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Cumbre en Casa Rosada: Passalacqua refuerza la postura de Misiones

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Milei buscó apoyo político para el Presupuesto 2026 y las reformas. Passalacqua destacó el diálogo “para hacer crecer al país y a Misiones”

En una cumbre clave realizada este 30 de agosto de 2025 en Casa Rosada, el presidente Javier Milei reunió a 19 gobernadores, entre ellos el misionero Hugo Passalacqua, para reconstruir el vínculo Nación–provincias y asegurar respaldos al Presupuesto 2026 y a las “reformas de segunda generación”. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, se convirtió en una señal política tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza, con impacto directo sobre el federalismo fiscal, la gobernabilidad y la hoja de ruta económica para el próximo año.

Un cónclave político-económico para recomponer la relación Nación–provincias

La convocatoria llegó apenas 48 horas después del discurso triunfal de Milei en las elecciones de medio término, donde habló de “acuerdos básicos” y de la posibilidad de “traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”. El Gobierno buscó lograr una foto de respaldo y avanzar con negociaciones sobre el Presupuesto 2026, actualmente en debate en la Cámara de Diputados.

En la mesa, además de Milei, participaron figuras centrales de su Gabinete: Guillermo Francos, Luis “Toto” Caputo, Lisandro Catalán, Patricia Bullrich, Luis Petri, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, junto a Karina Milei, el portavoz Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Desde la Casa Rosada calificaron el encuentro como “fundacional” y parte de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”.

Entre los asistentes se encontraban referentes de todo el arco territorial: Jujuy, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza (vicegobernadora Hebe Casado), Chubut, Catamarca, Tucumán, Misiones, Neuquén (vicegobernadora Zulema Reina), San Luis, Río Negro, Salta, San Juan, Chaco, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

Sin representación quedaron Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa.

Passalacqua: diálogo político y foco en la gestión fiscal de Misiones

Tras la reunión, el gobernador misionero Hugo Passalacqua expresó en la red X: “Agradezco la convocatoria del señor presidente Javier Milei, junto a su gabinete y los colegas gobernadores, con quienes nos dispusimos a dialogar las veces que sean necesarias para consensuar temas, más allá de las lógicas diferencias, con el objetivo de hacer crecer al país y a Misiones, generar empleo y cuidar las cuentas públicas como siempre lo hemos hecho”.

El mandatario agregó que: “Buscamos la felicidad de todos los misioneros, y eso se logra trabajando y poniendo el foco en las coincidencias”.

Sus declaraciones ponen el énfasis en dos ejes:
1) defensa de la estabilidad fiscal provincial, un sello tradicional de la gestión misionera,
2) voluntad de sostener el diálogo político, aun en un contexto nacional de reformas profundas.

Presupuesto 2026 y reformas: impacto político, económico e institucional

Según fuentes citadas, el Gobierno buscó un primer compromiso de apoyo al Presupuesto 2026, pieza central para definir el marco macroeconómico del próximo año. Además, apuntó a iniciar conversaciones sobre las reformas de segunda generación, con prioridad en la reforma laboral.

El resultado de estas negociaciones tendrá efectos directos en:

• Federalismo fiscal y transferencia de recursos

El Presupuesto 2026 definirá el volumen de fondos para provincias, obras públicas, servicios esenciales y mecanismos de compensación. Para distritos con tradición de equilibrio como Misiones, la previsibilidad es un factor crítico.

• Gobernabilidad parlamentaria

Con el oficialismo fortalecido tras las elecciones, la reunión fue una señal de apertura para lograr mayorías en el Congreso. La presencia de 19 gobernadores refuerza ese objetivo.

• Clima político y capacidad de acuerdos

El gesto de Milei de convocar a casi todo el mapa provincial busca ampliar su base de apoyo para avanzar en reformas estructurales.

• Sectores económicos atentos a la definición fiscal

Empresas, inversores y actividades productivas aguardan definiciones que afectan reglas laborales, carga tributaria y perspectivas de obra pública. La construcción, la industria y el comercio son los sectores más sensibles a los cambios.

