Gestión Pública

Passalacqua congela su salario hasta fin de 2026 y se excluye de futuros aumentos en la administración pública

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En el marco de las medidas de contención del gasto público, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que no percibirá incrementos salariales hasta el 31 de diciembre de 2026, aun cuando se otorguen aumentos al personal de la Administración Pública Central.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el mandatario provincial y refrendado por el ministro de Coordinación General de Gabinete y el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

Según se detalla en los considerandos del instrumento legal, la medida se fundamenta en la persistencia de la situación económica tanto a nivel nacional como provincial, que -señala el texto- impone la necesidad de adoptar acciones orientadas a reducir el gasto público.

En concreto, el artículo primero del decreto establece que “a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central no serán aplicables para los haberes que perciba el Señor Gobernador”.

La norma se enmarca en los antecedentes de los decretos 453 de marzo de 2024 y 358 de marzo de 2025, en los cuales ya se habían dispuesto medidas vinculadas a la racionalización del gasto.

Desde el Gobierno provincial remarcan que la decisión responde a un criterio de austeridad y coherencia fiscal en un contexto económico complejo, en el que la Provincia busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y priorizar la asignación de recursos.

El decreto instruye además a los organismos competentes -entre ellos el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y proceder conforme a lo dispuesto.

Con esta resolución, el gobernador queda formalmente excluido de cualquier actualización salarial que pudiera otorgarse al resto del personal de la administración central durante lo que resta de 2026.

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Monteoliva impulsa un sistema unificado de información para medir la gestión en seguridad

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El Ministerio de Seguridad avanzó en la creación de un nuevo sistema de información que amplía las responsabilidades operativas de las fuerzas federales más allá del combate directo contra el delito. A partir de la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, cada fuerza policial y de seguridad deberá relevar, clasificar y cargar datos de su gestión en siete categorías obligatorias, que luego serán procesadas con fines estadísticos. La medida apunta a unificar criterios, mejorar la comparabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones, aunque también incorpora nuevas cargas administrativas para el personal operativo.

Un sistema estadístico centralizado para la gestión de la seguridad

La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, crea el Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. El objetivo formal es ordenar y sistematizar la información vinculada a la gestión de la seguridad en distintos niveles, ante la falta de estándares comunes que caracterizaba hasta ahora a la provisión de datos por parte de las fuerzas.

Según se establece en la norma, el SIEFFSS deberá contener al menos siete componentes de información, cuya carga quedará a cargo de las distintas reparticiones de las fuerzas federales. Entre ellos se incluyen las intervenciones ordinarias y extraordinarias realizadas en tareas de prevención del delito, respuesta ante hechos delictivos, mantenimiento del orden público y acciones de contención o rescate. En la práctica, esto implica que cada procedimiento ejecutado por personal de seguridad federal deberá ser informado y clasificado dentro del sistema.

A ese núcleo operativo se suman otros ejes relevantes: recursos humanos disponibles y su condición actual, cantidad y tipo de incautaciones, capacidades logísticas y materiales, agentes fallecidos o heridos en servicio y cantidad de civiles abatidos y terceros damnificados en procedimientos. La amplitud de las categorías refleja un enfoque integral de la gestión, que excede la estadística criminal tradicional y abarca dimensiones operativas, humanas y materiales.

Más responsabilidades sin costo fiscal y con exigencias de resguardo

La resolución aclara que la creación del SIEFFSS no implica erogaciones para el Estado Nacional, ya que la implementación recae exclusivamente sobre las propias fuerzas de seguridad. En ese marco, cada organismo deberá adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única encargada de poner en funcionamiento el sistema.

El esquema incorpora obligaciones concretas para el personal: resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos específicos para la obtención y carga de datos, monitorear desvíos o errores en la información registrada y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de los datos. De este modo, a las tareas operativas habituales se suma una capa administrativa y técnica que busca sostener la calidad y consistencia de la información.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad recibía datos producidos bajo criterios clasificatorios heterogéneos, lo que dificultaba su agregación y comparación. Ese diagnóstico quedó explicitado en la resolución, donde se señala que “el relevamiento de dicha información presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad”, fundamento central para avanzar hacia un sistema unificado.

