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Gobierno acelera la privatización de la Hidrovía y Jan De Nul queda mejor posicionada tras la apertura de ofertas

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La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanzó este martes hacia su definición final luego de que el Gobierno nacional abriera las ofertas económicas de la licitación internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal ruta fluvial de exportaciones de la Argentina. Las empresas belgas Jan De Nul y DEME presentaron exactamente la misma propuesta económica: una tarifa de US$3,80, el mínimo previsto en el pliego oficial.

Con ese escenario de paridad económica, la diferencia técnica obtenida en las etapas previas dejó mejor posicionada a Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, para adjudicarse un contrato de concesión que contempla operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura durante los próximos 25 años.

Según informó el Ministerio de Economía, la nueva tarifa implica una reducción de 50 centavos respecto del esquema vigente y un ahorro estimado del 13,5%. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) deberá ahora completar la evaluación final combinando el puntaje técnico y la oferta económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

Una licitación estratégica para el comercio exterior

El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2025, quedó reducido en la instancia final a dos multinacionales belgas. La brasileña DTA Engenharia había participado en la primera etapa, aunque no superó la evaluación técnica.

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una infraestructura clave para el comercio exterior argentino y regional, ya que canaliza una porción significativa de las exportaciones agroindustriales y de otros sectores productivos. Por eso, el Gobierno nacional presentó la licitación no solo como una concesión de obra pública, sino como una pieza central de su estrategia de competitividad y reducción de costos logísticos.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Economía sostuvo que el objetivo es “asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica”.

El dato político que el Ejecutivo buscó remarcar fue la ausencia de impugnaciones. Ni Jan De Nul ni DEME cuestionaron el pliego ni realizaron objeciones durante las instancias previas. Para el Gobierno de Javier Milei, ese punto funciona como validación institucional de un proceso que en etapas anteriores había estado rodeado de tensiones y observación pública.

Respaldo empresarial y señal política

El comunicado oficial enfatizó además el apoyo multisectorial al proceso. Entre los actores que respaldaron la licitación figuran provincias, Naciones Unidas y cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria.

Entre ellas aparecen la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La construcción de ese consenso no es menor. La hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y cualquier modificación en costos o funcionamiento impacta sobre la competitividad de cadenas productivas completas. Por eso, el Gobierno buscó mostrar que el proceso cuenta con validación técnica y acompañamiento empresario en un área sensible de la economía.

De acuerdo con la información oficial, la futura concesión contempla inversiones estimadas en torno a los US$10.000 millones para modernizar y profundizar la vía navegable.

El esquema apunta a consolidar un modelo de gestión privada sobre una infraestructura estratégica para el comercio exterior. La reducción tarifaria anunciada aparece como uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para justificar el nuevo esquema concesionado.

La etapa que resta consiste en la evaluación final de los oferentes y la posterior firma del contrato. La ANPYN será el organismo encargado de formalizar la adjudicación.

Impacto regional y mirada desde el NEA

Aunque el núcleo operativo de la hidrovía se concentra en el corredor agroexportador del Paraná, la definición también tiene implicancias para las economías regionales del NEA y particularmente para Misiones, cuya actividad forestal, yerbatera y de comercio exterior depende de la competitividad logística nacional.

Una eventual mejora en previsibilidad operativa y reducción de costos podría tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del norte argentino. Sin embargo, el alcance concreto de esos efectos dependerá de cómo evolucione el nuevo esquema tarifario y de las futuras inversiones en infraestructura asociada al sistema fluvial.

Con las ofertas económicas ya abiertas y sin conflictos formales entre oferentes, la licitación ingresó en una etapa de definición técnica más que política. La ventaja acumulada por Jan De Nul en la evaluación previa la deja mejor posicionada para continuar al frente de la principal vía de salida del comercio exterior argentino.

El foco ahora estará puesto en la decisión final de la ANPYN, en los términos definitivos de la adjudicación y en la capacidad del nuevo contrato para sostener la promesa oficial de menor costo logístico, modernización e inversiones de largo plazo en una infraestructura estratégica para la economía argentina.

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Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la evolución de su patrimonio: hipotecó el departamento donde residía previamente en la ciudad de Buenos Aires y obtuvo un préstamo de 100.000 dólares, según registros oficiales.

