Gestión Pública

Migraciones licita un nuevo sistema para modernizar la recaudación y el control financiero

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La Dirección Nacional de Migraciones autorizó el llamado a una Licitación Pública Internacional por el sistema ReCoBa, una plataforma integral destinada a modernizar la gestión de recaudación y conciliación bancaria del organismo. La iniciativa será financiada en el marco de un programa de fortalecimiento tecnológico respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y busca avanzar sobre uno de los puntos más sensibles de la administración pública: contar con información financiera integrada, trazable y disponible para tomar decisiones con mayor precisión.

La Disposición 907/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilitó formalmente la Licitación Pública Internacional N° 1-LPI/2026 para contratar el desarrollo, implementación, migración de información y soporte de postproducción del sistema denominado “Recaudación y Conciliación Bancaria” (ReCoBa). El proyecto contempla una solución integral para la Dirección Nacional de Migraciones y se encuadra en las reglas de adquisiciones aplicables a los programas financiados con recursos del BCIE.

El proyecto forma parte de una iniciativa de mayor alcance que comenzó a estructurarse en 2022 y que contempla hasta US$25 millones de financiamiento del BCIE para fortalecer tecnológicamente al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a Migraciones. El préstamo N° 2314 fue autorizado por el directorio del organismo multilateral en noviembre de 2022 y el contrato con la Argentina fue suscripto en mayo de 2023.

En el caso específico de Migraciones, el programa busca dejar atrás sistemas fragmentados y avanzar hacia una administración sustentada en información integrada y procesos automatizados. Según surge de los fundamentos de la disposición, el objetivo es mejorar la velocidad y seguridad en el procesamiento de datos, optimizar los mecanismos de administración y control y reducir costos operativos asociados a tareas manuales, errores y duplicación de procesos.

La contratación de ReCoBa apunta precisamente a ese núcleo operativo. El sistema deberá contemplar no solamente su desarrollo e implementación, sino también la migración de la información existente y el soporte posterior a la puesta en producción, un aspecto relevante en organismos que administran grandes volúmenes de operaciones y cuya continuidad operativa resulta crítica.

El proyecto también introduce un componente de modernización que puede tener impacto más allá de la infraestructura tecnológica. Una plataforma de conciliación bancaria integrada permite vincular con mayor precisión las operaciones de recaudación con los movimientos financieros efectivamente registrados, reduciendo espacios para inconsistencias y facilitando los controles internos. En términos de gestión pública, el desafío no pasa solamente por incorporar software, sino por transformar datos dispersos en información útil para auditar, planificar y corregir desvíos.

La propia documentación administrativa establece que el programa pretende reducir riesgos y errores y mejorar la toma de decisiones basada en información confiable. Ese enfoque convierte a la digitalización en una herramienta de gestión y no simplemente en una renovación tecnológica: el beneficio esperado está en la capacidad del Estado para conocer con mayor rapidez qué recauda, cómo se registran esos recursos y dónde pueden existir diferencias que requieran intervención.

La licitación llega después de un proceso técnico y administrativo que incluyó la intervención de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), observaciones técnicas y su posterior respuesta por parte de Migraciones. El área de Sistemas y Tecnologías de la Información del organismo otorgó además la conformidad definitiva al documento base que regirá el proceso licitatorio.

El financiamiento internacional agrega otra capa de control al proceso. La contratación se realizará bajo las políticas de adquisiciones del BCIE, cuya no objeción al Plan General de Adquisiciones fue otorgada en agosto de 2024 y posteriormente actualizada en enero de 2026. La convocatoria deberá publicarse en COMPR.AR y ser comunicada a las embajadas o consulados de los países socios del organismo multilateral que tengan representación en la Argentina.

La disposición también conformó el Comité Ejecutivo de la licitación, aprobó el documento base estándar y dejó constancia de que existe crédito presupuestario suficiente para atender la contratación. De esta manera, el expediente ingresa en la etapa concreta de competencia entre proveedores internacionales para seleccionar la solución tecnológica.