En cuanto al acceso, la norma establece que la información será confidencial y de manejo interno, aunque podrá utilizarse para presentaciones estadísticas que disponga la propia gestión, dejando en manos del Ministerio la decisión sobre su eventual difusión pública.

Seguridad, datos y territorio: el respaldo político al Plan Bandera

La creación del SIEFFSS se inscribe en un contexto de fuerte énfasis del Gobierno nacional en la gestión de la seguridad, con foco territorial en zonas críticas. En ese marco, Monteoliva mantuvo una reciente visita a Rosario, uno de los principales ejes de la estrategia libertaria en la materia, donde participó de un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañó la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.

Durante esa actividad, la ministra remarcó que “Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad” y sostuvo que “enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, atribuyendo los resultados a la intensificación de los operativos y a una mayor coordinación entre Nación y provincia.

En ese sentido, el nuevo sistema estadístico aparece como una herramienta complementaria: ordenar datos, medir resultados y sostener con información la narrativa de gestión en un área políticamente sensible. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el impacto operativo de sumar tareas de carga y control de información a fuerzas que ya enfrentan una alta demanda en el territorio.

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Parques Nacionales definió su hoja de ruta 2024–2027 con foco en turismo, gestión y sostenibilidad

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La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó formalmente las “Políticas y lineamientos estratégicos del Directorio de APN para el período 2024–2027”, un documento rector que fija objetivos, prioridades y criterios de gestión para los próximos cuatro años. La decisión quedó plasmada en la Resolución 25/2026, firmada el 29 de enero en la Ciudad de Buenos Aires, y constituye una actualización clave del esquema de planificación institucional, alineada con una nueva metodología de gestión por resultados y con impacto directo en el manejo ambiental, turístico y financiero del sistema de áreas protegidas.

La medida importa porque ordena la estrategia del organismo en un contexto de mayores exigencias presupuestarias, presión turística creciente y necesidad de articular políticas ambientales con desarrollo económico sostenible. Además, brinda previsibilidad institucional y define un marco común para la toma de decisiones del Directorio y de las distintas direcciones operativas de la APN.

Un instrumento rector para la planificación institucional

El nuevo documento estratégico se tramita en el Expediente EX-2026-00310436-APN-DGA#APNAC y fue elaborado por la Dirección de Planeamiento Estratégico, creada por la Decisión Administrativa Nº 1.422/2016 como área responsable de asistir al organismo en la definición de objetivos prioritarios y cursos de acción estratégicos.

Según se detalla en los considerandos de la resolución, los lineamientos aprobados funcionan como un “instrumento técnico indispensable para la planificación y evaluación de las acciones del Organismo”. En ese marco, se establecen la orientación institucional, los objetivos estratégicos y las prioridades de gestión para el período 2024–2027, integrándose como complemento actualizado de los lineamientos ya vigentes.

La decisión también se apoya en antecedentes normativos relevantes, como la Resolución del Directorio Nº 142/2001 —que aprobó el Plan de Gestión Institucional— y la Resolución RESFC-2018-476-APN-D#APNAC, que definió lineamientos estratégicos previos. No obstante, el Directorio consideró necesario adecuar esos marcos a los requerimientos actuales y a una lógica de evaluación basada en resultados.

Cinco pilares estratégicos que ordenan la gestión

El documento aprobado estructura la estrategia de la APN sobre cinco pilares centrales, que funcionan como ejes transversales para todas las políticas y acciones del organismo:

  1. Expansión de la oferta turística, orientada a diversificar propuestas y fortalecer el rol del turismo en áreas protegidas.
  2. Innovación de la gestión, con énfasis en modernización administrativa y mejora continua.
  3. Alianzas estratégicas, que promueven la articulación con otros organismos, sectores y actores.
  4. Autonomía financiera, clave para sostener el funcionamiento del sistema de parques en un contexto fiscal restrictivo.
  5. Protección activa del patrimonio natural y cultural, núcleo histórico de la misión institucional de la APN.

Estos pilares definen criterios rectores que permiten articular políticas institucionales en distintos niveles, desde la planificación central hasta la gestión cotidiana de los parques nacionales.

Impacto institucional y proyección a mediano plazo

La aprobación de los Lineamientos Estratégicos 2024–2027 consolida un marco de previsibilidad para la APN y para los actores vinculados al sistema de áreas protegidas, incluyendo sectores turísticos, comunidades locales y organismos públicos con competencias concurrentes.

