Gobierno Nacional

Hidrovía: empresa belga impugna la oferta de DEME y la acusa de prácticas “anticompetitivas“

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La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay volvió a tensarse en el corazón del Gobierno: una empresa belga impugnó formalmente la oferta de su competidora y la acusó de prácticas “anticompetitivas”, en un proceso que la administración nacional busca adjudicar antes de mayo. El dato no es menor. En un expediente ya marcado por su declaración de desierto al inicio de la gestión, la disputa corporativa ahora escala a un terreno político: ¿podrá el Ejecutivo sostener un proceso transparente o quedará atrapado en presiones cruzadas?

Un proceso bajo presión política y técnica

El conflicto enfrenta a dos actores centrales del negocio global del dragado. Por un lado, la actual operadora, con años de servicio en la vía navegable. Por otro, una competidora que presentó una propuesta en análisis. La evaluación está a cargo del área que conduce el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, con la responsabilidad de definir la adjudicación en un plazo acotado.

La impugnación introduce cuestionamientos técnicos concretos: incumplimientos en requisitos económicos, balances no auditables, irregularidades formales en la presentación y falta de equipamiento con la potencia exigida. Sin embargo, el núcleo del conflicto va más allá de la letra del pliego.

La acusación escala hacia prácticas estructurales del mercado: supuesta colusión, fijación de precios, intercambio de información sensible y abuso de posición dominante. En otras palabras, no se discute solo una oferta, sino las reglas de competencia en un negocio estratégico para el comercio exterior.

La Hidrovía como tablero de poder

El trasfondo del conflicto revela tensiones dentro del propio oficialismo. En los pasillos de la Casa Rosada conviven preferencias distintas sobre quién debería quedarse con el contrato. Algunos sectores ven con buenos ojos un cambio de operador, mientras otros valoran la continuidad de quien ya gestiona la vía navegable.

Ese dato introduce una variable política clave: la licitación no solo define un servicio técnico, sino el control de un corredor logístico central para la economía. El dragado y balizamiento de la Hidrovía impactan directamente en la competitividad del transporte fluvial y, por extensión, en los costos de exportación.

En ese contexto, la impugnación funciona como una herramienta de presión. Obliga al Gobierno a revisar el proceso, eleva el nivel de escrutinio y, al mismo tiempo, expone las tensiones internas sobre la decisión final.

Impacto en la gobernabilidad económica

La disputa entre empresas no queda encapsulada en el sector privado. Tiene efectos directos sobre la agenda económica del Gobierno. Sin acceso al financiamiento externo en otras áreas y con necesidad de mostrar señales de previsibilidad, la administración enfrenta un test de credibilidad institucional.

Si el proceso se judicializa o se dilata, puede afectar la continuidad operativa de la Hidrovía, un riesgo que el Gobierno difícilmente pueda asumir. Por el contrario, una adjudicación cuestionada podría abrir otro frente de conflicto, tanto en el plano legal como político.

El equilibrio es delicado. Transparencia, competencia y rapidez aparecen como objetivos que no siempre convergen.

Un desenlace abierto

La definición prevista para antes de mayo se vuelve ahora más incierta. La impugnación obliga a revisar aspectos técnicos, pero también a administrar un conflicto que combina intereses empresariales y decisiones políticas.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Gobierno procesa las acusaciones y si logra sostener el cronograma sin comprometer la legitimidad del proceso. También en si las tensiones internas se ordenan o se profundizan.

La Hidrovía, una vez más, deja de ser solo una infraestructura y se convierte en un escenario donde se mide capacidad de gestión, alineamiento político y margen de maniobra frente a actores globales.

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El Gobierno reabre la negociación de deudas con provincias y extiende plazos hasta 2027

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El Gobierno nacional decidió reabrir el esquema de negociación de deudas con las provincias y extender sus plazos clave hasta fines de 2027. La medida quedó formalizada este 23 de marzo mediante el Decreto 171/2026, que modifica el régimen creado en 2024 para extinguir obligaciones recíprocas entre Nación y distritos.

