Gobierno Nacional

Milei confirmó que Argentina integrará el Board of Peace para promover la paz en zonas de conflicto

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El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina fue invitada a integrar, como miembro fundador, el Board of Peace, una nueva organización internacional creada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, comenzando por la Franja de Gaza. La invitación formal fue cursada el 16 de enero de 2026 mediante una carta oficial de la Casa Blanca, y marca un nuevo hito en el alineamiento estratégico del Gobierno argentino en materia de política exterior y seguridad internacional.

La confirmación pública llegó a través de un mensaje difundido por el propio Milei en sus redes sociales, donde agradeció explícitamente a Trump y expresó que para la Argentina “es un honor” asumir esta responsabilidad institucional en el escenario global. La decisión se inscribe en una definición política explícita del Ejecutivo nacional, que reafirma su posicionamiento internacional en favor de los países que “luchan de frente contra el terrorismo” y promueven la “vida, la propiedad, la paz y la libertad”.

Una invitación formal con alcance institucional y proyección internacional

Según la carta oficial emitida desde Washington, fechada el 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos invitó a la República Argentina a incorporarse como Miembro Fundador del Board of Peace, una organización concebida como un ámbito permanente de coordinación internacional para la construcción de una “paz duradera” en zonas de conflicto.

El documento destaca que la iniciativa surge como continuidad del “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”, presentado el 20 de octubre de 2025 durante la Cumbre del G20, y que fue posteriormente respaldado de manera abrumadora por la comunidad internacional, incluyendo la adopción de la Resolución 2803 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En ese marco, el Board of Peace se proyecta como un organismo con una estructura estable y una composición reducida de países, con capacidad de designar representantes autorizados para participar activamente en su funcionamiento y en la implementación de estrategias orientadas a la resolución de conflictos. La invitación a la Argentina incluye, explícitamente, la posibilidad de designar a un representante para actuar en nombre del país dentro de este nuevo esquema de gobernanza internacional.

Definición política y alineamiento estratégico del Gobierno argentino

El mensaje difundido por el presidente Milei tras recibir la invitación refuerza la línea discursiva y política que el Gobierno viene sosteniendo en materia internacional. En su publicación, el mandatario señaló: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”.

Esta definición no solo ratifica un posicionamiento ideológico, sino que también tiene implicancias institucionales y diplomáticas. La incorporación como miembro fundador de un organismo internacional de estas características implica asumir compromisos políticos, estratégicos y eventualmente operativos en el marco de una arquitectura global orientada a la seguridad y la estabilidad.

Desde el punto de vista institucional, la participación argentina en el Board of Peace refuerza el rol del país en foros multilaterales vinculados a la paz, la seguridad internacional y la cooperación entre Estados. Al mismo tiempo, consolida una relación bilateral estrecha con los Estados Unidos, en un contexto de redefinición del mapa geopolítico global y de creciente centralidad de los conflictos en Medio Oriente.

Repercusiones políticas y posibles impactos económicos e institucionales

La decisión de aceptar la invitación al Board of Peace puede generar diversas lecturas en el plano interno y externo. En términos políticos, refuerza la estrategia de alineamiento del Gobierno argentino con iniciativas lideradas por los Estados Unidos y con una agenda internacional centrada en la lucha contra el terrorismo y la promoción de la estabilidad global.

Desde una perspectiva institucional, la participación en este tipo de organismos suele implicar coordinación interministerial, definición de representantes oficiales y eventual adecuación normativa para dar marco a los compromisos asumidos. Además, la inserción en un espacio de toma de decisiones internacionales puede influir en futuras negociaciones diplomáticas y en el posicionamiento del país en otros foros multilaterales.

En el plano económico, aunque el anuncio no incluye definiciones financieras concretas, la pertenencia a un organismo internacional orientado a la paz y la estabilidad puede tener efectos indirectos en términos de previsibilidad, relaciones internacionales y clima de inversiones, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas persistentes.

En síntesis, la invitación a integrar el Board of Peace representa un movimiento de alto contenido simbólico y estratégico para la Argentina, que consolida una línea de política exterior definida y proyecta al país como actor participante en iniciativas internacionales de alcance global.

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Tarifas de energía: el nuevo sistema de subsidios regirá desde febrero y cambia el criterio de acceso

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El Ejecutivo nacional demoró la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas, que finalmente entraría en vigencia en febrero. La postergación responde a pasos administrativos pendientes y trasladará el impacto en las boletas recién a marzo, en el marco de un rediseño profundo del sistema de asistencia energética que elimina la segmentación por ingresos y avanza hacia un modelo focalizado.