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Milei convoca a los gobernadores tras un triunfo histórico: “Queremos discutir los nuevos acuerdos para construir la Argentina grande”

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Con más del 40% de los votos a nivel nacional, el oficialismo encabezado por Javier Milei logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas, consolidando su poder político y ampliando su representación en el Congreso. Desde la sede de La Libertad Avanza, el Presidente celebró el resultado y lanzó una convocatoria a los gobernadores para “discutir los nuevos acuerdos que necesita el país”. El mensaje marca el inicio de una nueva etapa institucional: un intento de construcción de gobernabilidad sobre la base de consensos políticos y reformas estructurales.

Consolidación del poder político y mensaje a las provincias

El resultado electoral no solo refuerza la posición de Milei en el Congreso, sino que cambia el mapa político nacional. Con el 40% de los sufragios y una recuperación clave en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo amplía su base legislativa, lo que facilitará el avance de su agenda de reformas en materia económica, fiscal y administrativa.

Desde el escenario principal, Milei agradeció a los votantes y destacó la implementación del nuevo sistema electoral: “Deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección maravillosa que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación que es la Boleta Única Papel”.

El uso de la Boleta Única Papel —una reforma impulsada por su propio gobierno— fue resaltado como símbolo de transparencia institucional y modernización electoral. En tono celebratorio, el mandatario aseguró: “Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

La convocatoria a los gobernadores provinciales se presenta como el paso siguiente en la estrategia oficial para estabilizar la gestión.

“Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos que necesita el país para consolidar este rumbo”, dijo Milei, dejando abierta la puerta a un diálogo federal orientado a “trabajar juntos, respetando las autonomías y las diferencias”.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la iniciativa apunta a “tender puentes” y garantizar la gobernabilidad en los próximos dos años, en un contexto donde las reformas estructurales requerirán respaldo parlamentario y provincial.

Nuevo equilibrio institucional y perspectivas económicas

El fortalecimiento legislativo de La Libertad Avanza redefine las relaciones de poder entre el Ejecutivo y las provincias. La posibilidad de avanzar con un programa de reformas de largo alcance —que incluiría cambios en materia fiscal, administrativa y laboral— dependerá en buena medida del grado de cooperación política que logre establecer el Presidente con los mandatarios locales.

El discurso oficial se inscribe en una lógica de recomposición institucional tras un año de tensiones con varios gobiernos provinciales, especialmente en torno al reparto de recursos coparticipables y los recortes de transferencias discrecionales.

Con la nueva composición del Congreso, Milei buscará consolidar mayorías circunstanciales que le permitan avanzar con proyectos emblemáticos, entre ellos el paquete de reformas estructurales pendiente desde su asunción.

La frase final del mandatario sintetizó la narrativa política del oficialismo: “El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento”.

En el plano económico, la lectura dominante entre analistas es que el triunfo electoral y la apertura al diálogo federal podrían mejorar las expectativas del mercado, otorgando mayor previsibilidad al programa de estabilización. Los próximos pasos estarán centrados en construir consensos con las provincias para asegurar la viabilidad política de las reformas.

Proyecciones tras el triunfo

El llamado de Milei a los gobernadores reconfigura el tablero político. Los mandatarios provinciales deberán definir si responden a la convocatoria y en qué condiciones.
Para algunos sectores, la propuesta abre una oportunidad de diálogo institucional; para otros, implica una redefinición del equilibrio de poder entre Nación y provincias.

En cualquier caso, el nuevo escenario legislativo obliga a todos los actores a revisar estrategias y alianzas, especialmente ante un Gobierno decidido a sostener su narrativa de cambio estructural.
La elección legislativa de 2025 marca, así, un punto de inflexión político e institucional que podría determinar el rumbo económico y fiscal de los próximos años.

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Milei restituyó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán como ministro

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El Gobierno nacional oficializó la restitución del Ministerio del Interior, cartera que había sido degradada a Secretaría en 2024, y nombró a Lisandro Catalán al frente de la misma. La medida, instrumentada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025 y el Decreto 672/2025, redefine el esquema de la Ley de Ministerios y amplía las competencias del Ejecutivo en materia de gestión política, turismo, deporte y política ambiental.