El dato político es doble: por un lado, se habilita un nuevo plazo de 60 días hábiles para que provincias que no habían adherido puedan sumarse; por otro, se amplía significativamente el horizonte para presentar documentación y cerrar acuerdos. En un escenario de tensión fiscal y necesidad de ordenamiento de cuentas, la decisión abre una pregunta central: ¿es una herramienta de saneamiento o un nuevo canal de negociación política con las provincias?

Un régimen que se estira: más tiempo y mayor flexibilidad

El esquema había sido creado por el Decreto 969/2024 como una herramienta para compensar deudas cruzadas entre el Estado nacional y las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, mediante mecanismos como conciliaciones, transacciones o remisiones.

Ahora, el nuevo decreto introduce cambios que modifican su alcance operativo: Las jurisdicciones que no ingresaron inicialmente podrán hacerlo en un plazo de 60 días hábiles administrativos, con posibilidad de prórroga. Se fija como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para presentar la documentación que respalde las deudas o acreencias. Se establece un plazo de 180 días hábiles para negociar diferencias entre Nación y provincias cuando existan divergencias en los montos o criterios.

El rediseño no es menor. La extensión de plazos y la reapertura del régimen sugieren que el proceso original no agotó su capacidad de captar acuerdos, o que quedaron pendientes reclamos que el Gobierno busca canalizar.

Además, el decreto incorpora un elemento clave: cada parte será responsable de validar las deudas que propone incluir, lo que desplaza el eje hacia una lógica más bilateral y negociada.

Menos intervención de organismos de control y mayor margen político

Otro cambio relevante está en la intervención institucional. El nuevo esquema limita la participación de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación únicamente a casos donde existan litigios judiciales o arbitrales en los que el Estado reconozca derechos en disputa.

En términos políticos, esto implica reducir instancias de control previo en acuerdos que no estén judicializados, acelerando potencialmente los procesos de cierre.

Al mismo tiempo, se mantiene el rol central de la Secretaría de Hacienda como autoridad de aplicación, con capacidad para evaluar informes técnicos, coordinar negociaciones y validar los acuerdos finales.

El régimen ya había sido utilizado para firmar convenios con distintas jurisdicciones y avanzar en el saneamiento parcial de cuentas públicas. Sin embargo, la necesidad de extender plazos y reabrir la adhesión sugiere que el universo de deudas a compensar sigue abierto y en disputa.

Federalismo fiscal en negociación permanente

La herramienta funciona como un mecanismo de ordenamiento financiero, pero también como un espacio de negociación política entre Nación y provincias.

La posibilidad de incluir dación en pago de bienes del Estado nacional —habilitada en normas previas— agrega una dimensión adicional: no solo se trata de números, sino también de activos.

En ese contexto, la reapertura del régimen puede reconfigurar vínculos entre el Gobierno nacional y los distritos, especialmente aquellos que no habían adherido en la primera etapa o que mantienen reclamos cruzados.

Para las provincias, el esquema ofrece una vía para regularizar deudas o discutir acreencias. Para la Nación, representa una herramienta para ordenar pasivos, reducir conflictos y eventualmente alinear posiciones fiscales.

Un proceso abierto, con impacto en la gobernabilidad

La decisión de extender el régimen hasta 2027 y habilitar nuevas adhesiones no cierra el capítulo: lo amplía.

En las próximas semanas será clave observar qué provincias deciden ingresar al esquema, bajo qué condiciones y con qué tipo de reclamos. También, cómo evolucionan las negociaciones en casos donde existen diferencias en la cuantificación de las deudas.

El decreto fija reglas más flexibles y plazos más largos. Pero deja intacto el núcleo del problema: la compleja red de obligaciones cruzadas entre Nación y provincias, donde lo técnico y lo político suelen superponerse.

El resultado final no dependerá solo de los números. También de la capacidad de las partes para convertir este régimen en acuerdos concretos en un escenario fiscal que sigue siendo dinámico.