La decisión introduce un compás de espera en una de las reformas clave de la política energética, con impacto directo sobre hogares, empresas distribuidoras y las cuentas públicas. Si bien el nuevo régimen ya fue definido por decreto, su aplicación efectiva quedó sujeta a la reglamentación y a la actualización formal de los precios mayoristas de la energía.

Demoras administrativas y nuevo cronograma de aplicación

Según confirmaron fuentes oficiales, la implementación del nuevo esquema de subsidios se retrasó debido a que aún resta la publicación de un decreto reglamentario y, posteriormente, la Secretaría de Energía debe oficializar los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica. La falta de cumplimiento de esos pasos administrativos impidió que el régimen entre en vigencia en enero, como se preveía inicialmente.

Con ese escenario, el Gobierno ahora apunta a que el nuevo sistema comience a regir en febrero, mientras que el impacto en las facturas se reflejaría recién a partir de marzo, una vez que los cuadros tarifarios actualizados lleguen a los usuarios finales.

En el Ejecutivo confían en completar el proceso normativo en las próximas semanas para evitar nuevas dilaciones, en un contexto de fuerte presión fiscal y de revisión integral de los subsidios económicos.

Fin de la segmentación y nacimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados

Aunque su aplicación quedó demorada, el nuevo esquema ya fue establecido por el Decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, y marcó un punto de inflexión en la política tarifaria. La norma puso fin al sistema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, que dividía a los usuarios residenciales en tres niveles, y lo reemplazó por un modelo simplificado de dos grupos: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El régimen fue denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y tiene como objetivos centrales trasladar de manera gradual los costos reales de la energía, promover un consumo más eficiente y garantizar un acceso básico para los sectores más vulnerables.

Según el decreto, el acceso a la asistencia estatal quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), tomando como referencia los valores del Indec a noviembre de 2025. Este criterio redefine el universo de beneficiarios y apunta a concentrar el gasto público en los sectores de menores recursos.

Topes de consumo, control y un registro unificado de beneficiarios

Además de redefinir quiénes acceden al subsidio, el nuevo esquema introduce bloques de consumo base diferenciados para la electricidad. Durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el consumo subsidiado será de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el tope se reducirá a 150 kWh mensuales.

La normativa también habilita a la Secretaría de Energía a fijar consumos diferenciados para zonas frías y regiones más cálidas, reconociendo las particularidades climáticas del país. Asimismo, la autoridad energética podrá revisar periódicamente los volúmenes subsidiados y las bonificaciones, con el objetivo de sostener la gradualidad del esquema y acompañar la adopción de hábitos de consumo más eficientes.

En paralelo, el Gobierno creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que dependerá del Ministerio de Economía y se apoyará en la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), vigente desde 2022. Las personas que ya estaban inscriptas no deberán realizar un nuevo trámite, ya que la información será migrada automáticamente, aunque podrán actualizar sus datos mediante una declaración jurada.

Impacto esperado y señales al mercado energético

La postergación del nuevo esquema introduce una breve tregua para los usuarios residenciales, pero mantiene latente el debate sobre el impacto en las boletas y la reducción del gasto en subsidios, uno de los objetivos centrales de la política económica. Para las empresas del sector energético, la definición de los nuevos precios mayoristas será clave para recomponer ingresos y previsibilidad, mientras que para el Estado el desafío pasa por sostener la asistencia sin profundizar el desequilibrio fiscal.

Con la mira puesta en febrero y marzo, el Gobierno busca avanzar en un rediseño estructural de los subsidios energéticos, en un contexto de ajuste gradual, revisión del rol del Estado y presión sobre los ingresos de los hogares.

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Rutas nacionales, cómo es el plan de concesiones que busca inversión privada y cero subsidios

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El Gobierno nacional puso en marcha la Red Federal de Concesiones (RFC) con el objetivo de mejorar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, elevar los estándares de seguridad vial y reemplazar un esquema deficitario por uno transparente y sin subsidios del Tesoro. La Etapa I ya comenzó el 7 de enero, mientras que el resto de los tramos se preparan para su licitación en sucesivas fases, con foco en posesión, administración y mantenimiento de la red.

Etapa I en ejecución y arranque operativo

La implementación de la RFC ya tiene obras en curso. Desde el 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios asumió la gestión de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 en su paso por Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En paralelo, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni se hizo cargo de la ruta nacional 174, que conecta Santa Fe y Entre Ríos a través del Puente Rosario–Victoria.

Con esta etapa inicial activa, el Ejecutivo avanzó en la definición del mapa completo de tramos a intervenir en el resto del país. La información oficial está disponible en argentina.gob.ar, donde se detallan los corredores y su extensión.