La decisión se da en un escenario de replanteo político de La Libertad Avanza luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, el presidente Javier Milei reunió a su Gabinete para evaluar cambios y resolvió activar tres mesas de trabajo: una Política, otra Bonaerense y una Federal, destinada a recomponer la relación con los gobernadores.

En ese marco, la restitución del Ministerio del Interior aparece como un movimiento destinado a recuperar centralidad institucional y fortalecer el diálogo político con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Catalán, abogado y hombre de confianza del oficialismo, ya venía trabajando junto a Guillermo Francos en negociaciones políticas. Su debut se produjo la semana pasada cuando encabezó la primera reunión de la mesa federal, en la que se sentaron representantes de aliados estratégicos.

Este lunes, el jefe de Estado le tomará juramento en Casa Rosada, en una jornada de alta densidad política que incluirá reuniones de las mesas nacional y bonaerense, y que culminará con una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

Redefinición de la Ley de Ministerios

El DNU 658/2025 modifica la Ley de Ministerios N.° 22.520 y establece que el despacho de los negocios del Ejecutivo quedará a cargo del Jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

El Ministerio del Interior asume así competencias ampliadas:

  • Gestión política interna: asistencia al Presidente y al Jefe de Gabinete en la coordinación institucional, preservación del régimen republicano y federal, y relación con provincias y CABA.
  • Registro y ciudadanía: supervisión del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la gestión de políticas migratorias y de asilo.
  • Turismo y deporte: administración del Fondo Nacional de Turismo, coordinación del Consejo Federal de Turismo, promoción de la actividad deportiva y representación internacional en ambas materias.
  • Política ambiental: diseño y ejecución de planes de mitigación y adaptación al cambio climático, preservación de bosques y áreas protegidas, y gestión sostenible de los recursos naturales.

Además, la norma dispone que toda referencia normativa a la Vicejefatura de Gabinete del Interior deberá entenderse como Ministerio del Interior, y transfiere a la nueva cartera los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal correspondientes.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete se fortalece con la creación de un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, con rango y jerarquía ministerial, a quien podrá delegar facultades específicas. El decreto detalla 57 funciones de la Jefatura, desde la coordinación de ministerios y la administración general hasta la relación con el Congreso y la supervisión de políticas científicas y tecnológicas.

La restitución del Ministerio del Interior envía una señal clara en dos direcciones: por un lado, hacia los gobernadores, que encuentran un canal institucionalizado para discutir temas de financiamiento, obras y políticas sectoriales; por el otro, hacia el interior del Gabinete, donde la figura de Catalán se erige como un contrapeso a la centralidad de la Jefatura de Gabinete y alinea a la Casa Rosada con una estrategia de mayor apertura política.

El movimiento también tiene impacto en el plano legislativo, dado que el Ministerio del Interior será clave en la construcción de consensos para avanzar con la agenda de reformas de Milei, particularmente en materia de presupuesto, coparticipación y federalismo fiscal.

En el plano institucional, la inclusión de áreas como turismo, deporte y medio ambiente bajo la órbita de Interior marca un rediseño del mapa de competencias, que busca ganar eficiencia pero también acumular poder político en una sola cartera.

De cara al futuro inmediato, la expectativa se centra en el rol que jugará Catalán en la mesa federal y en la articulación con las provincias en un contexto económico y social marcado por tensiones presupuestarias y demandas de recursos.

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ATN: la caja negra del poder que Milei se niega a soltar

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En la arquitectura fiscal argentina existe una herramienta que cobró altísima relevancia en los últimos dos años y resulta clave en el vínculo financiero entre Nación y provincias: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esos aportes hoy están en el centro de la agenda económica: primero, por la sanción de ley de reforma de su distribución; y luego, por el veto del presidente Javier Milei, que se conoció el jueves por la noche. 