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A 50 años del golpe, “la idea de memoria completa es una reivindicación del terrorismo de Estado”

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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a poner la memoria en la calle, pero esta vez con una carga política más explícita. La movilización realizada este martes 24 en Posadas, con paso por ex centros de detención y sedes de fuerzas de seguridad hasta la plaza 9 de Julio, no se limitó a la conmemoración del terrorismo de Estado: incorporó una lectura directa sobre el escenario nacional actual y convirtió el acto en una advertencia sobre las libertades democráticas, el rol del Estado y la vigencia de los derechos humanos. La pregunta que quedó flotando no fue solo cómo recordar el pasado, sino qué señales del presente empiezan a ser leídas como un motivo de alarma.

La jornada reunió a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, familiares de desaparecidos, exdetenidos y militantes que marcharon desde la intersección de Mitre y Buenos Aires hasta distintos puntos vinculados a la represión ilegal en la provincia. El recorrido incluyó Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas (actual CEP 4), la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El cierre fue en la plaza 9 de Julio, donde se leyó un documento y se dejó abierto el micrófono para intervenciones de distintas agrupaciones.

De la conmemoración al señalamiento político

La movilización mantuvo el núcleo histórico del 24 de marzo —memoria, verdad y justicia—, pero sumó una capa de intervención política sobre el presente. En ese marco se inscribieron las palabras de Mario Coutouné, expreso político, hermano de una desaparecida por la dictadura y militante de Política Obrera, quien durante la jornada vinculó el aniversario de los 50 años del golpe con una crítica frontal al Gobierno nacional y a lo que definió como una avanzada sobre derechos y libertades.

Su planteo no quedó en una evocación general. Coutouné cuestionó la idea de “memoria completa”, la asoció a una reivindicación del terrorismo de Estado y sostuvo que la fecha también debía servir para advertir sobre medidas que, a su entender, anticipan un endurecimiento del poder. En esa línea, mencionó el tratamiento de una modificación del servicio de inteligencia, la posibilidad de detenciones arbitrarias, el rastreo digital sin control judicial y la pérdida de derechos laborales y sindicales.

La intervención tuvo un tono de denuncia política y buscó correr la conmemoración del terreno exclusivamente simbólico. Allí apareció una de las claves de la marcha de este año: para una parte de los sectores movilizados, el 24 de marzo ya no solo funciona como recuerdo del pasado, sino también como una herramienta para leer el presente y ordenar una respuesta política.

Del terrorismo de Estado a las alertas sobre el presente

En dialogo con Economis, Coutouné avanzó sobre un terreno sensible: vinculó la agenda de derechos humanos con debates actuales sobre inteligencia, organización de los trabajadores, derecho de huelga y capacidad de respuesta de las organizaciones sociales. Su crítica apuntó a lo que definió como una reivindicación del terrorismo de Estado bajo la idea de “memoria completa”, y desde allí trazó un paralelo entre el clima previo al golpe y determinadas decisiones o debates contemporáneos.

No se trató, en su exposición, de una comparación lineal ni de una descripción institucional cerrada, sino de una lectura militante sobre el presente político. El eje de su argumento fue que los retrocesos en derechos, la pérdida de herramientas de organización y las reformas que afectan libertades públicas deben ser observados no como hechos aislados, sino como parte de una secuencia que exige debate y reacción en sindicatos, lugares de trabajo y espacios de militancia.

En ese punto, su intervención aportó una dimensión política específica a la marcha: trasladó la memoria desde el terreno del consenso histórico al de la disputa contemporánea. Allí apareció una de las claves de la jornada. La conmemoración no solo reunió a quienes sostienen el reclamo de justicia por los crímenes de la dictadura; también funcionó como caja de resonancia para sectores que leen en el presente una reconfiguración del vínculo entre Estado, control social y conflicto laboral.

Una voz militante que tensiona el clima político

Coutouné sostuvo que no se puede permitir que un nuevo deterioro democrático “sorprenda” a la sociedad, y recuperó para eso referencias del período previo al golpe de 1976. Su argumento se apoyó en la idea de que la inacción de dirigencias políticas y sindicales frente a señales de agravamiento institucional también forma parte de la historia que debe ser revisada.

Esa lectura corrió la discusión de un plano memorial hacia uno estratégico. El foco ya no estuvo solo en el pasado dictatorial, sino en la capacidad actual de organización social. Según su planteo, el silencio sindical, la pérdida de derechos laborales y la falta de debate en los lugares de trabajo debilitan la capacidad de respuesta ante escenarios de mayor conflictividad. De ese modo, la memoria aparece no solo como homenaje a las víctimas, sino como herramienta de interpretación política y de reorganización colectiva.