Desde el punto de vista institucional, la resolución fortalece la capacidad del Directorio para evaluar políticas, asignar recursos y monitorear resultados bajo una lógica unificada. En términos de impacto económico y ambiental, la definición explícita de prioridades —como la expansión turística con protección activa del patrimonio— anticipa tensiones y equilibrios que marcarán la agenda de gestión en los próximos años.

La medida fue adoptada en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 23, incisos f) y w), de la Ley Nº 22.351, y contó con la intervención de la Dirección de Planeamiento Estratégico y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Con su publicación en el Boletín Oficial, el documento estratégico entra plenamente en vigencia como hoja de ruta institucional de la Administración de Parques Nacionales.

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Milei oficializó una reestructuración clave en la cúpula del Ministerio de Defensa

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El Gobierno nacional oficializó una reconfiguración integral de la conducción del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 60/2026, publicado el 29 de enero de 2026, que acepta tres renuncias clave y concreta cinco designaciones en áreas estratégicas. La medida, firmada por el presidente Javier Milei en uso de las atribuciones del artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, ordena la estructura política y operativa del área desde el 10 y 11 de diciembre de 2025, con impacto directo en la planificación militar, la logística, la proyección internacional y la gestión administrativa del sistema de defensa.

Renuncias aceptadas y cierre de una etapa en la conducción civil

El decreto dispone, en primer término, la aceptación de las renuncias de tres funcionarios que ocupaban cargos centrales en el Ministerio de Defensa. A partir del 10 de diciembre de 2025, se hizo efectiva la salida del magíster Juan Erardo Battaleme Martínez del cargo de Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. En la misma fecha, también se aceptó la renuncia del licenciado Guillermo Patricio Madero, quien se desempeñaba como Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

En tanto, desde el 11 de diciembre de 2025, se formalizó la renuncia de Facundo Benjamín Fernández Lagostena como Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, una dependencia clave para la articulación entre planificación militar y sostenimiento logístico de las Fuerzas Armadas.

El artículo 4° del decreto expresa el agradecimiento del Poder Ejecutivo a los funcionarios salientes “por los servicios prestados”, cerrando administrativamente una etapa en la conducción del área y habilitando la nueva conformación del gabinete sectorial.

Nuevas designaciones y perfil estratégico de la conducción

En paralelo, el Decreto 60/2026 define una serie de designaciones que reordenan la estructura jerárquica del Ministerio de Defensa. A partir del 10 de diciembre de 2025, fue designado Secretario de Estrategia y Asuntos Militares el General de División Jorge Alberto Puebla, reforzando el peso del estamento militar en la definición estratégica del área.

Ese mismo día asumió como Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa el Teniente Coronel (R) licenciado Daniel Enrique Martella, en reemplazo de Battaleme Martínez, en un área clave para la vinculación externa, la cooperación internacional y la política de defensa en foros multilaterales.

Asimismo, desde el 11 de diciembre de 2025, el General de Brigada Carlos Horacio Martín fue designado Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, concentrando la responsabilidad sobre la planificación operativa y el soporte logístico del instrumento militar.

El decreto también designa, a partir del 10 de diciembre de 2025, al Coronel Ariel Andrés Mira Peña como Subsecretario de Gestión Administrativa, función central para la administración presupuestaria y el funcionamiento interno del ministerio. Finalmente, se dispuso que el licenciado Guillermo Patricio Madero asuma como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores, reubicándolo dentro de la estructura ministerial tras su renuncia a la subsecretaría anterior.

Impacto del esquema adoptado

La reconfiguración formalizada por el Decreto 60/2026 consolida un esquema de conducción con fuerte presencia de oficiales superiores en áreas estratégicas, operativas y administrativas, y redefine el equilibrio entre conducción política y militar dentro del Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista institucional, la medida ordena las designaciones con efecto retroactivo a diciembre de 2025, aportando previsibilidad administrativa y respaldo normativo a decisiones ya operativas.

