caputo recibió primero al empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los nombres más influyentes de Silicon Valley, y luego a directivos de Chevron, compañía que evalúa una inversión de más de US$ 10.000 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las reuniones ocurrieron en un contexto donde el oficialismo intenta consolidar dos objetivos simultáneos: mostrar capacidad de atracción de capitales internacionales y reforzar políticamente el alineamiento del Gobierno con sectores empresariales globales vinculados a tecnología, energía e innovación.

Peter Thiel y el vínculo entre Milei y el ecosistema libertario global

Durante el encuentro con Thiel participaron también el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Según informó Caputo, la conversación giró sobre “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

La presencia de Thiel en Buenos Aires tiene una dimensión que excede lo estrictamente financiero. Cofundador de PayPal y primer gran inversor externo de Facebook, el empresario construyó influencia en el ecosistema tecnológico global a partir de inversiones en compañías como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Semanas atrás ya había mantenido una reunión con Milei en la Casa Rosada, donde —según trascendió— se deslizó la posibilidad de inversiones en Argentina.

La cercanía ideológica entre Thiel y el Presidente también agrega una dimensión política al vínculo. El empresario estadounidense es identificado con posiciones libertarias y respaldó públicamente a figuras como Donald Trump.

En términos de poder, el acercamiento funciona además como una validación simbólica para la narrativa oficial de inserción internacional basada en desregulación económica, apertura de mercados y atracción de capital privado.

Chevron y el RIGI: el Gobierno busca mostrar volumen inversor

Horas después, Caputo recibió a ejecutivos de Chevron para avanzar en conversaciones sobre el proyecto de inversión anunciado recientemente por la compañía bajo el esquema del RIGI.

Del encuentro participó además el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Según informó el ministro, la empresa comunicó expectativas de mejoras de eficiencia durante el próximo año y una reducción del diferencial de costos respecto de la cuenca de Permian, uno de los principales polos petroleros de Estados Unidos.

Caputo confirmó además que dialogaron sobre el proyecto de inversión superior a los US$ 10.000 millones que la empresa había anticipado durante el viaje oficial del equipo económico a Estados Unidos.

El dato adquiere relevancia porque el Gobierno necesita mostrar casos concretos de adhesión al RIGI para fortalecer políticamente un régimen que el oficialismo considera central para atraer dólares, incrementar exportaciones y sostener el ingreso de capitales.

Energía, tecnología y geopolítica: la agenda que prioriza Economía

La simultaneidad de ambas reuniones refleja la hoja de ruta que intenta consolidar el Ministerio de Economía: captar inversiones en sectores considerados estratégicos y posicionar a la Argentina como un destino competitivo para capitales vinculados a energía, innovación y economía digital.

En el plano institucional, el Gobierno también busca convertir esos encuentros en señales hacia el mercado internacional, en momentos donde la administración Milei necesita sostener expectativas favorables sobre estabilidad macroeconómica y capacidad de financiamiento externo.

La presencia de figuras con fuerte peso global como Thiel aporta además un componente reputacional que el oficialismo intenta capitalizar tanto en el frente económico como político.

El impacto potencial para el NEA y las economías regionales

Aunque las reuniones estuvieron centradas en sectores tecnológicos y energéticos, la estrategia oficial de atracción de inversiones también podría tener efectos indirectos sobre las provincias y economías regionales.

El Gobierno apuesta a que un mayor ingreso de capitales permita sostener actividad económica, infraestructura y demanda de servicios asociados. En regiones como el NEA y Misiones, donde la economía depende fuertemente del consumo, la producción primaria y el comercio, cualquier mejora en disponibilidad de divisas o recuperación de inversión privada podría generar efectos secundarios sobre cadenas logísticas y actividad empresarial.

Sin embargo, hasta el momento no se anunciaron proyectos específicos vinculados a la región.

Un escenario que el Gobierno necesita convertir en resultados

La administración nacional busca transformar reuniones y anuncios en señales concretas de inversión real. El desafío político pasa ahora por demostrar que el RIGI y la agenda de apertura económica pueden traducirse en desembolsos efectivos y no sólo en gestos de respaldo empresarial.