El impacto de esa voz dentro de la jornada no radicó únicamente en la dureza de sus definiciones, sino en el lugar desde donde habla: hermano de una desaparecida y partícipe de una movilización que, a medio siglo del golpe, volvió a reunir a sectores políticos, sociales y de derechos humanos en defensa del “Nunca Más”. Esa combinación entre biografía, militancia y coyuntura le dio peso a su intervención dentro del acto.

La memoria como territorio de disputa

A medio siglo del golpe, el sentido de la fecha se volvió un terreno en disputa más visible. La marcha en Posadas mostró que la memoria ya no se limita a la preservación de una verdad histórica, sino que se reactualiza frente a debates contemporáneos sobre seguridad, organización social, inteligencia estatal y derechos laborales.

En ese marco, el recorrido por ex centros de detención y edificios ligados a las fuerzas de seguridad tuvo una carga doble. Por un lado, reconstruyó territorialmente el circuito de la represión en Misiones. Por otro, reforzó una idea política: que los lugares del pasado no son solo sitios de memoria, sino referencias concretas desde donde interpelar decisiones del presente.

La lógica del acto también acompañó esa lectura. Dejar el micrófono abierto a las agrupaciones no solo amplió la participación: habilitó que la conmemoración tomara un tono más asambleario, más militante y menos ceremonial. Eso fortaleció la dimensión política del evento, aunque también dejó a la vista que dentro del amplio campo de derechos humanos conviven discursos, estrategias y tonos distintos.

Qué expresa esta escena en términos de poder

La movilización dejó una señal relevante en el plano político local. Las organizaciones de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y los espacios militantes que participaron conservaron capacidad de presencia callejera, de construcción de agenda y de intervención simbólica sobre una fecha central del calendario democrático. No es un dato menor en un escenario donde la disputa por el sentido del pasado también busca traducirse en posicionamientos sobre el presente.

Al mismo tiempo, la incorporación de una crítica abierta al Gobierno nacional reordena el mapa de alianzas y tensiones en torno al 24 de marzo. La memoria aparece así no solo como una política de reparación o un compromiso institucional, sino como una plataforma desde la cual sectores sociales y políticos fijan posición frente a reformas, discursos y dispositivos estatales que consideran problemáticos.

Eso no convierte automáticamente a toda la marcha en una expresión homogénea. Pero sí muestra que la conmemoración dejó de ser un espacio neutro. En Posadas, el aniversario de los 50 años del golpe funcionó como una escena donde se cruzaron historia, derechos humanos y conflicto político contemporáneo.

Un aniversario que no quedó encapsulado en el pasado

En sus declaraciones, Coutouné insistió en una idea: que el golpe de 1976 no fue una irrupción inesperada, sino un proceso precedido por señales, complicidades y silencios. Esa lectura histórica fue llevada al presente como advertencia. Su planteo apuntó a que las organizaciones sociales, sindicales y políticas debatan, se reorganicen y no minimicen medidas que, según su visión, pueden erosionar derechos democráticos.

Más allá de la dureza de esa interpretación, el hecho político concreto es otro: en Misiones, el 24 de marzo de este año no quedó encapsulado en el pasado. Se convirtió en una fecha desde la cual distintos actores intentan intervenir en la discusión pública actual. Eso amplía el alcance de la jornada, pero también eleva la tensión alrededor de su significado.

Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta lectura más confrontativa del Día de la Memoria se sostiene en nuevas acciones, documentos o articulaciones entre organizaciones, o si queda circunscripta a la potencia simbólica de la fecha. También será relevante ver hasta qué punto la agenda de derechos humanos logra seguir conectando con reclamos sociales más amplios, como el empleo, los salarios y las libertades públicas, sin perder densidad histórica en el camino.

A 50 años del golpe, la escena en Posadas dejó algo más que una conmemoración. Mostró que la memoria sigue siendo una forma de intervención política y que, lejos de clausurarse, el debate sobre su sentido vuelve a abrirse cada vez que el presente empuja nuevas preguntas.