La operación fue instrumentada el 15 de noviembre de 2024, una fecha que no pasa desapercibida: ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, figura como compradora de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones introduce un dato clave para reconstruir la dinámica financiera del funcionario.

El crédito fue otorgado por dos personas físicas: Graciela Isabel Molina de Cancio —quien habría aportado 85.000 dólares— y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares. Ambas figuran como acreedoras en la estructura de financiamiento del matrimonio.

No se trata de la única carga sobre el inmueble. El departamento ubicado en Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, ya contaba con una hipoteca previa por 75.000 dólares, inscripta en 2014 a favor de la vendedora original. Es decir, el activo presenta doble gravamen, un dato relevante al analizar la consistencia patrimonial.

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reconoció deudas con ambas acreedoras, aunque por montos significativamente menores en términos nominales: 43,86 millones de pesos con Molina de Cancio y 7,74 millones con Cancio. La brecha entre los valores declarados y el monto total del crédito hipotecario abre interrogantes sobre la valuación y el registro de las obligaciones.

La figura de Molina de Cancio tampoco es menor: se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal, que hasta 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La operatoria se conoce en un contexto de creciente escrutinio judicial. El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, citó como testigo a la escribana interviniente en estas operaciones, Adriana Mónica Nechevenko, quien además participó en la compra de otras propiedades del funcionario.

La fiscalía solicitó la documentación completa de las transacciones, lo que permitirá reconstruir los flujos de pago, las condiciones de los créditos y la estructura de garantías.

El caso se inscribe en una secuencia más amplia. Días atrás trascendió que Adorni adquirió en 2025 un departamento en Caballito de aproximadamente 200 metros cuadrados, financiado en gran parte —cerca del 90%— mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras del inmueble.

A esto se suma la incorporación de una vivienda en un country y la compra de una camioneta Jeep Compass en marzo de 2024, pocos meses después de asumir como vocero presidencial.

En conjunto, las operaciones delinean un esquema de financiamiento basado en créditos privados garantizados con hipotecas, que creció en paralelo a su paso por la función pública y que hoy se encuentra bajo análisis judicial.

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La Justicia investiga entre 15 y 19 viajes de Manuel Adorni como funcionario y pedirá más pruebas

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La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con el ingreso a la fiscalía de un listado que registra entre 15 y 19 viajes realizados desde 2023 hasta la actualidad. El fiscal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar con precisión los destinos finales, los costos y la trazabilidad de esos desplazamientos, mientras en paralelo se analizan los movimientos financieros del funcionario y su entorno cercano.

El expediente, que se originó a partir de denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, busca establecer si existe coherencia entre el nivel de gastos -especialmente en viajes- y los ingresos declarados por Adorni ante los organismos de control. El puntapié inicial fue un vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo superó los 4.800 dólares y abrió interrogantes sobre quién financió ese traslado.

Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones, el registro incluye viajes oficiales y otros de carácter privado. Sin embargo, uno de los principales focos de la investigación es la falta de precisión sobre los destinos finales. En varios casos, los registros consignan escalas en países como Estados Unidos, Perú o Ecuador, pero no permiten reconstruir el itinerario completo, lo que obliga a profundizar las medidas de prueba para determinar si hubo trayectos adicionales hacia destinos no declarados.

En simultáneo, la fiscalía también analiza movimientos financieros vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos viajes -en algunos casos a Europa- también quedaron bajo observación. La pesquisa incluye además la revisión de declaraciones juradas, posibles omisiones de activos y transferencias en el exterior.

Otro eje central del expediente es el análisis patrimonial. La Justicia ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades vinculadas a Adorni: una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club y un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación de este último inmueble generó dudas adicionales por la estructura de financiamiento: el 87% del valor habría sido aportado por dos personas que, según trascendió, negaron conocer al funcionario.

En este contexto, la fiscalía buscará determinar si los valores declarados en las escrituras se corresponden con los precios de mercado. Fuentes del sector inmobiliario señalan que el departamento podría valer cerca del doble de los 230.000 dólares informados en la operación.

Adorni, por su parte, rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que brindará las explicaciones correspondientes ante la Justicia, dentro de los plazos legales. Sin embargo, el avance de las medidas de prueba anticipa una semana clave para una causa que combina viajes, patrimonio y trazabilidad financiera bajo una misma hipótesis: la posible existencia de inconsistencias entre ingresos declarados y nivel de gasto.

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