Empecemos por lo básico: ¿Qué son los ATN? Los Aportes del Tesoro Nacional nacen con la misma ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Esa norma establece que el Fondo de ATN se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y que el Ministerio del Interior será el encargado de su asignación; además, establece que el 1% de la masa coparticipable bruta se destinará a ese fin. 

Entonces, se trata de un fondo que tiene una composición automática (se financia con el 1% de los impuestos coparticipables) pero, a diferencia de la coparticipación, tiene un régimen de distribución discrecional: es el Gobierno nacional, vía ministerio del Interior, el que decide su asignación a determinada provincia en función de las situaciones de emergencia dadas. 

Aquí encontramos el primer punto de conflicto: si bien la norma establece que su razón de ser es la de financiar emergencias y/o desequilibrios financieros, en la práctica, dada su discrecionalidad, los ATN se convirtieron mayormente en una herramienta de premio o castigo de la administración central hacia los subnacionales. La discrecionalidad de los ATN es triple: quién, cuánto, y cuándo

Es decir, el Gobierno nacional de turno tiene plena independencia de enviar ATN a quien quiera, por el monto que quiera y en el momento que quiera. 

Esto, con el tiempo, se tradujo en una enorme diferencia en favor del Tesoro nacional que deriva de su subejecución. Vamos a los datos. En el año 2017, el fondo ATN totalizó unos $21.354 millones pero se envió a las provincias apenas $3.875 millones, es decir, el 18%. En 2018, se distribuyó apenas el 16% y bajó al 8% en el año 2019.

En el año 2020, se dio una situación puntual: se distribuyeron ATN por $67.195 millones cuando el Fondo ATN había recaudado un total de $24.363 millones; es decir, se distribuyó el 196% del fondo. Esto se dio por la emergencia de la pandemia del Covid-19 cuya situación demandó mayores envíos a provincias. ¿Pero cómo se explica que se haya pagado más ATN de lo que se recaudó por ese fondo? La respuesta es simple: usando remanentes. Lo dejamos ahí, pero más adelante volvemos con esto que es crucial. 

En 2021, volvió la subejecución del fondo ATN: se pagó el 70% del total del fondo y en 2022 cayó al 26%. En 2023, se recuperó parcialmente y llegó al 78%, aunque empujó mucho la situación de fin de año: ya con Milei electo, el entonces ministro Sergio Massa pagó a las provincias ciertos remanentes del año anterior del fondo ATN para garantizar pagos de salarios y aguinaldos de diciembre. 

Este pago se dio entre el 7 y 8 de diciembre, es decir, apenas días antes de dejar el gobierno. 

Ya con Milei a cargo del gobierno, en 2024 los ATN se derrumbaron: se pagó apenas el 7% del fondo constituido. 

Si acumulamos la información de punta a punta, entre 2017 y 2024 el fondo ATN recaudó un total de $1,17 billones y se distribuyeron sólo $0,37 billones: el 32%. La pregunta natural que surge de esto es: ¿qué pasa con los fondos que no se reparten? Ese remanente, según la normativa vigente, debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero como reserva, como lo expresa la Auditoría General de la Nación, que agrega, “salvo que por las leyes que correspondan se resolviera expresamente que todos los recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran”. Esa ley es la que se sancionó en el Congreso, pero que vetó Milei

En esta línea, ¿qué pasó en 2020? La emergencia sanitaria y económica fue el fundamento para el uso de remanentes de ejercicios anteriores y por ello se distribuyó más ATN que los constituidos en el año. 

Hagamos un resumen que nos ayude a entender la situación. En primer lugar, legalmente, los fondos pertenecen a las provincias ya que surgen de la masa coparticipable, tienen como destino las provincias y su uso no puede ser otro que para transferirlos a los subnacionales. 

Sin embargo, dado que la ley faculta al Ejecutivo nacional a distribuir los ATN según emergencias y/o desequilibrios, no existe garantía de su real asignación a las provincias, hecho que queda evidenciado en la alta subejecución que tiene el fondo. En esa línea, como no hay una definición clara de qué constituye una emergencia o un desequilibrio financiero, la discrecionalidad del poder de turno es aún mayor. 

