Gestión Pública

El Gobierno prorrogó hasta agosto la reforma del régimen de Dirección Pública del Estado

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El Gobierno nacional oficializó la homologación del acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), mediante el cual se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la implementación del nuevo Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional.

La decisión, formalizada a través del Decreto 565/2026, no modifica salarios ni incorpora nuevos beneficios para el personal estatal. Su principal efecto consiste en mantener vigentes las reglas de funcionamiento anteriores para los cargos directivos del Estado mientras el Ejecutivo y los gremios continúan evaluando una revisión integral del sistema.

La prórroga alcanza a las modificaciones introducidas en el convenio colectivo durante 2022, cuya aplicación ya había sido diferida en oportunidades anteriores. Según el acuerdo homologado, continuará vigente el régimen previo a las reformas impulsadas por el Decreto 788/2019, con las actualizaciones que posteriormente hubieran sido incorporadas.

Desde la perspectiva de la administración pública, la medida busca evitar la entrada en vigor de un esquema cuya implementación aún no cuenta con una definición consensuada. El Ejecutivo argumenta que resulta necesario revisar integralmente el modelo antes de poner en funcionamiento un nuevo régimen para la conducción profesional de los organismos nacionales.

La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con participación de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y las organizaciones sindicales con representación en el sector.

El acta refleja posiciones diferenciadas entre los gremios. UPCN aceptó la propuesta oficial, mientras que ATE rechazó la prórroga, aunque la negociación quedó perfeccionada conforme al procedimiento previsto por la Ley 24.185 para las convenciones colectivas del sector público.

Alcances de la decisión

La homologación extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional. La incorporación del artículo 24 bis al Convenio Colectivo Sectorial del SINEP. La derogación de diversos artículos del convenio vigente que habían sido aprobados en la reforma de 2022. La continuidad del régimen normativo anterior mientras se define un esquema definitivo.

Para provincias como Misiones, donde numerosos sectores económicos interactúan con dependencias nacionales vinculadas al comercio exterior, infraestructura, energía, producción o ambiente, la continuidad del esquema vigente evita cambios administrativos inmediatos en los organismos nacionales.

El plazo fijado por el acuerdo vence el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha el Gobierno deberá definir si implementa finalmente el nuevo Régimen de Dirección Pública, acuerda una nueva prórroga o presenta una reformulación integral del sistema. La definición excede la política laboral estatal: también marcará el rumbo de la profesionalización y organización de la alta gestión pública nacional, un componente relevante para la previsibilidad institucional que demanda el sector productivo.

Anexo 2 Decreto 565/2026 by CristianMilciades

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Fericoop 2026 cerró su 12ª edición y consolidó la apuesta por la economía solidaria

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La Feria Internacional del Cooperativismo (Fericoop) culminó este domingo su duodécima edición con cifras que superaron los 180 expositores y más de 10.000 visitantes durante los tres días del evento y un buen volumen de negocios pautados. Los números confirman que esta iniciativa, discontinuada por varios años y reflotada en 2024 como una apuesta del intendente Sebely para visibilizar el potencial del sistema cooperativo, se ha convertido en un motor fundamental de la economía local y en un modelo de gestión pública que trasciende las fronteras municipales.

“Fericoop no es solo una feria, es una política de Estado”, afirmó el intendente Sebely y sus palabras resumen el espíritu de una gestión que desde sus inicios apostó por generar acciones concretas que movilicen la economía local, que generen empleo genuino y que fortalezcan el tejido productivo del distrito. En un contexto nacional e internacional marcado por la incertidumbre económica, el gobierno municipal encontró en el cooperativismo una herramienta estratégica para dinamizar la producción, el comercio y los servicios, convirtiendo a Fericoop en el escaparate de ese potencial transformador.

La feria nació con un objetivo claro: mostrar que el sistema cooperativo no es una alternativa marginal o residual, sino un modelo económico robusto, capaz de generar riqueza, distribuirla equitativamente y construir comunidad.

El enfoque que impulsa el intendente Sebely a su gestión de gobierno parte de una convicción profunda: la salida de toda crisis no vendrá exclusivamente del Estado, sino de la capacidad de buscar alternativas e innovaciones desde el sector privado. Y en ese camino, el sistema cooperativo representa una herramienta clara, concreta y probada. Las cooperativas combinan la eficiencia empresarial con valores de solidaridad, democracia participativa y compromiso territorial. No deslocalizan, no especulan, no concentran. Generan empleo de calidad, reinvierten en sus comunidades y construyen economía real, esa que se toca, se mide y se siente en cada barrio, en cada familia que mejora sus ingresos, en cada joven que encuentra su primera oportunidad laboral.