Lo que viene: Etapa II y el detalle de kilómetros a licitar próximamente

La Etapa II, próxima a licitarse, incluye los tramos Sur Atlántico Acceso Sur y Pampa, que en conjunto suman 1.871,8 kilómetros. A su vez, el programa completo prevé intervenir corredores estratégicos distribuidos por regiones, con el siguiente detalle de kilómetros proyectados a licitar:

  • Tramo Oriental: 682,28 km
  • Tramo Conexión: 59,43 km
  • Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: 1.325,17 km
  • Tramo Pampa: 546,65 km
  • Tramo Centro: 681,92 km
  • Tramo Mesopotámico: 276,11 km
  • Tramo Centro Norte: 536,43 km
  • Tramo Noroeste: 596,52 km
  • Tramo Litoral: 546,74 km
  • Tramo Noreste: 456,22 km
  • Tramo Chaco–Santa Fe: 497,18 km
  • Tramo Cuyo: 329,09 km
  • Tramo Mediterráneo: 672,32 km
  • Tramo Portuario Sur: 636,75 km
  • Tramo Portuario Norte: 528,04 km
  • Tramo Puntano: 720 km

El alcance total confirma una reconfiguración integral de la red vial nacional, con licitaciones escalonadas y foco en corredores productivos, logísticos y de alto tránsito.

Objetivo fiscal y modelo de gestión: inversión privada y sin subsidios

La finalidad del esquema es actualizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad de los usuarios y atraer inversión privada, cuidando al mismo tiempo los recursos públicos. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo que el programa “permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, alineado con la estrategia fiscal del Gobierno.

Desde el punto de vista económico e institucional, la RFC apunta a previsibilidad en la operación, competencia en las licitaciones y mantenimiento sostenido de los corredores, con impactos directos sobre costos logísticos, tiempos de viaje y seguridad vial. La expectativa oficial es que el nuevo esquema consolide un cambio de paradigma en la gestión de rutas nacionales.

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Cambios en la Aduana de Ezeiza, ARCA renovó toda la cúpula

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El Gobierno avanzó con una renovación integral de la conducción de la Aduana de Ezeiza y designó a Gustavo Mariezcurrena como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero. La decisión, formalizada el 6 de enero por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se inscribe en la reconfiguración del organismo tras la llegada de Andrés Vázquez a su conducción y tiene impacto directo sobre el control aduanero en la principal terminal aeroportuaria del país.

Reordenamiento en Ezeiza tras el recambio en la conducción de ARCA

Luego de los cambios en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el organismo dispuso una renovación total de las autoridades de la Aduana de Ezeiza. La medida responde a la nueva etapa iniciada el 15 de diciembre, cuando Andrés Vázquez asumió al frente de ARCA en reemplazo de Juan Pazo, tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

Mediante una disposición firmada el 6 de enero, ARCA designó a Gustavo Mariezcurrena como jefe del Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza. El nuevo responsable del área responde políticamente a Vázquez y tendrá bajo su órbita la gestión aduanera de la principal estación aeroportuaria de la Argentina, un punto neurálgico para el control de comercio exterior, pasajeros y equipajes.

La resolución también formalizó otros nombramientos clave en la estructura operativa y de fiscalización. Martín Currao fue designado jefe de Control y Fiscalización Operativa, mientras que Nicolás Vélis, quien ocupaba ese cargo hasta ahora, fue promovido para secundar a Mariezcurrena dentro del Departamento Operacional Aduanero.

Nuevas designaciones y reasignaciones internas en áreas sensibles

El reordenamiento incluyó además cambios en áreas estratégicas del control aduanero. Alejandra Rodríguez quedó a cargo del área de Control de Pista, en reemplazo de Gabriel Massimino, mientras que Martín Arias fue designado como nuevo responsable de Control de Equipaje, sustituyendo a Oscar Atilio Conti.

En paralelo, la disposición de ARCA relegó a otras funciones a funcionarios que hasta ahora ocupaban cargos jerárquicos. Salvador Rosselli, exjefe de Fiscalización y Operativa Aduanera, y Rita Carolina Beker pasaron a desempeñar tareas de menor jerarquía. En el caso de Beker, el texto de la resolución señala que “ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía”.

La normativa fue firmada por la directora del área de Recursos Humanos de ARCA, Guadalupe González Sanguinetti. En sus fundamentos, se remarca que la normativa vigente otorga a la conducción del organismo facultades para “organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal”, y que la evaluación de la “oportunidad, mérito o conveniencia” de estas decisiones corresponde a la propia conducción de la agencia tributaria.

