Gobierno Nacional

Milei derogó el decreto que otorgaba a Galasso rango de subsecretario en Cultura

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El Gobierno derogó el decreto que designaba a Norberto Galasso como “Embajador de la Cultura Popular”

El Poder Ejecutivo nacional, mediante el Decreto 692/2025 publicado en el Boletín Oficial, dispuso la derogación del Decreto 515/2014 que había designado al historiador y escritor Norberto Félix Galasso como “Embajador de la Cultura Popular Argentina”, con rango y jerarquía de subsecretario. La medida forma parte del plan de austeridad impulsado por la actual administración para reducir el gasto público y revisar funciones dentro de la Administración Pública Nacional.

Una designación honorífica con rango jerárquico

El Decreto 515/2014, emitido durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, otorgó a Galasso la distinción de “Embajador de la Cultura Popular Argentina”. La norma le confería rango equivalente a subsecretario, aunque no implicaba la creación de una unidad organizativa ni la asignación de responsabilidades operativas dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación.

La designación contemplaba una remuneración mensual, financiada con partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción Presidencia de la Nación – Subjurisdicción Secretaría de Cultura. Durante más de una década, esta figura se mantuvo en la estructura administrativa con carácter simbólico, representando un reconocimiento institucional a la trayectoria del intelectual vinculado a la divulgación histórica y cultural.

Fundamentos de la derogación: austeridad y eficiencia en la gestión pública

El Decreto 692/2025 establece que la decisión se enmarca en la política de austeridad y revisión del funcionamiento del Estado. El texto oficial subraya la necesidad de “implementar medidas orientadas a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”.

Asimismo, el Gobierno argumentó que mantener esta designación honorífica suponía un gasto permanente que no estaba vinculado a funciones operativas ni a la estructura institucional de Cultura. Bajo esta lógica, la derogación se presenta como parte de una estrategia más amplia de reducción de costos y reestructuración de competencias en la Administración Pública Nacional.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

La decisión de derogar la figura de “Embajador de la Cultura Popular” se inscribe en una línea de acciones orientadas a revisar cargos simbólicos, honoríficos o con bajo nivel de operatividad, priorizando la racionalización del gasto público.

En términos institucionales, la medida puede interpretarse como un paso hacia la eliminación de reconocimientos con rango jerárquico dentro de la administración estatal, lo que genera un precedente respecto a futuros cargos honoríficos o de representación cultural.

En el plano político y cultural, la derogación abre el debate sobre el rol del Estado en la promoción de la cultura popular y la legitimidad de figuras representativas financiadas con recursos públicos. Mientras el Gobierno enfatiza la necesidad de eficiencia y austeridad, distintos sectores culturales podrían interpretar la medida como un retroceso en el reconocimiento oficial de referentes históricos y sociales.

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Desregulación: derogan normas de Abastecimiento, COPREC y Precios Justos

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La Secretaría de Industria y Comercio derogó 71 normas que establecían controles y obligaciones sobre el comercio interno, en el marco de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida busca “eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”, dejando sin efecto regulaciones derivadas de leyes derogadas como la de Abastecimiento, Góndolas y programas en desuso como Precios Justos.

La Resolución 357/2025, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, entró en vigencia el 24 de septiembre de 2025 tras su publicación en el Boletín Oficial.

El texto deroga 71 disposiciones vigentes, de las cuales:

  • 27 estaban vinculadas a la Ley de Abastecimiento (20.680), eliminada al inicio de la actual gestión.
  • 24 correspondían al COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), disuelto por Decreto 55/2025.
  • 20 regulaban programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Góndolas, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

El Ministerio de Economía sostuvo que muchas de estas disposiciones “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas desarticulados”.

La decisión se enmarca en los lineamientos de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Decreto 70/2023, que sentaron las bases para la reconstrucción de la economía nacional.

En esa línea, el Gobierno viene impulsando un proceso de depuración normativa:

  • En 2024, las resoluciones 51/2024, 226/2024 y 433/2024 ya habían avanzado en la derogación de regulaciones de precios, requisitos de información y autorizaciones para importaciones.
  • En enero de 2025, el Decreto 55/2025 disolvió el COPREC, considerado un organismo redundante que generaba sobrecostos y burocracia.
  • En septiembre de 2025, el Decreto 650/2025 unificó funciones bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Producción.