Con todo esto, hay una cosa clara: los fondos ATN pertenecen a las provincias y no a la Nación, que en este caso actúa como un mero administrador de los mismos, aunque con facultades sobredimensionadas. 

Estas fueron las razones que esgrimieron los gobernadores al momento de presentar el proyecto de ley que luego fue sancionado por ambas cámaras convirtiéndolo en Ley N° 27.794. ¿Qué dice ese texto? Que “los recursos que correspondiere distribuir al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias creado por él artículo 3° inciso d) de la Ley 23.548 serán redistribuidos de conformidad con las previsiones de los artículos 3° y 4° de dicha norma” y que la redistribución “procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6° de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente”. Traducción: los ATN dejan de ser discrecionales, se distribuyen siguiendo la misma distribución porcentual que la coparticipación y su envío a las provincias será por goteo diario, también al igual que los fondos coparticipables. Esta reforma le permite a las provincias contar con un flujo de fondos garantizado y evitar así la triple discrecionalidad que tiene actualmente el reparto de ATN, que mencionamos antes. 

El veto de Milei, esperado, dejó igualmente mucha tela por cortar. En términos argumentativos, es bastante flojito. El decreto 652/2025, donde está expresado el veto total del Poder Ejecutivo, dice entre otras cosas que “la existencia de este Fondo (ATN) resulta imprescindible, ya que dota al Estado Nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema de reparto rígido y automático” y luego añade, en esa línea, que la ley sancionada por el Congreso “priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto” y que “la privación de este instrumento para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional”.

Para muestras, basta un botón. En marzo de este año, Bahía Blanca sufrió un temporal que dejó un saldo trágico de 18 víctimas fatales, cientos de heridos y más de mil cuatrocientos personas debieron ser evacuadas. Desde el gobierno municipal y provincial afirmaron que se requerirá aproximadamente $ 400.000 millones para la reconstrucción de la ciudad. Ante eso, el gobierno nacional activó un ATN, dado que se trataba de una condición de emergencia. Pero lo enviado fue por apenas $ 10.000 millones, cuando solo entre enero y febrero de este 2025 el fondo ATN acumulaba un excedente de $ 120.000 millones y, si se sumaba el saldo no distribuido del año 2024, el disponible del fondo superaba los $ 750.000 millones. 

En efecto, el Gobierno nacional retaceo el envío de ATN cuando la situación ameritaba una asistencia todavía mayor dado que se contaba con los recursos suficientes. 

Entonces, la ley aprobada en el Congreso no “privó” al Estado nacional de fondos para asistencia; por el contrario, el propio Gobierno se privó a sí mismo al decidir restringir el uso de los fondos. 

El ejemplo de Bahía Blanca es gráfico para entender que las razones que esgrime el Ejecutivo son débiles, pero hay muchos más casos. Emergencias ígneas, hídricas, climáticas, agropecuarias y económicas que las provincias han sufrido y que no han sido atendidas o lo hicieron de manera muy parcial. 

Si la Nación se borra de las emergencias, ¿por qué entonces dejarle la distribución de esos fondos? Tienen que volver a las provincias, que son las dueñas originales de los mismos. 

Entre 2017 y 2024, la provincia de Misiones recibió el 6,4% de los ATN distribuidos a nivel nacional. Si se compara con la participación misionera en la distribución efectiva de recursos coparticipables (3,2%), entonces los ATN sirvieron, en determinados momentos puntuales, para de alguna manera “compensar” parcialmente la enorme asimetría de la coparticipación con la tierra colorada, aunque es notablemente insuficiente. 

¿Qué pierde Misiones con este veto? La posibilidad de incorporar unos $7.500 millones a las arcas entre septiembre y diciembre y así poder reforzar programas de Gobierno en un contexto de caída de la actividad y de expectativas algo nubladas para el resto del año. 

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Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores

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El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia

El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.

En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.

El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.

Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.

Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo

El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.

La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.

El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.

En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Más tensión en la relación Nación-provincias

Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.

La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.

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