Continuidad de la política tributaria y perfil de la nueva conducción

La nueva conformación del área de control aduanero en Ezeiza se alinea con la gestión de Andrés Vázquez, designado por el Gobierno nacional tras la renuncia de Juan Pazo para regresar al sector privado. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se destacó que la llegada de Vázquez a ARCA debe interpretarse “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”.

Vázquez cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal. Es Licenciado en Administración y Contador Público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con formación complementaria en control financiero y prevención del lavado de dinero, además de experiencia y capacitación en el plano internacional. Su perfil técnico y su paso previo por la DGI explican, en parte, el armado de un equipo de confianza en áreas clave como la Aduana de Ezeiza.

En paralelo, ARCA definió el reemplazo de Vázquez en la Dirección General Impositiva. Mariano Mengochea fue nombrado como nuevo titular del organismo recaudador interno, luego de haberse desempeñado desde octubre pasado como subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. En ese rol, Mengochea secundaba al Director General en la ejecución y coordinación de acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con un lugar relevante dentro de la estructura de ARCA.

Impacto institucional y señales hacia el control aduanero

La renovación completa de la cúpula de la Aduana de Ezeiza constituye una señal institucional fuerte en materia de control, fiscalización y alineamiento interno. Ezeiza concentra una parte sustancial del movimiento de pasajeros, mercaderías y divisas, por lo que cualquier cambio en su conducción tiene implicancias directas en la política aduanera, la recaudación y la lucha contra maniobras irregulares.

Con este reordenamiento, el Gobierno refuerza la conducción política y técnica de uno de los puntos más sensibles del sistema aduanero, en línea con la estrategia general de ARCA y con el objetivo declarado de sostener la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras definidas por el Poder Ejecutivo.

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El Gobierno disuelve la ANDIS y traslada Discapacidad al Ministerio de Salud

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El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que busca reordenar la gestión, reducir estructuras y reforzar controles luego de la detección de graves irregularidades administrativas. El anuncio fue realizado este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que no se recortarán ni eliminarán prestaciones, pensiones ni servicios vinculados a la discapacidad.

La medida se concreta tras el impacto político generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de una revisión interna que, según el Ejecutivo, confirmó descontrol administrativo, prácticas incompatibles con la transparencia y fallas en los mecanismos de control dentro del organismo creado en 2017.

De organismo descentralizado a área bajo Salud: los fundamentos de la decisión

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni desde la sala de conferencias. En su explicación, recordó que la ANDIS fue creada como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, pero que con el tiempo acumuló capas burocráticas y autonomía administrativa sin controles efectivos.

Según detalló el funcionario, esa estructura derivó en irregularidades como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios. Entre los casos mencionados, citó a la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, aunque en sus instalaciones se hallaron “solo suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

Adorni sostuvo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán “de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. Además, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

Reducción de estructura y garantías sobre las prestaciones

Uno de los ejes centrales del anuncio fue el achicamiento de la estructura política. El jefe de Gabinete confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo disuelto. Para el Gobierno, este recorte apunta a optimizar recursos públicos y fortalecer la gestión directa desde Salud.

En paralelo, Adorni enfatizó en reiteradas oportunidades que la medida no implica recortes en derechos ni prestaciones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, subrayó, y agregó: “Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. El mensaje buscó despejar temores en beneficiarios, prestadores y organizaciones del sector, en un contexto de alta sensibilidad social.

Reacciones políticas y polémica por el cierre de la ANDIS

La decisión generó fuerte repercusión política y social, con críticas desde distintos espacios opositores. Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez cuestionó la medida en redes sociales y sostuvo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, al tiempo que afirmó que “no es una reestructuración administrativa, es un plan de impunidad”.

En la misma línea, la diputada Gabriela Estévez calificó el cierre como “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias”, y vinculó la decisión con “recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción”. Por su parte, Esteban Paulón puso el foco en el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió sobre eventuales responsabilidades institucionales.

Desde el Partido Obrero, el legislador Gabriel Solano aseguró que el cierre deja “a las personas con discapacidad y a quienes las atienden a la deriva”, tras denunciar el uso del presupuesto del área.

Impacto institucional y escenario a futuro

El traspaso de funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, redefine el esquema institucional de las políticas de discapacidad y concentra la gestión en una cartera con capacidad operativa y sanitaria. Para el Ejecutivo, el cambio permitirá ordenar procesos, mejorar controles y garantizar transparencia; para la oposición, abre interrogantes sobre la continuidad efectiva de programas y la rendición de cuentas.

En un contexto de revisión del gasto público y reorganización del Estado, la disolución de la ANDIS se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de estructuras descentralizadas. El debate, sin embargo, seguirá abierto en el plano político, judicial y social, con especial atención en la continuidad de las prestaciones, la auditoría de los expedientes heredados y el impacto real en las personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

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