En términos funcionales, las áreas alcanzadas —estrategia militar, planeamiento operativo, logística, gestión administrativa y relaciones internacionales— concentran buena parte de las decisiones que inciden en la eficiencia del sistema de defensa, el uso de recursos públicos y la articulación con actores externos. El impacto se proyecta tanto sobre la planificación de mediano plazo de las Fuerzas Armadas como sobre la capacidad del ministerio para ejecutar políticas con coherencia interna y alineamiento institucional.

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Firma Digital, educación y empleo, la agenda 2026 del Ministerio de Trabajo en Misiones

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El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones comenzó el 2026 con una agenda estratégica orientada a la digitalización del Estado, la modernización administrativa y la articulación institucional. Bajo la conducción de la ministra Silvana Giménez, la cartera laboral impulsa herramientas tecnológicas —como la Firma Digital— y políticas de formación e inclusión que buscan optimizar procesos, fortalecer el empleo y acompañar el desarrollo económico y social en toda la provincia.

El eje central del inicio de año combina gestión pública más ágil y sustentable, capacitación laboral alineada a nuevas demandas productivas y coordinación con municipios, sectores productivos, organizaciones sindicales y organismos públicos. La estrategia apunta a mejorar la trazabilidad, reducir tiempos y costos administrativos y ampliar oportunidades de inserción laboral, con foco en empleo joven, inclusión y profesionalización de oficios.

Modernización administrativa y Firma Digital: eficiencia, trazabilidad y ahorro de recursos

En el marco del proceso de Modernización del Estado Provincial previsto para 2026, la ministra Giménez mantuvo un encuentro con el intendente de Gobernador Roca, Rosendo Lukoski, donde el Ministerio otorgó al municipio el sistema de Firma Digital. La incorporación de esta herramienta refuerza la eficiencia administrativa, mejora la trazabilidad documental y reduce el consumo de papel, con impacto directo en la gestión local.

En la misma línea, y en su rol de Autoridad de Registro de Firma Digital, el Ministerio también otorgó el sistema al intendente de Corpus, Matías Benítez, y a integrantes de su gabinete municipal. La iniciativa consolida una administración más ágil y transparente, optimiza los tiempos de gestión y promueve un uso más eficiente de los recursos públicos.

Educación digital, capacitación y empleo: formación alineada a la producción

La agenda de trabajo incluyó una reunión con el Director General de Innovación de la Municipalidad de Posadas, Carlos Vigo, para avanzar en una política de Educación Digital Integral enfocada en la actualización y formación para el ámbito laboral. En ese espacio se coordinaron capacitaciones en áreas estratégicas, como topografía para municipios y equipos técnicos y energías renovables, orientadas a la innovación y al desarrollo productivo.

En paralelo, la ministra Giménez se reunió con el Secretario General de la UOCRA Seccional Misiones, Héctor Vallejos, con el objetivo de delinear una agenda de trabajo para el año. El acuerdo prevé talleres y capacitaciones en toda la provincia destinados a trabajadores y sus familias, con foco en la profesionalización del oficio de la construcción. Se anticipa la incorporación de contenidos vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial, acompañando la evolución del sector y ampliando las oportunidades de inserción laboral.

Inclusión laboral y articulación institucional: empleo joven y protección social

La ministra también mantuvo un encuentro con Ignacio Abrazian, Director de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Posadas, para planificar capacitaciones, talleres y acciones de inserción laboral. La agenda prioriza la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fortalecimiento del empleo joven, definidos como ejes centrales de la política laboral para 2026.

Asimismo, se realizó una reunión de trabajo con Yanina Boschmann, coordinadora provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, para evaluar el trabajo conjunto desarrollado durante 2025 y proyectar líneas de acción para 2026. En ese marco, se reafirmó la importancia de la articulación institucional para promover el acceso al empleo formal, acompañar trayectorias laborales y utilizar herramientas como las visas temporales de trabajo, que amplían oportunidades y fortalecen la inclusión.

Un Estado moderno para impulsar el desarrollo

Con una gestión basada en la planificación, la articulación institucional y la incorporación de herramientas digitales, el Ministerio de Trabajo y Empleo, junto al Gobierno de Misiones, avanza en la consolidación de un Estado moderno, eficiente y cercano. La hoja de ruta 2026 busca impactar en la calidad de la gestión pública, potenciar políticas de empleo y acompañar el crecimiento económico y social en todo el territorio provincial.

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