El desafío de fondo será que la inversión no termine reducida a la adquisición de una nueva plataforma. La verdadera medida del éxito estará en su capacidad para integrar información, automatizar controles, mejorar la trazabilidad de los recursos públicos y generar información confiable para la conducción de Migraciones. En un Estado donde la transformación digital suele evaluarse por la cantidad de sistemas incorporados, el resultado relevante será cuánto mejora la calidad de la gestión a partir de esos sistemas.

La apuesta del programa financiado por el BCIE es, precisamente, avanzar en esa dirección: utilizar tecnología para disminuir costos y riesgos, acelerar procesos y fortalecer la capacidad estatal para administrar información crítica. Para Migraciones, ReCoBa será una pieza de esa transformación y, si la implementación cumple con los objetivos planteados, puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera del organismo.

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Prorrogan por dos años la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y refuerza el proceso de reforma del Estado

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La administración de Javier Milei decidió extender por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo creado para coordinar la reestructuración, reorganización y eventual privatización de las empresas estatales. La medida, oficializada mediante el Decreto 611/2026, busca dar continuidad a uno de los ejes centrales de la estrategia oficial de reforma del Estado, al considerar que el organismo todavía no completó los objetivos para los cuales fue creado en julio de 2024.

La decisión implica que la unidad continuará funcionando, al menos, hasta julio de 2028 o hasta que finalice el proceso de transformación de las empresas públicas, si ello ocurre antes. En paralelo, el decreto también redefine parte de su estructura, ratifica autoridades, incorpora nuevas funciones y consolida el rol de la Agencia como organismo rector del proceso de reorganización del sector empresario estatal.

El argumento del Gobierno es que la reforma aún se encuentra en desarrollo y que numerosas empresas públicas continúan atravesando procesos de revisión de su estructura jurídica, financiera y operativa. Bajo esa lógica, la continuidad de la Agencia busca garantizar un esquema centralizado de coordinación para las decisiones vinculadas con fusiones, escisiones, reorganizaciones, transferencias a provincias o eventuales privatizaciones.

El decreto ratifica a Diego Martín Chaher como titular de la Agencia con rango de secretario y dispone una reorganización interna. Luciano Masnú Lardet deja la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular del organismo, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. También se prorrogan las designaciones de otros funcionarios responsables de las áreas de pliegos, contratos, articulación laboral, apoyo societario y asesoramiento legal.

Más allá de los cambios de nombres, el aspecto más relevante del decreto pasa por la ampliación de las competencias institucionales. A partir de ahora, la Agencia podrá ejercer directamente la representación societaria del Estado Nacional en empresas públicas cuando así se le delegue y tendrá la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los candidatos que el Estado proponga para integrar directorios y órganos de administración de las compañías bajo control estatal.

Ese último punto incorpora un mecanismo adicional de control previo sobre las designaciones políticas dentro de las empresas públicas, un aspecto que el Gobierno considera clave para profesionalizar la conducción de las sociedades estatales y fortalecer los criterios de gestión.

La Agencia fue creada originalmente en julio de 2024 como una unidad ejecutora temporaria dentro del Ministerio de Economía con el objetivo de centralizar todas las decisiones vinculadas con las empresas comprendidas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales instrumentos para ejecutar la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la actual administración.

En términos de gestión pública, la prórroga también evita que el proceso quede interrumpido en plena ejecución. El decreto instruye además al Ministerio de Economía a incorporar las partidas presupuestarias correspondientes para asegurar el funcionamiento de la Agencia durante el presupuesto 2027 y los ejercicios siguientes, en caso de resultar necesario.

La continuidad del organismo constituye una señal de que el Ejecutivo mantiene sin modificaciones su hoja de ruta respecto del sector empresario estatal. La estrategia oficial combina saneamiento financiero, revisión de estructuras, profesionalización de directorios y análisis de alternativas que van desde la reorganización administrativa hasta la incorporación de capital privado o la privatización, según las características de cada empresa.

Para provincias con fuerte presencia de empresas nacionales en áreas estratégicas —como transporte, energía, infraestructura o servicios— el avance de este proceso seguirá siendo un factor de alto impacto económico y laboral. La definición del futuro de estas compañías influirá tanto sobre la inversión pública como sobre el empleo, la prestación de servicios y la competitividad regional, convirtiendo a la Agencia en uno de los organismos más relevantes dentro del programa de transformación del Estado impulsado por el Gobierno nacional.