La resolución publicada ahora continúa esa línea y refuerza la política de ordenamiento jurídico y reducción de cargas regulatorias.

La eliminación de normas vinculadas a precios de referencia, márgenes de utilidad y distribución en góndolas implica el fin de mecanismos de control directo sobre sectores como el consumo masivo, hidrocarburos, televisión paga y alimentos frescos.

Para el Gobierno, el cambio permitirá “una gestión pública más ágil y transparente, con reglas claras para ciudadanos y operadores económicos”. Sin embargo, analistas advierten que la ausencia de instrumentos de control podría generar tensiones en sectores sensibles al consumo popular, donde las regulaciones funcionaban como herramientas de contención de precios y competencia.

La medida también tiene impacto sobre la seguridad jurídica, al eliminar normas redundantes y contradictorias, y se inscribe en una estrategia de alineamiento con políticas de desregulación económica y reducción del Estado.

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Cambios en el Gabinete: Comercio Interior pasa a la órbita de Martín Guzmán

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El Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y su organismo a cargo dejan de depender del Ministerio de Desarrollo Productivo porque, según Casa Rosada, “Matías Kulfas tiene que concentrarse en otros temas”.

El Secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, al igual que su organismo a cargo, seguirán en el Gobierno. Pero bajo el mando del Ministerio de Economía, a cargo del economista Martín Guzmán. Así dejará de integrar el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde Casa Rosada aseguraron a Ámbito que la decisión se basa en “que Guzmán tiene más herramientas para asistir a Comercio Interior. En cambio, (Matías) Kulfas tiene que concentrarse en otros temas, como el crecimiento de la producción”.

Hace unos días, Guzmán y Feletti se reunieron para delinear la nueva estrategia contra la inflación. Por su parte, el Secretario mantiene su postura de reclamar una suba en las retenciones a las exportaciones de cereales como instrumento para frenar la escala de precios de los alimentos. Pero el Ministro busca una salida elegante impulsando el impuesto a la “renta inesperada” como forma de congraciarse con el ala más progresista de la coalición gobernante.

Tanto cerca de Guzmán como de Feletti buscaron bajarle el tono al encuentro tildándolo de “gestión y rutina”, pero el hecho de que el secretario haya caminado las tres cuadras desde Diagonal Sur hasta el Palacio de Hacienda para sentarse frente a Guzmán deja una señal política a considerar.

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Más de 350 mil trabajadores estatales nacionales recibirán un bono de 20 mil pesos

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El Presidente anunció un bono de 20 mil pesos para más de 350 mil trabajadores estatales

Alberto Fernández presentó la medida junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y los secretarios generales de UPCN, Andrés Rodríguez y de ATE, Hugo Godoy. “Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales”, sostuvo el mandatario

El presidente Alberto Fernández anunció este martes desde la residencia de Olivos un bono especial de fin de año para trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional (APN) de 20.000 pesos, que incluye a más 350 mil empleados que percibirán dicha suma no remunerativa con el salario de diciembre.

“Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales”, sostuvo el mandatario en el marco del acto de anuncio, en el que destacó: “Cumplimos con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación”.

Según se informó en un comunicado, el jefe de Estado oficializó el anuncio durante una reunión que mantuvo en Olivos con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los secretarios generales de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), Andrés Rodríguez, y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy.

De acuerdo a fuentes oficiales, se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350.525 de agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional y tiene un impacto presupuestario de 8.763 millones de pesos.

Entre los trabajadores y trabajadoras de la APN alcanzados se encuentra el personal civil, de Fuerzas Armadas y de Seguridad de ministerios y organismos descentralizados o desconcentrados, tanto en planta permanente como contratados en designación transitoria.

“La medida también abarca al personal que al mes de noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada”, se informó.

En tanto, quedan excluidos del pago las autoridades superiores y equivalentes, al igual que las trabajadoras y trabajadores de las empresas públicas o de mayoría accionaria estatal, de la banca pública nacional y de las universidades nacionales.

“La definición busca dar respuesta a la caída sostenida que se registró en los ingresos de los trabajadores del sector entre 2018 y 2019, que rondó el 38%, un porcentaje mayor al del ámbito privado formal en el mismo período”, se remarcó desde el Gobierno nacional.