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Energía redefine el control del mercado de garrafas y elimina un sistema de información vigente desde 2003

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reorganización del mercado de combustibles al aprobar un nuevo sistema de información para los operadores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y eliminar un régimen vigente desde hace más de dos décadas. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Energía, firmada el 12 de marzo y publicada el 16 de marzo, que redefine la forma en que el Estado monitorea el mercado de garrafas y la cadena de abastecimiento.

La medida se inscribe dentro del proceso de reconfiguración regulatoria del sector energético impulsado por el Gobierno, que en los últimos meses avanzó en la desregulación de precios y en la reducción de intervenciones administrativas en distintos segmentos del mercado. En este caso, la Secretaría de Energía apunta a reordenar los mecanismos de información y control del sector del GLP, una industria sensible por su impacto directo en el consumo doméstico, especialmente en zonas donde no existe acceso a redes de gas natural.

La resolución introduce una tensión clásica de la política energética argentina: cómo reducir la burocracia estatal sin perder capacidad de control sobre un mercado clave para el abastecimiento interno.

Un nuevo sistema de información para operadores de GLP

El núcleo de la resolución consiste en la creación de un Sistema de Información para los operadores inscriptos en el Registro Nacional de la Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNIGLP), que deberán reportar datos sobre su actividad bajo un nuevo esquema regulatorio.

Este sistema reemplaza al que regía desde 2003, cuando la Secretaría de Energía había establecido un modelo de declaraciones periódicas para los actores del sector. Aquella estructura había sido diseñada en un contexto de fuerte intervención estatal en el mercado energético.

La nueva normativa elimina ese régimen histórico al derogar la Resolución 375/2003, uno de los pilares administrativos del sistema de control del mercado de GLP durante más de veinte años.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca mejorar la calidad de los datos, reducir errores en los procesos administrativos y simplificar la carga de información para los operadores, concentrando las obligaciones declarativas en datos considerados esenciales para monitorear el mercado.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía mantendrá la facultad de requerir información adicional cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones regulatorias.

La información reportada por las empresas será publicada en el sitio web oficial del organismo, lo que introduce un componente de transparencia pública en el seguimiento del sector.

Control de stock y límites de compra

La resolución también introduce un elemento operativo relevante: la aprobación de una metodología de cálculo para los Volúmenes Máximos Permitidos (VMP) de compra de GLP para los operadores del mercado.

El objetivo declarado es garantizar condiciones de seguridad y abastecimiento, evitando distorsiones en la cadena de suministro.

En la práctica, el sistema funcionará como un mecanismo de control indirecto sobre el manejo de stock y el volumen de operaciones de cada actor de la industria, un aspecto clave en un mercado donde los problemas de distribución pueden derivar rápidamente en tensiones de abastecimiento.

La aplicación técnica de este sistema quedará en manos de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos, que recibió la delegación de facultades para implementar los mecanismos previstos en los anexos de la resolución.

Cambios en el control de garrafas y cilindros

Otro punto central de la medida es la modificación del régimen de control sobre los envases de GLP, que incluye garrafas y cilindros utilizados en la distribución.

Las empresas fraccionadoras deberán mantener un registro detallado de fabricación, reacondicionamiento, transformación, baja o destrucción de envases, así como de las certificaciones correspondientes.

La información deberá presentarse ante la autoridad de aplicación con carácter de declaración jurada y periodicidad semestral, un cambio respecto al esquema anterior que exigía reportes mensuales.

La Secretaría de Energía podrá requerir información adicional o realizar verificaciones presenciales para controlar el cumplimiento de estas obligaciones.

El sistema busca mantener la trazabilidad del parque de envases, un elemento clave para garantizar condiciones de seguridad en la cadena de distribución de GLP.

Un cambio en línea con la nueva arquitectura regulatoria

La resolución se apoya en el nuevo marco institucional que el Gobierno viene construyendo para el sector energético.