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Vialidad centraliza la aprobación de permisos sobre rutas nacionales y endurece los requisitos para obras de terceros

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La Dirección Nacional de Vialidad avanzó en una profunda reorganización del régimen que regula las intervenciones de terceros sobre la Red Vial Nacional. Mediante la Resolución 908/2026, el organismo eliminó el esquema de autorizaciones descentralizadas vigente desde hace más de tres décadas y concentró en la Administración General la facultad exclusiva para aprobar y firmar los Permisos Precarios de Uso de la Zona de Camino (PPUSO), un cambio que busca homogeneizar criterios técnicos, fortalecer los controles y reducir la dispersión administrativa.

La medida representa una modificación estructural en la gestión de las autorizaciones para obras e instalaciones que se desarrollan dentro de la denominada “zona de camino”, el espacio bajo jurisdicción de Vialidad Nacional donde empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, municipios y otros actores ejecutan tendidos, cruces, ductos, accesos, redes e infraestructura complementaria.

Hasta ahora, esa facultad se encontraba delegada en los jefes de los distritos jurisdiccionales, bajo un esquema instaurado por la Resolución 1348/93. Sin embargo, el organismo consideró que la evolución normativa, la digitalización de los expedientes mediante Gestión Documental Electrónica (GDE) y la nueva estructura organizativa aprobada en 2026 justifican reemplazar ese modelo por uno centralizado.

La resolución deja sin efecto el antiguo procedimiento, deroga normas que regían desde 1959 y 1993 y aprueba un nuevo circuito administrativo que incorpora estándares uniformes para todo el país. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los expedientes, unificar los criterios jurídicos y técnicos y reducir las diferencias de interpretación entre los distintos distritos.

Uno de los cambios de mayor impacto para empresas constructoras, prestadoras de servicios públicos y concesionarias es el endurecimiento de las condiciones para obtener los permisos. A partir de ahora, antes de la firma del PPUSO será obligatorio acreditar una póliza de caución equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, salvo determinadas excepciones previstas para proyectos de menor complejidad. También será requisito contratar un seguro de responsabilidad civil con montos mínimos que serán actualizados periódicamente por la Coordinación Técnica de Distritos.

La normativa establece además que ninguna obra podrá comenzar sin la firma previa del permiso correspondiente. Los distritos de Vialidad ya no podrán autorizar el inicio de trabajos hasta que el documento haya sido aprobado por la Administración General, lo que introduce un control previo más estricto sobre las intervenciones en rutas nacionales.

En paralelo, el organismo aprobó una batería de nuevos modelos normalizados de permisos, cláusulas contractuales, normas técnicas, modelos de resolución y formularios administrativos que serán de uso obligatorio en todas las jurisdicciones. El propósito es eliminar diferencias documentales entre distritos y garantizar mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para los privados que desarrollan obras sobre la infraestructura vial nacional.

Desde el punto de vista institucional, la reforma también fortalece el rol de la Gerencia Ejecutiva de Gestión Institucional y de la División Uso de Zona de Camino, que concentrarán la revisión técnica y administrativa de cada solicitud antes de su aprobación definitiva. La Subgerencia de Gestión Documental, por su parte, tendrá a cargo la implementación del nuevo procedimiento y la optimización de los circuitos internos.

La decisión se inscribe en el proceso de reorganización administrativa que atraviesa Vialidad Nacional tras su incorporación a la órbita del Ministerio de Economía y la redefinición de competencias impulsada por el Gobierno nacional. El nuevo esquema busca reforzar los mecanismos de control sobre un activo estratégico como la Red Vial Nacional, donde las intervenciones de terceros requieren coordinación permanente para preservar la seguridad vial, proteger el patrimonio público y minimizar interferencias con la circulación.

En términos económicos, la centralización apunta a generar mayor previsibilidad para futuros proyectos de infraestructura, aunque también implica un proceso de aprobación más concentrado que podría incrementar la exigencia técnica y documental para las empresas que requieran ejecutar obras dentro de la zona de camino. Para el Ejecutivo, la estandarización de procedimientos constituye una herramienta para mejorar la gobernanza de la infraestructura vial y reducir riesgos administrativos en un sector clave para la logística y la competitividad del aparato productivo argentino.