La evolución de los proyectos anunciados, el avance regulatorio y la estabilidad macroeconómica serán variables determinantes para medir si el Gobierno logra convertir ese acercamiento con actores globales en resultados económicos sostenibles.

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Milei respondió al Reino Unido y se tensiona la discusión por Malvinas: “Fueron, son y serán argentinas”

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El presidente Javier Milei reordenó el enfoque del Gobierno sobre la disputa por las Islas Malvinas en una intervención pública realizada el jueves por la noche, en la previa a la difusión de un presunto memorando del Pentágono que pone bajo revisión el respaldo histórico de Estados Unidos al Reino Unido.

“El principio es claro: la soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa”, planteó el mandatario. La definición no es menor. Llega en un momento en que la política exterior argentina busca capitalizar un posible reordenamiento de alianzas en el marco del conflicto en Medio Oriente. La pregunta se impone: ¿es un endurecimiento retórico o el inicio de una estrategia más pragmática para reabrir la negociación?

Diplomacia activa y marco institucional

El planteo presidencial se inscribe en una línea de acción que el propio Gobierno define como de “presencia permanente” del reclamo en todos los foros internacionales. La referencia no es abstracta: el Ejecutivo sostiene que busca ampliar apoyos externos, al tiempo que insiste en la vía bilateral como canal de resolución, en línea con la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una controversia e insta a negociaciones entre las partes.

En paralelo, la Cancillería argentina reiteró su disposición a retomar el diálogo con Londres para alcanzar una “solución pacífica y definitiva”. El planteo también rechaza el principio de autodeterminación aplicado por el Reino Unido sobre los habitantes de las islas, bajo el argumento de que no constituyen un “pueblo” reconocido por Naciones Unidas en este caso específico.

El trasfondo institucional incluye otro elemento sensible: la denuncia sobre actividades de exploración de recursos naturales sin autorización argentina en el área en disputa. El Gobierno considera ilegítimos esos proyectos y sostiene que vulneran resoluciones internacionales.

Impacto geopolítico

El dato disruptivo aparece fuera del eje bilateral. Según la información difundida, el Pentágono evalúa revisar su respaldo a las “posesiones imperiales” europeas en respuesta a tensiones con aliados de la OTAN. En ese escenario, la cuestión Malvinas deja de ser un tema estrictamente regional y se inserta en una disputa mayor entre potencias.

Ese movimiento, aún en evaluación, altera la correlación de fuerzas. Para Argentina, abre una ventana diplomática inédita en términos de apoyos potenciales. Para el Reino Unido, implica la posibilidad de perder un respaldo clave en el plano internacional.

En paralelo, la respuesta británica se mantuvo sin cambios: reafirmación de soberanía y defensa del principio de autodeterminación. La dinámica, entonces, no muestra aún un corrimiento concreto, pero sí una mayor exposición del conflicto en la agenda global.

En el plano económico, el avance de proyectos petroleros offshore en la zona —con inversiones proyectadas superiores a los US$ 2.000 millones a partir de 2028— agrega un vector adicional de tensión. El control de recursos energéticos aparece como factor estructural detrás de las posiciones políticas.

Un escenario abierto entre oportunidad y cautela

El Gobierno argentino parece apostar a una estrategia de doble carril: sostener el reclamo histórico con firmeza discursiva y, al mismo tiempo, adaptarse a un contexto internacional en transformación. La clave no está solo en lo que Argentina haga, sino en cómo evolucione la relación entre Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables: si la revisión del apoyo estadounidense se traduce en decisiones concretas y si ese eventual cambio impacta en la disposición británica a negociar. También será relevante observar si la Argentina logra traducir los respaldos diplomáticos en una instancia formal de diálogo.

Por ahora, el conflicto no cambia de eje, pero sí de contexto. Y en política internacional, ese desplazamiento puede ser más determinante que cualquier declaración.

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