Entre los antecedentes citados se encuentran:

  • El Decreto 70/2023, que estableció el principio de funcionamiento de la economía bajo reglas de libre competencia.
  • La Ley 27.742, orientada a promover la iniciativa privada y limitar intervenciones estatales innecesarias.
  • El Decreto 446/2025, que modificó el marco regulatorio del GLP para eliminar interferencias en precios, oferta y demanda.
  • El Decreto 943/2025, que creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dispuso la futura migración de los beneficiarios del Programa Hogar a ese esquema.

Ese contexto explica por qué el Gobierno decidió revisar los sistemas administrativos heredados de etapas regulatorias anteriores.

La Secretaría de Energía plantea que el nuevo esquema permitirá reducir la carga operativa para los operadores del sector, al mismo tiempo que mejorará las herramientas estatales de monitoreo del abastecimiento interno.

Un mercado sensible en plena transición regulatoria

El mercado de GLP ocupa un lugar particular dentro de la política energética argentina. A diferencia del gas natural por redes, las garrafas siguen siendo la principal fuente de energía para millones de hogares, especialmente en regiones donde la infraestructura de gasoductos no llega.

Por esa razón, cualquier cambio en la regulación del sector tiene impacto directo en la política social y energética del Gobierno.

La resolución no modifica precios ni subsidios de forma directa, pero reordena los mecanismos administrativos que sostienen el control del mercado, en un momento en que el Estado intenta reducir su intervención sin abandonar la supervisión del abastecimiento.

La pregunta de fondo es cómo evolucionará ese equilibrio.

La implementación del nuevo sistema de información y del cálculo de volúmenes máximos marcará el verdadero alcance de la reforma administrativa. En las próximas semanas será clave observar cómo se adaptan los operadores del sector y qué capacidad mantiene el Estado para monitorear un mercado que el propio Gobierno busca desregular.

Por ahora, la resolución funciona como una pieza más dentro de un rediseño regulatorio más amplio que todavía está en desarrollo.

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Crisis del transporte en las provincias: cae la cantidad de pasajeros y se agrava la presión sobre el precio del boleto

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El transporte público de pasajeros en el interior del país enfrenta una crisis estructural que combina caída de usuarios, retiro del apoyo nacional y crecientes tensiones entre empresas y gobiernos provinciales. La decisión del Gobierno de eliminar el sistema de subsidios para las provincias dejó a los sistemas urbanos bajo una presión inédita: menos pasajeros, tarifas más altas y empresas que comienzan a abandonar servicios.

La situación quedó expuesta en las últimas semanas con dos episodios que sintetizan el escenario. En Rosario de la Frontera, en Salta, la empresa Aponte SRL anunció la suspensión definitiva del servicio tras una fuerte caída en el corte de boletos. En paralelo, en Chaco, la firma ERSA Urbano comunicó que dejará de operar el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM) a partir del 30 de abril.

El dato central no es solo la salida de empresas. Es el contexto en el que ocurre: el número de pasajeros transportados se reduce mes a mes, mientras los costos del sistema continúan subiendo. Esa combinación genera una ecuación que hoy parece difícil de sostener en buena parte del interior del país.

Empresas, provincias y el vacío que dejó la Nación

La crisis del transporte provincial se explica por una cadena de decisiones que comenzó con la retirada del Estado nacional del esquema de subsidios al interior. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene asistencia estatal, las provincias deben sostener el sistema con recursos propios o trasladar los costos al boleto.

El conflicto de Chaco expone esa tensión. La empresa ERSA Urbano, que opera líneas como la 101, 107, 2, 9, 106, 204 y 205 entre Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, anunció su retiro argumentando falta de rentabilidad y abrió un proceso preventivo de crisis.

El gobierno provincial rechazó esa justificación y anticipó sanciones contractuales, ejecución de garantías e incluso acciones judiciales para impedir la salida del operador. Según la administración provincial, entre julio de 2025 y marzo de 2026 se transfirieron más de $463 millones en asistencia financiera a la empresa. A ese monto se suman otros aportes: $500 millones en julio de 2025, $400 millones en noviembre de 2025 y $400 millones en febrero de 2026 mediante el programa “Chaco Subsidia”.

Las autoridades también recordaron que las unidades del sistema fueron adquiridas mediante créditos del Nuevo Banco del Chaco cuyas cuotas paga el propio Estado provincial.