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El Gobierno centraliza funciones políticas y de comunicación en Presidencia y Jefatura de Gabinete

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El Decreto 581/2026 redefine la estructura de la Administración Nacional al formalizar el traspaso de las competencias del extinto Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete y crear, bajo la órbita de la Presidencia, las Secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios. La medida no implica nuevas funciones sustantivas para el aparato estatal, pero sí reordena los canales de decisión y coordinación política.

Para el sector productivo, el cambio concentra en la Jefatura de Gabinete la interlocución con provincias y municipios, un aspecto relevante para la ejecución de obras, programas y regímenes que dependen de la articulación federal. La creación de una Vicejefatura del Interior apunta a preservar esa capacidad de coordinación en un esquema institucional más centralizado.

Aspectos a seguir de cerca la velocidad con que se adapten los circuitos administrativos y presupuestarios. El funcionamiento de la nueva relación entre Nación, provincias y municipios. La continuidad operativa de programas y trámites de interés para empresas y gobiernos subnacionales.

La norma dispone la transferencia de personal, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo transitoriamente las estructuras vigentes hasta completar la reorganización. En el mediano plazo, la eficacia de esta reforma se medirá por su capacidad para reducir superposiciones y agilizar la toma de decisiones sin generar costos de transición que afecten la gestión pública y, por extensión, el clima de negocios.

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El Gobierno prorrogó hasta agosto la reforma del régimen de Dirección Pública del Estado

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El Gobierno nacional oficializó la homologación del acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), mediante el cual se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la implementación del nuevo Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional.

La decisión, formalizada a través del Decreto 565/2026, no modifica salarios ni incorpora nuevos beneficios para el personal estatal. Su principal efecto consiste en mantener vigentes las reglas de funcionamiento anteriores para los cargos directivos del Estado mientras el Ejecutivo y los gremios continúan evaluando una revisión integral del sistema.

La prórroga alcanza a las modificaciones introducidas en el convenio colectivo durante 2022, cuya aplicación ya había sido diferida en oportunidades anteriores. Según el acuerdo homologado, continuará vigente el régimen previo a las reformas impulsadas por el Decreto 788/2019, con las actualizaciones que posteriormente hubieran sido incorporadas.

Desde la perspectiva de la administración pública, la medida busca evitar la entrada en vigor de un esquema cuya implementación aún no cuenta con una definición consensuada. El Ejecutivo argumenta que resulta necesario revisar integralmente el modelo antes de poner en funcionamiento un nuevo régimen para la conducción profesional de los organismos nacionales.

La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con participación de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y las organizaciones sindicales con representación en el sector.

El acta refleja posiciones diferenciadas entre los gremios. UPCN aceptó la propuesta oficial, mientras que ATE rechazó la prórroga, aunque la negociación quedó perfeccionada conforme al procedimiento previsto por la Ley 24.185 para las convenciones colectivas del sector público.

Alcances de la decisión

La homologación extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional. La incorporación del artículo 24 bis al Convenio Colectivo Sectorial del SINEP. La derogación de diversos artículos del convenio vigente que habían sido aprobados en la reforma de 2022. La continuidad del régimen normativo anterior mientras se define un esquema definitivo.

Para provincias como Misiones, donde numerosos sectores económicos interactúan con dependencias nacionales vinculadas al comercio exterior, infraestructura, energía, producción o ambiente, la continuidad del esquema vigente evita cambios administrativos inmediatos en los organismos nacionales.

El plazo fijado por el acuerdo vence el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha el Gobierno deberá definir si implementa finalmente el nuevo Régimen de Dirección Pública, acuerda una nueva prórroga o presenta una reformulación integral del sistema. La definición excede la política laboral estatal: también marcará el rumbo de la profesionalización y organización de la alta gestión pública nacional, un componente relevante para la previsibilidad institucional que demanda el sector productivo.

Anexo 2 Decreto 565/2026 by CristianMilciades

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