“En 2021 se aceleró el sendero de la recuperación salarial a partir del segundo semestre hasta quedar 8 puntos por sobre la inflación estimada para el año, como resultado de los incrementos salariales de 18 por ciento entre enero y mayo (como cierre de la paritaria 2020-2021) y de 40 por ciento entre junio y diciembre (como inicio de la paritaria 2021-2022)”, concluye la información brindada desde la Presidencia.

Minutos antes del anuncio, el titular de Upcn dijo a Télam Radio que el bono de fin de año para estatales otorgado por el Poder Ejecutivo hubiese podido llegar “a la cifra de 25 mil pesos”, en caso de que el principal bloque opositor no hubiera tenido la “actitud bastante antidemocrática” de rechazar el proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso.

“Habíamos solicitado 25 mil pesos, pero finalmente se transformó en una cifra de 20 mil, lo cual de cualquier manera es una cifra importante que alivia a fin de año la realidad de la familia estatal”, señaló Rodríguez.

En esa misma línea, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) e integrante de la conducción de la CGT estimó que el bono “es positivo”, pero agregó que “lamentablemente esos 5 mil pesos de diferencia se producen por la inconsistencia de la oposición al no haber aprobado el presupuesto nacional porque estaba previsto que dentro de la nueva posibilidad del presupuesto se podía llegar a la cifra de 25 mil”

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, celebró la concesión de un bono de fin de año para trabajadores estatales nacionales y dijo que, durante 2021, este sector le ganó a la inflación.

“Estamos satisfechos, trabajamos para que esto se concretara y el Presidente entendió la necesidad de reconocer el esfuerzo de los trabajadores estatales”, dijo Godoy al hablar esta mañana en El Destape Radio.

Godoy agregó que, con el pago de este bono, se logra “el objetivo de que los trabajadores del Estado nacional queden por encima de la inflación en el transcurso de este año”.

Por otro lado, se conoció este lunes que el Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, otorgará un bono de 8.000 pesos a los jubilados que perciben el haber mínimo, a quienes reciben pensiones sociales no contributivas y a destinatarios de programas sociales, se informó oficialmente.

A su vez, asistirá con un refuerzo de 3.000 pesos por niño o adolescente a instituciones sociales que trabajan con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

La medida beneficiará a un universo de 176.144 personas, entre los que se encuentran niños, niñas y jóvenes, personas mayores, madres solas y personas con discapacidad; y también alcanza a más de 4.000 instituciones y centros que llevan adelante un rol social.

Desde el Gobierno bonaerense se aclaró que los titulares de ese derecho “no deberán hacer ningún trámite adicional para acceder al beneficio ya que se depositará en la misma cuenta donde reciben su prestación”.

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Creación de empleo: El Gobierno presenta un Proyecto para que los planes sociales se conviertan en trabajo

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¿Qué dice el proyecto que busca convertir planes sociales en trabajo genuino? Tendrá “metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anunció este jueves ingresará a Diputados un proyecto de ley para convertir los planes sociales “en trabajo genuino”.

“Ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, publicó Massa en su cuenta en la red social Twitter, aunque no incluyó los detalles del proyecto.

El presidente de la Cámara baja había anticipado su idea de transformar los planes sociales en trabajo durante una recorrida que realizó el pasado 5 de julio por una pyme de impresiones gráficas en el municipio de Pilar.

“Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por Ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino”, expresó en ese momento el exintendente de Tigre.

En ese sentido, agregó: “Necesitamos un nuevo modelo de asistencia social, con planes que incluyan prestaciones laborales y terminalidad educativa obligatoria. Condiciones fundamentales para construir el futuro del país. Tenemos la capacidad y recursos humanos para hacerlo posible”.

Fuentes oficiales adelantaron que el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que el presidente Alberto Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato.

Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión -Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor en el cargo, Juan Zabaleta- pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes sociales en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores.

El primer paso fue dado en agosto pasado con los trabajadores rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.

A ese inicio le siguió el programa “Construir Trabajo e Igualdad”, anunciado el lunes último por el Gobierno y que, en los hechos, implica la transformación de planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.

El Gobierno tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.

Si bien la construcción genera muchos puestos de trabajo por su ramificación en el sector público y privado, el Poder Ejecutivo tampoco quiere perder de vista a los otros sectores y avanzará en nuevos horizontes para robustecer la oferta de empleo destinada a beneficiarios de planes sociales.

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