El conflicto refleja una paradoja política: las provincias intentan sostener el servicio con recursos propios mientras las empresas reclaman condiciones de rentabilidad en un mercado que pierde pasajeros.

Menos pasajeros y más costos: la ecuación que presiona al sistema

Detrás de la crisis aparece una variable que atraviesa a casi todas las jurisdicciones: la caída sostenida de la demanda.

En Salta, los viajes pagos descendieron de 9,2 millones en enero de 2025 a 7,8 millones en enero de 2026. La reducción representa 1,6 millones de viajes menos en apenas doce meses, equivalente a una contracción del 16%.

El fenómeno también se observa en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la baja oscila entre el 8% y el 22%, según datos del sector empresario.

Sin embargo, el impacto es muy distinto entre el AMBA y el interior. Mientras el sistema metropolitano mantiene subsidios nacionales, en las provincias el boleto mínimo supera los $1.500 en ciudades como Bariloche, Córdoba o Rosario.

En Tucumán, empresarios del sector estiman que la caída de pasajeros ronda el 32% respecto de 2025. Allí el gobierno provincial destina cada mes $4.900 millones para sostener el sistema, a lo que se suman $900 millones del municipio de San Miguel de Tucumán.

Ese esfuerzo financiero permite mantener políticas como el Boleto Estudiantil Gratuito y descuentos de hasta el 50% para docentes. Pero la presión sobre los costos sigue creciendo.

En el último mes, el litro de gasoil pasó de $1.500 a $1.795. Al mismo tiempo, el costo laboral acumulado desde enero alcanza el 18% tras la última paritaria con el gremio de choferes UTA. En el esquema de costos del sector, los salarios ya representan cerca del 60%.

El impacto social y la desigualdad territorial del ajuste

La crisis del transporte público no solo expone un problema económico. También revela una tensión política vinculada a la distribución territorial del ajuste fiscal.

En ciudades pequeñas o medianas, el transporte urbano cumple una función esencial para el acceso al trabajo, la educación y los servicios públicos. Cuando el sistema se debilita, el impacto se traslada directamente a la vida cotidiana.

En San Salvador de Jujuy, por ejemplo, el boleto más caro alcanza los $2.035. Para un trabajador que utiliza el colectivo diariamente, el gasto representa una proporción significativa del salario mínimo.

Las consecuencias ya se sienten en el mercado laboral del sector. En Chaco, la salida de ERSA pone en riesgo a más de 230 trabajadores y genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios que utilizan miles de usuarios.

La línea 904, que conecta Resistencia con Corrientes a través del puente General Belgrano, también podría verse afectada, aunque su operación depende de jurisdicción nacional.

El avance de nuevas formas de movilidad

Otro factor que explica la caída de pasajeros es el crecimiento de aplicaciones de movilidad, especialmente servicios de moto que compiten con precios flexibles.

En varias ciudades del norte del país estas plataformas capturan una parte creciente de los viajes que antes realizaban los colectivos. La tendencia se combina con cambios estructurales en los hábitos de movilidad, como el teletrabajo y la reducción de desplazamientos cotidianos.

La suma de variables configura lo que algunos actores del sector describen como una “multicausalidad”: crisis económica, nuevas formas de transporte, menor demanda y retiro del financiamiento nacional.

Un sistema en transición

La crisis actual plantea un interrogante de fondo sobre el futuro del transporte público en el interior del país.

Si las provincias deben sostener el sistema sin subsidios nacionales, el margen fiscal será cada vez más estrecho. Si las tarifas continúan aumentando para cubrir costos, la demanda podría seguir cayendo.

En varias jurisdicciones ya se analizan alternativas para evitar el colapso de los servicios, desde nuevas licitaciones hasta esquemas de subsidios provinciales más agresivos.

Pero el problema central permanece abierto: el transporte público funciona como un servicio esencial, aunque cada vez se lo somete más a la lógica del mercado.

El desenlace de esa tensión —entre servicio público y rentabilidad privada— comenzará a definirse en los próximos meses, cuando los gobiernos provinciales deban decidir cuánto están dispuestos a financiar para evitar que el sistema termine de vaciarse.

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