Durante esta edición de Fericoop, los pasillos del predio ferial se convirtieron en un mosaico de la diversidad cooperativa: desde cooperativas agropecuarias que exhibieron sus productos orgánicos y de comercio justo como la Citrícola, hasta cooperativas que son ejemplo de todo lo expuesto como la Frigorífica de Alem (COFRA) donde mostraron innovaciones tecnológicas y crecimiento continuo. Cada stand, cada charla, cada apuesta de negocios fue una demostración práctica del eslogan que identificó éste año a Fericoop: “La Economía que nos une”.

Esa frase, lejos de ser un simple recurso publicitario, sintetiza una filosofía de desarrollo. La economía cooperativa une porque construye puentes donde el mercado tradicional. Une a productores y consumidores en relaciones más justas y transparentes. Une a trabajadores en proyectos colectivos donde la ganancia se distribuye según el aporte y no según el capital. Une a vecinos en la resolución de problemas comunes, desde el acceso a la vivienda hasta la provisión de servicios esenciales. Une, en definitiva, porque pone a las personas en el centro y entiende que el desarrollo económico solo tiene sentido si es también desarrollo social.

El intendente Sebely lo expresó con claridad en su discurso: “Cuando apostamos por el cooperativismo, estamos apostando por un modelo de economía que nos incluye a todos, que no deja a nadie afuera, que entiende que el éxito individual solo es sostenible si se construye sobre el éxito colectivo”. Esa visión se ha traducido en políticas concretas: líneas de fortalecimiento como la Escuela de Negocios, capacitación permanente, espacios de articulación entre el sector cooperativo y el Estado, y por supuesto, Fericoop como vidriera de todo ese trabajo.Pero más allá de los números, Fericoop 2026 dejó algo intangible pero fundamental: la certeza de que existe un camino posible, un modelo económico que funciona, que genera resultados y que, sobre todo, construye comunidad.

Desde la organización del evento sintetizaron que “si la trayectoria de estos  años sirve de indicador, la respuesta es clara: más cooperativas, más visitantes, más negocios y, fundamentalmente, más economía que nos une. Porque cuando el Estado asume como política la promoción del cooperativismo, no solo está moviendo la economía local, está construyendo un futuro más justo, más solidario y más sostenible para todos”decían.

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El Tribunal de Cuentas avanza para auditar proyectos financiados por el BID

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El Tribunal de Cuentas de Misiones dio un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al avanzar en la evaluación que podría habilitarlo como auditor externo de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una certificación que actualmente poseen muy pocas jurisdicciones del país.

En ese marco, la presidenta del organismo, Fabiola Bianco, recibió a Claudia Carrillo, representante del BID, quien encabeza las jornadas de trabajo técnico destinadas a analizar los procedimientos, metodologías y estándares de control aplicados por el Tribunal misionero.

La evaluación forma parte de un proceso riguroso impulsado por el organismo multilateral para garantizar que las instituciones encargadas de auditar sus programas cumplan con exigentes criterios internacionales de transparencia, independencia y capacidad técnica.

La iniciativa adquiere especial relevancia en un contexto en el que Misiones gestiona financiamiento internacional para obras estratégicas de infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional. Contar con un organismo local habilitado para realizar las auditorías permitiría simplificar procedimientos y acelerar los tiempos de ejecución de los proyectos.

Actualmente, solo los tribunales de cuentas de las provincias de Buenos Aires y Mendoza lograron obtener esta certificación en la Argentina, lo que ubica a Misiones ante la posibilidad de integrarse a un grupo muy reducido de organismos con reconocimiento internacional para supervisar el uso de fondos provenientes del BID.

Desde el Tribunal destacan que alcanzar esta calificación significará un salto cualitativo en materia de control público. Además de consolidar el prestigio institucional del organismo, permitirá fortalecer la autonomía técnica de la provincia, optimizar los procesos de rendición de cuentas y reducir los costos asociados a auditorías externas contratadas fuera del territorio.

La certificación también constituiría una señal positiva para los organismos de financiamiento y los mercados internacionales, al validar la capacidad técnica y la solidez de los mecanismos de control de Misiones, un aspecto cada vez más valorado en el acceso al crédito para proyectos de desarrollo.

De concretarse la aprobación, Misiones no solo mejorará la eficiencia administrativa de los programas financiados por organismos multilaterales, sino que también reforzará su posicionamiento institucional en materia de transparencia, gobernanza y gestión de recursos públicos.

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Cooperación internacional para el trabajo y la formalización del empleo rural

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La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, mantuvo una importante reunión en la Casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires junto a Alejandro Salafranca, subsecretario de Trabajo de México; Eduardo Lépore, director del Proyecto de la Unión Europea por el Trabajo Decente; Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y ex embajador argentino en México; y Miriam Durán, representante de la Casa de Misiones.

Durante el encuentro se avanzó en una agenda de cooperación e intercambio orientada a fortalecer políticas vinculadas a la formalización del empleo rural, promoviendo el trabajo decente y la generación de oportunidades para trabajadores del sector.

La reunión permitió además presentar el modelo misionero de gestión y las políticas públicas impulsadas por la provincia para acompañar a los trabajadores, fortalecer el empleo registrado y generar herramientas de inclusión laboral, especialmente en ámbitos rurales y productivos.

Se destacó la importancia de construir alianzas internacionales que permitan compartir experiencias, impulsar nuevas estrategias y consolidar espacios de articulación entre gobiernos, organismos internacionales y sectores vinculados al trabajo y la producción.

Con el acompañamiento de la Unión Europea y Expertise France, se proyectan nuevas instancias de cooperación entre Misiones y México para avanzar en acciones conjuntas vinculadas al empleo rural, la capacitación y la formalización laboral.

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Milei reordena la Jefatura de Gabinete y concentra la comunicación bajo un nuevo esquema político

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El Gobierno nacional avanzó este 22 de abril con una reconfiguración clave del poder administrativo al modificar la estructura de la Jefatura de Gabinete mediante el decreto 269/2026. La decisión, firmada por el presidente y publicada en el Boletín Oficial, redefine áreas sensibles —en especial comunicación, estrategia y tecnología— sin aumentar la cantidad de unidades organizativas. El movimiento no es neutro: ordena el tablero interno y plantea una pregunta de fondo en el actual escenario político: ¿es una optimización técnica o un paso más hacia la centralización del control político?

Reingeniería del organigrama: qué cambia

La medida introduce una nueva arquitectura institucional dentro de la Jefatura de Gabinete, con impacto directo en la coordinación del Gobierno. El punto más visible es la incorporación de la Secretaría de Comunicación y Prensa dentro de esta órbita, con tres subsecretarías específicas: Prensa, Comunicación y Actos de Gobierno, y Medios Públicos.

El cambio no se limita a una reasignación formal. También se traslada la Dirección de Asuntos Legales de Comunicación y Medios desde la Presidencia hacia la estructura de Gabinete, junto con sus recursos, personal y presupuesto. Esto implica que la gestión jurídica de la comunicación oficial deja de depender directamente de Presidencia y pasa a integrarse en un esquema más amplio de coordinación política.

En paralelo, el decreto redefine objetivos clave. La Unidad Gabinete de Asesores suma formalmente la responsabilidad de coordinar la comunicación institucional y la relación con medios, consolidando un eje que articula mensaje, estrategia y ejecución.

Además, se ajustan competencias en áreas sensibles como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que amplía su rol en ciberseguridad, infraestructura crítica y desarrollo de tecnologías estratégicas, al tiempo que mantiene el control sobre organismos clave del sistema científico-tecnológico.

Marco legal y continuidad administrativa

La modificación se inscribe en la Ley de Ministerios y en el decreto 50/2019, que estructura la administración pública nacional. Sobre esa base, el Ejecutivo justifica la readecuación como una necesidad de “mejor gestión” de las atribuciones de la Jefatura de Gabinete.

Un dato relevante es que el decreto explicita que no habrá incremento en la cantidad de unidades organizativas ni en el gasto. La reconfiguración se realiza mediante transferencias internas, derogaciones y reasignaciones de cargos dentro del nomenclador del empleo público (SINEP), lo que refuerza la idea de una reorganización más que una expansión del Estado.

También se faculta al jefe de Gabinete a modificar estructuras de segundo nivel sin ampliar presupuesto, una herramienta que otorga flexibilidad operativa hacia adelante.

Control político y gestión del mensaje

El rediseño impacta directamente en la distribución del poder dentro del Ejecutivo. La incorporación de la comunicación a la Jefatura de Gabinete fortalece a ese ámbito como centro de coordinación política, no solo administrativa.

Al concentrar la gestión de prensa, medios y comunicación institucional en una misma estructura, el Gobierno reduce la dispersión de decisiones y alinea el control del discurso oficial con la planificación estratégica. En términos políticos, esto puede traducirse en mayor coherencia del mensaje, pero también en una verticalización más marcada.

La redefinición de áreas como Asuntos Estratégicos y la ampliación de funciones en innovación y tecnología refuerzan, además, un esquema donde la planificación, el análisis y la ejecución quedan más integrados bajo la órbita de Gabinete.

Entre la eficiencia y la centralización

La reestructuración no implica un cambio visible en políticas públicas inmediatas, pero sí en la arquitectura desde la cual se diseñan y comunican. Ese matiz es clave: el impacto no es directo, pero condiciona la dinámica futura del Gobierno.

Habrá que observar cómo se traduce este nuevo esquema en la práctica. Si la concentración de funciones mejora la coordinación o si genera tensiones internas por la reasignación de poder. También será relevante seguir el rol que asuma la Jefatura de Gabinete en la relación con otros ministerios y con el sistema político en general.

En un contexto donde la gestión del mensaje es parte central de la gobernabilidad, el decreto no solo reorganiza áreas: redefine dónde se construye y desde dónde se proyecta la política.

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